Las inclemencias meteorológicas provocadas por el avance del fenómeno El Niño obligaron a mantener cerrado el paso hacia la Garganta del Diablo en el Parque Nacional Iguazú. Como medida preventiva frente a las previsiones de lluvias intensas en la cuenca, las autoridades dispusieron el desmonte completo de las pasarelas metálicas para evitar eventuales daños estructurales causados por la fuerte suba del nivel del río.

Las labores de retiro del tendido demandaron unos 40 días de trabajo coordinado entre la Administración de Parques Nacionales y la empresa concesionaria Iguazú Argentina. La decisión técnica se tomó luego de registrar un caudal que alcanzó los 6.580 metros cúbicos por segundo, cifra que superó holgadamente los márgenes de seguridad tras registrarse acumulados superiores a los 300 milímetros en cuencas del sur de Brasil.

El cierre afecta de manera exclusiva al mirador principal, mientras que el resto de los circuitos del Área Cataratas continúan funcionando con normalidad. Las crecientes extraordinarias provenientes de las cuencas superiores motivaron esta acción coordinada para resguardar la integridad física de los visitantes y del personal que se desempeña en el predio.

El monitoreo constante y las perspectivas de reapertura
Hasta el momento no se estableció una fecha precisa para habilitar nuevamente el acceso al emblemático salto de agua. El monitoreo hidrológico constante determinará los pasos a seguir, considerando las alertas que anticipan crecidas extraordinarias para los meses de septiembre y octubre. La reposición del paseo dependerá de la estabilización del caudal y la evolución de las precipitaciones en la región.

Pese a las restricciones operativas temporales, el predio natural obtuvo un destacado reconocimiento al ser posicionado por la revista Condé Nast Traveler como el segundo parque más bello del planeta. La reserva conserva más de 67.000 hectáreas de Selva Paranaense y cobija un imponente conjunto de 275 saltos de agua.

El Gobierno manifestó su rechazo a la guía que presentó el Reino Unido para proteger a las empresas que operen en las Islas Malvinas, en medio de las tensiones que crecen entre los británicos y la Argentina por las sanciones que anunció Javier Milei.

A través de un comunicado, la Cancillería expresó “su más enérgico rechazo” a la publicación que realizó el gobierno británico titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. En este escrito, apuntan a que se pueda promover la actividad comercial e hidrocarburífera en la zona del archipiélago como de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sus espacios marítimos.

“La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”, señaló el escrito que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El documento británico, difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno de Londres, sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, afirma el texto.

Además, descarta que tribunales fuera de Argentina puedan ejecutar válidamente las medidas que Buenos Aires adopte, y traza tres líneas de acción para las empresas: declara legítimas las actividades reguladas por la legislación de las islas, recomienda asesoramiento legal independiente a quienes reciban presiones de las autoridades argentinas, y ofrece intervención directa del gobierno británico cuando alguna compañía o proveedor enfrente ese tipo de presiones en un tercer país.

La Argentina presentó notas de protesta ante los embajadores del Reino Unido e Israel por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
La Argentina presentó notas de protesta ante los embajadores del Reino Unido e Israel por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
Como respuesta a esto, la Cancillería argentina convocó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para hacerles entrega en mano de notas de protesta formal.

El principal reclamo es el avance del proyecto “Sea Lion” y la totalidad de los actos conexos: la emisión de normativas que Buenos Aires considera ilegítimas, las licencias otorgadas de manera unilateral, los llamados a contratar proveedores y los incentivos comerciales impulsados por el gobierno británico.

Según el comunicado oficial, estas acciones vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que insta a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de resolución.

El proyecto Sea Lion es el eje central del conflicto. Se trata de un yacimiento de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte del archipiélago, cuya explotación está en manos del consorcio formado por Rockhopper Exploration Plc —de origen británico— y Navitas Petroleum Lp —de origen israelí—. Ambas compañías anunciaron lo que denominaron una “Decisión Final de Inversión”, y el proyecto contempla extraer en una primera fase 170 millones de barriles.

El consorcio prevé iniciar la extracción en 2028. La administración Milei calificó ese yacimiento como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país, al tiempo que señaló que las licencias bajo las cuales operan estas firmas son ilegítimas por carecer de autorización del Estado argentino.

Gran Bretaña escala la tensión con la Argentina y ofrece apoyo a las empresas que operan en Malvinas. Se trata de la primera medida oficial británica, luego del endurecimiento las sanciones para las empresas que se dediquen a la extracción de petróleo en las islas.

La publicación, titulada “Doing business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocios con las Islas Falkland”), es la primera respuesta oficial británica después de que Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones para las empresas y proveedores vinculados a la extracción de petróleo y a la actividad pesquera en el archipiélago.

El mandatario había firmado un DNU en ese sentido y prometió enviar al Congreso proyectos de ley para reforzar las restricciones, aunque hasta este martes esas iniciativas no habían llegado al Parlamento.

La guía afirma que “el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado”. Está dirigida a las empresas que desarrollen actividades comerciales, que suministren bienes o servicios al archipiélago, o que participen de cualquier modo en el desarrollo de su economía, incluida la explotación de sus recursos naturales.

“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, sostiene el texto oficial.

Sobre la soberanía, el documento repite la postura histórica de Londres: “Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Falkland y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”.

Y agrega que “las Islas Falkland han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, salvo una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las Islas”.

El texto también advierte que las compañías podrían recibir notificaciones judiciales de la Argentina, pero les resta peso: “La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas, ni tampoco respecto de empresas o particulares que desarrollen actividades comerciales en las Islas o vinculadas con ellas”.

Sobre las sanciones impulsadas por gobiernos anteriores y ahora reactivadas por Milei, sostiene que esas medidas “no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa” pese a estar vigentes desde hace años.

El Reino Unido ofrece además asesoramiento a las empresas que reciban amenazas legales desde la Argentina —aclarando que no se trata de asesoramiento jurídico formal— y pone a disposición a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) para intervenir directamente ante terceros países en caso de que una compañía vinculada a las islas sea presionada por sus negocios allí.

El giro de Milei incluye trabas administrativas para operar en el territorio continental —como el veto a futuros contratos en Vaca Muerta— y también avanzó en la Justicia: este martes el fiscal Carlos Stornelli imputó a varios directivos de las empresas sancionadas por el Gobierno argentino.

La tensión también está atravesada por las declaraciones de Donald Trump, que en las últimas semanas utilizó la disputa por Malvinas para presionar al gobierno laborista británico por su bajo aporte económico a la OTAN, y llegó a decir que podría revisar la posición de neutralidad de Washington en el conflicto. Consultado sobre la posibilidad de una nueva confrontación bilateral como la de 1982, Trump respondió: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”. (TN)