País
El Gobierno le declara ‘la guerra’ a los dirigentes planeros
13 de mayo de 2024
Unos 30 allanamientos se realizaron rn el marco de una investigación por posibles extorsiones de dirigentes de distintas organizaciones sociales para que manifestantes concurran a diferentes protestas.
Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich.
Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, fueron 45 los casos pues fueron más de 13 mil llamados recibidos pero a nivel nacional por lo que están fuera de la jurisdicción del titular del Ministerio Público.
La investigación, desde entonces, implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión.
En total lo fueron 27 los denunciados, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.
En una primera instancia, el fiscal pidió incluso detenciones las cuales no fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello y ameritó la intervención de la Cámara Federal que sí habilitó los allanamientos como medida de prueba, lo que se efectivizó este lunes.
Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una «cuota» para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los animales.
Como método de control se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con «multas» para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia a marchas (en algunos casos era de 10 mil pesos por cada una de ellas, ndr) o bien la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores.
También había «listas de espera» de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligados como mérito a ello a realiza trabajos; los «beneficiarios comunes» que son los que lo recibirán y como contraprestación debían ir a marchas o hacer «un aporte» al comedor; los «delegados» que reciben el doble o triple ayuda y los «referentes» quienes controlan la administración de fondos y ordenan a los anteriores.
Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada: «compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera», reza el hallazgo de esos mensajes.
“Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada”. El mensaje iba a destinado a Patry, o mejor dicho Patricia Iramain, delegada, quien había advertido en mensaje de grupo la lista de nombres diciendo: “Buenas noches compañeros. Estos son los que no van a retirar la mercadería de Nación porque tienen cero movilizaciones”.
Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los allanamientos fueron en varios comedores así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado.
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Controladores aéreos en alerta por posible paro
Por estas horas se define sobre la continuidad del servicio en los aeropuertos más importantes del país. Es que hoy vence la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional para solucionar el conflicto entre los controladores aéreos, que reclaman hace meses por mejoras salariales, y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La última reunión tendrá lugar a las 11:15 y, según anticiparon, de no llegar a un acuerdo se tomarían medidas de fuerza inmediatas.
La Secretaría de Trabajo intentará destrabar la negociación en una audiencia esta mañana, para evitar el paro de los controladores aéreos. Si se consigue un mínimo acercamiento de las partes, es probable que se busque extender el plazo de la conciliación hasta al menos 5 días más.
La última conciliación había sido dictada el 23 de diciembre, luego de que la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunciara una medida de fuerza que se extendía desde el miércoles 17 hasta el lunes 29 de diciembre, afectando vuelos nacionales e internacionales.
Si bien, en un primer momento, la conciliación logró neutralizar el plan de lucha de Atepsa, el conflicto con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) no encontró vía de resolución hasta el momento. Lo cierto es que la demanda por mejoras salariales no es nueva, las protestas estuvieron presentes en junio, agosto, noviembre y diciembre de 2025.
El trabajo de los controladores aéreos resulta esencial para la operación de los vuelos y, con el recambio de quincena y el aumento de viajes, el acuerdo salarial y el bienestar del sector se vuelve una prioridad para el normal funcionamiento de los aeropuertos.
Desde Atepsa iniciaron las medidas de fuerza luego de meses de falta de resolución a distintos conflictos. Los controladores aéreos no solo piden que se atienda el deterioro salarial del sector sino que también se han denunciado incumplimientos del Convenio Colectivo de Trabajo, falta de diálogo por parte de EANA y despidos sin causa. Asimismo, se ha acusado la existencia de acuerdos salariales y laborales incumplidos, firmados tras paritarias cerradas.
En un comunicado oficial, el gremio declaró: “Durante todo este tiempo, la empresa no realizó ninguna oferta respecto a los puntos centrales del conflicto: despidos de trabajadores con estabilidad laboral, falta de revisión de los ítems del Convenio Colectivo de Trabajo y ausencia de una política salarial que permita una recomposición real y sostenida, acorde a la pérdida del poder adquisitivo acumulado”.
Por su parte, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) manifestó que “a pesar de la postura permanente de intransigencia del gremio, se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto con el objetivo de garantizar la normalidad en la operación de los vuelos en plena temporada alta de verano”. Además, comunicaron su "voluntad de apertura al diálogo y de poder seguir negociando para llegar a una solución".
