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Piquetes: se terminó lo que se daba

11 de enero de 2024

El Gobierno intimó hoy a más de 20 gremios y organizaciones sociales a pagar montos de hasta $56 millones en concepto de multas por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 y 27 de diciembre realizadas en Plaza de Mayo y Tribunales, respectivamente, contra el DNU 70/2023 establecido por el presidente Javier Milei.

Los telegramas fueron enviados por el Ministerio de Seguridad a gremios entre los que se encuentran Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y Asociación de Trabajadores del Estado, la unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otros.

«Intimo a usted, en su carácter de apoderado del sindicato de Camioneros, al pago solidario de pesos cuarenta millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos veintisiete con 56/100 ($40.419.227,56), en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles de recepcionada la presente, en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público», indica el texto de la misiva, que fue firmado por el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa.

Ese mismo telegrama recibieron los gremios que participaron de la protesta del 27 de diciembre frente a Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, en rechazo del DNU 70/2023 y para realizar respectivas presentaciones judiciales y amparos contra esa medida.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los responsabiliza de «los gastos ocasionados» por el despliegue del operativo por la «interrupción total o parcial del tránsito vehicular», una sanción con la que el Gobierno busca hacer cumplir el protocolo antipiquete que prohíbe la realización de bloqueos de la vía pública durante protestas.

Por otro lado, con una similar misiva, la cartera de Seguridad intimó a distintas organizaciones a pagar multas de $56.760.282,58 por los costos del operativo producto de la protesta del 22 de diciembre, también en contra del DNU con el que el Gobierno estableció la desregulación de la economía.

Entre ellas están Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Federación Nacional Territorial, libres del Sur, Frente Barrial CTA, Federación de Trabajadores por la Economía Social (Fetrares) y Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

En el caso de UTEP y CTA, ambas organizaciones fueron notificadas por el costo de los operativos de las dos jornadas de protestas.

«Desde la CTA autónoma rechazamos y repudiamos esta acción persecutoria, discriminatoria y de abuso de poder por parte del Ministerio de Seguridad, y vamos a avanzar en nuevas denuncias ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, ya que el protocolo es una norma que viola el derecho constitucional a la acción sindical, al derecho de organizarse y a reclamar que tenemos los trabajadores y trabajadoras», indicó la CTA en un comunicado.

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También el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, repudió los telegramas, criticó al Gobierno por «irracional» y recordó que en el país «sigue vigente la libertad de expresión, de manifestación y el derecho de huelga».

Por su parte, el secretario general del Sipreba, Agustín Lecchi, también cuestionó la multa recibida al calificarla como una «cruzada anti democrática» por parte del Gobierno de Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes pretenden realizar -dijo- un «brutal ajuste» al que «se suma la represión».

El envío de estos telegramas se suman a las sanciones por $60 millones que el Gobierno estipuló para 14 organizaciones sociales por el operativo de seguridad implementado durante la movilización del 20 de diciembre pasado.

En las carta documento que recibieron, se insta al MST a realizar un pago solidario de 62.970.317,50 pesos por la movilización del último 20 de diciembre y otro de 40.419.227,56 pesos por la del 27 de diciembre.

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Prefectura busca a cinco tripulantes desaparecidos en el Río de La Plata

Personal de la Prefectura Naval Argentina mantiene un amplio operativo de búsqueda para hallar a los cinco tripulantes de la embarcación deportiva “Chamigo-Ho”, que se encuentra desaparecida luego de zarpar desde la costanera de Hudson, provincia de Buenos Aires.

Durante la jornada de hoy se extenderán las tareas de rastrillaje, que se continuarán realizando por aire, tierra y agua.

En ese sentido, se prevé que el avión PA-62 de la Fuerza realice un sobrevuelo por la zona, mientras que los guardacostas GC-79 “Río Deseado”, GC-73 “Cabo Corrientes”, GC-75 “Bahía Blanca” y GC-140 “Lago Yehuin” seguirán navegando por el área de emergencia.

Además, la Prefectura desplegará embarcaciones de menor porte, como semirrígidos y una moto de agua, para actuar de manera coordinada con el resto de los medios y acceder a zonas de menor profundidad.

Cabe recordar que la emergencia se inició tras un llamado del personal del Camping Hudson, quienes alertaron que los navegantes —cinco hombres mayores de edad— habían ingresado al río por la mañana del domingo para realizar pesca deportiva de pejerrey y no habían regresado, quedando sus vehículos estacionados en el predio.

