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Judiciales presentan un amparo por designaciones de jueces y juezas
31 de octubre de 2023
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó ante la justicia contencioso administrativa un amparo contra el avance de las propuestas de designación de jueces y juezas realizadas por el Poder Ejecutivo, por tratarse de personas que no estaban en las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, sino en las listas complementarias de cada concurso elaboradas por el organismo. En el escrito, solicitó una medida cautelar para que ni el Senado ni el Poder Ejecutivo avancen con los nombramientos.
El principal argumento es que el Poder Ejecutivo se apartó de manera evidente de la regulación constitucional y legal para la designación de las y los magistrados.
Esta situación ocurrió en concursos de gran trascendencia, dado que son para cubrir vacantes en el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal (que dirime los juicios contra el Estado), en lo Civil y Comercial Federal (tiene a su cargo los juicios comerciales más importantes del país, principalmente los vinculados a las empresas de servicios públicos) y en la Sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Civil y Comercial Federal (central para el desarrollo de la economía y para definir la relación entre el gobierno y las empresas).
La semana pasada, la Comisión de Acuerdos del Senado llevó adelante una serie de audiencias con las y los postulantes y aprobó los dictámenes que deberán ser tratados por el Senado previo a la designación de las juezas y jueces.
¿Qué establece la normativa?
La Constitución Nacional establece que el Consejo de la Magistratura tiene a su cargo la selección de las y los magistrados y la administración del Poder Judicial. Entre sus atribuciones está la de “emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores”, luego de haber realizado concursos de oposición y antecedentes que aseguren la idoneidad para el cargo.
Según la Constitución, confeccionadas las ternas, estas son posteriormente remitidas al Poder Ejecutivo, quien debe elegir a una de esas personas y solicitar el acuerdo del Senado para que esa designación quede perfeccionada.
El reglamento de concursos del Consejo dispone que este organismo debe diseñar una lista complementaria cuando una persona integra una terna en más de un concurso, y que el Poder Ejecutivo sólo puede proponer candidatos o candidatas de las listas complementarias ante el supuesto de que alguna de las ternas se torne incompleta. Además, establece que -previo a la propuesta de designación de quienes integran la lista complementaria- deberá considerar prioritariamente a los y las postulantes de las listas principales que no hayan sido seleccionados/as. En otras palabras, recurrir a las listas complementarias es la última opción.
¿Qué sucedió en cada caso? Sala de Defensa de la Competencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal
En el concurso 415 se conformaron 3 ternas y se remitió una lista complementaria de 6 personas. En mayo de este año, el Poder Ejecutivo remitió dos pliegos, el de Humberto Guardia Mendonça (que obtuvo la tercera posición en la segunda terna) y el de María Laura Manin (que se encontraba en el segundo lugar de la lista complementaria).
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7
Para cubrir 6 cargos de jueces y juezas se remitieron 6 ternas. Desde 2019 y en pequeñas tandas, el Poder Ejecutivo fue proponiendo a distintos candidatos de esas ternas hasta que, para el último cargo vacante, en mayo de este año, eligió a Juan Rafael Stinco, quien se encontraba en el primer lugar de la lista complementaria.
Además de la evidente irregularidad de que fue escogido pese a integrar la lista complementaria y dejar así fuera a 13 postulantes de las listas principales, Stinco había sido previamente designado Juez Nacional en lo Civil y Comercial Federal en marzo de 2021, pese a que el Reglamento de Concursos establece, en su artículo 50, que la designación en un cargo de juez “importa la desvinculación a continuar participando en otros procesos de selección en trámite, a partir de la asunción en el cargo en que fue designado”.
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 6
Para cubrir 2 vacantes en la justicia Civil y Comercial Federal se conformaron 2 ternas. Para el cargo del Juzgado Nº 2 se propuso a Carlos Mallo, integrante de la primera terna. Para el segundo, se remitió al Senado la postulación de María Stupenengo, quien ocupaba el primer puesto de la lista complementaria elevada por el Consejo de la Magistratura.
¿Por qué esto es un problema?
Este tipo de concursos públicos intenta asegurar un procedimiento del que resulten los y las candidatas que hayan podido demostrar un mejor desempeño a lo largo de las distintas instancias. Así, la composición de ternas vinculantes es una forma de resguardar el principio de idoneidad y de evitar nombramientos basados en vínculos personales o afinidades políticas.
Si se llegara al caso en el cual estos pliegos fueran aprobados y postulantes de listas complementarias fueran seleccionados/as, quedaría completamente desvirtuado el sistema de concursos dispuesto por la Constitución y la finalidad que lo inspiró.
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APARECIÓ SANA Y SALVA
El final más esperado llegó este jueves a la ciudad de Cosquín. Luego de casi 24 horas de una búsqueda frenética que movilizó a fuerzas federales y provinciales, la pequeña Esmeralda, de 2 años, fue encontrada con vida.
La noticia, que trajo alivio tras una jornada de máxima tensión, fue adelantada por Cadena 3, Juan Federico, quien detectó el movimiento de un móvil policial que daba cuenta del hallazgo en plena zona de rastrillaje.
