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Ley Bases: día clave

12 de junio de 2024

La delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el Régimen de Promoción de Inversiones (RIGI) para atraer dólares frescos, las privatizaciones de empresas públicas, la restitución del impuesto a las ganancias a los sueldos más altos, y el blanqueo de capitales, son los capítulos de la Ley Bases y el paquete de medidas fiscales que generan mayor debate y que pueden sufrir nuevos cambios en el tratamiento en particular de estas dos iniciativas claves para el Gobierno Nacional.

El Senado debatirá este miércoles la Ley Bases y el Paquete fiscal en una sesión especial maratónica que comenzará a las 10, y la discusión en particular promete ser álgida ya que aún no hay faltan celebrar algunos acuerdos en artículos centrales entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas que son parte del corazón de ambas iniciativas.

Uno de los capítulos que aún generan debates son las facultades que tendrá el Poder Ejecutivo para poder eliminar, fusionar o disolver organismos públicos, ya que si bien se han sumado entes que no pueden afectarse, hay muchos legisladores dialoguistas que se resisten a otorgar estas atribuciones al Gobierno de Javier Milei.

De todos modos, las bancadas que respaldarán el dictamen de mayoría ya se aseguraron que se mantendrán el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el Banco Nacional de Datos.

También genera mucho debate el Régimen de Promociones de Inversiones (RIGI) de 200 a 900 millones de dólares y esta destinados a los grandes emprendimientos mineros y petroleros, con beneficios fiscales en IVA y Ganancias, aduaneros y una estabilidad fiscal.

La iniciativa tuvo cambios en el Senado para fomentar el desarrollo de empresas locales que venderán sus servicios a los proyectos de inversiones del RIGI al disponer que una empresa extranjera que está encarando una fuerte inversión adquiera productos de empresas locales si “hay oferta competitiva”.

También se estableció que deberá presentar un estudio que no afectará el mercado local y tendrá que calcular los puestos directos e indirectos con integración y programa de empresas locales.

Pero estos cambios aun no dejaron conformes a muchos legisladores dialoguistas que insisten que se deben limitar aun más el Rigi para no perjudicar a las empresas nacionales.

Otro aspecto clave de la Ley Bases es la propuesta del Gobierno de privatizar once empresas públicas, pero ahi se le plantea un problema al Gobierno porque hay legisladores dialoguistas que rechazan la privatización de Aerolineas Argentinas, con lo cual es probable que si los números están muy ajustados se decida eliminar de la lista de empresas a vender a la línea área.

Las empresas que quiere privatizar el Gobierno de Javier Milei son además de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa).

En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA(Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.

En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin. También se establece un mecanismo similar para el Complejo de Yacimiento Carboníferos Fiscales.

Otro punto clave es la reforma del impuesto a ganancias para que vuelvan a pagar el tributo los empleados de relación de dependencia que perciban 1.800.000 de sueldos brutos en el caso de los solteros y 2,3 millones de pesos de sueldos brutos para los casados y solo se mantendrá las deducciones por intereses hipotecarios, hijos, esposa, el personal de casas particulares, prepagas y seguros de vida, con lo cual se estima que volverán a tributar más de un millón de personas.

El Senado reformó para que los trabajadores de las provincias patagónicas tengan un diferencial del 22 por ciento en mínimo no imponible con lo cual empezarán a tributar a partir los salarios de casi 2.2 millones de pesos brutos en el caso de los solteros y en el caso de los casados de 2.8 millones de pesos de sueldos brutos.

El capítulo de blanqueo de capitales tuvo cambios con respecto al texto sancionado por diputados para que no puedan ingresar los que ya participaron de ese beneficio en el 2018 en el Gobierno de Mauricio Macri, los funcionarios que estuvieron en sus cargos en los últimos diez años, y los hermanos de los funcionarios, no solo los familiares directos como conyugue, padres e hijos.

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Aumentan luz y gas

El Gobierno autorizó un incremento de al menos 65% en las tarifas de luz para usuarios de ingresos medios y bajos, efectivo desde junio. Este ajuste se debe a un aumento en el precio estacional de la energía y cambios en los topes subsidiados para los niveles N2 y N3, afectando significativamente las boletas mensuales de estos usuarios.