Ante la fortaleza de la medida del gremio, EANA apuntó contra Atepsa, acusándolos de querer "generar daño" antes que mejorar sus condiciones laborales. No obstante, los reclamos por parte de los trabajadores datan de hace al menos 6 meses en los que, entre acuerdos transitorios y conciliaciones, no se logró resolver la situación laboral del sector.
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Sale a la venta el chalet con vistas al Obelisco porteño
El chalet Díaz, construido en una terraza con vistas al Obelisco porteño, fue puesto en venta junto con todo el edificio.
El chalet y su altillo, que constituyen uno de los hitos arquitectónicos más destacados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), se encuentra a la venta junto a al edificio de estilo francés de más de 10.300 metros cuadrados construidos, ubicado en Sarmiento al 1100, y tiene un valor de 8 millones de dólares.
Cuenta con nueve pisos de oficinas, un subsuelo, planta baja con local comercial, cocheras y tres ascensores.
El chalet Díaz, que corona la edificación, responde a un estilo normando, con techo de tejas, inspirado en la clásica arquitectura marplatense. Fue construido en 1927 por Rafael Díaz, inmigrante español y fundador de Muebles Díaz, una de las mueblerías más importantes de Buenos Aires durante buena parte del siglo XX.
El chalet fue testigo de los ensanchamientos de la 9 de Julio y de la construcción del Obelisco, inaugurado en 1936.
Además de esa vista única, el chalet tiene cinco ambientes, el altillo y dos terrazas: 200 metros cuadrados cubiertos en total. Conserva gran parte de sus elementos originales, entre ellos pisos de pinotea, aberturas, ventanales y luminarias de época.
Fue declarado Bien Integrante del Patrimonio Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, dentro de la categoría “Sitios o Lugares Históricos”, bajo el amparo de la ley 1.227. Por lo tanto, cualquier proyecto que realicen los eventuales compradores del conjunto estará condicionado a ese estatus histórico y deberá adecuarse a las normas vigentes en materia de accesibilidad, seguridad y prevención de incendios.
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ARCA elimina la actualización automática de montos
ARCA (exAFIP) redefinió umbrales y criterios de cálculo para entidades financieras y agentes del mercado de capitales. Los montos mínimos mensuales netos quedan establecidos en: $100 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) modificó el Régimen Informativo de Operaciones Financieras y eliminó la actualización automática de los montos mínimos que deben informar entidades financieras y agentes del mercado de capitales. La medida quedó oficializada este miércoles a través de la Resolución 5814/2026, publicada en el Boletín Oficial.
El cambio alcanza a bancos, agentes de liquidación y compensación, sociedades depositarias de fondos comunes de inversión y agentes de colocación registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). La norma redefine umbrales, criterios de cálculo y obligaciones informativas.
Uno de los puntos centrales de la resolución elimina la actualización automática de los montos mínimos en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Hasta ahora, la normativa obligaba a ajustar los pisos informativos semestralmente, en junio y diciembre de cada año.
Con la nueva disposición, Arca deja los montos fijos hasta que una futura resolución determine una modificación expresa. El organismo justificó la decisión en el incremento previo de los umbrales y en la estabilidad de las variables macroeconómicas.
Las entidades financieras alcanzadas por la Ley 21.526, que deben informar altas, bajas, modificaciones, saldos y movimientos en cuentas corrientes, cajas de ahorro, cuentas sueldo, cuentas de la seguridad social y cuentas especiales bajo normativa del Banco Central.
Las sociedades depositarias de fondos comunes de inversión (FCI) y los agentes de colocación y distribución integral de FCI, todos bajo supervisión de la CNV.
Nuevos umbrales de información mensual
La resolución también modificó la forma en que los ALyC y las sociedades depositarias de FCI deben informar las operaciones. A partir de ahora, los montos mínimos mensuales netos quedan establecidos en: $100 millones para personas humanas y $30 millones para personas jurídicas.
El monto neto surge de la sumatoria de todas las transacciones realizadas durante el mes, incluidos comisiones, gastos y transferencias entre agentes, clientes o cuotapartistas.
Para determinar si se supera el umbral, ARCA no considera operaciones aisladas, sino la suma mensual de compra y venta de títulos (bonos, acciones y suscripción o rescate de cuotapartes de FCI), movimientos de fondos, pases y cauciones.
Si la sumatoria total mensual supera el tope correspondiente, el agente debe informar la totalidad de las operaciones, incluso aquellas de menor monto individual.
En el caso de operaciones en moneda extranjera, la conversión a pesos se realizará según el tipo de cambio comprador del Banco Nación, tomando como referencia la fecha de liquidación o el último día hábil del mes informado.
