País
Desregulan mercado aerocomercial
10 de julio de 2024
El Gobierno liberó las tarifas aéreas, terminó con el monopolio de Intercargo y le quitó privilegios a Aerolíneas
En medio de los viajes y festejos patrios, el presidente Javier Milei se hizo tiempo para firmar un decreto que contiene tres capítulos (iban a ser tres distintos) mediante los cuales se traza la letra fina, con lo que empezará la formalmente desregulación del mercado aerocomercial. Cielos abiertos en modo reglamentario.
El corazón de la iniciativa pasa por quitar barreras de ingreso a las nuevas empresas que quieran operar en la Argentina y desregular las tarifas y las frecuencias. Y aquí la novedad: no solo se aplicará a las líneas aéreas, sino también a las compañías que hacen soporte en tierra. Es decir, terminará el monopolio de Intercargo, la empresa pública que realiza todos los servicios para las compañías aéreas, locales e internacionales.
“La actividad regulada se regirá por los siguientes principios”, dice el Reglamento de Acceso a los Mercados que se publica como anexo. Y entonces empieza una enumeración de condiciones que, de cumplirse, sería un verdadero cambio radical del sistema vigente: “Libre acceso al mercado de nuevos explotadores a través de procedimientos administrativos breves y ágiles; estímulo a la competencia leal entre los distintos explotadores; desregulación tarifaria; resguardo de la seguridad operacional; vigilancia operacional continua de los servicios autorizados; libertad en la fijación de frecuencias, en su caso, declarándolas inicialmente en su plan de negocios, para su análisis sujeto a estrictos criterios operativos y a la necesidad de que el tráfico aéreo se desarrolle de manera segura y ordenada y, finalmente, intervenciones de la Administración Pública Nacional limitadas y eficientes, de carácter digital/electrónico, tendientes exclusivamente a la preservación de los principios enunciados precedentemente y transparencia en la medición, asignación y utilización de la capacidad aeroportuaria”.
Como se dijo, este es el corazón del decreto que, en realidad, originalmente eran tres, que se subsumieron en uno. Aparecen varios lineamientos que cambiarán el sector. Además del compromiso de reducir la intervención del Estado a un mero papel en materias operacional y de seguridad, la norma define la desregulación tarifaria, un sistema que la Argentina perdió desde que el kirchnerismo llegó al poder. De hecho, en aquellos años, el Estado decidía cuál era el valor mínimo del boleto y también el máximo. Se llamó banda tarifaria y era el Poder Ejecutivo el que fijaba el precio de cada tramo.
Con la llamada “revolución de los aviones” que impulsaba Guillermo Dietrich en el gobierno de Mauricio Macri, se quitó la mínima, con lo que aparecieron las low cost que ofrecían precios más baratos, pero no se avanzó con el máximo permitido. Pero, en 2021, la gestión de Alberto Fernández volvió a aquel esquema de bandas, utilizado en muy pocos mercados en el mundo.
Son tres los capítulos de la norma que se publicó. El primero avanza sobre la apertura del mercado, básicamente rescata algunas de las regulaciones que ya habían sido parte del decreto 70, aquella primera norma que quedó cuestionada en la Justicia y que la Corte Suprema jamás trató.
Desde entonces, los reguladores del área trabajaron en la implementación. Pero claro, la posibilidad de que el decreto pueda ser derrumbado y tachado de inconstitucional entregaba una cierta debilidad al andamiaje jurídico. Entonces, optaron por un decreto específico que entregue mayor certeza, ahora que el Presidente tiene facultades amplias, delegadas por el Congreso en la Ley Bases, señala Diego Cabot en su columna del diario La Nación
El primero de los capítulos, por caso, borrará de los requisitos para operar en el país la solicitud de audiencias. Es decir, ya no habrá que tramitar ese permiso necesario, aunque discrecional, que entregaba el Estado. De hecho, la última se celebró durante el gobierno de Macri, que fue la que entregó las licencias con las que vuelan Jetsmart y Flybondi. Sin audiencias, las rutas se solicitarán por un sistema digital y mucho más ágil, tal como repite la norma en varios pasajes.
