País
Dirigentes sindicales y opositores respaldaron el paro de la CGT
24 de enero de 2024
Dirigentes sindicales y políticos de la oposición destacaron hoy la convocatoria al paro y marcha de la CGT, y cuestionaron las políticas económicas aplicadas del Gobierno nacional, al señalar que buscan generar «una gran recesión» en Argentina.
El secretario adjunto de Smata y diputado nacional, Mario «Paco» Manrique, dijo hoy que espera la movilización a Plaza Congreso que se llevará a cabo esta tarde en el marco del paro general convocado por la CGT «sea multitudinaria y transcurra en paz», y criticó al Gobierno nacional por «mandar todos los días un mensaje amenazante» a quienes se oponen al proyecto de ley de «Bases» al DNU 70/2023.
«Esperamos que sea una marcha multitudinaria y transcurra en paz. La gente hace días que viene mostrando su descontento. Eso se vio también en los debates que se dieron en el Congreso», afirmó Manrique en declaraciones a Radio 10.
El dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) remarcó que «el Gobierno tiene que entender que fue elegido democráticamente, pero no puede vivir amenazando cada vez que a algún tema se le dice que no».
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, evaluó, en declaraciones a Télam, que el presidente Javier Milei «empeora todos los problemas, y por eso tiene un paro general».
«La de hoy será una movilización enorme de trabajadores y de toda la gente porque el Gobierno de Javier Milei empeoró todos los problemas que ya teníamos y sólo benefició a los empresarios más poderosos del país», subrayó el funcionario.
En tanto, el secretario general del gremio de docentes bonaerenses Suteba, Roberto Baradel, consideró hoy que el paro de la CGT a partir de este mediodía tendrá «un impacto importante» en todo el país y buscará dar «una respuesta concreta» a las reformas propuestas por el Gobierno nacional, que en el caso de implementarse, dijo, significaría la «entrega» del país.
«Si lo dejáramos hacer, en dos meses tendríamos a la Argentina entregada. En esta coyuntura se necesita una respuesta concreta para rechazar esto», aseveró Baradel en declaraciones a Radio provincia.
En esa línea, el secretario general de CTA-Autónoma y diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Hugo Yasky, consideró hoy que el paro nacional y la movilización de la CGT es en contra de la «insensibilidad social» del gobierno nacional que busca «una gran recesión económica para que quizás aparezca la paz de los cementerios».
«El plan que está aplicando el Gobierno, lo único que tiene de original es que es un derrame que viola la ley de gravedad, porque es de abajo hacia arriba. Es una gestión que se maneja con absoluta insensibilidad social. Quieren multiplicar por diez la inflación con el objeto de que la gente deje de comprar y consumir para que haya una gran recesión económica. Entonces, quizás aparezca la paz, pero la de los cementerios», sostuvo Yasky en declaraciones para Radio Con Vos.
En esta línea, el sindicalista expresó que la forma de resolver la inflación del gobierno «es multiplicándola por 10 con el objeto de que en algún momento como dijo la canciller Diana Mondino la gente dejará de comprar».
«Hoy tenemos los precios de las garrafas que subieron de $3.000 a $15.000. Tenemos un aumento de colectivos que fue un golpe durísimo. La gente va comprar y no le alcanza ni siquiera para lo mínimo. En diciembre perdimos casi 20 puntos del salario», explicó el sindicalista sobre las razones del paro.
El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, afirmó hoy que el Gobierno busca «aterrorizar a la población» con el llamado protocolo de orden público, pero aseguró que el paro y movilización de esta jornada va a ser una «demostración de que el miedo no triunfa».
«Este Gobierno apunta a aterrorizar a la población, pero hoy vamos a tener una demostración de que el miedo no triunfa. Vamos a defender los derechos populares», aseguró Belliboni en declaraciones a El Destape Radio.
El dirigente consideró que la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, mantiene una «amenaza absurda» contra la protesta social mientras hay «una tremenda inseguridad en los barrios y crece el narcotráfico».
«Cada vez que la escucho hablar me resulta cada vez más intolerable. Ella de lo único que habla es de la movilización. Es la ministra de Seguridad de la movilización y de las libertades democráticas», criticó.
Ministros bonaerenses rechazaron «el ajuste sobre los trabajadores y los jubilados» y afirmaron que «defenderán» al pueblo de la provincia en el paro general con movilización, de la que participarán junto al gobernador Axel Kicillof.
En declaraciones formuladas a Télam, la jefa de Asesores del Gabinete bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, expuso que «el plan de ajuste es el único proyecto que tiene (el presidente Javier) Milei para la Argentina. Un ajuste que no va, como dijo en la campaña electoral, sobre la casta, la política o los sectores más beneficiados sino sobre el pueblo argentino».
«No hay una sola medida que beneficie a algún sector, ya sea el industrial, a las y los trabajadores, a los jubilados», continuó y resaltó que «es un plan de ajuste clásico, que la Argentina vivió muchas veces. Una transferencia infernal de recursos de los que menos tienen a los que más tienen».
En ese sentido, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, remarcó a esta agencia que desde el Gobierno bonaerense adhieren al paro, porque tienen «diferencias profundas con el gobierno de Javier Milei» y aclaró que si bien aceptan su legitimidad electoral, «ésta confronta con otras, como la que tiene Kicillof, a quien el pueblo mandató para tener más Estado, más trabajo, más educación y más productividad».
Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, ratificó en diálogo con esta agencia el Ejecutivo de la provincia «participará de la movilización con todos los intendentes porque somos un gabinete militante y porque somos parte de la clase trabajadora».
La ministra de Hábitat, Silvina Batakis, dijo a Télam que «el paro va a ser muy contundente» porque el gobierno lleva adelante un «ajuste clásico sobre los trabajadores y eso no es lo que votó la gente».
«En lo que es mi área, Hábitat, el presidente de la Nación atenta de manera muy fuerte contra las posibilidades del acceso a la casa propia, agudizando la crisis habitacional», reflexionó y apuntó que «con la obra pública nacional parada y las desregulaciones, las problemáticas relacionadas con el acceso a la vivienda aumentarán considerablemente y construir un hogar será simplemente para unos pocos, generando más exclusión y desigualdad».
El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sostuvo a Télam que «hay que retomar la organización y la discusión sobre las acciones de un gobierno (como el de MIlei) que en apenas un mes pateó el tablero y avanzó sobre todas las conquistas y derechos que como sociedad habíamos adquirido».
En igual sintonía, el ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, aseveró a esta agencia: «Tenemos la obligación de acompañar a los trabajadores en esta convocatoria que hace las CGT en repudio y rechazo a la Ley Ómnibus y al DNU, que no tiene necesidad, ni urgencia».
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
