Desde la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCyF) lanzaron una dura advertencia contra el Gobierno nacional y aseguran que la actividad atraviesa una crisis “terminal”, producto del aumento descontrolado del gasoil y la ausencia de medidas concretas para sostener al sector.

En el marco de una conferencia de prensa, la entidad encabezado por Sebastián Agliano denunció que la situación es límite y que la falta de reacción oficial está empujando a la flota a la paralización: “Están dejando morir a la pesca. Hoy salir a trabajar es fundirse”, afirmó.

El sector, clave para la economía regional y el abastecimiento alimentario del país, remarcó que la combinación de costos portuarios, presión fiscal y combustible en alza vuelve inviable cualquier operación. “El Estado mira para otro lado mientras se pone en riesgo la fuente de trabajo de unas tres mil personas”, expresó Agliano.

Uno de los indicadores más críticos es la pérdida total de rentabilidad: mientras en 2010 un kilo de corvina permitía comprar 1,44 litros de gasoil, hoy apenas alcanza para 0,69 litros, reflejando un deterioro estructural que —según advierten— ya no admite más dilaciones.

«En menos de tres meses sufrimos casi un 36 % de aumento del combustible. Hoy un litro de gasoil está en $2.400. Es el principal insumo que tenemos para poder producir”, aseguró Agliano, acompañado por referentes y trabajadores del sector.

Frente a este escenario, la AEPCyF exigió la declaración inmediata de la emergencia pesquera, junto con la eliminación de retenciones, la implementación de un gasoil productivo con precio diferencial y un esquema urgente de alivio fiscal: “No hay más margen. Si no hay respuestas ya, la flota se para”, advirtió.

A todo esto, Agliano reclamó al Consejo Federal Pesquero la conformación de una Mesa de Desarrollo Pesquero con participación de todos los actores del sector, y apuntó también a la Provincia de Buenos Aires y al Municipio por la  falta de participación y la carga impositiva que agrava la crisis.

El Banco Nación lanzó una versión renovada del plazo fijo UVA que permite cobrar intereses mensuales por encima de la inflación, marcando un giro en las opciones de ahorro tradicionales. La iniciativa, impulsada por Federico Sturzenegger, ofrece una tasa adicional anual de hasta el 4,75% sobre la indexación por el índice de precios, eliminando la restricción de esperar al vencimiento para percibir la renta.

El anuncio destaca que esta herramienta democratiza el acceso a una renta similar a la de un alquiler inmobiliario, pero sin los costos de mantenimiento ni riesgos de capital. A diferencia del plazo fijo tradicional, que actualmente ofrece una TNA del 26% (aproximadamente un 2,1% mensual), el nuevo plazo fijo UVA garantiza cubrir la inflación más un interés extra que varía según el tiempo de permanencia.

La operatoria permite retirar los intereses cada treinta días, aunque el capital queda inmovilizado durante los primeros tres meses, con un plazo máximo de colocación de hasta dos años y medio.

La inversión mínima es de $1.500 y se puede gestionar a través de la aplicación BNA+, homebanking o de forma presencial en las sucursales del banco. Para el equipo oficial, este instrumento es clave para el sistema financiero, ya que permite al banco captar fondos a largo plazo y ampliar la oferta de créditos hipotecarios o prendarios.

Según los impulsores de la medida, el objetivo es que el ahorrista pueda proteger sus pesos de forma eficiente y exenta de impuestos, convirtiéndose en una alternativa competitiva frente a la compra de moneda extranjera o inmuebles.

El presidente Javier Milei sostuvo este viernes que el "espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia", en referencia a una campaña rusa en medios argentinos para desprestigiar a su gestión.

"Los 'periodistas' y 'medios' vinculados a esto son sólo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal", escribió en X.

Milei se refirio de esa forma a una investigación que se conoció en las últimas horas basada en 76 documentos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y analizados por un consorcio que incluye al medio inglés openDemocracy.

La misma sotiene que una red rusa denominada "La Compañía" buscó influir en medios de Argentina para desacreditar al gobierno de La Libertad Avanza.

Según esos registros, entre junio y octubre de 2024 la red habría presupuestado US$283 mil para destinar a al menos 250 artículos críticos en más de 20 medios del país sobre Milei y la posición argentina respecto de Ucrania. Se documentaron firmas inexistentes y contenido fabricado.

El contenido consistía principalmente en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal que promovió la gestión Milei y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos de la región.

El Gobierno informó en 2025 que había detectado una presunta red de agentes rusos y FOPEA (Foro de Periodismo Argentino) reportó los mecanismos de la desinformación rusa en nuestro país. (NA)