País
Nunca en la historia el Congreso rechazó un DNU sobre deuda pública
18 de marzo de 2025
A raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025 recientemente dictado por el Poder Ejecutivo Nacional por el cual se aprueba un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral analiza en un informe cómo fue el comportamiento legislativo a lo largo de los años en materia de deuda pública.
El Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral elaboró un informe titulado “DNU sobre deuda pública: ¿cómo fue la práctica institucional hasta ahora?”, con la autoría de los profesores de Derecho Constitucional de esa casa de estudios, Alfonso Santiago, Luis E. Vivacqua y Verónica Nolazco.
El informe explica que, a lo largo de la historia, el Congreso Nacional nunca ha rechazado un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vinculado a deuda pública.
Según el análisis de los autores, el comportamiento histórico del Congreso en esta materia revela una práctica institucional permisiva en materia de financiamiento externo.
El estudio se centra en el DNU 179/2025, recientemente emitido por el Poder Ejecutivo, que aprueba un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cancelar deuda del Tesoro Nacional con el Banco Central. El DNU será tratado este martes 18 de marzo por la Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo del Congreso.
A través de un análisis histórico y normativo, el informe demuestra cómo esta herramienta ha sido utilizada por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina y plantea interrogantes sobre el rol del Congreso en el control de la deuda pública.
Las claves del informe
El DNU 179/2025 y su alcance: el decreto autoriza un Programa de Facilidades Extendidas con el FMI, con un plazo de amortización de 10 años y un período de gracia de 4 años y 6 meses, bajo el argumento de mejorar la estabilidad monetaria y financiera.
La práctica institucional hasta el momento: el informe destaca que ningún DNU sobre deuda pública ha sido rechazado por ambas Cámaras del Congreso, lo que confirma una tendencia histórica en la que el Legislativo no ha ejercido un control efectivo sobre estas decisiones.
El uso de DNU en cifras: desde la reforma constitucional de 1994, se han dictado 943 DNU. Sobre este total, el presidente Javier Milei emitió 63 DNU en poco más de un año de gobierno.
Una ley que limita el control legislativo: la Ley 26.122 establece que un DNU solo puede ser derogado si ambas Cámaras lo rechazan expresamente, lo que en la práctica ha generado un control laxo que permite la continuidad de estas medidas sin mayor debate parlamentario.
Luis Vivacqua, coautor del informe, señala: “Existe una arraigada práctica institucional de DNUs en materia de Deuda Pública y modificaciones al Presupuesto que en muchos casos son avalados por el Congreso. Esto es fruto de la Ley 26.122, que exige que las dos Cámaras del Congreso rechacen el DNU para que pierda sus efectos. En ese sentido, si se mantienen los precedentes todo indica que el Congreso podría terminar avalando implícita o explícitamente la decisión presidencial”.
Por su parte, Verónica Nolazco, también coautora del informe, sostiene: “Desde el año 2008 a la fecha se han presentado más de 100 proyectos de ley tendientes a modificar la Ley 26.122. De todos ellos, uno sólo, en el año 2010, obtuvo media sanción. Este proyecto establecía un plazo de caducidad de 60 días corridos para que el Congreso apruebe un DNU. En caso contrario, el DNU perdía vigencia. Además del plazo de caducidad, debería revisarse el régimen legal de la ley en cuanto a la designación e integración de los miembros de la Comisión Bicameral Permanente”.
Un análisis histórico y normativo
Por otra parte, el informe del ODCL revisa el impacto de los DNU en los últimos años. Durante la presidencia de Mauricio Macri, en 2018, el acuerdo con el FMI fue aprobado sin una ley especial del Congreso, mientras que, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en 2005, la cancelación de deuda con el organismo se realizó por medio de un DNU que modificó la Ley de Convertibilidad para habilitar el uso de reservas del Banco Central.
