País
La Casa Rosada propuso a los gobernadores reflotar la ley ómnibus
8 de marzo de 2024
La Casa Rosada recibió este viernes a los gobernadores y representantes de aquellos que no pudieron asistir. La administración de Javier Milei, quien no fue de la partida, busca dar los primeros pasos para reconstruir el diálogo con las provincias y avanzar con una ley ómnibus más acotada (190 artículos) y el alivio fiscal.
En ese marco, la gestión de Milei les ofreció a los gobernadores acrecentar la recaudación a través de la restitución y modificación de Ganancias, pero no hubo acuerdo. Y varios mandatarios mostraron disidencias, en especial el bonaerense Axel Kicillof.
«Trabajaremos desde el Ministerio de Interior con las provincias para tratar los temas políticos del Pacto de Mayo. La presencia fue total de los gobernadores», dijo el titular de la cartera política, Guillermo Francos, tras el encuentro, que duró unas cuatro horas.
Francos tildó de «muy cordial y positiva» la cita con los mandatarios provinciales en una conferencia de prensa en la que lo acompañaron Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).
Asimsimo, confirmó que analizaron el impuesto a las ganancias y que quedaron “en armar una comisión de ministros de Economía provinciales junto a la cartera de Economía de la Nación para seguir avanzando”.
“Presentaremos un proyecto que incluirá una fórmula de actualización de jubilaciones y otro para la cuarta categoría de Ganancias. No está dentro de las competencias nacionales ni los fondos docentes ni el transporte. Desde Interior trabajaremos con los ministros de Gobierno de las provincias para tratar los temas políticos que establece el Pacto del 25 de Mayo”, completó Francos.
Frigerio dijo que conversaron sobre las «herramientas» que necesita Milei «para sacar adelante el país» y aludió a la «dramática herencia que dejaron los años de populismo».
Según describió el alcalde porteño, Jorge Macri, acordaron avanzar con una ley ómnibus “parecida a la anterior” pero con los temas que cuentan con acuerdos.
“Celebro la vocación de diálogo del gobierno”, resaltó el chubutense Ignacio Torres. Y reveló que avanzaron en una agenda de crecimiento y desarrollo.
Durante la conferencia de prensa, Jaldo adelantó que van a “trabajar para que el proyecto logre la sanción”.
Los encargados de llevar el diálogo fueron el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y Francos. A último momento se sumaron el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y otros funcionarios de Milei.
Francos y Posse escucharon los reclamos de las provincias y les propusieron la restitución de la cuarta categoría de Ganancias, que implicaría un incremento de los ingresos coparticipables, a cambio de apoyo legislativo a una versión consensuada de la ley ómnibus.
Además, estuvieron presentes los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Sergio Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y Gustavo Valdés (Corrientes).
También Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
Concurrieron vicegobernadores en lugar de los mandatarios provinciales que no pudieron asistir: Gisela Scaglia (Santa Fe), Teresa Madera (La Rioja), Eber Solís (Formosa) y Hebe Casado (Mendoza).
“Valoramos el diálogo y que nos hayan escuchado. Ellos necesitan hablar con todos para sacar la ley ómnibus, lo que antes no hicieron”, afirmó esta noche a La Capital la vice santafesina.
Tras reconocer que Ganancias seguirá en discusión, Scaglia destacó que la nueva ley ómnibus “no incluye el tema retenciones para Santa Fe”, un reclamo inicial de la Casa Gris.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
