País
No hubo acuerdo en el Consejo del Salario y habrá aumento por decreto
16 de febrero de 2024
El Poder Ejecutivo, las cámaras empresarias y las organizaciones de trabajadores no llegaron hoy a un acuerdo en la reunión del Consejo del Salario que debía determinar el nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, por lo que el Gobierno laudará sobre el nuevo piso de esos ingresos, según informaron fuentes gremiales.
Tras más de cuatro horas de reunión, en la cual hubo dos cuartos intermedios, las partes se retiraron sin definiciones ante el pedido de la CGT y las dos centrales de la CTA de establecer un piso de 288.600 pesos del SMVM a partir de febrero.
La CGT denunció que el Gobierno de Javier Milei «hizo fracasar la reunión» con el «único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo» sobre el salario mínimo, que actualmente está fijado en 156.000 pesos.
«Como es de público conocimiento, la propuesta de la CGT es establecer un 85% de aumento sobre el último monto a partir del 1 de febrero, fijando una base de $288.600. Esta propuesta tuvo el acuerdo de las tres centrales obreras y el rechazo de la contraparte empresaria», indicó la central en un comunicado emitido tras la reunión.
La central obrera señaló que la administración de Milei «evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad», sumado a que «los empresarios encabezados por la Unión Industrial Argentina (UIA) fueron complacientes con esa estrategia y no formularon ninguna propuesta».
Fuentes oficiales indicaron a Télam que en la reunión «hubo un empate 16 a 16» en la votación de la propuesta de las organizaciones sindicales, mientras que el sector empresario, representado por la UIA y CAME, «lo único que propuso» fue que se acordara un salario mínimo «a partir de marzo, pero sin número».
Ante esa paridad, las organizaciones «exigían que el Gobierno presionara a empresarios, y el Gobierno no puede presionar ni a los empresarios ni a los gremialistas», indicaron las fuentes oficiales que participaron de la reunión.
De este modo, precisaron que, ante la falta de acuerdo, el Gobierno dará a conocer el nuevo monto del Salario Mínimo por decreto en los «próximos tres días».
Para la CGT, sin embargo, «la irresponsabilidad social puesta de manifiesto hoy por la Secretaría de Trabajo no hace más que confirmar la absoluta ajenidad del Gobierno frente al drama social que atraviesan los argentinos».
«Rompiendo una larga tradición de dialogo social tripartito y acuerdos colectivos en el ámbito del Consejo del Salario en nuestro país, el Gobierno impidió el normal desarrollo de la reunión con el único objetivo de boicotear cualquier posibilidad de acuerdo», denunció la organización obrera.
Por su parte, la CTA Autónoma (CTAA) consignó que, en la reunión, el sector empresario «exigió que se acuerde aumento recién en marzo sin proponer monto ni porcentajes», lo que el Gobierno «no sólo avaló sino que además quiso pasar a reunión plenaria sin acordar dictamen».
«Se votó la única propuesta realizada por los trabajadores y no hubo acuerdo, por lo que va a laudar el Gobierno. Una farsa más del gobierno de Milei», denunció la CTAA desde sus redes sociales.
La reunión, denunció la CTAA, «terminó como hace muchos años no sucedía: no hubo acuerdo entre las partes, no hubo oferta del sector empresarial, se votó y el empate hace que termine resolviendo el Gobierno por decreto».
La organización señaló que, ante la propuesta de las tres centrales sindicales de fijar el SMVM en 288.600 pesos, y que sea modificado y revisado mes a mes ante el presente escenario de inflación, Yasin «puso a votación esa propuesta a sabiendas del resultado».
«La mitad del plenario del consejo (las tres centrales sindicales) votaron a favor; mientras que la mitad del sector empresarial votó en contra. La norma establece que se tiene que obtener dos tercios del plenario para que sea favorecida y aceptada una propuesta. Por lo que el Gobierno definirá por decreto», consignó la CTAA.