Además, expone cómo la creación de la Comisión Bicameral Permanente en 2006, que debía fortalecer el control legislativo sobre los DNU, no ha logrado frenar la práctica del Ejecutivo de manejar la deuda pública a través de decretos.
¿Qué sigue ahora?
El DNU 179/2025 ya fue enviado al Congreso y la Comisión Bicameral Permanente deberá dictaminar sobre su validez en los próximos diez días. Sin embargo, el informe anticipa que si continúa el patrón institucional, el decreto podría no ser invalidado por el Congreso.
Facultad de Derecho de la Universidad Austral
País
UIA celebró el guiño de Caputo para acercar a la industria nacional al RIGI
La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su respaldo explícito a las “Rondas de Negocios RIGI” anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, un esquema diseñado para vincular a los proveedores del entramado pyme nacional con los megaproyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
La conducción fabril, encabezada por Martín Rappallini, celebró la medida en un contexto en el que el sector manufacturero atraviesa una fase de retracción en sus niveles de actividad y enfrenta crecientes desafíos de competitividad.
La primera jornada de trabajo se llevará a cabo el próximo 29 de octubre en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, reuniendo a las compañías inscriptas en el régimen junto a más de 25 grandes firmas invitadas de los sectores de minería, infraestructura e industria.
.
De forma paralela, la entidad fabril destacó los avances logrados por Transportadora de Gas del Norte (TGN) en las obras del Gasoducto Manuel Belgrano, obra estratégica que permitirá abastecer con insumos energéticos de Vaca Muerta a los centros productivos del centro, norte y litoral del país.
Según estimaciones oficiales del Ministerio de Economía, los primeros 22 emprendimientos aprobados bajo el RIGI demandarán desembolsos por USD 7.737 millones entre los años 2026 y 2027, formando parte de un paquete de compromisos que alcanza los USD 47.073 millones con horizonte proyectado al año 2055.
Este flujo de capitales posee el potencial de generar aproximadamente 95.950 puestos de trabajo directos e indirectos en diversas regiones de la Argentina.
Pese al optimismo respecto a la articulación comercial, un relevamiento conjunto de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y la Bolsa de Comercio de Rosario encendió luces de alarma sobre la superposición entre las exigencias de contenido local del régimen nacional y las normativas provinciales de compre local.
Ambas entidades advirtieron que parte de la oferta de proveedores locales podría carecer de la escala operativa o de los estándares técnicos requeridos para abastecer desarrollos mineros que contemplan inversiones por cerca de USD 40.000 millones.
Por su parte, la UIA advirtió que la actividad industrial acumula una caída del 2,6% y que el uso de la capacidad instalada retrocedió al 58,2%.
País
Kicillof llamó a construir una alternativa
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a exponer los ejes de su mirada sobre el futuro de la Argentina y dejó definiciones que se proyectan hacia el escenario electoral de 2027. Lo hizo a través de una columna publicada en la segunda edición de RedAcción, el newsletter mensual del Instituto de Capacitación Política (ICP).
Bajo el título “La encrucijada nacional. Soberanía, trabajo y desarrollo frente a la estafa electoral de Milei”, Kicillof realizó un diagnóstico de la situación política y económica del país, cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y puso el foco en la necesidad de recuperar un modelo sustentado en la producción y el empleo.
Modelo de producción
“Estamos atravesando uno de los momentos más complejos y determinantes de nuestra historia reciente. Argentina necesita recuperar un modelo que apueste a la producción”, sostuvo el mandatario provincial, según el material difundido por el ICP.
En ese marco, planteó una serie de interrogantes que, a su entender, deberían ordenar la discusión sobre el desarrollo argentino: “¿De qué van a trabajar nuestros jóvenes?, ¿qué le vamos a vender al mundo?, ¿en qué condiciones nos vamos a insertar en el mercado internacional?”.
