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Trigo: aumentan 5% los precios de referencia de la harina como parte del fideicomiso
11 de septiembre de 2023
La Secretaría de Comercio fijó nuevos precios de referencia sin impuestos de la harina común 000 a la salida del molino con un aumento del 5%, a través de la Resolución 1453/2023 publicada hoy en el Boletín Oficial, en el marco del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA).
Así, el valor que regirá desde hoy para la harina 000 quedó establecido en $ 2.594 para las bolsas de 25 kilogramos (4,98% más que los $ 2.4712 vigentes desde el 24 de agosto) y en $ 101.814,50 en el caso de la tonelada (antes $ 96.986,75), tomando como referencia un precio del trigo de $ 54.715,40 la tonelada (5% más que los $ 52.109,91 de la resolución previa).
Los nuevos precios representan un aumento del 4,98% y 5% respecto del último incremento fijado a mediados de agosto, que fue del 7,9%.
Las subas tienen en cuenta como referencia las variaciones del precio FAS del trigo en un 40%, la de la inflación mayorista en un 30% y la de los salarios en el otro 30%.
Desde marzo de este año se dispuso compensar únicamente la bolsa de la harina 000, abandonando el subsidio para la 0000 común, y para la de tapera y semolín, además de dejar de fijar valores base para gluten, premezclas, harinas acondicionadas especiales e integrales.
El cambio, efectuado mediante la resolución 319/2023, se fundamentó en que el «escenario climático actual resulta gravemente desfavorable para la producción agrícola nacional».
No obstante, desde julio se reincorporaron la harina 000 calidad 24/26, y la 000 calidad 26/28, que tendrán un precio de hasta 10% y 20% más que el fijado como base, respectivamente.
Los precios en todas las variedades son sin impuestos, a la salida del molino y sin costos de entrega; y a ellos se les debe incorporar los siguientes costos logísticos por región: ciudad y provincia de Buenos Aires, 3,50%; Centro, Cuyo y Litoral, 5,50%; NEA y NOA, 7% y Patagonia, 10,5%.
El aumento de hoy – señalan los considerandos- es «consecuente con la evolución del resto de los componentes del costo de los productos derivados de la harina de trigo».
Al respecto, se detalló en los considerandos de la resolución que «esta actualización de los valores del FETA implica una variación acumulada del precio de la bolsa de harina 000 del 63% para los primeros 9 meses de 2023» y del «83,1% con respecto a los valores vigentes para septiembre de 2022».
Asimismo, puntualizó que «esta actualización de precios se encuentra aún por debajo de los que refleja el Indec para el precio del pan francés en GBA como del IPC General», que en julio arrojaron variaciones interanuales de 130,9% y 113,4%, respectivamente.
El FETA se dispuso mediante el decreto 132/2022 del 19 de marzo del año pasado, «debido el aumento sostenido del precio de los alimentos» que «impactó fuertemente en el trigo, el maíz, el girasol y sus derivados a partir del inicio del conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania».
La implementación de los precios subsidiados procura garantizar un valor de referencia para el trigo en el mercado interno, «que permita conservar una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos que de esta se derivan».
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El cosecha de trigo, como las de cebada y maíz, alcanzan cifras inéditas
El secretario de Agricultura nacional, Sergio Iraeta, destacó la cosecha récord de granos registrada durante la campaña 2025/2026 y, según él, “el boom de producción tiene mucho que ver con las políticas que implementó el Gobierno, pero fundamentalmente con el trabajo y la inversión de los productores”.
Según el Indec, el Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró en mayo una suba del 2,7% respecto del mes anterior.
El Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires subió 2,7% en mayo
De acuerdo con Iraeta, la cosecha de trigo superará las estimaciones previas y alcanzará una producción récord de más de 27 millones de toneladas. Además, señaló que el girasol marcó un registro histórico con 7.400.000 toneladas, mientras que la cebada aportó 5.600.000 toneladas, un incremento interanual del 16,7%.
Por otra parte, Iraeta se refirió al contexto internacional generado por la guerra en Medio Oriente. “Decidimos bajar dos puntos las retenciones al trigo y recientemente el precio de la urea comenzó a bajar, por lo que el panorama es más promisorio”. Además, “para el Gobierno el campo es prioritario, y comparado con otras administraciones la diferencia es paradigmática”, sostuvo. Asimismo, ratificó que “la reducción de las retenciones se toma con una responsabilidad enorme y con una precisión quirúrgica para mantener el equilibrio fiscal”.
“El Gobierno entiende lo que significa el agro en términos de producción, desarrollo y trabajo a nivel federal, y el compromiso es eliminar las retenciones en todos los rubros, que es lo que se viene haciendo desde que empezó la gestión”. En ese sentido, ponderó la eliminación de derechos de exportación para diversos productos agroindustriales y de las economías regionales, como lácteos, productos de vaca y la cadena porcina.