Por su parte, la CTA de los Trabajadores, que conduce Hugo Yasky, advirtió en un comunicado que «si a consecuencia de esta jugada, la cifra que anuncie el Gobierno estuviera lejos de significar una real recomposición del Salario Mínimo, quedará demostrado que hubo una sincronización entre las patronales y el Poder Ejecutivo para profundizar el ajuste y seguir licuando los salarios».
Fuentes empresariales también habían estimado, en contacto con Télam, que iba a laudar el Gobierno, al advertir que las posiciones de uno y otro sector estaban muy alejadas.
El laudo en estas situaciones es una figura mediante la cual el Gobierno actúa como árbitro y dispone una medida de manera unilateral ante la falta de acuerdo de las partes en pugna.
La reunión se desarrolló desde las 16.30 hasta pasadas las 20 en la Secretaría de Trabajo, ubicada en la avenida Leandro N. Alem 650 de esta capital, y tuvo la modalidad virtual para distintos representantes.
Por el Gobierno participaron el secretario de Trabajo, Omar Yasin; mientras por el sindicalismo asistieron los triunviros de la CGT Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, entre otros, además del referente de la CTA de los Trabajadores Claudio Marín y Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma.
Por la parte empresaria, en tanto, participaron dirigentes de la UIA como Laura Giménez.
La reunión del organismo, la primera de la gestión de Milei, tuvo de fondo una nueva protesta de organizaciones sociales, que insistieron en sus reclamos de «aumento de los montos para la asistencia a los comedores» comunitarios.
País
Milei sale en auxilio de los bomberos
El Gobierno de Javier Milei, a través del ministerio de Seguridad, envió una ayuda económica a los cuarteles de todos los municipios bonaerenses por más de once millones de pesos
| Los bomberos voluntarios de casi toda la Provincia recibieron un subsidio millonario como ayuda económica para repartir en 268 cuarteles ubicados en la provincia de Buenos Aires. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de una resolución publicada este miércoles realizó este millonario desembolso que asciende a 11.679 millones de pesos que serán repartidos entre 1.050 entidades, según indica el Boletín Oficial. Cada una de ellas recibirá 11.122.879 de pesos que deberán destinar para la compra de equipamiento, gastos de funcionamiento y capacitaciones.  “Atento los desastres de gran magnitud acaecidos en diferentes provincias durante el último año y previstos para el presente, podría resultar necesario dotar a las entidades de bomberos más afectadas con equipamiento que les permita cubrir adecuadamente las emergencias propias de su jurisdicción, territorio provincial y/o interprovincial en que prestan servicios”, señala el texto de la resolución 94/2024 del Ministerio de Seguridad. Del centenar de municipios quienes cuentan con mayor cantidad de cuarteles son los partidos de General Villegas con 7 delegaciones, seguido por Puan, con 6, Tornquits se ubica en el tercer lugar de este ranking de beneficiados por la decisión del gobierno nacional y al igual que el partido de La Costa cuenta con 5 unidades de bomberos. Otros municipios que los siguen en esta lista son Pehuajó, Escobar y Leandro. N. Alem con 4 destacamentos cada uno. “Las entidades de bomberos voluntarios beneficiarias del subsidio otorgado por la Ley Nacional Nº 25.054 deberán identificar todos los bienes inmuebles o móviles adquiridos por dicho subsidio, con la siguiente leyenda: ‘Subsidio Nacional Ley 25.054. Ministerio de Seguridad – Presidencia de la Nación’”, se detalló en el argumento de la resolución. Los 268 beneficiados por el subsidio otorgados por el Ministerio de Seguridad de La Nación a cargo de la ministra Patricia Bullrich son: |
País
YPF: piden en Inglaterra embargos de bienes del Estado y la ejecución de USD 16.000 millones
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/EZ4MWKZ7WBBRNEWZRYNYVBBBMM.jpg%20992w)
Sede central de la compañía estatal YPF en Puerto Madero (REUTERS/Agustin Marcarian)
Comenzaron los pedidos de reconocimiento de la sentencia por la que la jueza Loretta Preska, del tribunal de Manhattan que entiende cuestiones vinculadas a empresas que cotizan en Wall Street, condenó a estado argentino a pagar más de USD 16.000 millones por haber expropiado mal YPF.