Uno de los ejes centrales de la columna está relacionado con el aprovechamiento de los recursos naturales y su vinculación con el desarrollo productivo. “Si nuestros bienes comunes quedan en manos de corporaciones transnacionales, sin dejar desarrollo local, no servirán para mejorar la vida de nuestra gente”, afirmó.
En otro tramo del artículo avanzó sobre la construcción política hacia los próximos años. Kicillof sostuvo que es necesario “dar un debate de ideas profundo y abierto, y construir una alternativa política capaz de poner la producción al servicio de las mayorías y devolver la dignidad al trabajo”. La definición se conoce mientras el mandatario bonaerense busca ampliar su gravitación en la discusión interna del peronismo de cara a 2027.
La columna forma parte de la segunda entrega de RedAcción, una publicación mensual y gratuita del ICP, instituto fundado por Julio Alak que desarrolla cursos de formación política y que, según informó la entidad, reunió a unos 20 mil alumnos de distintos puntos del país.
La nueva edición incorpora además un artículo sobre el recorrido deportivo de Majo y Vicky Granatto y su reclamo por el financiamiento del deporte, junto con un análisis de Luis Alberto Quevedo sobre los jóvenes, las instituciones, la política y las posibilidades de ascenso social.
También incluye textos dedicados al legado arquitectónico de Francisco Salamone; al litio, el desarrollo tecnológico y las disputas geopolíticas; y una reflexión de Juan Rattenbach sobre las Islas Malvinas, la soberanía y la relevancia estratégica del Atlántico Sur.
País
ARCA postergó Ganancias para presentar la declaración jurada
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) modificó el calendario del Impuesto a las Ganancias y estableció dos fechas clave para septiembre: una para la presentación de la declaración jurada correspondiente a 2025 y otra para el primer anticipo del período fiscal 2026.
La medida alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas, tanto a quienes están comprendidos en el régimen general como a los adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Fue establecida mediante la Resolución General 5890/2026, publicada el 25 de agosto en el Boletín Oficial.
De esta manera, los contribuyentes tendrán tiempo hasta el martes 22 de septiembre de 2026, inclusive, para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025. La fecha anterior había sido establecida para el 27 de agosto.
Qué pasa con el pago de Ganancias 2025
Existe, sin embargo, una diferencia fundamental. La prórroga alcanza a la presentación de la declaración jurada, pero no modifica la fecha de pago del saldo resultante de Ganancias 2025.
La resolución mantiene el 27 de julio de 2026 como vencimiento para el ingreso del saldo. Por ese motivo, no debe interpretarse que ARCA otorgó plazo hasta septiembre para pagar el impuesto correspondiente al ejercicio 2025.
El esquema establece expresamente dos fechas diferentes: 22 de septiembre para la presentación y 27 de julio para el pago. Así figura en el artículo 1° de la Resolución General 5890/2026 publicada en el Boletín Oficial.
ARCA justificó la extensión por razones de administración tributaria y señaló que busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones. El organismo indicó además que la decisión surgió del diálogo con entidades que nuclean a profesionales de Ciencias Económicas.
Cuándo vence el primer anticipo de Ganancias 2026
La segunda modificación importante corresponde al primer anticipo del Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2026.
ARCA estableció que esa obligación podrá cumplirse excepcionalmente hasta el jueves 24 de septiembre de 2026, inclusive.
El cambio también está directamente confirmado por ARCA: el organismo informó que el primer anticipo fue trasladado al 24 de septiembre, junto con la extensión otorgada para presentar la declaración jurada de 2025.
Por lo tanto, los contribuyentes alcanzados deberán prestar atención a dos vencimientos durante la próxima semana: el 22 de septiembre para presentar Ganancias 2025 y el 24 para ingresar el primer anticipo de Ganancias 2026.
La aclaración central es que estas fechas corresponden a obligaciones diferentes. El pago del saldo de Ganancias 2025 no fue trasladado a septiembre, por lo que la prórroga no supone una extensión general de todas las obligaciones vinculadas con el impuesto. (NA)
