Según un relevamiento realizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Buenos Aires (AIEPBA), las aulas de algunos establecimientos llegan a tener hasta siete acompañantes terapéuticos que trabajan con chicos que presentan alguna discapacidad. De acuerdo con la información reunida por esta entidad que nuclea a más de 2.300 institutos de educación “el dictado de clases se complejiza y la burocracia estatal y de las obras sociales convierten los trámites en un engorro tanto para familias como para directivos”.

Y lo que más le preocupa a AIEPBA, una normativa con las mejores intenciones que en la cotidianeidad escolar termina desarrollando el paradigma de la “falsa inclusión”, perjudicando directamente a los propios estudiantes. 

Según describe Magalí Gentiletti, directora del Jardín Nenelandya de Villa Ballester, tienen salas en las que confluyen seis acompañantes a la vez. Son muchos adultos en el aula. “La docente a cargo tiene que liderar las propuestas pedagógicas, pero al mismo tiempo poder gestionar el trabajo de las acompañantes para que actúen como facilitadoras y para eso se deben respetar las estrategias que planeamos previamente. Por momentos se pierde el objetivo de la propuesta pedagógica”.

Desde su jardín elaboraron un documento interno en el que establecieron los pasos a seguir para cada uno de los niños. Se requieren intervenciones personalizadas porque cada caso es único. “Es súper complejo porque hay que llegar a acuerdos con las acompañantes para definir cuáles son las mejores estrategias. En ocasiones tiene que ver con los tiempos, con acompañar a los niños a que salgan del aula cuando lo necesiten, a tener su ‘kit de calma’, a trasladarse a otra sala cuando haya una propuesta más adecuada. Cada estrategia es diferente”.

Su establecimiento no es un caso aislado ni una excepción. Más bien es la regla en el sistema educativo hoy.

Los diagnósticos de estudiantes con distintas condiciones del espectro autista o trastornos en el desarrollo del lenguaje son cada vez más frecuentes. La Ley de Educación Nacional contempla la inclusión de todos ellos, mientras que la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes estipula los procedimientos y recursos para lograr la identificación temprana de sus necesidades educativas, con el objetivo de brindarles atención interdisciplinaria y así lograr su inclusión efectiva desde el nivel inicial.

De esta manera el Estado garantiza el acceso de los estudiantes con discapacidad al sistema educativo, pero no acompaña brindando las condiciones para que su estadía sea en las mejores condiciones.  

¿Qué tan bien la pasan los estudiantes con discapacidad en aulas superpobladas con cinco, seis adultos acompañando? ¿Qué tiempos y herramientas de acompañamiento tienen los docentes de sala a la hora de tener que coordinar el trabajo con los cinco, seis acompañantes?

Urge la necesidad de instrumentar más eficazmente, reclama AIEPBA,  los enunciados de la normativa. La ley y la buena voluntad de las escuelas no alcanzan para que los chicos reciban la educación que merecen. 

Trabas burocráticas

Previo al ingreso de los acompañantes a las aulas, existe un sinfín de trámites burocráticos para su autorización. Trámites que demoran los procesos de inclusión de los estudiantes. 

Después de obtener el diagnóstico de discapacidad de sus hijos, que no es un trámite sencillo,  las familias salen a buscar un acompañante terapéutico, pero se topan contra un muro burocrático: un sinfín de idas y vueltas en busca de trámites y aprobaciones por parte del Estado y las obras sociales o prepagas.

 Al respecto, las obras sociales suelen pedir todo tipo de documentación, incluido informes médicos, evaluaciones psicológicas, certificados de discapacidad y planes de tratamiento detallados para autorizar los acompañamientos. El visto bueno demora meses e incluso años y mientras tanto el niño permanece sin la ayuda necesaria.

Las escuelas también tienen una ardua tarea administrativa para favorecer la inclusión de los estudiantes. Los directivos deben presentar ante jefatura una carpeta con decenas de requisitos para sumar un profesional, ya sea terapéutico o educativo. Muchas veces son los inspectores quienes demoran la aprobación del proyecto de inclusión con solicitudes que solo buscan dilatar la asistencia. Mientras tanto las escuelas, sus docentes y los estudiantes hacen lo que pueden en el aula. 

