País
Va camino a una Sociedad Anónima
4 de septiembre de 2024
Pese a que al aprobarse la Ley Bases había quedado fuera del listado de las empresas a privatizar, el Banco Nación va camino a transformarse en una sociedad anónima. Así lo dejó entrever su presidente Daniel Tillard, en un comunicado en el que celebró el crecimiento de los créditos otorgados.
En agosto, el Banco Nación otorgó créditos por el equivalente a u$s1.700 millones a empresas y familias de todo el país y en los primeros ocho meses del año ya se otorgaron por un monto de más de u$s9.000 millones.
«Para que el BNA pueda sostener el crecimiento de los créditos, es imprescindible la transformación de nuestra entidad en sociedad anónima, tal cual establece la Ley de Bases. La mayor transparencia y eficiencia que ganará el banco redundará en la multiplicación de la oferta de préstamos», sostuvo Tillard, presidente de la entidad.
«Sería muy favorable que el resto de los bancos se sumen a las iniciativas de crédito que impulsa el BNA. La promesa de inflación cero tiene que venir acompañada del crecimiento de los créditos a favor de las pymes y las familias argentinas», agregó Tillard.
Al presentar la Ley Bases, el gobierno de Javier Milei incluyó al Banco Nación en la lista de empresas a privatizar. Pero luego, en medio de las negociaciones, el oficialismo aceptó excluir a la entidad de la lista.
En ese escenario, actualmente desde el oficialismo insisten en que quedó abierta la puerta para transformarlo en una sociedad anónima, una fórmula jurídica que permite abrirlo al capital privado. Esto sería posible porque está vigente el DNU 70/23 que Milei firmó al comienzo de su gestión y que incluía una serie de puntos que luego pasaron a formar parte de la Ley bases. Ese DNU no fue ratificado por el Congreso, pero los legisladores tampoco lograron voltearlo.
La privatización del banco es resistida por parte de sus trabajadores, aunque el Gobierno insiste con los cambios. Incluso hace algunas semanas el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger le quitó al banco la exclusividad que tenía para el pago de sueldos de toda la administración pública, con lo que podría perder el 4% de sus clientes.
El Banco Nación es el más grande del país. Tiene más de 17.000 empleados y más de 650 sucursales. La idea del Gobierno con esta entidad es que sea algo similar al Banco do Brasil, que funciona como una sociedad mixta. Un esquema similar es el que existe actualmente en YPF, donde el Estado es dueño del 51% de las acciones mientras el resto cotiza en bolsa.
«Si el Gobierno como accionista no puede capitalizar al banco debido a otras prioridades, el banco debe ser eficiente y encontrar maneras legales, posiblemente a través de una apertura de capital, para obtener recursos», dijo Tillard el mes pasado en una entrevista en la revista NBS.
Los créditos en niveles récord
En lo que va de este año, el Banco Nación otorgó créditos por el equivalente a u$s1.700 millones, que se convirtieron en un récord de desembolsos que hizo crecer la participación de la entidad respecto del resto de los bancos que integran el sistema financiero. En los primeros ocho meses del año ya se otorgaron préstamos por un monto de más de u$s 9.000 millones
Estos resultados, medidos en pesos, implican un 635% de aumento con relación a agosto de 2023. Tillard, subrayó que «sería muy favorable que el resto de los bancos se sumen a las iniciativas de crédito que impulsamos desde nuestra institución. La promesa de inflación 0 tiene que venir acompañada del crecimiento de los préstamos a favor de las PyMEs y las familias».
Los datos desagregados reflejan que en agosto se destinaron $ 1,46 billones para financiar inversiones y capital de trabajo en favor de MiPyMEs y grandes empresas de todo el país.
Además, el BNA otorgó a las familias más de $260.000 millones a través de préstamos personales para consumo de bienes y servicios, y otros múltiples destinos.
Lo cierto es que el titular de la entidad aprovechó estos datos para referirse a la posibilidad de que el Banco Nación se convierta en sociedad anónima, pese a quedar fuera de la lista de empresas a privatizar.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