Según los datos recabados, la tripulación contaba con experiencia en navegación y llevaba a bordo los elementos de seguridad reglamentarios, tales como chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF.

Hasta el momento se han realizado reiterados intentos de comunicación por radiofrecuencia y telefonía celular sin obtener resultados positivos. En la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de la Dra. Silvia Noemí Borrone.

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Pago a Jubilados


En julio de 2026 los haberes previsionales tendrán un ajuste del 2,1% por la inflación de mayo informada por el INDEC. La medida se aplica por el mecanismo de movilidad vigente y afecta a jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización impacta de manera directa en la jubilación mínima ANSES y en otros beneficios administrados por el organismo.


Con ese porcentaje la jubilación mínima ANSES pasará a $411.989,32. Además, continúa el refuerzo extraordinario de $70.000 para los sectores de menores ingresos, por lo que el ingreso total de quien cobra el haber mínimo será de $481.989,32 si recibe el bono. Los descuentos personales pueden modificar levemente ese neto.

El refuerzo de $70.000 está dirigido a los beneficiarios de menores ingresos: jubilados mínimos, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC). La PUAM queda en $329.591,45 y las PNC en $288.394,05; con el bono, los totales son $399.591,45 y $358.394,05 respectivamente.

Las asignaciones familiares también se actualizan por la movilidad. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa a $148.045,38, mientras que la AUH por discapacidad alcanza $482.048,99. Otras prestaciones administradas por ANSES recibirán incrementos equivalentes al 2,1% aplicado en julio, en línea con el IPC de mayo. La inflación acumulada del año llegó al 14,7% y la variación interanual al 33,2%.

Cálculo y posibles reclamos
Para calcular el haber inicial ANSES toma el promedio actualizado de las últimas 120 remuneraciones, equivalentes a los diez años previos al retiro. Cada salario histórico se actualiza con coeficientes oficiales antes de promediar. Esa metodología busca evitar que la inflación distorsione el valor real de los ingresos pasados al momento del cálculo.

Quienes acrediten más de 30 años de aportes reciben un plus: por cada año adicional se suma alrededor de un 1% sobre componentes del haber inicial, hasta 15 años más computables. Así, con 45 años de aportes el haber puede resultar notablemente superior al mínimo, siempre según la normativa vigente y los cálculos de ANSES.

Si un jubilado detecta errores en el cálculo o faltantes de aportes puede iniciar un juicio de reajuste. Las causas suelen tardar entre cinco y siete años, según la complejidad y las instancias judiciales. Si la Justicia lo habilita, ANSES debe recalcular el haber y liquidar los retroactivos correspondientes al beneficiario. Radio Mitre

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Sector privado perdió más de 14 mil empresas en un año

La cantidad de empresas empleadoras en el sector privado registró una caída del 2,8% en marzo en forma interanual, según un estudio privado. Esta variación representa una pérdida neta de 14.044 firmas en doce meses, dejando un total de 481.635 empleadores activos en todo el país.

Con el dato de marzo, el indicador suma veinticinco meses consecutivos de descensos interanuales. El informe detalla que desde septiembre de 2025 la velocidad de la caída se aceleró y que la baja registrada en el tercer mes de 2026 es la más fuerte detectada en todo ese período.

La información proviene de un informe de la Consultora Politikón Chaco, elaborado sobre la base de datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

El estudio se centra exclusivamente en el sector privado formal, excluyendo al empleo público, organismos internacionales y servicio doméstico. En el análisis por sectores, la industria manufacturera lideró las mermas relativas con un retroceso del 4,5%, lo que equivale a 2.167 empresas menos.

El sector comercial perdió 5.145 firmas en un año, una baja del 3,5%. A nivel regional, 23 de las 24 jurisdicciones del país mostraron retrocesos. Neuquén fue la única provincia con crecimiento neto, sumando 12 empresas (0,1%).

En el otro extremo, La Rioja tuvo la caída más profunda con un -10,7%. En términos absolutos, la provincia de Buenos Aires explicó la mayor pérdida con 4.311 firmas menos, seguida por Córdoba con 2.187 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 1.539.

Al evaluar el impacto desde el cambio de gestión nacional, el reporte afirma que "en la era Milei, desaparecieron 26.213 empresas empleadoras en todo el país".

Esta cifra surge de comparar marzo de 2026 contra noviembre de 2023, periodo en el cual la cantidad de empleadores cayó un 5,2% a nivel nacional, siendo la construcción el sector más afectado con una baja del 9,5%. (NA)

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