AIEPBA pide por un mayor asesoramiento de parte del Estado a las familias y a las instituciones educativas a la hora de resolver trámites y la eliminación de tantas instancias y agilización de los mismos para hacer reales los proyectos de inclusión. “Es imprescindible que las obras sociales y prepagas adopten un enfoque más flexible y personalizado ante las necesidades de cada uno de los estudiantes. Lo mismo para los trámites administrativos que deben realizar las escuelas. “Deben ponderar las necesidades de los estudiantes por encima de toda burocratización” reclaman.

Los acompañantes  terapéuticos y los maestros de inclusión

En general, los diagnósticos surgen desde niños, en el nivel inicial. Magali Gentiletti, así lo cuenta. “Somos el nivel que detecta estas situaciones, que se pone en comunicación con las familias y sugiere que hagan consultas con los profesionales adecuados. Una vez que llegamos a esa instancia, comenzamos a tejer redes, a trabajar en equipo. Es una situación sumamente difícil que se incrementó notablemente en el último tiempo. Cada año detectamos aún más casos”.

Los acompañantes terapéuticos y los maestros de apoyo a la inclusión son dos actores clave en la inclusión educativa de los chicos con discapacidad, pero cumplen distintos roles, según describió Laura Giorgi, referente de educación especial de AIEPBA.

-Acompañante terapéutico: se centra en el bienestar emocional y conductual del niño. Su principal objetivo es brindar apoyo personalizado que lo ayude a gestionar comportamientos, mejorar habilidades sociales y emocionales, y facilitar su adaptación a diferentes entornos. Tienen formación en salud y su labor no siempre se restringe al contexto escolar: pueden acompañar al niño en otros espacios sociales.

-Maestro de inclusión: se centra en la inclusión educativa del niño con discapacidad dentro del aula. Se encarga del diseño curricular y busca asegurar que el alumno pueda participar en las actividades académicas junto a sus compañeros y lograr aprendizajes reales en coordinación con la docente a cargo del aula.

AIEPBA destaca otro inconveniente al cual se enfrentan los estudiantes con discapacidad, sus familias y las escuelas, la demora en conseguir acompañantes y la baja calificación de los mismos. 

Debido a la alta demanda, los bajos salarios y la falta de políticas públicas para la formación de estos nuevos profesionales, las obras sociales y prepagas no consiguen personal calificado. En general, terminan contratando estudiantes que recién iniciaron la carrera de psicopedagogía o alguna carrera afín. Es decir, a la situación de superpoblación de acompañantes en las aulas, se suma la escasa formación profesional de los mismos. 

Es urgente, plantea AIEPBA para finalizar, regular la cantidad de acompañantes y maestros de inclusión por salón, agilizar los procesos para sus ingresos a las aulas y políticas educativas que fomenten la formación de profesionales idóneos y la capacitación permanente de todos los sujetos involucrados en los lineamientos para la inclusión de estudiantes con discapacidad. Una muy buena normativa, que la implementación y sus consecuencias son paradojales, los más perjudicados terminan siendo los estudiantes.

Las sociedades rurales del sudeste bonaerense advirtieron que el gobierno provincial “pretende incursionar en prácticas distorsivas, ideologizadas y flojas de fundamento técnico”, lo que perjudica “enormemente” al sector productivo “más dinámico y relevante del país”.

A través de un comunicado, señalaron que “el contexto es muy alarmante e involucra a la región en todos sus aspecto, y recordaron que en noviembre, cumplidos los 30 años originales y la prórroga de tres, vence la concesión de Terminal Quequén y por ahora no hay “acuerdo” para renovar la prórroga hasta que se confeccione “un pliego consensuado entre las partes actuales”.

“La empresa Terminal Quequén, que opera el principal elevador de granos para la carga de buques, formuló la advertencia sobre los plazos cumplidos, la falta de respuesta y los inconvenientes que traerá desde septiembre no poder ofrecer servicios, con lo cual incluso peligran las fuentes de trabajo”, señalaron las entidades ruralistas.

