El Gobierno alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas del servicio e informó el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación de buques en las vías navegables del país que se encontraban paralizadas. 

El pacto incluye la suspensión del decreto 690/2026 que desreguló la actividad y generó el conflicto. 

Como parte del entendimiento, ante Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales recalcaron que el Poder Ejecutivo resolvió suspender de "manera temporal" la aplicación de la medida. 

Y dispuso la creación de una mesa de trabajo conjunta para debatir los distintos aspectos normativos y operativos que componen la actividad.

La instancia de diálogo estará bajo la coordinación del Gobierno Nacional y contará con la participación de representantes de los ministerios de Seguridad y Defensa, junto a otros organismos competentes en la materia. El espacio buscará, según el oficialismo, avanzar en la revisión puntual de los ejes contemplados en el decreto de desregulación para alcanzar un consenso definitivo.

Con la firma del acta y el compromiso de mantener abierto el canal de negociación, los prácticos retomarán la prestación regular de sus servicios en los puertos de manera inmediata mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa técnica

Mediante un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno -a través de Prefectura Naval Argentina- intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en los puertos del país tras el conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado

“En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina aprobado por el Decreto Nº 690/2026, notifica e intima por este medio a los profesionales (...) a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”, argumenta el edicto de la Prefectura Naval.

La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías. Más de 150 buques se vieron afectados.

Ante la profundización del impacto económico por el paro que afecta al comercio internacional en la Argentina, la Prefectura Naval Argentina, en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente, informó La Nueva.

Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales en el marco de los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.

La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial, informó la agencia Noticias Argentinas.

Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la PNA, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones.

El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos -que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido-, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques. Frente a este nuevo marco conceptual, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta tanto la administración central suspenda o deje sin efecto el decreto en cuestión.

Con la actividad en los puertos paralizada por cuarto día consecutivo a raíz de un paro de los prácticos, el gobierno nacional defendió el decreto que desreguló la actividad de esos profesionales, a los que les advirtió con sanciones sus sostienen esa protesta, bajo el argumento de que se trata de una “actividad esencial”.

El encargado de dar a conocer la postura oficial fue el vocero Adrián Ravier, quien en conferencia de prensa explicó que con el decreto 690/2026, que desreguló la actividad del practicaje “Intentamos bajar el costo argentino. En esta materia [transporte marítimo] la Argentina tiene un costo elevado, comparado con otros países”.

De acuerdo al portavoz, la norma, redactada por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger habría bajar los costos “con competencia”. Según argumentó, “abrimos la competencia para permitir, en este caso del practicaje, que puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos".

Pero más allá de esa defensa, que el portavoz realizó con argumentos que los prácticos rechazan de plano, Ravier advirtió sobre sanciones a los más de 500 prácticos que están sin trabajar, una medida de fuerza que paralizó la actividad de los puertos y está generando pérdidas económicas importantes.

"Hay personas que operan en ese mercado que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y hacen esto para perjudicar la logística. Este es un servicio esencial que estas personas tienen la obligación de sostener, y van a tener sanciones”, advirtió Ravier. Más temprano, Prefectura Naval los había intimado a retomar el servicio.

La esencialidad implica que pese a una medida de fuerza se debe asegurar el 75% de la prestación del servicio, lo que no está ocurriendo en este caso. Ayer,

Sin embargo, por ahora el conflicto no desescaló. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó al decreto de inconstitucional y anticipó una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo ante la Justicia Federal, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación.

Esa Asociación niega que esté defendiendo una posición de mercado de los prácticos y, junto con la Cámara del Practicaje sostienen que los cambios que establece el decreto podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad en torno a las maniobras de grandes buques en la aproximación y el ingreso a los puertos.

Entre los cambios centrales que introduce, el decreto 690, que sustituye al reglamento de practicaje que regía desde 1991, figura la eliminación del límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico y la habilitación para que armadores y agencias marítimas los contraten en forma directa.

También establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y habilita a capitanes con determinada experiencia a navegar sin contratar un práctico. Sturzenegger había resumido el espíritu de la reforma con una frase que anticipó el tono del conflicto: la norma buscaba, dijo, “desarmar kioscos”.

El paro mantiene paralizado los puertos argentinos desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con especial impacto en el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Decenas de buques permanecen sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, el corazón del complejo agroexportador del país.

Mientas la Cámara Argentina de Energía advirtió que la prolongación de la medida de fuerza podría generar problemas de abastecimiento energético, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, calculó en “entre 50 y 100.000 dólares por día” y por buque.

Idígoras observó además que por el conflicto “la afectación es total. Esto alcanza el 100% de las operaciones de todos los buques del país, los que traen autos, los que descargan combustible, todos, todos los puertos, los barcos que circulan por Asia y desde la Argentina están paralizados”.