El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, se diferenció del pedido para incrementar la asistencia financiera a los municipios que vienen realizando jefes comunales del oficialismo y la oposición: “los municipios pueden sostenerse por sí mismos”, planteó.

El jueves, tal como informó DIB, hubo un encuentro entre autoridades legislativas de Diputados y Senadores y representantes de 68 intendentes, en el que acordaron redactar un proyecto de ley para mejorar el manejo de fondos transferidos por Provincia por parte de los alcaldes. Fue el punto saliente de una agenda que viene creciendo: las comunas aducen que por el efecto combinado de la caída de la recaudación, las transferencias nacionales y el aumento de las demandas sobre todo sociales que enfrentan, sus tesoros están exaustos y necesitan un rescate.

Pero Passaglia piensa algo distinto. “En San Nicolás administramos bien los recursos y por eso continuamos haciendo obra pública para mejorarle la calidad de vida a nuestros vecinos. Y no la vamos a frenar, gobierne quien gobierne el país y la provincia”, punzó el intendente nicoleño.

El dirigente fue un paso más allá y cuestionó la postura de muchos jefes comunales frente al escenario económico actual. “Los municipios pueden sostenerse por sí mismos, con gestiones que estén orientadas a los resultados y no a la queja permanente”, agregó.

En el discurso de Passaglia aparecen tres objetivos básicos de gestión “equilibrio fiscal, autonomía municipal y continuidad de la obra pública incluso en un contexto de ajuste”, dice el alcalde.

Pero las declaraciones tienen un contenido político notorio: Passaglia, sin nombrar a nadie, apuntó contra el manejo que hacen sus colegas mientras algunos de ellos hablan de revisión de contratos, postergación de obras menores y dificultades para afrontar futuras negociaciones salariales.

DIB.

La Agencia detectó alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que adeudan $798 millones en el Impuesto Inmobiliario y que podrían acceder a exenciones sin saberlo

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un operativo para facilitar el acceso a exenciones impositivas destinadas a jubilados y pensionados que registran deudas en el Impuesto Inmobiliario.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con el Instituto de Previsión Social (IPS) y municipios de toda la provincia, mediante cruces de datos y acciones territoriales para identificar y acompañar a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente.

A partir del trabajo articulado entre organismos, ARBA detectó inicialmente alrededor de 17.000 personas con beneficios previsionales que acumulan en conjunto $798 millones en deudas del tributo inmobiliario y que, sin embargo, podrían acceder a exenciones. El esquema alcanza a contribuyentes con ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, titulares de una única propiedad cuya valuación fiscal no supere los $6 millones y que no estén inscriptos en Ingresos Brutos.

Trámite simplificado y atención territorial

Con el objetivo de agilizar el proceso, ARBA llevará adelante operativos casa por casa junto a los municipios, además de jornadas especiales de atención para gestionar de forma simple la exención. El beneficio incluye tanto deudas de hasta cinco años como obligaciones futuras, lo que representa un alivio significativo para quienes se encuentran en situación de mora sin haberlo buscado.

En paralelo, ARBA solicitará formalmente a la ANSES una nómina de jubilados y pensionados con domicilio en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de analizar su situación fiscal e identificar a quienes podrían acceder a la exención sin saberlo, facilitándoles el trámite en caso de cumplir con los requisitos.

Las voces del organismo

El director de ARBA, Cristian Girard, destacó que "estamos trabajando para simplificar trámites y garantizar que quienes tienen derecho a una exención puedan acceder sin obstáculos. En un contexto económico complejo, donde las políticas de Milei impactan con fuerza sobre los ingresos, es fundamental acompañar a un sector que históricamente ha demostrado un alto compromiso con el cumplimiento tributario".

Y agregó que “las jubiladas y jubilados pertenecen a una generación que culturalmente tiene incorporado el cumplimiento fiscal como un valor, por lo que adeudar impuestos representa para ellos una carga moral y económica significativa. Por eso, desde el Estado tenemos la responsabilidad de acercarles herramientas concretas que alivien su situación y les permitan regularizarse de manera justa”.