Las nuevas normas incluyen un cambio fundamental en el negocio aeronáutico. Cuando estén plenamente en vigencia, tras las reglamentaciones correspondientes, se podrán prestar servicios de cabotaje con aeronaves de matrícula extranjera y hasta tripulación de otra nacionalidad. Es algo muy novedoso para el segmento.
Hay algo que también empieza a cambiar: cómo interpretar el silencio del Estado. Por ejemplo, para lograr el Certificado de Explotador de Trabajo Aéreo (CETA), uno de los documentos fundamentales para empezar a volar, se dará a la Administración Pública 15 días hábiles para que se exprese. Si no lo hace, el solicitante puede pedir un “pronto despacho” y, transcurridos cinco días más, “la autoridad deberá emitir en forma automática/digital el CETA”. Un verdadero opuesto a lo que sucede actualmente, donde los expedientes suelen dormir un sueño profundo en los escritorios de la burocracia a la espera que el ruido de algunas monedas sobre el escritorio los despierte de pronto.
Esta decisión de apertura estaba descontada entre las empresas, pero la novedad pasa por otras desregulaciones que también forman parte de la norma. La más importante, sin dudas, es la apertura necesaria como para que otros jugadores compitan con Intercargo, encargada de todo lo que tiene que ver con servicios de rampa, asistencia y equipaje para todas las líneas aéreas que operan en el país, con excepción de Aerolíneas Argentinas, Flybondi y American Airlines, que operan su propia prestación.
Los gremios del sector tienen capacidad de fuego como para realizar medidas de fuerza que paralicen la operación. Habrá que estar atento a los movimientos gremiales cuando avance la liberalización.
De acuerdo a la regulación vigente hasta que salga el decreto, las aerolíneas tienen la obligación de contratar a Intercargo salvo que se presten ellas mismas el servicio. American siempre tuvo su personal de tierra, ya que opera en un puñado de aeropuertos. Y la línea aérea de bandera tiene para ese trabajo a Aerohandling, una sociedad del grupo que le da servicios a sus aviones. Los demás, en manos de Intercargo.
Ahora podrían entrar otros jugadores, o incluso Aerohandling tendría la posibilidad de ofrecer sus servicios a otras líneas y fortalecer esta línea de negocios. Lo cierto es que semejante golpe a un monopolio podría generar conflictividad en el día a día. Acá también hay requisitos de presentación de documental y finalmente, plazos exprés para que el regulador apruebe, o solicite lo necesario, a riesgo de que el paso del tiempo termine por entregar la aprobación tácita ante el silencio del Estado.
El segundo título de los tres tiene que ver con la reglamentación del artículo 110 del Código Aeronáutico. Habla de los requisitos para presentar acuerdos de cooperación interempresaria o comerciales, y establece la implementación de la ley de Defensa de la Competencia para todas las cuestiones que se sucedan. Es decir, si eventualmente hay planteos de monopolio, por caso, ya no intervendrán los varios entes públicos del sector, sino el Tribunal que lo hace con todas las actividades de la economía.
El tercero, finalmente, apunta a igualar los derechos de utilización de las estaciones aeroportuarias, especialmente, en horas pico. Así las cosas, le encomienda a la autoridad la confección de un “Reglamento Transitorio de Asignación de Capacidad y/o Frecuencias para servicios nacionales o internacionales”, a la espera de uno definitivo para el que le otorga 180 días.
Básicamente, se terminarán algunos privilegios que tiene la línea aérea estatal para disponer de los aeropuertos a su antojo. De hecho, se deroga decreto 879/21, un reglamento hecho a medida de la empresa pública en épocas de manejo camporista, ya no solo de la compañía sino del sector aerocomercial. “Se determinará la capacidad y/o frecuencias disponibles deduciendo los servicios presentados ante la Autoridad Aeronáutica por Aerolíneas Argentinas”, decía un artículo relevante de aquella norma. Es decir, el mercado era lo que sobraba después de que la estatal haga lo suyo.
