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Gobierno confirma que no se debe pagar SADAIC en fiestas privadas
7 de noviembre de 2024
El Gobierno publicó en el iniciod de esta semanas una resolución donde confirma que las fiestas privadas y los cuartos de hoteles son «ámbitos privados», por lo cual están exentos a pagar el cobro del derecho de autor por reproducir música, películas y otro tipo de obras artísticas.
La medida tuvo lugar luego de que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), que cobraba ese canon, plantease ambigüedades en el decreto que modificaba la Ley de Propiedad Intelectual, por lo que comprendía que dichos espacios debían seguir abonando a las empresas de gestión colectiva.
De esa manera, la Resolución Conjunta 2/24, que lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, deroga la Resolución Conjunta N° 2/2019 por considerarla contradictoria al Decreto 765/24 que fue publicado el pasado agosto.
«A fin de dotar de certidumbre y en salvaguarda de la seguridad jurídica, así como para evitar eventuales dudas interpretativas, resulta necesario derogar de manera expresa y en forma retroactiva la Resolución Conjunta N° 2/19 del ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la ex Secretaría de Gobierno de Turismo a partir del 29 de agosto de 2024, fecha esta de la entrada en vigencia del Decreto N° 765/24», se lee en el texto.
En ese sentido, agrega que «las habitaciones de los establecimientos que brindan servicios de alojamiento están destinadas al uso privado de los huéspedes, por lo que no son, en consecuencia, los contenidos provistos por televisores o servicios de radiodifusión, ya sea por videocable, televisión satelital o por otro medio, considerados una representación o ejecución pública conforme a lo previsto por el Decreto Nº 765/24».
La medida fue celebrada por Cúneo Libarona a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde manifestó que «a partir de ahora, como siempre debió ser, las fiestas privadas y los cuartos de hotel van a ser considerados ámbitos privados para los derechos de autor». «Liberamos a los cuartos de hotel y las fiestas privadas de las garras del Estado», subrayó el ministro.
«No se les va a cobrar más el arancel por la reproducción de contenidos. Encima, eran cobros discrecionales, en base al tamaño del establecimiento, la calidad del hotel o la temporada. Esto encarecía los costos y hacía que los huéspedes paguen tarifas más altas», añadió el funcionario.
Por su parte, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, planteó en la misma red social que «el Gobierno de Javier Milei es un gran defensor de los derechos de propiedad, pero estos deben ser adecuadamente definidos», por lo que defendió la resolución que «avanza para evitar cualquier duda respecto a la correcta interpretación del Decreto 765/24».
«Hace varias semanas dimos a conocer el Decreto 765/24 que definía los eventos de reproducción pública que requerían un pago de derechos a las empresas de gestión colectiva. Ese decreto definió que esos pagos solo correspondían cuando las reproducciones ocurrían en espacios abiertos, de acceso libre y para una pluralidad de personas», indicó.
Sumado a esto, destacó que «eventos como fiestas privadas o la reproducción de contenidos en un cuarto de hotel no estaban comprendidos y por ende debían dejar de abonar esos derechos».
«Esta nueva interpretación requería la derogación de la Resolución Conjunta No 2/2019 contradictoria al 765/24. La Resolución Conjunta 2/24 publicada hoy con firma de Mariano Cúneo Libarona y Guillermo Francos avanza con dicha derogación necesaria para evitar cualquier duda respecto a la correcta interpretación del Decreto 765/24. Esta derogación fue impulsada por el Secretario de Turismo, Deportes y Medio Ambiente, Daniel Scioli», finalizó el ministro.
La respuesta de SADAIC al Decreto 765/24
Luego de publicarse el Decreto 765/24 el pasado agosto, el director de SADAIC, Guillermo Campos, ratificó la postura de la entidad sobre el pago de los derechos de autor por la música utilizada en los salones de fiestas, a la vez que planteó ambigüedades respecto a si los hoteles estaban o no exentos.
«Este decreto, dicho por los funcionarios porque el decreto no lo dice, trata de resolver un problema de los hoteles. Los hoteles históricamente cuestionaron que se cobrara por la comunicación al público de música a través de los televisores en los cuartos de los hoteles», indicó en declaraciones a Cadena 3.
Asimismo, recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que “dijo claramente que los cuartos de los hoteles eran lugares públicos y que en consecuencia la música que se comunicaba dentro de los cuartos era comunicación al público”.
“Los hoteles no querían pagar por eso, siempre lo cuestionaron, perdieron judicialmente y buscaron varios intentos legislativos tanto sea del Congreso como del Poder Ejecutivo. Y en este caso obtuvieron un decreto que supuestamente los incluiría en su enunciado, pero no dice expresamente lo que los hoteles quieren que diga”, añadió.
Con respecto a las fiestas en salones privados, sostuvo que no entendió «qué quiso definir el decreto, porque el decreto no es nada claro». «Los salones de fiestas automáticamente se consideraron involucrados dentro de la exención del decreto y dijeron ‘ahora no pagamos más por las fiestas sociales’”, prosiguió.
En ese sentido, aclaró que «hay un negocio de por medio» en la reserva de salones para festejos. «Cuando una persona hace un cumpleaños de 15 en un salón de fiestas va y paga por el salón, o sea el salón gana plata a la persona que quiere hacer la fiesta. Después si la persona quiere pasar música para bailar, que es lo usual, normal y habitual, el salón dice si aparte usted quiere música le vamos a cobrar tanto y si hay un DJ, el DJ le va a decir yo quiero cobrar tanto”, ejemplificó.
Al respecto, argumentó que, según la interpretación del Poder Ejecutivo, «los únicos que no cobran ahí son los autores y compositores, es decir, los dueños de las obras que se tocan en esa fiesta». «Cuando alguien gana a través de la música no puede pretender no pagar derechos por más que sea en una fiesta privada”, subrayó.
“Acá hay un negocio detrás de la fiesta privada. El que tiene que pagar es el dueño del salón. Obviamente para él es la obligación porque él es el que hace el negocio, él es el que cobra la fiesta y el que cobra la música porque en definitiva él es el que pone la estructura”, insistió el director de SADAIC.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
