La Asamblea Legislativa en las Islas Malvinas emitió un comunicado oficial en respuesta al mensaje del presidente Javier Milei, en el que él calificó a los kelpers como “una población implantada en un territorio usurpado”. El texto insiste en que la autodeterminación es un derecho de la comunidad y que esa elección debe respetarse.

En el documento, al que difundió el propio cuerpo legislativo, se recuerda el referéndum de 2013: con una participación del 92%, el 99,8% votó por mantener el estatus político vigente. La Asamblea cita esos resultados para sostener que la voluntad de los residentes sigue siendo determinante y merece reconocimiento.

El escrito argumenta además que la autodeterminación está amparada por el derecho internacional y subraya que ningún pronunciamiento estatal puede anularla. Según el comunicado, cualquier avance unilateral será considerado una “violación de la seguridad nacional”. También sostiene que “declaraciones como las de esta semana no son nuevas para nosotros”.

La reacción local remarca que, pese a las presiones históricas, la comunidad isleña se consolidó y creció. El texto no aborda con detalle medidas concretas anunciadas desde Buenos Aires, pero sí contrapone los hechos electorales y la permanencia de la población a las afirmaciones del mandatario argentino.

En paralelo, representantes del Reino Unido expresaron su respaldo a los residentes. El ministro de Defensa Wes Streeting señaló que “nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable” y puso énfasis en que la posición británica se apoya en la preferencia de los isleños.

El ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, fue aún más tajante: “Son británicas y seguirán siéndolo”, recordó, y subrayó que el derecho a la autodeterminación de los kelpers es primordial. Desde Downing Street se consignó además que las fuerzas del Reino Unido están “en alerta las 24 horas del día, los 7 días de la semana”.

La Asamblea, por su parte, limitó su respuesta a defender la soberanía del voto local y no se pronunció en el mismo comunicado sobre las sanciones anunciadas a empresas petroleras ni sobre proyectos militares concretos. El intercambio deja en evidencia una nueva tensión diplomática en la región que tendrá seguimiento en Buenos Aires y Londres.

El gobierno argentino estableció un régimen de sanciones para las petroleras que exploten recursos en Malvinas.

Las empresas que impulsan el proyecto petrolero Sea Lion en el norte de las Islas Malvinas respondieron al anuncio de nuevas sanciones realizado por el presidente Javier Milei en la cadena nacional de este jueves.

La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, responsables del desarrollo del yacimiento offshore, difundieron un comunicado conjunto horas después del discurso presidencial por cadena nacional.

"Las licencias legalmente otorgadas por el gobierno de las Islas Falkland siguen siendo válidas", señalaron las empresas en la declaración, según el comunicado difundido en respuesta a "informes en prensa y en conexión con el discurso pronunciado anoche por el presidente argentino".

Rockhopper y Navitas también afirmaron que "no se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto".

Además, las compañías remarcaron que la licencia de exploración cuenta con el "apoyo total y continuo del gobierno británico".

Sea Lion contempla la explotación offshore de un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas.

Navitas Petroleum opera el proyecto y posee una participación del 65 %, mientras que Rockhopper Exploration controla el 35 % restante. La compañía británica descubrió petróleo en la zona en 2010.

Después de varios años de estudios, ambas empresas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar la primera fase del proyecto.

La inversión inicial prevista hasta alcanzar la primera producción asciende a 1.800 millones de dólares. Las compañías estiman otros 2.100 millones en esa divisa para el resto de la explotación, que proyectan durante 30 años.

Según los datos difundidos por Navitas, el yacimiento cuenta con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.

La producción inicial prevista alcanza los 55.000 barriles diarios de petróleo y las compañías proyectan comenzar la extracción durante el primer trimestre de 2028.

Además de Rockhopper y Navitas, otras compañías cuentan con licencias para realizar tareas de exploración hidrocarburífera en las islas. Entre ellas figuran la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.

Sea Lion todavía se encuentra en una etapa previa al inicio de la extracción. Sin embargo, la decisión final de inversión adoptada por Navitas y Rockhopper marcó un avance relevante para el desarrollo del proyecto.

