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Según informe de la Justicia, son 636 los detenidos por crímenes de lesa humanidad
26 de agosto de 2024
En medio del revuelo que generó la visita de legisladores libertarios a ex militares presos en el penal de Ezeiza por delitos de lesa humanidad, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad presentó este lunes una serie de estadísticas sobre el rango etario, la situación procesal y la modalidad de arresto de los detenidos e investigados por esa clase de crímenes cometidos durante la última dictadura. De aquel informe se desprende que actualmente se encuentran en detención 636 personas, de las cuales 508 están bajo arresto domiciliario y 128 con custodia penitenciaria.
Se trata de un informe elaborado periódicamente por la oficina especializada del Ministerio Público Fiscal, que recoge datos desde la reapertura de los procesos penales ligados a delitos de lesa humanidad en 2006. En ese marco, la Procuraduría precisó que de las 636 personas privadas de libertad a causa de los ilícitos imprescriptibles cometidos entre 1976 y 1983, 504 se hallan con sentencia condenatoria, 127 cuentan con un procesamiento y 5 fueron indagados y esperan aún la resolución judicial que defina su situación procesal.
El análisis estadístico, publicado en el sitio del MPF, salió a la luz poco tiempo después de que se conociera la reunión del 11 de julio pasado entre diputados de La Libertad Avanza y condenados de las distintas fuerzas por crímenes de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/ELENFX523RHA3KCTW7KJ56B66U.jpg%20420w)
El informe fue elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Gentileza: Ministerio Público Fiscal)
Entre el escándalo desatado, con denuncias y publicaciones cruzadas, la semana pasada se comenzó a debatir en la Cámara baja del Congreso de la Nación la posibilidad de aplicar sanciones a los legisladores que participaron de ese encuentro. La comisión de Peticiones, Pedidos y Reglamento, presidida por la diputada Silvia Lospennato, será la encargada de resolver el asunto.https://b9a48c8b8bd6d9720b6bd556175190b5.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
En tanto, el informe reveló que de los 504 condenados, 389 se encuentran en arresto domiciliario, y que de los 127 procesados, 115 también están bajo esa modalidad de detención. Además, la oficina especializada señaló que dos personas condenadas se hallan en libertad en los procesos en los que se les impuso pena de cárcel, pero permanecen detenidas por sus procesamientos con prisión preventiva en el marco de otras causas en su contra.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad clasificó a los detenidos en diferentes rangos etarios, con preeminencia de detenidos con edades de entre 70 a 75 años (216). De ese universo, 151 personas se hallan en domiciliaria y 65 en prisión. Entre 76 y 80 años hay 184 detenidos, dentro de los cuales 154 están bajo domiciliaria y 30 en la cárcel. A su vez, en la categoría que va de 81 a 85 años se encuentran 111 detenidos, 96 en domicilios y 15 en distintas prisiones.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/GXFD3ZD7LJAUZEOMKZOIWQNGOE.jpg%20420w)
Las estadísticas registraron un total de 636 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad (Gentileza: Ministerio Público Fiscal)
Bajo el rango de 86 a 90 años, el documento señaló que hay 69 personas detenidas por crímenes de lesa humanidad, de las cuales 65 se hallan bajo la modalidad domiciliaria y 4 con prisión efectiva. Luego destacó que existen 31 detenidos con 91 años o más, en donde solo uno de ellos reside en el penal. Por último, se registraron 25 detenidos -12 en domiciliaria y 13 en la cárcel- con 69 años inclusive.
Respecto al estado actual de las causas judiciales, se contabilizaron 281 expedientes abiertos bajo la etapa de instrucción penal, mientras que 70 actuaciones están a la espera del inicio formal del debate y se están celebrando un total de 13 juicios orales y públicos en diferentes jurisdicciones del país. Por otra parte, desde 2006 se han dictado 326 sentencias, con una suma de 1187 condenados por lesa humanidad, según otro reporte de la oficina especializada acerca del Proceso de verdad y justicia con datos actualizados hasta el 3 de junio.
Foto: La Escuela de Mecánica de la Armada, utilizado en la última dictadura militar como centro clandestino de detención (EFE/Matías Campaya)
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Malvinas: La Rosada cuestiona al Reino Unido y escala la tensión
El Gobierno manifestó su rechazo a la guía que presentó el Reino Unido para proteger a las empresas que operen en las Islas Malvinas, en medio de las tensiones que crecen entre los británicos y la Argentina por las sanciones que anunció Javier Milei.