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Arde Chubut: evacúan otra localidad y cierran un tramo de la Ruta 40
El distrito de El Hoyo, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales de Chubut, ordenó la autoevacuación preventiva del paraje El Pedregoso, así como otras zonas con pobladores como callejón de Núñez y sectores de Aldea San Francisco, ante el avance del fuego que se inició el 5 de enero en la región andino-patagónica y que ya afectó a más de 5.000 hectáreas
El operativo de emergencia, coordinado por Protección Civil, incluyó la disposición de micros en puntos estratégicos para el traslado de residentes hacia la Escuela Nº 223, ubicada con salida a la Ruta Nacional 40. Se indicó a la población evacuar únicamente con pertenencias esenciales y seguir las instrucciones del personal de emergencia.
Como ocurrió en otras localidades de Chubut, la medida apunta a resguardar la integridad de los habitantes, que en los últimos días superó los 3000 evacuados.
El Pedregoso se ubica en la zona que lo cruza el homónimo arroyo. Está en el departamento Cushamen, a pocos kilómetros al sur de El Hoyo. Durante muchos años, fue considerada un paraje rural con población dispersa y escasa relevancia demográfica, aunque muy afectada por los incendios forestales en los últimos años.
La medida apunta a mitigar las llamas que irradiaron desde las inmediaciones de Puerto Patriada y el lago Epuyén, y que se expandió rápidamente por la sequedad de los matorrales y el bosque andino-patagónico.
El avance de las llamas obligó a evacuar a más de 3.000 personas y destruyó al menos diez viviendas en Epuyén, confirmó el secretario de Bosques, Abel Nievas. Miles de residentes y turistas permanecen fuera de sus hogares mientras continúa el despliegue de recursos para intentar contener el avance del fuego. Según la información oficial, el desastre ya consumió 3.500 hectáreas de bosque nativo.
Este sábado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, consideró que este fenómeno se agravó por la “mayor sequía desde 1965”, según explicó al canal TN. El mandatario describió la situación como “una de las peores emergencias ambientales que recuerda la provincia”.
En la provincia, más de 300 brigadistas, voluntarios y vecinos que desde hace días combaten el fuego en condiciones extremas. “Hoy estamos todos, espalda con espalda, para defender la localidad de El Hoyo”, enfatizó el mandatario. “Todos los años hay incendios, accidentales o intencionales, pero ahora cualquier foco que inicie tiene un crecimiento exponencial que es muy difícil de controlar”, caracterizó Torres. Y añadió que las condiciones meteorológicas tampoco colaboran: “Ayer sabíamos que estas 48 horas eran críticas, más allá de la temperatura. Ayer el viento no ayudó, hoy van a ser ráfagas de entre 60 y 70 kilómetros por hora”.
En cuanto a los recursos desplegados, Torres informó que el operativo cuenta con apoyo de brigadistas provenientes de varias provincias y de Chile, así como medios aéreos destacados, entre ellos el Boeing 737 Fireliner, capaz de descargar 15.000 litros de agua por vuelo. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta naranja por calor extremo en el oeste provincial, con temperaturas superiores a 25 °C y vientos sostenidos de hasta 41 km/h registrados en la zona.
Sobre el origen del incendio, el gobernador señaló que en el Parque Nacional Los Alerces, el fuego fue provocado por una tormenta eléctrica, producto de un rayo. Sin embargo, en El Hoyo y Puerto Patriada, la investigación apunta a un inicio intencional. “La fiscalía encontró acelerante, concretamente combustible, y se está trabajando con seriedad en la investigación”, precisó. El gobernador insistió en que “este incendio no puede quedar en la nada” y subrayó que la sociedad exigirá una sanción ejemplificadora.
El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, calificó la situación en Puerto Patriada como de “alerta permanente” y confirmó que la investigación judicial se centra en determinar responsabilidades por la presunta intencionalidad del fuego.
El monitoreo de la Ruta 40 y la vigilancia sobre otros focos en Río Negro, Neuquén y Santa Cruz continúan bajo la supervisión del Servicio Provincial de Manejo del Fuego, que recomendó a la población circular solo ante necesidad extrema.
El actual incendio en la región se desarrolla en un contexto de sequía extrema, marcado como el verano más seco de la última década. Las condiciones climáticas excepcionales han elevado el riesgo de propagación de focos, con temperaturas elevadas y un nivel de humedad notablemente bajo que favorecen la inflamabilidad del terreno.
