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Peligra el langostino

20 de marzo de 2025
En un comunicado conjunto, entidades como el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), alertaron sobre la falta de competitividad del sector.
A pesar del inicio de la temporada de pesca del langostino, los barcos congeladores no salieron a la mar, encendiendo las alarmas en el sector pesquero. Los empresarios afirman que los costos laborales y la presión impositiva han vuelto insostenible la actividad, llevando a la flota a operar con pérdidas.
Un sector en crisis: Damián Santos, CEO del Grupo Pesquera San Isidro y dueño del 10% de la flota nacional, explicó que la situación económica es insostenible. “Cada barco pierde US$10.000 por día. No podemos seguir operando en estas condiciones”, aseguró.
Aun si se llegara a una solución, los barcos tardarían al menos 15 días en zarpar, ya que se encuentran desarmados en Zárate. La falta de operatividad compromete la primera parte de la temporada, que finaliza en octubre.
Impacto económico: 46.000 empleos en riesgo y exportaciones en peligro
La industria pesquera argentina genera más de 46.000 empleos directos y en 2024 exportó más de US$1.981 millones.
El langostino representa un rubro clave, con exportaciones por US$600 millones. Sin embargo, la incertidumbre amenaza la continuidad de estos envíos, afectando mercados como China, España, Italia y Japón.
Empresarios exigen cambios en costos laborales e impositivos
En un comunicado conjunto, entidades como el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA), la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca) y la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa), alertaron sobre la falta de competitividad del sector.
El costo de una tripulación a nivel internacional equivale al 33% de la producción de un barco por marea. En Argentina, este costo se eleva al 60%. “A esto –agrega el documento–, se suman impuestos elevados y el aumento de los Derechos Únicos de Extracción (DUE), que erosionan la rentabilidad de las empresas pesqueras”.
Desbalance en costos y precios internacionales. Eduardo Boiero, presidente de Capeca, explicó al diario La Nación que el alto costo operativo supera los ingresos.
“Si un barco pesca 100 toneladas, el 60% se lo lleva la tripulación, el 6% son retenciones, el 9% combustible, el 2% derechos de extracción, y los costos siguen. Hoy, por cada dólar que se pesca, el costo es de US$1,21”.
Por su parte, Santos insistió en la necesidad de eliminar los derechos de exportación para la pesca.“Nos endeudamos para pagar impuestos, esto es confiscatorio”, sostuvo.
Convenios laborales desactualizados. Otro punto clave del conflicto es la estructura salarial del sector.
Según Boiero, el convenio vigente data de 2005, cuando el precio del langostino era de US$12 el kilo.
Hoy, con un valor inferior a US$6, los costos laborales resultan insostenibles. “Los convenios deben actualizarse. Un capitán puede ganar US$30.000 brutos al mes, y aunque solo trabajen seis meses al año, reciben un sueldo fijo en los meses inactivos. “Cada barco emplea entre 25 y 40 personas, con costos salariales que ya no se pueden sostener”, agregó.
“No se trata de culpar a los trabajadores, sino de ajustar los convenios a la nueva realidad. Antes el negocio era rentable, pero ahora no aguanta el nivel salarial anterior”.
El sector exige respuestas urgentes. Empresarios pesqueros piden al Gobierno medidas inmediatas para evitar el colapso de la industria.
La falta de acción podría generar un impacto devastador en la economía del sector, poniendo en riesgo miles de empleos y la continuidad de las exportaciones.Mientras tanto, los barcos siguen amarrados en el puerto y la incertidumbre crece.
Fuente Argenports.com/La Nación
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Bancos vuelven a atender de 10 a 15

Los bancos despiden al horario de atención de verano, establecido en diciembre del año pasado. Así lo comunicó el Banco Provincia de Buenos Aires, que de este modo volverá a atender al público de 10 a 15 a partir del martes 25 de marzo.
En un comunicado, el Bapro afirma: “Tras el fin del horario de verano que comenzó en diciembre último, las entidades financieras abrirán desde el martes 25 de marzo en el horario habitual de 10 a 15 horas en todo el territorio provincial. De esta manera, Banco Provincia unifica la atención en sus 420 sucursales”.
La entidad recuerda que “el cambio de horario no generará modificación en los turnos asignados, ya que los pedidos del 25 de marzo en adelante fueron otorgados de acuerdo con la franja de 10 a 15 horas”.
El 9 de diciembre
El horario de verano se estableció el 9 de diciembre último a través de un decreto del Poder Ejecutivo bonaerense, que dispuso la apertura de los bancos entre las 8 y las 13 en 108 distritos del interior de la provincia hasta el 25 de marzo.
“La medida fue de aplicación exclusiva en los distritos que se adhirieron a esta resolución oficial del Gobierno provincial, ideada para cuidar a las personas de la exposición a las altas temperaturas veraniegas”, reconocen desde la banca bonaerense.
Finalizan: “Como es habitual, Banco Provincia ofrece soluciones digitales de atención, que permiten operar las 24 horas
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Nunca en la historia el Congreso rechazó un DNU sobre deuda pública

A raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025 recientemente dictado por el Poder Ejecutivo Nacional por el cual se aprueba un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral analiza en un informe cómo fue el comportamiento legislativo a lo largo de los años en materia de deuda pública.
El Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral elaboró un informe titulado “DNU sobre deuda pública: ¿cómo fue la práctica institucional hasta ahora?”, con la autoría de los profesores de Derecho Constitucional de esa casa de estudios, Alfonso Santiago, Luis E. Vivacqua y Verónica Nolazco.
El informe explica que, a lo largo de la historia, el Congreso Nacional nunca ha rechazado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculado a deuda pública.
Según el análisis de los autores, el comportamiento histórico del Congreso en esta materia revela una práctica institucional permisiva en materia de financiamiento externo.
El estudio se centra en el DNU 179/2025, recientemente emitido por el Poder Ejecutivo, que aprueba un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cancelar deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central. El DNU será tratado este martes 18 de marzo por la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo del Congreso.
A través de un análisis histórico y normativo, el informe demuestra cómo esta herramienta ha sido utilizada por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina y plantea interrogantes sobre el rol del Congreso en el control de la deuda pública.

Las claves del informe
El DNU 179/2025 y su alcance: el decreto autoriza un Programa de Facilidades Extendidas con el FMI, con un plazo de amortización de 10 años y un período de gracia de 4 años y 6 meses, bajo el argumento de mejorar la estabilidad monetaria y financiera.
La práctica institucional hasta el momento: el informe destaca que ningún DNU sobre deuda pública ha sido rechazado por ambas Cámaras del Congreso, lo que confirma una tendencia histórica en la que el Legislativo no ha ejercido un control efectivo sobre estas decisiones.
El uso de DNU en cifras: desde la reforma constitucional de 1994, se han dictado 943 DNU. Sobre este total, el presidente Javier Milei emitió 63 DNU en poco más de un año de gobierno.
Una ley que limita el control legislativo: la Ley 26.122 establece que un DNU solo puede ser derogado si ambas Cámaras lo rechazan expresamente, lo que en la práctica ha generado un control laxo que permite la continuidad de estas medidas sin mayor debate parlamentario.
Luis Vivacqua, coautor del informe, señala: “Existe una arraigada práctica institucional de DNUs en materia de Deuda Pública y modificaciones al Presupuesto que en muchos casos son avalados por el Congreso. Esto es fruto de la Ley 26.122, que exige que las dos Cámaras del Congreso rechacen el DNU para que pierda sus efectos. En ese sentido, si se mantienen los precedentes todo indica que el Congreso podría terminar avalando implícita o explícitamente la decisión presidencial”.
Por su parte, Verónica Nolazco, también coautora del informe, sostiene: “Desde el año 2008 a la fecha se han presentado más de 100 proyectos de ley tendientes a modificar la Ley 26.122. De todos ellos, uno sólo, en el año 2010, obtuvo media sanción. Este proyecto establecía un plazo de caducidad de 60 días corridos para que el Congreso apruebe un DNU. En caso contrario, el DNU perdía vigencia. Además del plazo de caducidad, debería revisarse el régimen legal de la ley en cuanto a la designación e integración de los miembros de la Comisión Bicameral Permanente”.
Un análisis histórico y normativo
Por otra parte, el informe del ODCL revisa el impacto de los DNU en los últimos años. Durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2018, el acuerdo con el FMI fue aprobado sin una ley especial del Congreso, mientras que, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2005, la cancelación de deuda con el organismo se realizó por medio de un DNU que modificó la Ley de Convertibilidad para habilitar el uso de reservas del Banco Central.
Además, expone cómo la creación de la Comisión Bicameral Permanente en 2006, que debía fortalecer el control legislativo sobre los DNU, no ha logrado frenar la práctica del Ejecutivo de manejar la deuda pública a través de decretos.
¿Qué sigue ahora?
El DNU 179/2025 ya fue enviado al Congreso y la Comisión Bicameral Permanente deberá dictaminar sobre su validez en los próximos diez días. Sin embargo, el informe anticipa que si continúa el patrón institucional, el decreto podría no ser invalidado por el Congreso.
Facultad de Derecho de la Universidad Austral
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‘No habrá salto devaluatorio al liberar el cepo’