El fiscal General Manuel Delgado confirmó: “Apareció hace minutos, está a resguardo de la fiscalía y se harán los chequeos médicos y los trámites de rigor para ver que ha sucedido en términos reales con esta chiquita”.

El operativo, que incluía drones térmicos y más de 110 efectivos, dio sus frutos cerca de la zona de la Costanera, apenas a 400 metros del domicilio en el barrio San José Obrero donde la niña había sido vista por última vez.
Al escuchar el alerta por frecuencia radial, el jefe de la Policía de Córdoba se desplazó de urgencia al lugar para supervisar el rescate. Desde la fiscalía a cargo de Silvana Pen, confirmaron rápidamente la información más importante: Esmeralda está viva y en buen estado de salud general, aunque será sometida a los controles médicos de rigor para evaluar su condición tras pasar la noche a la intemperie.
Crónica de una desaparición que activó al país
La pesadilla había comenzado el miércoles por la tarde, cuando su madre, Tania López, la perdió de vista en un "segundo" mientras realizaba tareas domésticas. Lo que siguió fue un despliegue sin precedentes para la región:
Alerta Sofía: El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la gestión de Alejandra Monteoliva, activó el protocolo de emergencia nacional, blindando las salidas de la provincia con controles "auto por auto" en la autopista Córdoba-Carlos Paz, la Ruta 38 y el Caminos al Pan de Azúcar.
La sospecha criminal: La familia siempre mantuvo la hipótesis de que la niña no se había ido por sus propios medios. Su tía, Valeria, fue tajante al afirmar que "se la llevaron del frente de la casa", dado que la menor nunca se alejaba del perímetro familiar.
La pista del circo: Durante la madrugada, la atención se centró en un circo que se retiró de la zona justo el miércoles, y que los vecinos habían intentado inspeccionar sin éxito ante la falta de una orden judicial.
Un operativo cerrojo exitoso
Del rastrillaje participaron dotaciones de Bomberos de Cosquín, Valle Hermoso, La Falda y Santa María, junto a unidades especiales del ETAC y la división canes. La presión del operativo cerrojo y la difusión masiva del perfil de la menor —tez trigueña, pelo castaño claro y su característico body gris— fueron claves para mantener la zona bajo vigilancia extrema.
A esta hora, la justicia cordobesa mantiene el secreto de sumario para determinar las circunstancias exactas de cómo llegó la niña hasta el lugar del hallazgo y si efectivamente existió la intervención de un tercero, como denunciaba su entorno. Por ahora, el barrio San José Obrero celebra el milagro de haber recuperado a su vecina más pequeña. (Gentileza Cadena3)
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A 50 AÑOS DE GOLPE
En el marco del 50° aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) difundió un mensaje en el que renueva su “compromiso con la memoria”, rechaza de manera contundente “toda forma de violencia institucional” y convoca a “fortalecer una democracia fundada en la justicia, la dignidad humana y el bien común”.
El documento, titulado "’Nunca más’ a la violencia de la dictadura y ‘siempre más’ a una democracia justa", propone una reflexión sobre el período marcado por el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. En ese sentido, los obispos subrayan que la memoria no puede ser fragmentaria ni selectiva, sino "íntegra y luminosa", como escribió el papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti.
Así, el texto del Episcopado afirma: “Tengamos bien presente que mutilar la historia abre la puerta a la posibilidad de repetir los mismos errores. Hacer memoria, en cambio, nos permite comprometernos con los desafíos del presente y orientarnos hacia un futuro mejor, capaz de iluminar el presente y prevenir la repetición de los errores del pasado”.
Sin “vuelta de página”
Se advierte sobre el riesgo de "dar vuelta la página": “Necesitamos mantener viva la llama de la conciencia colectiva, testificando a las generaciones venideras el horror de lo que sucedió”.
Recordar implica reconocer “el dolor de los familiares que enfrentan la muerte violenta de un hijo o pariente, sabiendo que ese dolor se multiplica si se trata de un ‘desaparecido’, al no poder tocar su cuerpo, ni llorar ante él”.
“La libertad para una Nación nunca se construye por la vía de la violencia y la violación de los derechos humanos de otros hermanos y hermanas. La memoria del terrorismo de Estado ha de conducirnos hacia una vida democrática más justa”, continúa el texto.
Asimismo, los obispos reconocen que este proceso de memoria “exige una autocrítica, de la sociedad y la Iglesia presente en ella, que ayude a redescubrir y reconstruir el sentido de la fraternidad entre los argentinos”.
Inclusión y dignidad
En otro tramo del mensaje, el Episcopado reafirma que la democracia debe orientarse al bien común y al desarrollo humano integral. En esa línea, advierte que "la democracia se envilece cuando deja a alguien afuera". “Una democracia justa no puede ser indiferente a las necesidades básicas de la canasta familiar y al deterioro creciente del trabajo digno”, afirma.