El antecedente más cercano de incendios forestales se registró hace solo un año, cuando Epuyén sufrió un incendio que devastó entre 2.300 y 3.000 hectáreas, obligando a la evacuación de más de 200 familias y dejando decenas de viviendas afectadas.
Un grupo de casin una veintena de organizaciones ambientalistas responsabilizó al Gobierno por la magnitud de los incendios forestales en Chubut, al denunciar recortes y subejecución de fondos en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y otras áreas de prevención.
En el documento, que lleva la firma Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace Argentina, Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, entre otras, se denuncia la “inacción climática estatal” y el ajuste en el gasto público que agrava la situación de los incendios en la Patagonia.
El texto, titulado “La inacción climática estatal vuelve a empeorar los incendios en la Patagonia”, advierte que estos megaincendios “son consecuencia directa de decisiones humanas” y no hechos aislados, y subrayan que “los incendios que actualmente atraviesan la Patagonia son otro de los síntomas alarmantes de los impactos de la crisis climática global, cuya causa principal es la quema de combustibles fósiles”.
Las organizaciones destacan que “la inacción estatal en materia de mitigación y prevención” agrava la situación, y critican el “crecimiento desmedido de extensas plantaciones forestales con especies exóticas invasoras y profundamente adaptadas a un régimen mayor de incendios, como los pinos, sumado al desmanejo y la falta de regulación respecto de estos pinares”.
“El crecimiento demográfico exponencial y la falta de planificación urbana, la desinformación y los reiterados intentos de modificar la legislación respecto del uso del suelo, con marcados intereses inmobiliarios y de otro tipo, crean las condiciones para agravar los efectos devastadores del fuego”, agrega el texto.
La declaración denuncia el “desfinanciamiento del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, que pone en riesgo la estructura del organismo responsable no solo de la supresión y el combate de incendios, sino también de las indispensables tareas de prevención”. Precisan que en 2024, “el Gobierno ejecutó apenas el 22% del presupuesto estatal asignado” al área, pese a que fue “el año con la mayor cantidad de focos ígneos de al menos los últimos ocho años”.
En 2025, “la subejecución presupuestaria volvió a repetirse: el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de las y los brigadistas”.
El incendio forestal mantiene en alerta a miles de residentes y turistas.
Según las entidades, “durante la última temporada de incendios en la Patagonia, la superficie de bosques afectados por incendios forestales se cuadruplicó: pasó de 7.747 hectáreas entre octubre de 2023 y marzo de 2024, a 31.722 hectáreas entre octubre de 2024 y marzo de 2025”. Además, citan advertencias de investigadores del CONICET, quienes sostienen que “esta tendencia creciente aumentaría por seis hacia fines del siglo XXI”.
Ante el 2026, las ONGs remarcaron que la partida presupuestaria del SNMF contará con $20.131 millones, lo que implica “una caída real del 69% con respecto a 2023 y del 78,5% con respecto a 2025”. A esto se suma la reducción en “las horas de vuelo previstas y ejecutadas” y en los “informes de alerta temprana y de evaluación de peligro de incendios”, instrumentos que califican de “clave para un enfoque preventivo”. Infobae/TN
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Megaproyectos minerales
En el marco de la presentación de megaproyectos minerales para la Argentina, el presidente Javier Milei recibió este jueves a los ejecutivos del proyecto Vicuña, que explotará una de las mayores reservas de cobre, oro y plata del mundo, en la provincia de San Juan.
La empresa incluye una alianza de dos gigantes de la minería como BHP -la más grande del mundo- y Lundin Mining, y aplicaron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Vicuña trabaja a más de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar en los depósitos Josemaria y Filo del Sol.
Ahora, busca que el Gobierno lo declare como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) para proteger jurídicamente su actividad y destinar unos 2.000 millones de dólares en los primeros dos años a partir de que se apruebe su solicitud de RIGI.
El total de la inversión garantizada rondaría los US$ 15.000 millones, una de las mayores inversiones extranjeras directas de la historia argentina, pero el número certero se conocerá a lo largo de este año.
En el primer trimestre de 2026, Vicuña presentará un informe técnico donde se definirá cómo funcionará el proyecto, las campañas de perforación, los objetivos, la infraestructura necesaria y otros servicios asociados.
