La Asamblea de Accionistas de Aerolíneas Argentinas expulsó este miércoles a Pablo Biró, presidente de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), del directorio de la empresa. La razón detrás de esta decisión es la percepción de que "con su accionar perjudicaba a la compañía".

Tras su destitución, Biró anunció su intención de impugnar la Asamblea ante la justicia, lo que transformó la situación en un conflicto legal. Fuentes de la compañía informaron que la decisión de expulsar a Biró se tomó "a pedido del principal accionista de Aerolíneas Argentinas, el Estado nacional".

En el comunicado emitido por Aerolíneas, se indicó que "los miembros de la asamblea de accionistas votaron a favor de la expulsión de Pablo Biró del Directorio de la empresa por haber actuado recurrentemente en forma desleal y contra los intereses de la compañía". Se resaltó que, en su doble rol como dirigente de APLA y director de la compañía, Biró tuvo un comportamiento "contrario al esperable".

Durante el año, Biró participó y promovió 13 medidas de fuerza contra Aerolíneas, muchas de las cuales se presentaron como "asambleas informativas" que en realidad eran paros encubiertos. "Las medidas fueron adaptadas por los gremios para provocar el mayor daño posible en la operación", explicaron desde la empresa.

Se apuntó que las acciones de Biró provocaron demoras y cancelaciones en vuelos, afectando a más de 100 mil pasajeros y generando "millonarias pérdidas a la compañía". Además, se señaló que sus acciones "llegaron al extremo de cuestionar la seguridad y capacidad operativa de la empresa".

La compañía destacó que, a pesar de estos conflictos, logró en septiembre su mejor resultado operativo en 23 años, alcanzando un millón de dólares, en contraste con la pérdida de 46 millones de dólares del mismo mes en 2023. "Sin las acciones comandadas por Biró, los resultados podrían haber sido aún más beneficiosos", afirmaron.

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La Asamblea se llevó a cabo poco después de las 11 en las oficinas de Aerolíneas en el Aeroparque Jorge Newbery, con el objetivo de "remoción con causa del director Pablo Biró". Este había sido denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación por amenazas extorsivas, tras sus declaraciones sobre la declaración del transporte aéreo como esencial.

El Ministerio de Salud de la Nación estableció que, en el marco del reordenamiento del sistema, la credencial digital única y obligatoria de los profesionales de la salud ya no tendrá fecha de vencimiento, lo que significa avanzar en la simplificación y la eliminación de trámites para renovar matrículas.

Así se indicó en la Resolución 4827/2024, publicada en el Boletín Oficial y la normativa elimina el plazo de vigencia de 5 años para las matrículas otorgadas y define que aquellas credenciales digitales ya emitidas que se encuentren vencidas antes del dictado de esta medida, pasarán a estar vigentes de manera automática, eliminando así el trámite de renovación de la misma.

“Además, toda modificación y/o cambio en los datos personales del profesional deberá ser comunicada a la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras. En caso de fallecimiento y/o inhabilitación por autoridad competente y/o cualquier otra causal que impida el ejercicio profesional, la autoridad sanitaria podrá cancelar o suspender la matrícula”, indicaron desde la cartera sanitaria.

Además, señalaron: “La Resolución Ministerial N° 3320 del pasado 29 de agosto estableció las nuevas condiciones para la realización de los trámites de matriculación, renovación y rehabilitación de matrículas para todos los profesionales de la salud registrados y los no registrados pero pasibles de incorporación. Así, a partir del 2 de septiembre –fecha de publicación de la normativa en el Boletín Oficial–, todas las matrículas profesionales de la salud pasaron a ser digitales y están disponibles en la aplicación Mi Argentina”.

El Gobierno Nacional, a través del Poder Ejecutivo, presentó en las últimas horas un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para implementar el divorcio simplificado en casos de mutuo acuerdo. La propuesta busca que los procesos de disolución matrimonial puedan tramitarse en sedes administrativas y civiles, evitando así la judicialización que suele demandar más tiempo y dinero, además de sobrecargar innecesariamente los tribunales.

Según los fundamentos del proyecto, elaborado por el Ministerio de Justicia, el divorcio judicial implica mayores costos por las costas judiciales y los honorarios profesionales de los abogados. Además, las partes no pueden disponer libremente de sus bienes durante el tiempo que dura el proceso legal.

“Además del costo económico, el tiempo que insume el referido proceso implica para las partes una limitación en el manejo de sus bienes”, explicó el Ministerio en su exposición de motivos. Asimismo, remarcaron que los divorcios judiciales incrementan la cantidad de causas en el sistema judicial, generando lentitud en su funcionamiento y costos que, indirectamente, recaen sobre los contribuyentes.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, argumentó que la iniciativa permitirá que los cónyuges puedan disolver su vínculo matrimonial de manera más rápida y económica. “Se propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esa manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial por una vía más simple”, aseguró.

El proyecto propone que el divorcio en sede administrativa sea gestionado ante el oficial público del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Este mecanismo permitiría a las parejas disolver su vínculo de manera expedita, del mismo modo en que lo contrajeron: de mutuo acuerdo.

En relación con experiencias internacionales, el texto del proyecto señala que varios países ya cuentan con sistemas de divorcio administrativo o notarial, entre ellos Brasil, Colombia, México, Bolivia, Noruega, Italia y Japón. Estos sistemas permiten un proceso más ágil y menos costoso que los tradicionales divorcios judiciales.

El Gobierno también refutó las críticas que argumentan que facilitar el divorcio podría destruir la familia y la sociedad. En el texto del proyecto, se señala que tras la sanción de la ley 26.994, que en su momento modernizó la normativa sobre el divorcio, no se registraron impactos negativos duraderos en la familia o en el desarrollo de los hijos.

“Si bien se alegaba que el divorcio traería aparejada la destrucción de la familia, esto no sucedió. Los estudios indican que los efectos negativos en los hijos no se deben al divorcio per se, sino al deterioro matrimonial, independientemente de que haya una disolución formal o no”, concluye el proyecto.

El divorcio simplificado, de ser aprobado, podría ser una solución efectiva para descomprimir los tribunales y brindar una alternativa más accesible a las parejas que desean disolver su vínculo sin conflictos judiciales.

ABOGADOS: 'ES UNA MENTIRA'

En tanto, los abogados sostienen que el proyecto es una falacia, dado que esto podría traer para los involucrados algunas complicaciones.

La idea -dicen- es que la gente piense con esto que va a ahorrar dinero, que va a tener que realizar menos trámites, que se va a presentar al Registro Civil y se va a divorciar

Lo que se pierde de vista acá es que este hipotético ahorro, no prevé consecuencias de actos sin intervención de la judicatura y sin un debido asesoramiento, que pueden provocar perjuicios después, y además deja afuera cuestiones que tienen que ver con protección de los integrantes de la familia, segun los abogados.