A través de un comunicado, la Cancillería expresó “su más enérgico rechazo” a la publicación que realizó el gobierno británico titulada “Haciendo negocios con las Islas Malvinas”. En este escrito, apuntan a que se pueda promover la actividad comercial e hidrocarburífera en la zona del archipiélago como de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sus espacios marítimos.
“La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido”, señaló el escrito que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El documento británico, difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del gobierno de Londres, sostiene que la legislación argentina no tiene aplicación dentro de las islas ni sobre las compañías o personas que realizan negocios allí. “Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland (SIC)”, afirma el texto.
Además, descarta que tribunales fuera de Argentina puedan ejecutar válidamente las medidas que Buenos Aires adopte, y traza tres líneas de acción para las empresas: declara legítimas las actividades reguladas por la legislación de las islas, recomienda asesoramiento legal independiente a quienes reciban presiones de las autoridades argentinas, y ofrece intervención directa del gobierno británico cuando alguna compañía o proveedor enfrente ese tipo de presiones en un tercer país.
La Argentina presentó notas de protesta ante los embajadores del Reino Unido e Israel por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
La Argentina presentó notas de protesta ante los embajadores del Reino Unido e Israel por el avance del proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas.
Como respuesta a esto, la Cancillería argentina convocó a los embajadores del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y del Estado de Israel para hacerles entrega en mano de notas de protesta formal.
El principal reclamo es el avance del proyecto “Sea Lion” y la totalidad de los actos conexos: la emisión de normativas que Buenos Aires considera ilegítimas, las licencias otorgadas de manera unilateral, los llamados a contratar proveedores y los incentivos comerciales impulsados por el gobierno británico.
Según el comunicado oficial, estas acciones vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que insta a ambos países a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación de las islas mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de resolución.
El proyecto Sea Lion es el eje central del conflicto. Se trata de un yacimiento de petróleo en aguas profundas ubicado a unos 220 kilómetros (140 millas) al norte del archipiélago, cuya explotación está en manos del consorcio formado por Rockhopper Exploration Plc —de origen británico— y Navitas Petroleum Lp —de origen israelí—. Ambas compañías anunciaron lo que denominaron una “Decisión Final de Inversión”, y el proyecto contempla extraer en una primera fase 170 millones de barriles.
El consorcio prevé iniciar la extracción en 2028. La administración Milei calificó ese yacimiento como “un peligro claro e inmediato” para los intereses del país, al tiempo que señaló que las licencias bajo las cuales operan estas firmas son ilegítimas por carecer de autorización del Estado argentino.
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Tensión por Malvinas: Reino Unido protegerá a las empresas en las islas
Gran Bretaña escala la tensión con la Argentina y ofrece apoyo a las empresas que operan en Malvinas. Se trata de la primera medida oficial británica, luego del endurecimiento las sanciones para las empresas que se dediquen a la extracción de petróleo en las islas.
La publicación, titulada “Doing business with the Falkland Islands” (“Haciendo negocios con las Islas Falkland”), es la primera respuesta oficial británica después de que Javier Milei anunciara un endurecimiento de las sanciones para las empresas y proveedores vinculados a la extracción de petróleo y a la actividad pesquera en el archipiélago.
El mandatario había firmado un DNU en ese sentido y prometió enviar al Congreso proyectos de ley para reforzar las restricciones, aunque hasta este martes esas iniciativas no habían llegado al Parlamento.
La guía afirma que “el Gobierno del Reino Unido apoya toda actividad económica legítima en las Islas Falkland y celebra el interés y la participación continuos del sector privado”. Está dirigida a las empresas que desarrollen actividades comerciales, que suministren bienes o servicios al archipiélago, o que participen de cualquier modo en el desarrollo de su economía, incluida la explotación de sus recursos naturales.
“El Gobierno del Reino Unido apoya plenamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos, en beneficio económico propio. Esto constituye una parte integral de su derecho a la autodeterminación”, sostiene el texto oficial.
Sobre la soberanía, el documento repite la postura histórica de Londres: “Las Islas Falkland son un Territorio Británico de Ultramar. El Gobierno del Reino Unido no tiene ninguna duda sobre la soberanía del Reino Unido sobre las Islas Falkland y las áreas marítimas circundantes. No discutiremos la soberanía a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”.
Y agrega que “las Islas Falkland han sido administradas pacífica y eficazmente por el Reino Unido desde 1833, salvo una breve interrupción en 1982. Argentina no ejerce soberanía ni jurisdicción sobre las Islas Falkland. La legislación argentina no se aplica dentro de las Islas”.
