El ex jefe de Quinta Presidencial y hombre de íntima confianza de Alberto Fernández, Daniel Rodríguez, se presentó hoy en los tribunales de Comodoro Py, ante el juez Julián Ercolini, como testigo clave en el caso que involucra al ex presidente de la Nación y su ex esposa, Fabiola Yañez.

En estos últimos días, trascendió que Rodríguez habría presenciado varias discusiones y peleas que involucran a Fernández con la ex Primera Dama y que, por ese motivo, posiblemente tenga información certera sobre el vínculo de la pareja en Olivos, entre 2019 y 2023.

Aparentemente, habría habido un hecho puntual donde el testigo intercedió entre Fernández y Yañez, llevándose al ex mandatario arriba de un carro de golf.
Antes de ser el intendente de la Quinta, Rodríguez fue bombero de la Policía Federal y trabajó como custodio de Fernández cuando era el jefe de Gabinete de Néstor Kirchner; conforme pasaron los años fue su chofer personal, cadete y secretario hasta, finalmente, llegar a estar a cargo de la residencia de Olivos.

Durante sus funciones, no utilizó (ni lo hace actualmente) redes sociales como así tampoco tiene contacto con la prensa.
Por el momento, las únicas declaraciones de Alberto Fernández, ante la acusación de propinarle golpes a su ex mujer, hacen referencia a que él está “siendo acusado” de algo que “no hizo” y que “nunca ha golpeado” a Yañez ni a “ninguna mujer”.

Los choferes de colectivos, nucleados en la Unión Tranviarios Automotor, se declararon en “estado de incertidumbre y alerta”, por lo que consideran un “abandono” por parte de las autoridades gubernamentales a los trabajadores.

“En línea con comunicaciones anteriores, una vez más, los trabajadores de la actividad de transporte colectivo de pasajeros, estamos en estado de incertidumbre y alerta, ya que una vez más vemos el abandono por parte de las autoridades nacionales, provinciales y locales (desde el Presidente a Gobernadores e Intendentes), a los trabajadores a su suerte”.

Aducen que “los trabajadores del colectivo no inventamos el sistema de subsidios (fue el Estado), ni sus justas o arbitrarias distribuciones, beneficiando a algunos grupos concentrados y perjudicando a otros por montos millonarios. Lo decimos y reiteramos, los trabajadores del colectivo somos víctimas del sistema de subsidios, y es inhumano jugar con nuestra tranquilidad, sin saber si el 4to. día hábil vamos a cobrar nuestro salario, porque tal o cual no transfirió una compensación, un subsidio, o como lo quieran denominar, o si no hay aumento de tarifas (en perjuicio de público usuario)”.

Remarcan que “el salario es la contraprestación del trabajo, nosotros trabajamos, llueva, truene, feriados, y tenemos derecho a percibir nuestro salario, porque es la contraprestación por nuestro débito laboral, un salario bien ganado”.

Y reclaman que “arreglen sus cuentas” entre ellos, porque “los trabajadores tenemos que tener la certeza que el 4to. día hábil vamos a cobrar nuestros haberes, es un derecho, amparado por la ley”.

Finalizan expresando que están “cansados de ser las víctimas de un sistema perverso, poco transparente. Por lo que estamos en estado de alerta, ante las posibles caídas de servicios. Cuando los trabajadores agotan su paciencia, hacen trinar el escarmiento”.

En busca de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia en la gestión, la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de ley de Acceso a la Información Pública.

Se trata de una iniciativa que deroga la Ley 12.475 y busca garantizar un derecho reconocido en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en su art. 12° inc. 4, cuando enumera que “todas las personas en la Provincia gozan, entre otros, de los siguientes derechos (…) 4) A la información y a la comunicación”.

En el articulado se plantea que el "derecho de acceso a la información pública implica la libertad de acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, procesar y redistribuir información de los sujetos obligados", entre los que se encuentran todos los órganos pertenecientes al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

También abarca a otros organismos como la Contaduría General, Dirección General de Cultura y Educación, Fiscalía de Estado, Honorable Tribunal de Cuentas, Junta Electoral, Tesorería General,  Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y Consejo de la Magistratura.

De esta manera, ante un requerimiento, cualquiera de estos organismos deberá entregar toda la información que creó u obtuvo, que se encuentra en su posesión y bajo su control y tutela, registrada en cualquier fecha, forma y soporte.

Y para responder la solicitud de información, el organismo tendrá un plazo no mayor de 15 días hábiles, prorrogable por única vez y en forma excepcional por otros 10 días.

"En el último tiempo, obtener información certera sobre determinados entes autárquicos y organismos del Estado resultó una tarea extremadamente dificultosa. Situación similar se dio en la Legislatura provincial, donde anualmente se presentan más de un centenar de solicitudes de informes pero pocas veces son respondidas. Este escenario amerita avanzar con una nueva ley de acceso a la Información Pública que viene a garantizar un derecho fundamental", destacó al respecto Vaccarezza.