País
A días del inicio de clases, el Gobierno declararía la educación ‘servicio esencial’
20 de febrero de 2024
El Gobierno informó este martes que evalúa declarar la educación como «un servicio esencial», a pocos días del inicio de clases en todo el país y a dos de que se desarrolle el congreso nacional de Ctera, en el que los gremios docentes resolverán el camino a seguir ante la falta de convocatoria a paritaria del sector y la decisión del Ejecutivo de no enviar a las provincias el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).
En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que «se ha tomado la decisión de comenzar con la evaluación para declarar a la educación como servicio esencial. Los iremos manteniendo al tanto con respecto a este tema».
De esta manera el Gobierno busca poner en vigencia los artículos del DNU 70/2023 que modificaban la ley laboral argentina y que la Justicia suspendió al declararlos «inconstitucional» por vulnerar el derecho a huelga.
Las declaraciones del vocero se producen en medio del reclamo de los gremios docentes para que sean convocadas las paritarias del sector a nivel nacional y que se garantice el envío de fondos nacionales a las provincias, y fue uno de los temas analizados por el Gobierno durante la reunión de gabinete que se hizo esta mañana.
VAN AL PARO
Un grupo de sindicatos del magisterio se reunió este martes y advirtió que «sin paritaria nacional los gremios docentes convocamos al paro en defensa de la Educación».
«Los sindicatos docentes nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) nos reunimos hoy en la sede de UDA (Unión Docentes Argentinos) y acordamos avanzar este jueves con una medida de fuerza si el Gobierno nacional no realiza la convocatoria a una paritaria nacional», dijeron en un comunicado.
Del encuentro participaron la secretaria general del sindicato de docentes privados (Sadop), Marina Jaureguiberry, y los secretarios generales de profesores técnicos (Amet), Edgardo Tomaselli; de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman, y de UDA, Sergio Romero, quienes indicaron que «la fecha del paro será definida el jueves».
En este marco, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) llevará a cabo este jueves, a las 11, un Congreso Extraordinario en la sede del gremio, ubicada en la calle Chile 654, en la ciudad de Buenos Aires, donde se definirán eventuales medidas de fuerza.
«Veo complejo el inicio de clases porque las provincias dijeron que no pagarán el Fonid. Lo han hecho este mes, pero desde el próximo ya no. Nosotros reclamamos que se envíen esos fondos porque están planteados por ley», explicó este lunes la secretaria General de Ctera Sonia Alesso a Radio 10.
Alesso afirmó que «antes del jueves» habrá definiciones gremiales sobre el inicio de las clases pero consideró «prematuro» anticipar si el gremio llevará a cabo un paro docente porque se están llevando adelante reuniones paritarias en varias provincias.
«Esta semana vamos a saber si empiezan las clases. Antes de (que se realice el) Congreso, seguro. No tenemos información si nos van a convocar (a paritarias nacionales). Esperamos que sí, pero no tenemos confirmación. Algunas voces extraoficiales dicen que nos van a convocar, ojalá así sea», expresó la dirigente gremial.
A pesar de las diferentes versiones, el presidente Javier Milei descartó el viernes pasado que el Gobierno fuese a convocar a paritarias nacionales al señalar que las negociaciones dependen de las provincias.
«¿La educación de quién depende? Es un problema que tiene que resolver las provincias, ¿qué tengo que hacer yo como Nación metiéndome? Es un problema que tienen que arreglar las provincias. La educación, la seguridad y la salud es responsabilidad de las provincias», dijo Milei el viernes a Radio Rivadavia.
PROTESTA
En respuesta, organizaciones sociales, movimientos estudiantiles y sindicatos van a concentrar el próximo jueves en la Plaza Pizzurno, a partir de las 11, para reclamar que el Ministerio de Educación de la Nación entregue kits escolares que contengan la canasta básica escolar y contemple los útiles que son imposibles de comprar.
«Las ollas están vacías las mochilas también», expresaron las organizaciones convocantes quienes advirtieron que «en estas condiciones, la educación deja de ser un derecho y una necesidad para pasar a ser un privilegio».
Por su parte, el gobernador Axel Kicillof se diferenció de las políticas adoptadas a nivel nacional al participar de un encuentro junto a inspectores jefes regionales y distritales de la provincia junto al director general de cultura y educación, Alberto Sileoni, y el intendente de La Plata, Julio Alak.
«En tiempos donde el Gobierno nacional busca desentenderse de sus responsabilidades y amenaza con dejar a las provincias sin recursos, vamos a defender la educación pública porque ese es el mandato del pueblo de la provincia de Buenos Aires», afirmó Kicillof en su cuenta de X, donde compartió una foto del encuentro y reivindicó el rol del Estado en la educación.
El conflicto también se replicó en la provincia de Córdoba, donde docentes nucleados en la Unión de Educadores de la Provincia (UEPC) resolvieron por medio de una asamblea proponerle al congreso nacional de Ctera el «no inicio del ciclo lectivo».
También exigirle al gobierno nacional la convocatoria «a la paritaria nacional, el aumento salarial y de las partidas del Fonid, de Conectividad (Nacional) y del fondo Compensador», además del pago de las partidas de «comedor, copa de leche, infraestructura escolar, 5ta hora y demás programas».
Ante la decisión del gobierno nacional de no girar los fondos destinados para educación, el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, aclaró que pagará con recursos provinciales el fondo de Compensación Salarial Docente Garantía Nacional, Conectividad Nacional y el Fonid.
En Corrientes, el gobierno provincial se reunirá con los sindicatos docentes este jueves para negociar una «recomposición salarial» para ese sector y así garantizar el inicio de las clases en ese territorio, previsto para el próximo lunes 26 de febrero.
Para lograr un acuerdo, los docentes correntinos pretenden un aumento del 50 por ciento que llevaría el sueldo inicial a los 600 mil pesos, entre otras demandas.
DNU
El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 fue suspendido por la Justicia en varios artículos, entre ellos el que incorporaba a la educación de nivel inicial, primaria y secundaria, los servicios de cuidado de menores y la educación especial como «servicio esencial».
De esta forma, el Gobierno buscaba establecer que en ningún caso se podía «negociar o imponer a las partes una cobertura menor al setenta y cinco por ciento (75%) de la prestación normal del servicio de que se tratare».
Este intento por parte del Gobierno nacional quedó sin vigencia luego del amparo interpuesto por la CGT y tras el fallo de la La Sala de Feria de la Cámara del Trabajo que declaró inconstitucional ese apartado del DNU.
La modificación debería analizarse en el Congreso mientras que desde el gremio advirtieron que el accionar del Gobierno nacional «se inscribe en la ofensiva dirigida a intentar la destrucción de la educación» en un comunicado publicado el pasado miércoles 14 de febrero.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
País
El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
País
Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
