El oficialismo reconoció que en 2025 intentará avanzar con la derogación de la ley que permite la interrupción legal del embarazo en la Argentina.

En una entrevista periodística, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, sostuvo que “con una nueva ley se puede modificar o derogar la ley anterior”, aunque reconoció: “No creo que tengamos los números, pero me gusta la idea”.

Menem, sostuvo que “con una nueva ley se puede modificar o derogar la ley anterior”, y no dudó en destacar que es “próvida” y remarcó: “No lo dudo, soy pañuelo celeste de acá a la China”.

Al ser consultado sobre la ola de críticas y oposiciones que puede generar la iniciativa que busca penalizar el aborto, Menem recordó: “Hemos tocado un montón de intereses y no hemos dudado. Hemos trabajado mucho”.

El debate en torno al aborto ha sido un eje central en el discurso de Javier Milei, quien se ha pronunciado repetidamente en contra de la ley vigente y llegó a calificar al aborto como un "asesinato agravado por el vínculo» a mismo tiempo que criticó al feminismo como parte de un «marxismo cultural"

Durante la entrevista, Menem no evitó referirse a las implicancias sociales que podría tener la derogación de esta normativa. Aunque reconoció que será un desafío político, reafirmó que el Gobierno no dudará en avanzar con esta iniciativa.

En relación con las elecciones legislativas de 2025, Menem destacó que serán clave para consolidar la agenda del oficialismo y lograr una mayoría que permita revertir la ley de aborto. La posibilidad de revertir el aborto la tenemos en nuestras manos, insistió.

La ley de aborto, sancionada en 2020, representó un cambio histórico en los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes. Desde entonces, ha sido motivo de polarización política y social. La intención de derogarla reabre un debate que promete movilizar tanto a sectores provida como a los defensores de los derechos de las mujeres.

Hoy, con un Congreso fragmentado, el futuro del proyecto dependerá no solo de los números en las cámaras legislativas, sino también de la relación de fuerzas políticas que surjan tras las próximas elecciones.

El Senado de la Nación está de nuevo bajo la lupa luego del escándalo Kuider que fue expulsado por tratar de ingresar, junto a su secretaria, 200.000 dólares en billetes al Paraguay. 

Es que ahora si no se convoca a una sesión para tratar la extensión de la resolución que les congeló los sueldos, a partir del 1 de enero cobrarán casi 10 mil dólares mensuales.

Esto se debe a la Ley Enganche implementada durante el gobierno de Alberto Fernández cuando la presidenta del organismo legislativo era Cristina Kirchner y  se convirtió en ley en abril de este año.

El incremento anterior fue del 400% y elevó los ingresos de $1,9 millones a $7.867.171 brutos. Con descuentos, los sueldos netos quedaron en $7.093.510, según datos oficiales.

En una reciente conferencia de prensa, la vicepresidente Villarruel instó al Senado a tratar la continuidad del congelamiento. "Espero que lo consideren porque no soy senadora y no tengo poder de decisión", declaró. Hasta ahora no hay sesiones programadas para abordar este tema.

Villarruel podría firmar una resolución extendiendo el congelamiento hasta el 1 de marzo, cuando comienza el período ordinario. No obstante, algunos senadores ya han manifestado interés en una actualización salarial.

De no extenderse el congelamiento, los ingresos de los senadores superarán los $9,5 millones brutos desde enero.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados no se aplica la ley de enganche. Actualmente, los diputados perciben un salario bruto de $3.497.958, más $625.000 por desarraigo.

El riesgo país de Argentina logró perforar la barrera de los 700 puntos, ubicándose actualmente en 677, el valor más bajo registrado desde comienzos de 2019.

Se trata de un nivel mínimo desde los 666 puntos básicos del 19 de noviembre de 2018, más de seis años atrás, durante la administración del ex presidente Mauricio Macri.

El término “riesgo país” aparece con frecuencia en las noticias económicas especialmente en momentos de volatilidad financiera. Pero, ¿qué significan realmente estos números y por qué la medición es clave para entender la economía de una nación?

El riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras, como el pago de su deuda externa: se trata de una definición tomada de una publicación de Chequeado. Este riesgo se refleja en el costo de financiamiento que ese país enfrenta en los mercados internacionales: cuanto más alto es el riesgo país, más caro le resultará a esa nación pedir prestado dinero. En resumen, es una medida de la confianza que los inversores tienen en la estabilidad económica y política de un país.

El riesgo país se calcula comparando la tasa de interés de los bonos de un país con la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos considerados como el estándar de menor riesgo. Por ejemplo, si los bonos del Tesoro de los Estados Unidos tienen una tasa de interés del 2% y los bonos de un país tienen una tasa del 7%, la diferencia del 5% representa el riesgo país de esa nación.

Según los medios especializados, este diferencial es conocido como el spread y se expresa en puntos básicos. Un riesgo país de 500 puntos básicos, por ejemplo, indica que los bonos de ese país ofrecen un rendimiento 5% superior al de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Distintas organizaciones miden el riesgo de invertir en los países, pero el índice más conocido es el que hace JP Morgan, un reconocido banco estadounidense.

Entre los puntos que influyen en el riesgo país, los especialistas destacan las turbulencias políticas y los distintos indicadores económicos, por ejemplo, la deuda, la situación fiscal, la inflación y el contexto internacional.