País
Enero cierra con el superávit más fuerte en 16 años y analizan bajar impuestos
12 de febrero de 2024
El oficialismo podría hacer uso de decretos y facultades delegadas para reducir la presión impositiva a través de múltiples medios, aprovechando el robusto resultado fiscal del primer mes del año.
Hacia el primer mes de 2024, las cifras preliminares correspondientes al resultado fiscal del Sector Público Nacional (SPN) de enero anticipan un fuerte superávit, el más importante para el mes de enero desde el año 2008. La estacionalidad positiva propia del mes influyó en el resultado, así como el importante esfuerzo de ajuste fiscal ejecutado por el ministro de Economía, Luis Caputo.
El saldo acumulado de los últimos 12 meses continúa siendo fuertemente negativo, pero poco a poco la política fiscal del oficialismo tuerce el rumbo hacia la normalización de las finanzas públicas y la llegada al déficit financiero cero.
Bajo este esquema, y con un superávit que al menos en enero permitió no solamente cubrir todos los gastos del Sector Público Nacional si no que además permitió pagar todos los intereses de deuda, el Gobierno entiende que tiene un margen para empezar con la reducción de la presión impositiva sin comprometer la disciplina fiscal.
Pese al rechazo de la Ley Bases en el Congreso, el oficialismo cuenta con una serie de herramientas legales para poder avanzar con la reducción del alcance de los impuestos. En primer lugar, por el propio diseño del Impuesto PAIS este tributo se encuentra dentro de la esfera del Gobierno nacional, y puede ser modificado a discreción.
Asimismo, las retenciones a las exportaciones (cualquiera de ellas) forman parte de las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo desde hace décadas, y nuevamente el Gobierno tendría la llave de reducirlas o eliminarlas si así lo considera conveniente.
Y pese a que los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) no permiten maniobrar en materia impositiva, el oficialismo cuenta con cierto margen para modificar el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el impuesto de Bienes Personales.
IVA
La legislación existente del IVA autoriza al Poder Ejecutivo a poder rebajar o subir la alícuota general en un 25% (un rango de 5 puntos porcentuales en cada sentido), por lo que cualquier gobierno podría subir el IVA a al 26% o bajarlo al 16% simplemente poniendo una firma en un papel.
Lo mismo ocurre con la tasa superior del 27% que existe actualmente para el IVA y que se aplica sobre ciertos bienes y servicios seleccionados, como por ejemplo la electricidad y el gas. Podría reducirse a 22% con el accionar de la pluma.
El Gobierno tiene margen de maniobra, si así lo quisiera, para alterar la presión impositiva sobre las tarifas de los servicios públicos en relación al IVA, así como también alterar la presión fiscal sobre los alimentos y una amplia gama de productos de consumo masivo
Impuesto al cheque
De la misma manera, por el diseño existente del Impuesto al Cheque, el Gobierno se ve facultado para disminuir la alícuota actualmente fijada en el 0,6% sobre todas las transacciones alcanzadas.
La ley fija un techo de tasa, pero no un piso, por lo que podría llevarse a un valor infinitesimal que sea despreciable fiscalmente. También resulta perfectamente factible ampliar el cómputo del pago a cuenta del impuesto sobre los débitos y créditos al IVA, y lo mismo ocurre para el caso de las contribuciones patronales y el impuesto a las Ganancias
Ganancias
La modificación del impuesto a las Ganancias en sí mismo resulta un proceso más complejo que debe atravesar el Congreso, pero el Poder Ejecutivo se reserva la posibilidad de alterar ciertos componentes de las deducciones para bajar la presión fiscal efectiva sobre los contribuyentes.
Resulta posible alterar la deducción por seguros para casos de muerte, seguros mixtos y seguros de retiro privado, por lo que se podría hacer que cualquier persona que pague uno de estos seguros vea fuertemente reducida su carga de Ganancias.
También es posible actualizar los límites nominales de deducción por gastos en combustibles, lubricantes, patentes, seguros, reparaciones ordinarias y otros gastos de mantenimiento, nuevamente, haciendo que los trabajadores puedan reportar estos gastos para quedar eximidos del tributo.
Asimismo, el Gobierno podría modificar a discreción el régimen establecido por la Resolución General 830 del impuesto a las Ganancias, actualizando por inflación los montos mínimos no sujetos a retención (muchos de los cuales permanecen intactos desde diciembre de 2019).
De esta manera, depende pura y exclusivamente del Presidente cuánta gente paga este impuesto. Si bien no se pueden modificar las alícuotas de Ganancias, sí se puede hacer con tan solo una firma que menos gente lo pague, o que se actualice de tal forma que la inflación no aumente la base imponible mes a mes.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
País
El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
País
Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