“Visto el panorama, la Provincia, que tiene puesto político en la presidencia del Consorcio de Gestión, pretende llevar a cabo una licitación exprés”, indicó. Y citó declaraciones de la presidenta del consorcio, Jimena López: “Axel (Kicillof) pide tener una reserva del 30 por ciento de los granos en acopio (…) y la Provincia mediaría en la compra de esos granos”. A lo que agregó la intención de “crear una empresa provincial” con fines de comercialización.

Según las sociedades rurales, “no queda claro el objetivo, pero sí la intención de entrometerse en la cadena”. “Dicho de otro modo –apuntó–, el gobernador quiere comercializar granos bajo una figura que se parece a una Junta Provincial de Granos, un instrumento que la historia demuestra lo nocivo que podría ser para la actividad”.

Para las entidades, “la Provincia debería tener otras prioridades”, como educación, salud, seguridad, infraestructura, caminos y rutas.

“Desde las sociedades rurales del sudeste advertimos sobre esta situación a Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) para evaluar pasos a seguir”, contaron. También transmitieron la preocupación a otras instituciones, como la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y su cámara arbitral, el Centro de Acopiadores de Quequén, las otras entidades de productores, los propios productores en general, los transportistas y los intendentes del hinterland del puerto Quequén, “por lo que podría significar una modificación sustantiva en los fines del actual Consorcio de la Terminal y su explotación”.

El comunicado en cuestión llega la firma de las sociedades rurales de Ayacucho, Mar Chiquita, General Guido, General Madariaga, Lobería, Mar del Plata, Balcarce, General Alvarado, Tandil, Maipú, Necochea, Rauch, General Lavalle y San Cayetano. También por las asociaciones de productores de Benito Juárez y Gonzales Chaves.

El Ministerio de Salud bonaerense emitió hoy un nuevo boletín epidemiológico en el que informó sobre un nuevo brote de triquinosis y señaló que los casos confirmados de la enfermedad treparon a 62 en lo que va del año, en la provincia de Buenos Aires.

La cartera que conduce Nicolás Kreplak detalló en el nuevo informe que en el transcurso de lo que va de 2024 “se notificaron un total de 157 sospechas de triquinosis: 61 confirmados, 3 probables y 91 continúan en estudio” y que son cinco los brotes. Hasta el boletín epidemiológico pasado eran cuatro los brotes y 52 los contagios confirmados.

El quinto brote de triquinosis fue de origen familiar y tuvo lugar en los distritos de Florencio Varela y Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense. Se notificaron cuatro personas asintomáticas.

Los otros cuatro brotes, de los que DIB ya viene dando cuenta, se dieron en los distritos de Leandro N. Alem, General Pueyrredon, Necochea y Guaminí. Todos estos estuvieron “vinculados al consumo de productos de faena casera”.

En el caso de Alem el brote se dio en la localidad de Juan Bautista Alberdi, donde “se identificaron 19 personas con síntomas compatibles”. En General Pueyrredon se registraron otras 12 sintomáticas en el marco de un evento familiar.

En el partido de Necochea el brote se dio en Quequén. Allí se identificaron 45 personas expuestas en un evento familiar y 41 presentaron síntomas. Además, se notificaron 32 personas con síntomas compatibles en el distrito de Guaminí, algunas de las cuales son residentes de Coronel Suárez.

La Provincia informó que “todas las personas recibieron tratamiento con albendazol y mebendazol”. Asimismo, detalló que en mayo “se identificó un incidente alimentario sin casos, en los cuales hubo 7 personas expuestas que no presentaron síntomas en el partido de Coronel Dorrego” y que “recibieron tratamiento preventivo con mebendazol”.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria causada por larvas y parásitos que afecta al ser humano y a otros animales. Se transmite a las personas por ingestión de carne cruda o mal cocida. Los brotes se producen en su mayoría durante la época de bajas temperaturas. (DIB)