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Universidades rendirán cuentas

15 de octubre de 2024

El gobierno de Javier Milei autorizó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a realizar una auditoría sobre las cuentas de la universidades nacionales, medio de la escalada del conflicto universitario tras el veto presidencial a la ley de financiamiento,

La Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, firmó un dictamen dirigido al Ministerio de Capital Humano en el que concluyó que la SIGEN está en condiciones de controlar a las casas de estudio de todo el país, más allá de que estas están sujetas a la comprobación de Auditoría General de la Nación (AGN).

En el documento oficial, Barra sostuvo que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional «puede ser aplicado a las casas de estudio, dado que el ejercicio de dicho control no afecta ni contradice la autonomía ni la independencia financiera y administrativa que les otorga la Constitución Nacional».

“A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.° 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales”, plantea el texto rubricado por Barra.

De esta manera, el oficialismo revirtió un dictamen firmado el 28 de noviembre de 2022 por el entonces procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que había excluido a la Sindicatura del sistema de control interno aplicable a las universidades nacionales.

«Desde ese entonces, solo la AGN, órgano dependiente del Congreso, quedaba investida con la capacidad auditora a las casas de estudio superiores. El dictamen firmado por el procurador del Tesoro revierte la situación y vuelve a otorgar a la SIGEN la capacidad de auditar las universidades», destacaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello.

La Auditoría General de la Nación (AGN), que depende del Congreso y ejerce el control externo de la Administración Pública, presentó su Programa de Acción Anual 2025 en el que detalle los organismos que auditará.

Incluye diferentes tipos de auditorías a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y a las universidades de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, el Nordeste, Cuyo, Tierra del Fuego, Patagonia, Chilecito y Avellaneda.

El Programa presentado por la AGN debe ser aprobado por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso, que está compuesta por 6 senadores y 6 diputados, pero actualmente están vacantes los cargos de los representantes del Senado.

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Milei: ‘Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo…’ 


El presidente Javier Milei celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos en favor de la Argentina, en el marco de la causa de YPF, que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones, tras la expropiación de la petrolera y cargó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio en YPF y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18.000 millones de dólares”, destacó, y agregó: “Y, como soy Milei, lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”.



Durante su exposición en el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano en el barrio de Paternal, el mandatario destacó la tarea de la Procuración del Tesoro y del titular de la compañía mixta en la causa.

Asimismo, en un mensaje a la oposición, sostuvo: “Y que ahora vengan a decir ‘ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos. Ah, pero el mameluco. Ah, pero la gestión…’ Acá está la gestión: 18.000 millones de dólares”.


En la primera fila, seguían con atención el discurso la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de los principales apuntados por la polémica por los viajes y las presuntas propiedades que no tendría declarada.

Con escasas referencias a los cuestionamientos contra el ministro coordinador, el mandatario le agradeció a Pettovello por “luchar incansablemente para desarrollar el capital humano”, y la definió como la ministra más “torpedeada, cuestionada, operada, ensuciada por los ensobrados medios de comunicación corruptos”.

“La ensuciaron y la operaron por ser honesta, por cortar el curro de los intermediarios de la pobreza, por cortar el curro de los gerentes de la pobreza, que, además, junto a la enorme tarea de la hoy senadora nacional, la doctora Bullrich, no solo enfrentaron a los delincuentes, mafiosos que se apropiaban del dinero de los vulnerables, sino que, además, ese dinero que le robaban, lo utilizaban para extorsionar a la gente y que les fuera a las marchas”, expresó.

Asimismo, ante la mirada atenta del ex vocero, el libertario agregó: “Así es que, Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”. En la previa, el funcionario fue incluido en el retrato que celebró el fallo en el caso de YPF. (NA)

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Al borde del colapso

Diversas cooperativas eléctricas advirtieron sobre la incertidumbre financiera que enfrentan ante el inicio, a mitad de año, del pago de deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). La mayoría de las 200 que funcionan en el interior bonaerense están en alerta.



