Santiago Molina tenía 28 años. Estuvo 21 días internado en el Hospital General de México. Sufrió una falla multiorgánica

El joven cordobés que contrajo viruela del mono en México falleció este domingo luego de estar internado en grave estado y sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Santiago Molina, de 28 años y oriundo de La Caleta, estuvo 21 días internado en el Hospital General de México y a pesar de que se había recuperado del virus, su estado general había desmejorado producto de las fallas multiorgánicas que le provocó la enfermedad.

“Se broncoaspiró, colapsó uno de sus pulmones y fue a terapia con intubación”, informó una de sus tías en diálogo con un medio de Córdoba.

El fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por supuesto abuso de autoridad tras dichos del exministro de Economía Martín Guzmán, quien en un reportaje aseguró que la cuarentena se extendió porque era una "bandera política".

El exfuncionario señaló que la cuarentena por el coronavirus se alargó porque era una “bandera política que hacía más fuerte al gobierno”.

Guzmán, quien terminó mal la relación con el gobierno de Fernández, señaló que para él la cuarentena fue "más larga de lo que debió haber sido".

“Vengo por la presente a efectuar formal denuncia contra el expresidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, y demás funcionarios de gobierno que hayan participado en las decisiones aquí develadas, ante la posible comisión del delito previsto y reprimido en el artículo 248 del Código Penal de la Nación”, aseguró Marijuan en su presentación.

El fiscal elevó la denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py y consideró que el delito de abuso de autoridad le cabe a quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

“En los hechos, los funcionarios involucrados habrían actuado de manera arbitraria y abusiva en el dictado de los actos normativos que procuraron extender el confinamiento por demás de lo que debía haber sido y a sabiendas de la información técnica con la que se contaba, todo ello para obtener un rédito político, apartándose de las normas como del fin que justifican el ejercicio de la alta función pública en la cual se encontraban”, expresó Marijuan.

El exministro de Economía, quien dejó el gobierno de Fernández tras meses de críticas de parte del kirchnerismo, señaló: "Por mucho tiempo era 'no, no se puede'. Después creo que pasó a ser un problema más político, una bandera política el hecho de que la administración de la pandemia es lo que hacía fuerte al gobierno".

"Entonces en ese caso lo que yo les decía es sepamos que le va a afectar más a la capacidad de recuperación del salario real formal e informal porque entonces a mediados de 2021 el trabajador formal ya estaba recuperando el salario, pero el informal seguía cayendo. Eso tenía que ver mucho con las restricciones sanitarias", subrayó.

"La extensión fue más larga de lo que debió haber sido. Desde el punto de vista, dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que debía haber sido", agregó Guzmán.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó su preocupación por el decreto que dictó el Gobierno nacional por el cual se modificaron reglamentaciones de la Ley de Acceso a la Información Pública. 

Según Adepa, el decreto 780/2024, contiene excepciones “que, por su amplitud y vaguedad, podrían habilitar a los funcionarios a incumplir su obligación de permitir el acceso a la información pública bajo el pretexto de genéricos ‘daños y perjuicios’ o con fundamento en un supuesto 'interés público'".

En esa línea, la entidad consideró que esas restricciones "podrían afectar tanto el respeto de los principios receptados por la ley como los estándares constitucionales e internacionales en esta materia".

Además, la institución sostuvo que esas modificaciones podrían ocasionar "aplicaciones restrictivas" e incompatibles con el texto legal, con los principios constitucionales y con los tratados internacionales que imponen el acceso irrestricto a toda información que se vincule con el desempeño de los funcionarios públicos".

A su vez, en el escrito publicado, Adepa le recordó al Poder Ejecutivo los "principios consagrados en el artículo 1° de la Ley de Acceso a la Información, y que se encuentran fuera del alcance de la competencia regulatoria del Poder Ejecutivo, figuran los de ‘presunción de publicidad’, ‘máxima divulgación', ‘máximo acceso’, 'alcance limitado de las excepciones'" e "in dubio pro petitor" ("ante la duda, a favor del peticionante").

Para Adepa, uno de los cambios más preocupantes del decreto marcha por el alcance de las definiciones de información pública y documento, establecidos en el artículo 3º del texto original. En ese punto, el Gobierno estableció que "no se entenderá como información pública a aquella que contenga datos de naturaleza privada que fueran generados, obtenidos, transformados, controlados o custodiados por personas humanas o jurídicas privadas o por la ausencia de un interés público comprometido, ajenos a la gestión de los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la Ley N° 27.275 y su modificatoria". 

Según la institución, la definición original de esa Ley prescribía que información pública es "todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato que los sujetos obligados enumerados en el artículo 7° de la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen o custodien".

En ese contexto, Adepa dejó en claro que los "funcionarios públicos tienen derecho a la privacidad y que en todo gobierno democrático pueden existir aspectos muy específicos que deban permanecer temporalmente fuera del conocimiento público, se trata de casos excepcionales, a los que sólo puede llegarse luego de acreditar la necesidad inaplazable de impedir que la ciudadanía conozca acabadamente la actividad de sus mandatarios".

"El secreto es, en ocasiones, un remedio inevitable para el sostenimiento de un régimen democrático. Su extensión más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades. Y es una manera de socavar las bases republicanas del país", subraya el documento difundido por Adepa. 

Para concluir, Adepa consideró que "necesario que el Poder Ejecutivo revise este tipo de reglamentaciones que desnaturalizan lo preceptuado por la ley, la Constitución y los estándares interamericanos de derechos humanos".