La medida fue oficializada cuatro resoluciones publicadas en el Boletín Oficial este miércoles por la Secretaría de Energía, liderada por Eduardo Chirillo, bajo el Ministerio de Economía de Luis Caputo.

El nuevo precio estacional de la energía se establece en $57.214 por megawatt/hora, un ajuste necesario tras más de un año de congelamiento en el escalafón mayorista. Los subsidios aplicados son del 71,9% para hogares de ingresos bajos y del 55,9% para los de ingresos medios que ya cuentan con bonificación.

Sobre las tarifas de luz

  • Se establecen nuevos topes de consumo subsidiado para los usuarios residenciales, diferenciados por Nivel (1, 2 y 3) y zona geográfica.
  • Se establecen bonificaciones sobre el precio de la energía para los usuarios del Nivel 2 y Nivel 3.
  • Se instruye al ENRE a aplicar los nuevos criterios en la elaboración de los cuadros tarifarios.
  • Se establecen medidas para la actualización del padrón de beneficiarios del RASE.
  • Se establece un mecanismo de compensación para las prestadoras de servicios públicos de distribución de electricidad por la pérdida de ingresos derivada de las bonificaciones.
  • Se invita a las provincias a adherir a los nuevos criterios.

De acuerdo con la Resolución 94/2024, los objetivos de la medida son focalizar los subsidios en los usuarios que realmente los necesitan, promover el consumo responsable y eficiente de la energía y reducir gradualmente los subsidios al sector energético.

Topes de consumo subsidiado

  • Nivel 1: No tienen subsidio.
  • Nivel 2: 350 kWh/mes (consumo base) + consumo excedente a precio pleno.
  • Nivel 3: 250 kWh/mes (consumo base) + consumo excedente a precio pleno.
  • Zonas frías (Nivel 2): 700 kWh/mes (consumo base) + consumo excedente a precio pleno.
  • Zonas frías (Nivel 3): 500 kWh/mes (consumo base) + consumo excedente a precio pleno.

Bonificaciones

  • Nivel 2: 71,92% sobre el precio del Segmento N1 para el consumo base.
  • Nivel 3: 55,94% sobre el precio del Segmento N1 para el consumo base.

Tarifas de gas

Junto a estos cambios, el Gobierno simplificó el esquema tarifario para gas y electricidad, afectando a los hogares segmentados en tres niveles: altos (N1), bajos (N2) y medios ingresos (N3). A diferencia de ajustes previos, este nuevo esquema distribuye el costo del recorte de subsidios entre todos los usuarios, incluyendo a aquellos de ingresos bajos y medios.

El Gobierno anunció que analizará estos ingresos, cruzándolos con las bases del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y otras fuentes de información gestionadas por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, para verificar los datos. Esta tarea no es sencilla, como reconoció la Secretaría de Energía al señalar las deficiencias de la segmentación durante el gobierno anterior. Por ello, se estableció un periodo de transición de seis meses para implementar la Canasta Básica Energética (CBE), con la posibilidad de extenderlo hasta un año.

El objetivo de la CBE es que el Estado subsidie a los usuarios residenciales cuando el costo de la energía supere un porcentaje de sus ingresos, determinado por la Secretaría de Energía. Se espera que este porcentaje sea aproximadamente del 10% de los ingresos (5% para gas y 5% para electricidad). En estos casos, el Estado realizará una transferencia directa al beneficiario a través de una tarjeta virtual o CBU, o mediante un descuento en la factura.

En cuanto a los topes o límites de consumo bonificados, la decisión oficial contempla en el caso del gas natural

  • N1 no tiene topes.
  • N3 mantiene vigentes los topes establecidos en la Resolución de la Secretaría de Energía nro. 686, según distribuidora.
  • N2, se aplican los mismos topes de consumo que para los N3.

Así, el precio del gas en la factura final del usuario aumentará a partir del mes de junio de 2024. El aumento exacto dependerá del consumo de cada usuario y del esquema de subsidios al que aplique.

Por último, recuerda que, la Secretaría de Energía supervisará la implementación de estos cambios y realizará ajustes necesarios durante el Período de Transición para asegurar una adecuada distribución de los subsidios y promover hábitos de consumo responsable y eficiente.