En un encuentro en Olavarría, los dirigentes cooperativistas plantearon un escenario complejo de cara a junio y julio, cuando deberán comenzar con el pago de las 72 cuotas de la deuda que, en total, asciende a más de 1.000 millones de dólares. Es porque las empresas no abonaron cuando las tarifas estaban congeladas y ahora abonarán a lo largo de seis años con la condición de realizar inversiones.

De acuerdo al panorama de Federación de Cooperativas de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires (Apeba), la complejidad económica que se avecina para los próximos meses hará que estas entidades sufran una asfixia en sus cuentas.

Mientras Oreste Binetti (Luján) describió un escenario “muy difícil” por el arrastre de deudas acumuladas desde la pandemia y que “no saben cómo van a llegar” a abonar esas cuotas, Walter Vázquez (Usina Popular de Tandil) aseguró que el riesgo pasa porque muchas dejarán de hacer inversiones e inclusive tomarán deuda con el proveedor de energía.

“Nunca hemos tenido deudas con nuestra proveedora de energía, que es Cammesa. Sin embargo, en los últimos 5 años, a partir de la pandemia, no hemos podido cubrir los gastos, ni el pago a Cammesa”, dijo Binetti. Y agregó: “Algunos tenemos que empezar a pagar en junio, otros en julio y estamos todos que no sabemos cómo vamos a llegar, porque hoy venimos muy con lo justo y no alcanza”.

Cabe recordar que el año pasado, a través del DNU 186/25, publicado en el Boletín Oficial, se les otorgó un plazo de gracia de hasta 12 meses y 72 cuotas a una tasa equivalente al 50% de la del Banco Nación. En ese momento, se informó que la deuda corresponde a 79 distribuidoras y cooperativas con Cammesa y sumaba en total 2,35 billones de pesos. De esos, unos $ 1,14 billón ya había tenido acuerdos de normalización antes de 2023 y otros $ 111.684 millones durante 2024. Por eso lo que quedó sin normalizar fueron unos $ 1,4 billón.

Para que sirva como ejemplo, la cooperativa de Tandil enfrenta una deuda cercana a los $18 mil millones, mientras que en Balcarce asciende a unos $22 mil millones.

Hay varias entidades del interior que enfrentan altos niveles de morosidad por parte de los usuarios y conexiones irregulares, lo que agrava la situación financiera. A esto se suma, según Ignacio Aramburu, presiente de la Cooperativa Eléctrica de Olavarría, factores locales que profundizan la complejidad, como la extensión de la red rural y la situación del sector de canteras

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Declaran organización terrorista al cártel Jalisco Nueva Generación



n una acción conjunta que involucró a la Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la SIDE, el Gobierno clasificó formalmente al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una organización terrorista.

La resolución se apoya en informes de inteligencia que exponen una red de actividades ilícitas transnacionales y, lo que es más alarmante, vínculos estrechos con otras organizaciones terroristas globales. El objetivo primordial: proteger el sistema financiero argentino de ser utilizado como lavadero o combustible para el crimen organizado.


El CJNG no es un actor nuevo, pero sí uno de los más letales. Surgido en 2010 como un desprendimiento del Cártel de Sinaloa, logró en poco más de una década posicionarse como una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas del planeta. Con operaciones consolidadas en Estados Unidos y presencia en al menos 40 países, su sombra llegó hace tiempo a las fronteras argentinas.

En México, la organización es señalada como la responsable del último gran caos social y delictivo, un período marcado a fuego por el asesinato de su principal cabecilla, lo que desató una ola de violencia sin precedentes.

De Puerto Madero al mundo
La lupa de la SIDE y la Justicia argentina logró detectar huellas económicas directas del cártel en suelo porteño. Según los datos que fundamentan la medida: El foco: se detectaron actividades económicas sospechosas vinculadas a un local comercial en la exclusiva zona de Puerto Madero.

La cronología: si bien los registros iniciales datan del período 2009-2010, el salto cuantitativo ocurrió en 2016.

El desembarco: ese incremento notable en la actividad financiera coincidió con la llegada a Argentina de un familiar directo del líder del cártel.

Con esta declaración, el Estado argentino habilita herramientas de congelamiento de activos y una vigilancia extrema sobre cualquier movimiento que pueda alimentar la estructura de este gigante del narcocrimen.

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