En este caso, la primera solicitud se presentó en las últimas horas en Londres, Inglaterra, y es el paso previa al pedido de embargos del bienes del Estado.https://5b84abd487379ee841754a26f0ad4130.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html
El año pasado el estudio inglés Burford Capital –que compró los derechos de litigio de dos ex accionistas de la empresa que aseguraron haber sido perjudicadas por la decisión política de Cristina Kirchner– resultó el principal beneficiario del fallo dePreska.
Argentina apeló la medida, pero no presentó avales por ese monto. No los tiene. En ese contexto, se abrió un instancia de posibles pedidos de embargos contra activos del país. El martes se supo que la jueza había citado a la partes a una reunión telefónica, el próximo 18 de marzo. Allí espera despejar algunas dudas sobre qué va a pasar con los embargos. En los últimos días hubo presentaciones cruzadas en este sentido.
Pero una de las partes se adelantó y realizó una presentación en una corte inglesa. Si bien no hay mayores detalles aún sobre la causa presentada ante la Corte Comercial de Londres, bajo el número CL-2024-000129, el peridosta Sebastián Catalano de Infobae pudo saber que se trata de un pedido de reconocimiento del fallo de Preska en el caso YPF.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/AJVUSFIIDVGUVIBAII5UFXPK54.jpg%20420w)
Mark Hastings, el socio de Quillon Law que presentó la demanda en Londres
El objetivo es iniciar embargos en Inglaterra, pero para eso primero se deben detectar que existan esos activos embargables. Y la justicia inglesa tiene que aprobar el procedimiento. No pueden confiscarse bienes relacionados con la diplomacia, como embajadas, por ejemplo. Se espera que Argentina responda el requerimiento por medio de los abogados del Estado encabezados por el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
“Los inversores son Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, dos entidades constituidas en España que fueron liquidadas en 2014, y Eton Park Capital Management , Eton Park Master Fund y Eton Park Fund , sociedades registradas en las Islas Caimán y Delaware, que también han sido liquidadas desde entonces”, detalló CDR. Petersen –que al momento de presentada la demanda en EEUU, hace ocho años, ya no pertenecían al grupo homónimo local– e Eaton, también figuran como demandantes en el tribunal de Preska, pero el caso lo lleva adelante Burford y es el principal beneficiario de la sentencia.
“El reclamo fue presentado por Mark Hastings, socio del estudio boutique londinense Quillon Law, que cofundó en 2021″, detalló el sitio especializado CRD (Commercial Dispute Resolution), una publicación de Global Legal Group. Este medio intentó, sin éxito por el momento, hablar con Quillon.
Si bien no está especificado en la demanda, Burford podría estar también detrás de la presentación en Londres.
Call con Preska
Esta semana, la jueza convocó a las partes a una llamada telefónica el próximo 18 de marzo. Allí espera despejar algunas dudas sobre qué va a pasar con los embargos. En los últimos días hubo presentaciones cruzadas en este sentido.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/6G6LUGHR6JEQJINQIHSTHX2RHI.jpg%20420w)
La jueza de Nueva York Loretta Preska
Antes, Burford se había presentó ante el tribunal diciendo que Argentina estaba trabando información sobre sus activos. Pidieron datos sobre las acciones de YPF expropiadas, otras acciones de YPF en manos del Estado, cuentas, activos, deudas y transacciones valuados es USD 1 millón o más, el swap de monedas con China, concesiones para la exploración de recursos naturales y datos sobre Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa, Banco Nación y otros.