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Ley Bases: vigilia peronista y marcha sindical al Congreso

Referentes gremiales, sociales y políticos se manifestarán otra vez en torno al Congreso. Al tiempo que Unión por la Patria (UP) encabeza desde este martes una vigilia contra la ley Bases (bajo la consigna “A Javier Milei lo frenamos luchando en la calle”), la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, el gabinete del gobernador Axel Kicillof, intendentes peronistas y grupos de izquierda se movilizarán cuando la Cámara alta comience el tratamiento legislativo del megaproyecto oficial.

Día atrás, Pablo Moyano, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo, había convocado a la movilización al Congreso para este miércoles. “Se convierten en héroes o en traidores”, fue la advertencia lanzada por el dirigente camionero a los senadores nacionales que tratarán la iniciativa.

En tanto, la vigilia de Unión por la Patria fue convocada, principalmente, por el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis.

Por su parte, gremios de la CGT y de las dos CTA, movimientos sociales y organizaciones de derechos marcharán este miércoles desde Rosario al Congreso para presionar por el rechazo a la ley Bases en el Senado.

La movilización incluirá, entre otros, a Recolectores, Sindicato de Camioneros de Santa Fe (alineado a la Federación Nacional), Sindicato Petroquímico de San Lorenzo, Sindicato de Cadetes, la UOM y al PJ de Rosario.

En ese contexto, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina inició una huelga en las plantas aceiteras y desmotadoras del país por tiempo indeterminado exigiendo que no se apruebe la ley Bases.

Foto: NG Federal tuvo una nota exclusiva con Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.

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El Senado debatirá la privatización de once empresas públicas

El oficialismo definirá la propuesta de venta de Aerolíneas Argentinas ante el riesgo de que se caiga el articulo que contempla la privatización de Radio y Televisión Pública, Enarsa e Intercargo

Uno de los puntos centrales contemplados en el proyecto de Ley Bases que debatirá este miércoles la Cámara de Senadores son las privatizaciones o concesiones de once empresas públicas, aunque hay dudas que se mantenga la venta Aerolíneas Argentinas.

La libertad Avanza quiere mantener la propuesta contemplada en el dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General, pero hay resistencia de que pueda mantener en la lista a la empresa de aviación.

El oficialismo propone la privatización total de Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión, Intercargo y Energía Argentina (Enarsa).

Pero en el caso de Aerolíneas Argentinas hay resistencias de los senadores del Sur como en caso del radical fueguino Pablo Blanco y de la chubutense Edith Terenzi que van a aprobar en general el dictamen de mayoría, pero se oponen a la venta de la empresa aérea al sostener que algunas provincias quedarán aisladas.

Si a ese rechazo se suman los 33 votos de UP y algún otro legislador dialoguista, el Gobierno corre el riesgo no solo que se elimina la privatización de Aerolíneas Argentinas, sino de las otras empresas que están comprendidas en el articulo 7 de la ley Base como RTA, Intercargo y Enarsa.

En tanto, en el caso Aguas y Saneamientos Argentinos SA(Aysa), Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logístico S.A, Sociedad Operadora Ferroviaria, y Corredores Viales propone una concesión parcial es decir que estén abiertas a incorporar capital privado.

En cambio, en el caso de la estratégica empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (Nassa) fija que solo se podrá organizar un Programa de Propiedad Participada (PPP) y colocar una clase de acciones para ese fin.

En este caso se permite la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social, y además se exigirá que se requerirá el voto afirmativo para la toma de decisiones claves tanto para ampliar la capacidad de una central de generación eléctrica o para la construcción de una nueva.

Otra empresa sujeta a privatización será el Complejo Carbonífero, ferroviario y Portuario a cargo de de Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), aunque solo se permite también organizar un PPP y color una clase de acciones para ese fin debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación del mismo.

La Ley Bases establecerá que La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones deberá ser informada de  la modalidad y procedimiento seleccionado conforme cualquier preferencia concedida a un potencial adquirente por parte del Poder Ejecutivo.

También las medidas adoptadas a fin de garantizar los principios de transparencia, competencia, máxima concurrencia, igualdad, publicidad y gobierno abierto en los procesos de toma de decisión; y de toda otra circunstancia de relevancia vinculada al proceso de privatización, al tiempo que la  Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General  la Nación actuarán en colaboración permanente con esta Comisión. NA

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