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó este martes que cuando se levante el cepo “no habrá un salto devaluatorio” y señaló que aún no está definido el monto que desembolsará el Fondo Monetario Internacional (FMI).
A su vez, el responsable de la cartera de Hacienda enfatizó que no le tiene “miedo” a las marchas en las calles porque a diferencia de otras épocas cuando la economía estaba débil, ahora la fortaleza del plan económico no acusa esos impactos.
“Lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Pusimos la macro en orden y estamos capitalizando el BCRA para que cuando liberemos no haya problemas. Cuando liberemos no habrá salto devaluatorio”, señaló Caputo en una entrevista a un canal de TV
El ministro defendió la decisión del gobierno de enviar al Congreso sólo la aprobación de endeudamiento porque “la parte técnica lo negocia el Ejecutivo. Nunca estos acuerdos pasaron por el Congreso. Lo que se aprueba es el crédito público. Los detalles son confidenciales. El monto lo define el directorio del FMI. Lo define cuando lo discute. Nosotros no lo sabemos”, afirmó.
También Caputo agregó que “el ajuste fiscal y monetario que pide el FMI ya lo hicimos el año pasado. Estamos en un caso atípico para el FMI. Nosotros nos pusimos metas más difíciles que las que pone el organismo”.
Con relación al crédito pedido, el minisitro insistió en que se capitalizará el Banco Central” luego que en “el último año nos encargamos de sanear los pasivos. La cantidad de pesos apenas alcanza a 6,5% del PIB. Típicamente eso en Argentina era entre 14 y 18 puntos del PIB. Hay una tercera parte de los pesos que debía haber. Ahora falta que esos pesos estén bien respaldados. Así habrá una moneda fuerte y una inflación que cae”, añadió.
Y acerca de la suba del dólar en los últimos días, explicó que “la demanda es porque hay stocks con los que tenga que lidiar, por ejemplo dividendos”.
Al ser consultado sobre la posibilidad de una flotación señaló que se puede implementar “si la economía es sana. La gente percibe que la Argentina no puede flotar porque típicamente salió mal porque había déficit, que se financiaba con emisión. Esa emisión no era demandada y ese sobrante se iba al dólar. Argentina puede flotar como cualquier otro si están dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo”, explicó el ministro.
Consultado sobre la discusión por el atraso cambiario, Caputo afirmó que “no puede ser que la anormalidad sea que un argentino de clase media no pueda veranear en Brasil. Al empresariado lo acostumbraron a que puede ganar plata con un dólar alto y pagando salarios miserables y estando protegidos”.
“Bajando impuestos y haciéndolos competir, vamos a hacer que bajen los precios. Los conozco bien a los textiles. Tienen márgenes altísimos, mucho más que otras industrias. No se puede pretender seguir teniendo los mismos márgenes en una economía ordenada. Habrá de todo, empresarios que venderán u otros aprovechan para bajar los precios, ganando mercado”, indicó Caputo dando cuenta de los próximos pasos a seguir.
Por otro lado se defendió de aquellos que dicen que se perderán puestos de trabajo: “No es que la gente se quedará sin trabajo como era en el esquema anterior. Alguien que pierda su trabajo porque una empresa cierre la tomará el que ganó mercado”.
Más adelante Caputo insistió en que el poder adquisitivo de las jubilaciones subió 9,2% respecto de noviembre de 2023 y que los salarios privados lo hicieron 5%.
“Los resultados nos acompañaron. Veo a la gente recontra entusiasmada y recuperando la esperanza. Contra eso tenes a la casta que siempre vivió de la política”, aseguró el ministro.
Sobre las marchas que se realizarán contra el gobierno, Caputo dijo que no le dan “miedo” porque “el mecanismo de transmisión de esas cosas era la debilidad económica. Cuando estábamos débiles impactaban en la economía. Ahora no le tengo miedo porque rompimos esa situación porque estamos sólidos”.