Si las compañías cumplen con el cronograma previsto, Sea Lion marcará el inicio de la producción petrolera en el archipiélago.

El desarrollo se encuentra en el centro de la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. Mientras las empresas se apoyan en el respaldo británico, el gobierno argentino considera ilegítimas las actividades hidrocarburíferas que se desarrollen en esos espacios.

En este sentido, el nuevo esquema anunciado por Milei apunta a sancionar a las empresas que participen, directa o indirectamente, en los espacios vinculados con las Malvinas sin autorización argentina.

Desde este sábado 5 de septiembre entra en vigencia en todo el país la Ley 27.801, que crea el nuevo il.La normareemplaza a la Ley 22.278, que regulaba el tratamiento penal de los menores desde 1980, y que había sido modificada en 1983 para fijar en 16 años la edad mínima de punibilidad.

El cambio central de la reforma es, precisamente, esa edad: la imputabilidad se redujo de 16 a 14 años. La norma fue sancionada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo a través del Decreto 138/2026, el pasado 9 de marzo.Ahora, 180 días después, se cumple el plazo establecido para la entrada en vigencia

En efecto, a partir de este sábado, comenzará a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil: la edad mínima de imputabilidad baja de 16 a 14 años. Desde ahora, los adolescentes que tengan 14 años cumplidos al momento de cometer un delito podrán ser sometidos a un proceso penal bajo un régimen especialmente diseñado para personas menores de 18 años.

La medida forma parte de la ley 27.801, sancionada por el Congreso el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. La ley no establece que todos los adolescentes acusados de un delito vayan presos. Por el contrario, prevé distintas medidas y reserva la privación de la libertad para determinadas situaciones.

En algunas provincias, se utilizará un sistema escalonado para los adolescentes que deban cumplir una medida privativa de la libertad. El primer nivel será el arresto o prisión domiciliaria, con controles específicos y la posibilidad de utilizar dispositivos electrónicos de monitoreo. Es la alternativa de menor intensidad dentro de las medidas que implican una restricción de la libertad.

El segundo escalón estará conformado por los Establecimientos de Puertas Abiertas. Allí, los adolescentes podrán permanecer alojados bajo un régimen institucional, pero sin las características propias de una cárcel. El objetivo es que el alojamiento se realice con acompañamiento y bajo el cuidado de personal civil.

El tercer nivel estará destinado a los casos más graves. Se trata de los Centros Especializados de Responsabilidad Penal Juvenil (Cerpj), establecimientos de puertas cerradas y con mayores condiciones de seguridad. La estructura busca que un adolescente acusado de un delito de menor gravedad no reciba la misma respuesta que otro involucrado en un hecho violento o de extrema gravedad.

La nueva normativa alcanza a las personas adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen 18, cuando sean imputadas por un delito previsto en el Código Penal o en leyes penales especiales. El régimen contempla medidas alternativas a la privación de la libertad y establece que las sanciones deben aplicarse teniendo en cuenta las características del adolescente, las circunstancias del hecho y la gravedad del delito.

Entre las posibles respuestas aparecen las amonestaciones, la reparación del daño, las tareas comunitarias, las prohibiciones de contacto o acercamiento y otras medidas destinadas a evitar el encierro cuando no resulte necesario. Cuando la Justicia considere que corresponde privar de la libertad al adolescente, deberá determinar cuál de los tres niveles resulta adecuado.

Uno de los puntos centrales del nuevo sistema es que los adolescentes no pueden ser alojados junto con personas adultas. La ley crea un régimen diferenciado y obliga a que las medidas privativas de la libertad se cumplan en establecimientos especializados. También establece un límite máximo de 15 años para las penas de prisión y excluye la posibilidad de aplicar prisión perpetua a personas adolescentes.

El desafío estará en adaptar lo existente al nuevo escenario y, sobre todo, en garantizar que cada adolescente sea alojado de acuerdo con la gravedad del caso y bajo las condiciones que establece la legislación. La propia ley nacional invita a las provincias a adecuar sus normas procesales y administrativas al nuevo régimen.

La ley reemplaza al régimen vigente desde la dictadura y crea un esquema de penas alternativas para adolescentes de 14 y 15 años.