En 2025, las mineras BHP (Australia) y Lundin Mining (Canadá) desembolsaron unos US$ 400 millones en San Juan, cifra que aproximadamente duplicó lo del año anterior y que en 2026 podría volver a duplicarse.
Los fondos serán destinados a campañas de perforación; trabajos previos necesarios antes de comenzar la pre-construcción, como, por ejemplo, caminos hacia la mina y el campamento-; y la contratación de proveedores, en gran parte locales, como el servicio de catering, que fue adjudicado a la sanjuanina Caterwest, del empresario Martín Ossa.
Junto a Milei en Casa Rosada estuvo el canciller, Pablo Quirno, y por parte de las empresas participaron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP de la Joint Venture Vicuña y presidente del Directorio; Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.; y José Morea, director para Argentina y Chile de Vicuña Corp.
Según se comunicó, "durante el encuentro se destacó la importancia de continuar avanzando con la agenda de reformas para acelerar inversiones de gran escala, con previsibilidad y reglas claras".
Entre ellas está la adaptación de la "Ley de Glaciares", cuya discusión se reactivará en el Congreso a partir de febrero.
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Nuevo régimen para los subsidios de luz y gas
Con la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), el gobierno conformó un nuevo esquema de unificación para los subsidios de luz y gas. Este sistema incluye a los servicios de energía eléctrica, gas propano indiluido, gas natural por red y garrafas de gas licuado de petróleo hasta 10 kilos.
La política quedó oficializada el pasado viernes 2 de enero en Boletín Oficial. Son los subsidios energéticos de jurisdicción nacional los que se verán unificados. Esta medida redefine los criterios de acceso y de exclusión a la hora de acceder a este beneficio y también los porcentajes de asistencia.
Aquellas personas que ya estaban inscriptas en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) no necesitan realizar nuevamente el trámite, ya que los datos migran automáticamente al nuevo registro con posibilidad de actualización mediante declaración jurada.
Sin embargo, los antiguos beneficiarios del Programa Hogar, personas que acceden a la Tarifa Social de gas y los usuarios de garrafas sí deben inscribirse en el nuevo registro para continuar recibiendo el beneficio.
Los usuarios pueden inscribirse en www.argentina.gob.ar/subsidios.
El trámite requiere de los siguientes elementos:
- Número de medidor y/o número de cliente o servicio
- DNI vigente de los integrantes del hogar
- CUIL de las personas mayores a 18 años
- Dirección de correo electrónico
- El detalle sobre los ingresos familiares y servicios utilizados
En particular, la nueva normativa elimina el esquema anterior de segmentación de subsidios en tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y unifica a todos los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencias.
Es que el nuevo régimen oficializado por el gobierno contempla solo dos grupos de usuarios: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.
El objetivo del nuevo esquema es "trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado”, según detalla el Decreto 943/2025.
Los hogares que podrán solicitar esta asistencia social serán aquellos cuyos ingresos netos totales, teniendo en cuenta a todos sus integrantes, sean inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2 (un monto estimado de $3.771.987 según datos a noviembre de 2025 del Indec).
Mientras tanto, se encuentra habilitado un espacio de consulta pública sobre el nuevo régimen, donde cualquier persona puede expresar opiniones u observaciones:
En la medida se establecen bloques de consumo base subsidiado para la energía eléctrica: 300 kWh para los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y 150 kWh para el resto del año. En electricidad, la asistencial estatal base cubrirá el 50% del costo sobre el bloque subsidiado.
Para las tarifas de gas, la bonificación también será del 50% para los meses de mayor consumo (entre abril y septiembre). En los meses de bajo consumo, no habrá subsidios.
Según se expresa en el decreto publicado este viernes, durante el mes de enero habrá una bonificación adicional del 25% para la energía eléctrica y el gas natural de forma excepcional.
De este modo, las tarifas de luz tendrán un subsidio total del 75%, y el gas, que no tiene subsidios durante el verano, un descuento del 25% durante el primer mes del año. Ese plus se reducirá gradualmente en un 2% mensual hasta desaparecer en diciembre de 2026.
