El Gobierno argentino condenó este viernes con firmeza la detención “arbitraria e injustificada” de un empleado local de su representación diplomática en la República Bolivariana de Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro.

La Cancillería calificó esta acción como una “violación flagrante e inaceptable de las normas internacionales que garantizan la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y la protección de su personal, incluidos aquellos que desempeñan funciones esenciales”.

A su vez, se denunció que la detención no consiste en “un hecho aislado, sino parte de una campaña sostenida de hostigamiento, intimidación y violencia psicológica contra los asilados y empleados de la misión argentina”.

Por tal motivo, el Gobierno argentino exigió “de forma categórica la liberación inmediata del empleado local y la entrega de los salvoconductos para las personas asiladas en la sede diplomática”, indica el comunicado publicado en las redes sociales.

Debido a la gravedad del caso y siendo la segunda denuncia de detención en un día, se pidió de la ayuda internacional. “Apelamos al Secretario General de las Naciones Unidas para que actúe con la urgencia y determinación que esta situación demanda”, indicaron.

“Es necesario garantizar la liberación del empleado local, la entrega de los salvoconductos y el fin del hostigamiento y el terror psicológico ejercido por el régimen de Nicolás Maduro contra la misión diplomática argentina y las personas bajo su resguardo. La pasividad o la demora en la acción solo contribuirán a agravar la situación”, remarcó el texto que lleva la firma conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.

De esa manera, se reformó el pedido al indicar: “La República Argentina hace un llamado urgente a la comunidad internacional para que se sume a este reclamo con la mayor firmeza posible. La liberación inmediata del empleado local y la entrega de los salvoconductos para las personas asiladas no admiten más espera. Las consecuencias de la inacción podrían ser irreparables”.

Este viernes, el Gobierno de Argentina también exigió la liberación inmediata del gendarme Agustín Nahuel Gallo, detenido el pasado 8 de diciembre por las autoridades venezolanas tras ingresar al país para una visita familiar. Mediante un comunicado conjunto emitido por la Cancillería Argentina y el Ministerio de Seguridad, se calificó la detención como una violación a los derechos fundamentales del ciudadano.Nahuel Gallo, gendarme argentino detenido en Venezuela

Según se informó, Gallo cruzó el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en la frontera entre Colombia y Venezuela, con destino al estado venezolano de Táchira. El propósito de su viaje era estrictamente personal: visitar a su familia, incluida su pareja y su hijo. Sin embargo, según el comunicado oficial, fue arrestado de manera inmediata “sin motivo legítimo alguno y en abierta violación de sus derechos fundamentales”.

La Cancillería expresó: “La Argentina no tolerará actos de esta naturaleza contra sus ciudadanos y deplora este tipo de prácticas que contravienen los principios esenciales del respeto a la libertad individual y la dignidad humana”. Asimismo, se aseguró que el Gobierno argentino actuará “con toda firmeza” en organismos internacionales para exigir la liberación de Gallo.

El Gobierno denunció ante la Corte Penal Internacional (CPI) el asedio a la embajada argentina en Caracas y pidió “determinación” para actuar ante los “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el chavismo.

“La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía”, dijo Mario Javier Oyarzábal, embajador argentino en los Países Bajos, durante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma que se celebra en La Haya.

“Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”, sumó.

“Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentra en peligro. Actualmente la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados”, agregó Oyarzábal.

El diplomático exhortó a la CPI “a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la Justicia”. “La impunidad no solo perpetua el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”, cerró.

La embajada permanece desde agosto bajo la protección de Brasil, tras la expulsión de los diplomáticos argentinos, aún cuando el gobierno de Nicolás Maduro revocó esta autorización en septiembre. El motivo es la supuesta planificación de actos terroristas en el interior de la sede diplomática argentina por parte de los seis venezolanos, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado.

“Las cosas hay que llamarlas por su nombre: lo que ocurre hoy en la Embajada de la Argentina en Caracas, bajo protección de Brasil, es tortura en territorio argentino”, dijo la exdiputada en redes sociales el último fin de semana.

Machado aseguró que Pedro Urruchurtu, Magalli Meda, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos y el exministro Fernando Martínez Mottola “permanecen aislados, sin agua, sin luz y rodeados por fuerzas del régimen que intensifican el acoso”. (TN)

La Cámara Federal porteña ordenó la detención y captura de Nicolás Maduro y uno de sus principales dirigentes, Diosdado Cabello, al encontrarlos responsables de un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos de Venezuela.

El histórico fallo también afecta a más de treinta jerarcas y militares chavistas, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia que responden al dictador caribeño.

Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron los jueces que decidieron por unanimidad el fallo.

Los magistrados accionaron sobre una denuncia radicada sobre la base del principio de jurisdicción universal, el cual permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos sin importar dónde sean cometidos, la nacionalidad del autor y de la víctima.

Además, se pedirá la presentación de las órdenes de captura ante Interpol para que esta decida si interpone un pedido de alertas rojas.

“Las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder.”, reveló a Clarín el abogado Tomás Farini Duggan.

Duggan es uno de los impulsores junto al actual ministro de seguridad porteña, Waldo Wolff, de esta segunda etapa de denuncias en la Argentina contra Maduro y los dirigentes chavistas. Aguardan presentarla junto a otra que se hizo desde Argentina y otros países ante la Corte Penal Internacional.