La medida se inscribe en una política más amplia de ARBA orientada a fortalecer la equidad tributaria, promoviendo el acceso a beneficios previstos por ley y evitando que sectores vulnerables acumulen deudas por falta de información o dificultades en la gestión de trámites.

El Gobierno nacional presentó en Diputados un proyecto de ley para modificar el régimen de subsidios al gas natural por Zona Fría, que impactará en la tarifa de gas en casi toda la provincia de Buenos Aires. De avanzar, unos 800.000 hogares bonaerenses podrían pagar una tarifa mucho más alta.

Con el objetivo de reducir el universo de beneficiarios y focalizar la asistencia únicamente en hogares vulnerables, la administración libertaria buscará aprobar este año una serie de cambios que estaban previsto en el Presupuesto 2026 pero que fueron rechazados. Y se dan, ahora, en un contexto marcado por la presión fiscal, el aumento del precio internacional de la energía y el deterioro financiero del fondo que sostiene las bonificaciones en las tarifas de gas.

El proyecto que analizó Agencia DIB propone restringir el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, concentrado en las provincias de la Patagonia (incluía a algunos municipios bonaerenses como, Patagones, Villarino, Puan, Tornquist, Saavedra, Dorrego, Pringles, Suárez y parte de Bahía Blanca), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe, dejando afuera a provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Justamente fue en 2021 cuando el régimen se desbordó a partir de una importante ampliación de los usuarios beneficiados, que pasaron de 800.000 a más de 4 millones por una modificación impulsada por el kirchnerismo. Quedaron bajo este paragua municipios de quince provincias del país. En lo que respecta al territorio bonaerense, son unos 90 los distritos que tienen descuentos de entre el 30% y el 50% en los valores del consumo de gas en las tarifas que pagan los usuarios.

La operatoria del sistema de Zona Fría requiere en la actualidad subsidios del Tesoro Nacional por más de US$ 400 millones al año, una cifra que ahora el Gobierno apunta a limar. Además, para financiar la incorporación de hogares se ajustó el sobre el porcentaje que se paga sobre precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Esa cifra puede alcanzar hoy el 11,25% y la abonan todos los usuarios del país.

Entre los municipios que perderían el beneficio están 25 de Mayo; 9 de Julio; Adolfo Alsina; Gonzales Chaves; Alberti; Ayacucho; Azul; Balcarce; Benito Juárez; Bolívar; Bragado; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Castelli; Chacabuco; Chascomús; Colón; Coronel Rosales; Daireaux; Dolores; General Alvarado; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Madariaga; General La Madrid; General Lavalle; General Paz; General Pinto; General Viamonte y General Villegas.

También otros distritos afectados serían Guaminí; Hipólito Yrigoyen; Junín; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lincoln; Lobería; Lobos; Maipú; Mar Chiquita; Monte; Monte Hermoso; Navarro; Necochea; Olavarría; Pehuajó; Pellegrini; Pergamino; Pila; Rauch; Rivadavia; Roque Pérez; Saladillo; Salliqueló; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Cayetano; Suipacha; Tandil; Tapalqué; Trenque Lauquen; Tres Arroyos y Tres Lomas.

Asimismo grandes localidades están en la mira, como Mar del Plata, una de las ciudades con mayor cantidad de usuarios alcanzados por Zona Fría, La Plata y alrededores. Y completan la lista La Costa; Pinamar; Villa Gesell; Berisso; Ensenada; Brandsen; Cañuelas; Magdalena y Punta Indio.

En los papeles, de aprobarse el proyecto que chocará con la resistencia de los legisladores de las provincias afectadas, el beneficio quedará pulverizado para 1,3 millones de usuarios bonaerenses, según pudo averiguar DIB. Aunque el Gobierno deja abierta la posibilidad de subsidiar a los hogares vulnerables incluidos en el nuevo régimen Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) por nivel de ingresos. El corte estaría en hasta tres Canastas Básicas Totales, lo que en definitiva dejaría fuera del actual beneficio al 60% de ese universo actual; es decir a unos 800.000 hogares.