Argentina respondió diciendo que Burford no tiene derecho a pedir informaciónsobre bienes diplomáticos y cuestiones soberanas vinculadas al BCRA.
Hablarán en unos días y seguramente Preska intentará poner orden entre las partes. Mientras tanto, el caso tiene derivas de importancia. Una es la apelación que presentó Argentina en EEUU y que se dirimirá dentro de un año. La otra, más cercana y con impacto que podría ser directo, tiene que ver con los pedidos ante la corte de Inglaterra que podrían derivar muy rápido en solicitudes de embargos.
País
Analizan dar marcha atrás con el aumento a diputados y senadores
El presidente de la Cámara Baja Martín Menem admitió desconocer la Ley de Enganche, que desde 2011 les permite a los diputados y senadores recibir el mismo incremento otorgado al personal del Congreso. Menem y Villarruel fijaron un aumento acumulativo de casi 30%, otorgado en dos cuotas de 16% en enero y 12% en febrero.
“Si toda la gente hace un esfuerzo, el Poder Legislativo no debería ser ajeno a esto”, expresó Menem en declaraciones radiales.
Los diputados nacionales pasaron de cobrar $1.567.000 en enero a $1.984.000 en febrero. A esas cifras hay que sumarle el plus de $464.090,29 por desarraigo que perciben buena parte de los diputados y senadores que no son representantes de la Ciudad de Buenos Aires, los pasajes tanto de micros de larga distancia como de aviones y los gastos de representación. Sobre este panorama, El titular de la Cámara de Diputados sostuvo que no está de acuerdo con esta situación ni con “ningún tipo de aumentos”.
Además, cuestionó las dietas de legisladores y jueces y mencionó que mantiene la idea de realizar una revisión de los sueldos. “Pongamos ojo en lo que estamos haciendo, que es lo que necesita la sociedad: en la política. Ahí tenemos que ajustar”, insistió.
Y tras ello, reconoció que desconocía la Ley de Enganche. “Todos los años tiene actualización el Poder Legislativo, no es la primera vez que actualiza como docentes y salud, aunque siempre estaba por encima, se actualizó igual. Me estoy desayunando ahora que hay resolución de 2011, que están enganchados todos empleados, e incluye a diputados. Esto funciona así en automático”, expresó en diálogo con Urbana Play.
La resolución que confirma el aumento a los diputados y senadores fue firmada a mediados de febrero por la titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel y el propio Menem como titular de Diputados.
En este contexto, el sobrino del expresidente dijo que él decidió sortear su sueldo de diputado nacional. Además, marcó una diferencia con las anteriores presidencias de Diputados: aseguró que contrataron a más de cien empleados en sus primeros 90 días de gestión, pero que él ingresó solo con 19 trabajadores para “administrar ese monstruo que es la Cámara”.
Según informaron cerca de Menem, el objetivo sería presentar un proyecto de resolución para retrotraer el aumento que deberán votar los propios diputados en una próxima sesión. De esta manera, la decisión quedará en mano de todos los legisladores, que tendrán que definir por sí o por no y cada uno “debería hacerse cargo” de su voto.
Fue el diputado libertario por San Luis, Carlos González D’Alessandro el que adelantó públicamente que el oficialismo trabaja en la redacción del texto. “Conversamos esta mañana con el presidente de la Honorable Cámara de Diputados @MenemMartin, ambos estamos de acuerdo en que hay que retrotraer el aumento. Consensuamos presentar un proyecto para dar marcha atrás dicho aumento. Esperamos que la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, y el Poder Judicial se sumen a esta iniciativa”, publicó en su cuenta de X.
Por otra parte, diputados y senadores de bloques opositores se mostraron desconcertados en las últimas horas con el tono que tomó el escándalo por la suba salarial y algunos de ellos interpretaban que, si algo se decidió por resolución conjunta entre los dos presidentes de las cámaras parlamentarias, bien podría retrotraerse con la firma de otra resolución conjunta de ambos.