El texto también advierte que las compañías podrían recibir notificaciones judiciales de la Argentina, pero les resta peso: “La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Falkland ni a aplicar su legislación interna dentro de las Islas, ni tampoco respecto de empresas o particulares que desarrollen actividades comerciales en las Islas o vinculadas con ellas”.
Sobre las sanciones impulsadas por gobiernos anteriores y ahora reactivadas por Milei, sostiene que esas medidas “no han impedido que los habitantes de las Islas desarrollen una economía exitosa” pese a estar vigentes desde hace años.
El Reino Unido ofrece además asesoramiento a las empresas que reciban amenazas legales desde la Argentina —aclarando que no se trata de asesoramiento jurídico formal— y pone a disposición a la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) para intervenir directamente ante terceros países en caso de que una compañía vinculada a las islas sea presionada por sus negocios allí.
El giro de Milei incluye trabas administrativas para operar en el territorio continental —como el veto a futuros contratos en Vaca Muerta— y también avanzó en la Justicia: este martes el fiscal Carlos Stornelli imputó a varios directivos de las empresas sancionadas por el Gobierno argentino.
La tensión también está atravesada por las declaraciones de Donald Trump, que en las últimas semanas utilizó la disputa por Malvinas para presionar al gobierno laborista británico por su bajo aporte económico a la OTAN, y llegó a decir que podría revisar la posición de neutralidad de Washington en el conflicto. Consultado sobre la posibilidad de una nueva confrontación bilateral como la de 1982, Trump respondió: “Estoy seguro de que me llamarán para intervenir en ese desastre potencial, pero si lo hacen, probablemente podré solucionarlo”. (TN)
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Anticipan que la pobreza creció en el primer semestre
La pobreza en la Argentina habría crecido en el primer semestre del año, cayendo bajo esa condición 1,7 millones de personas más y rompiendo con tres periodos de baja seguidos, de acuerdo a estimaciones privadas.
La medición de la consultora ExQuanti, elaborada en base a datos del INDEC, reveló que con el avance de los primeros seis meses del año la cantidad de personas afectadas por este flagelo alcanzaría 15,1 millones.
El cambio de tendencia ya se había empezado a vislumbrar en el último trimestre del año pasado y se estaría reafirmando en la primera mitad del 2026. De esta manera, el país habría sumado a 2,9 millones de pobres entre octubre de 2025 y junio de este año.
Al puntualizar en el impacto de la suba, la consultora remarcó que “el incremento de pobres ha sido lo suficientemente importante como para eclipsar la caída que se había producido en dos de los tres semestres en que se redujo desde el extremo ocurrido a inicios de 2024”.
Asimismo, advirtió que “la pobreza semestral alcanza niveles más altos que los mostrados no solo en el último semestre, sino inclusive los alcanzados hace un año”, trazando un panorama preocupante para el Gobierno, que asegura haber “sacado de la pobreza a 14 millones de argentinos”.
En la misma línea, desde ExQuanti señalaron que “los niveles de pobreza en el semestre, también, evidencian un deterioro de crecimiento que alcanza niveles similares a lo ocurrido cuando se generó la crisis durante el gobierno del presidente Mauricio Macri y la pobreza comenzó a subir aceleradamente, luego de haber llegado a los niveles más bajos de la última década” y alertaron: “La pobreza semestral está a los niveles en que los dejó el presidente Macri luego de la estampida que le precedió al fin de su mandato”.
En paralelo, el nowcast de pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó una tasa de 31,6% para el primer semestre de 2026, igualando el dato del mismo período del año pasado, contra el 28,2% del último semestre de 2025 y 31,6% de un año atrás.
En tanto que el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), en base a datos del Indec, también coincidió en que la pobreza aumentó y estimó que se ubicó en un 30% durante los primeros tres meses de 2026.
El índice oficial de pobreza del primer semestre será informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) el próximo jueves 24 de septiembre. Anteriormente, el organismo reveló que en 2025 el país terminó con 28,2% de pobres, lo que representa a 8,5 millones de personas.
La cifra significó un descenso en relación al primer semestre, donde el indicador se ubicó en 31,6%, siendo afectadas 9,5 millones de personas. Al final del 2023, la pobreza estaba en 41,7% alcanzando 12,3 millones de argentinos, por lo que en la gestión Milei salieron de dicha condición 3,8 millones de personas, según las estadísticas oficiales. (NA)