El texto también pone énfasis en la protección de los más vulnerables, particularmente niños, adolescentes y jóvenes frente a problemáticas como el consumo problemático y la trata de personas.
Para los obispos, una democracia auténtica se construye desde la inclusión: “La democracia tiene que acertar con su finalidad última que es el bien común, que es incluir a todos en el camino de la plenitud humana”.
También destacan “el valor central del trabajo como eje de la cuestión social”, no sólo como fuente de sustento, sino como ámbito de realización personal y de contribución al bien común: “Permite que cada ciudadano ‘ponga el hombro’ en la construcción de una patria de hermanas y hermanos”.
Rechazo a la violencia y llamado al diálogo
En un contexto social atravesado por tensiones y polarización, el Episcopado alerta sobre el crecimiento de actitudes autoritarias y discursos que promueven la confrontación. En ese sentido, advierte sobre los riesgos de una cultura que naturaliza la agresión, tanto en el ámbito político como en las redes sociales y la vida cotidiana.
“Vivimos una época con una tendencia creciente al autoritarismo; un tiempo en que los populismos de distinto signo explotan la angustia de los ciudadanos, pero no representan el remedio de una vida buena. Un tiempo en que va predominando una ideología de la supervivencia del más fuerte sobre el más débil, cuando la fortaleza de la democracia debería manifestarse en el cuidado a los más frágiles”, resalta el texto.
Y señala que “frente a esto, es necesario rehabilitar una política que ponga la economía al servicio de la dignidad humana, que promueva la paz y que cuide nuestra casa común, empezando por preservar el aire puro y las fuentes de agua dulce y potable. Para ello, es imprescindible recuperar el diálogo sincero, desinteresado y honesto al servicio de una verdadera amistad social”.
El documento retoma el anhelo de "ser Nación" como una tarea pendiente que requiere compromiso, unidad y una visión compartida de futuro. Para ello, reclaman “una presencia inteligente y eficiente del Estado que vele por la dignidad de las personas, la igualdad de todos los ciudadanos y garantice su participación plena en la vida de la comunidad”.
En ese marco, reafirman el valor de la Constitución Nacional como base de la vida democrática: “Si en todo el territorio del país se garantizaran los derechos y se cumplieran las obligaciones que ésta manda, todos viviríamos con mayor dignidad”. Y destacan: “En la Carta Magna está la base de todo proyecto de Nación que se precie de tal”.
Señalan la necesidad de “un proyecto estratégico de desarrollo”, que “abra un horizonte de mayor dignidad, paz social, trabajo y prosperidad, privilegiando a las puntas de la vida: los ancianos y los niños”. Este proyecto “daría lugar a la esperanza activa y la no violencia que tanto necesitamos”.
En el final del texto los obispos elevan una oración: “Con todo cariño pedimos al Señor que bendiga nuestra patria y a la Virgen de Luján que no nos suelte de la mano en la búsqueda del bien común y la solidaridad con los más débiles”.
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Vuelven los créditos de ANSES
Un nuevo proyecto de ley busca reactivar los créditos de ANSES, pero con un enfoque diferente al de programas anteriores. El objetivo central de esta propuesta es el "desendeudamiento" de los sectores más vulnerables, cubriendo un vacío legal tras la baja de normativas previas y apuntando a ofrecer una alternativa formal frente a los prestamistas informales.
La medida alcanzaría a más de diez millones de personas, incluyendo a titulares de AUH y AUE, jubilados y pensionados del SIPA con ingresos bajos, beneficiarios de Pensiones No Contributivas, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A a la D.
Una de las novedades más importantes de este proyecto es que los fondos no llegarían directamente a las manos de los titulares. Para garantizar que el dinero se utilice exclusivamente para saldar deudas y no para consumo discrecional, la ANSES transferiría el monto solicitado directamente a los acreedores indicados por el beneficiario, ya sean entidades bancarias, emisoras de tarjetas de crédito o financieras.
El trámite se plantea como un proceso 100% digital a través de la plataforma "Mi ANSES", sin necesidad de gestores ni intermediarios. Los solicitantes deberán registrar sus deudas y el sistema realizará auditorías automáticas y cruces de información con el sistema financiero para validar la operación.
Montos, tasas y plazos
El proyecto establece condiciones específicas para proteger el ingreso de los beneficiarios:
- Tope máximo: Los créditos serían de hasta $1,5 millones, monto que se actualizaría automáticamente según el Salario Mínimo, Vital y Móvil.
- Límite de cuota: Los descuentos mensuales en los haberes no podrán superar el 30% del ingreso neto del solicitante.
- Tasa de interés: Se busca que el costo financiero esté por debajo del promedio comercial para facilitar la regularización de las obligaciones pendientes.
Debido a que se trata de un proyecto de ley, la iniciativa debe ser debatida primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. Los impulsores del programa estiman que, de obtener el respaldo legislativo necesario, los créditos podrían estar operativos durante el segundo semestre de 2026. El debate principal se centrará en el uso de los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para financiar esta medida.