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Oficializan la baja de las retenciones para el agro
El Gobierno oficializó la baja de retenciones para el agro. El beneficio alcanza de manera inmediata, a partir de este jueves 4 de junio al trigo y la cebada, como también sus subproductos. En tanto, formalizó el esquema gradual desde el 1 de enero de 2027 para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo, incluidos sus subproductos. Incluyó retenciones cero para biocombustibles que no se produzcan con los principales granos.
La medida quedó formalizada mediante el decreto 423/2026, publicado en el Boletín Oficial y busca alentar la liquidación de divisas, pero también implicará un costo fiscal de US$32 millones hasta fin de año, según los cálculos del Palacio de Hacienda.
“Resulta necesario continuar fortaleciendo el impulso exportador del sector agroindustrial con medidas que fortalezcan los procesos de simplificación, reducción de trámites, facilitación del comercio, apertura de nuevos mercados y disminución de impuestos distorsivos”, justificó el Gobierno.
El decreto diferencia entre cultivos de invierno y cultivos de verano. Las reducciones inmediatas responden “a la proximidad de las decisiones de siembra” de la fina, es decir trigo y cebada. Para los cultivos de verano, como la soja y el maíz, en cambio, se estableció un esquema gradual con un cronograma que comenzará a aplicarse a partir de enero de 2027.
El Gobierno también aplicó modificaciones para los biocombustibles. Fijó una alícuota de 0% para el biodiésel obtenido a partir de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa.
Cómo quedan las alícuotas
Con el esquema diferenciado que diseñó el Gobierno, la baja de retenciones de dos puntos para el trigo y la cebada comenzará a regir desde el 4 de junio, mientras la reduccion gradual para alícuotas de la soja, el maíz, girasol y sorgo iniciará desde enero de 2027.
A continuación cómo quedan las alícuotas de las retenciones del campo:
Trigo y cebada: la alícuota de aplicación inmediata pasará del 7,5% al 5,5% para los granos. Para sus derivados (harina, sémola, malta y otros subproductos industriales) con tasas que van desde 0% hasta 5,5%, según la mercadería.
Soja: el esquema prevé una reducción gradual de retenciones. El poroto pasará de una alícuota del 24% en 2026 al 21% desde diciembre de 2027 y al 15% a partir de diciembre de 2028. El aceite de soja pasará de entre 18% y 22% en 2026 a valores de entre 11% y 14% hacia fines de 2028.
Maíz y sorgo: algunos derivados tributarán retenciones cero, mientras otras reducirán sus alícuotas de manera escalonada durante 2027 y 2028. Las tasas pasarán de 8,5% en 2026 a 7,5% a fines de 2027 y a 5,5% desde diciembre de 2028.
Girasol: el Gobierno fijó reducciones escalonadas para semillas, aceites y otros derivados. Algunas variedades específicas quedarán exentas de retenciones. El aceite de girasol tributará entre 2,5% y 4,5% en 2026 a niveles de entre 1% y 3% hacia fines de 2028.
Por su parte, el Gobierno fijó retenciones cero para el biodiesel elaborado con carinata, camelina, cártamo o colza. En tanto, el biodiésel de soja seguirá alcanzado por derechos de exportación, aunque con una reducción gradual del 21% actual al 13% en diciembre de 2028. (TN)
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CARBAP exige la eliminación de las retenciones por ley
Semanas atrás el Gobierno nacional anunció una serie de rebajas en las retenciones agropecuarias que comenzarán por el trigo y la cebada, desde este mes de junio, y seguirán con soja, maíz, girasol y sorgo a partir de 2027. En ese contexto, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) destacó que “la reducción de retenciones es el camino”, pero “la eliminación debe ser el objetivo”.
En un comunicado, CARBAP señaló que “valoramos el anuncio realizado por el Presidente de la Nación respecto al cronograma de reducción de los Derechos de Exportación (DEX)”.
De ese modo, “la decisión constituye una señal positiva y coherente con el camino que el Gobierno Nacional viene impulsando en materia de reducción de la presión impositiva, apertura económica, libertad de comercio, ordenamiento macroeconómico y recuperación de los equilibrios fiscales. Reconocemos los avances alcanzados en estos aspectos, que han contribuido a generar un escenario de mayor previsibilidad para la producción y la inversión”.
Agregaron: “Consideramos que el equilibrio fiscal debe consolidarse como una verdadera política de Estado. La estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el crecimiento sostenido de la Argentina y constituye una demanda histórica de quienes producen, invierten y generan empleo en todo el país”.
Y resaltaron que “la competitividad del sector agropecuario no depende únicamente de los Derechos de Exportación; también se ve afectada por una estructura impositiva provincial y municipal que continúa expandiéndose y que requiere una profunda revisión”.
No obstante, insistieron: “El cronograma anunciado debería contemplar una reducción más acelerada de los Derechos de Exportación”. Ya que “si bien comprendemos los desafíos que implica sostener el equilibrio de las cuentas públicas, no resulta razonable que dicho esfuerzo continúe recayendo de manera desproporcionada sobre un único sector productivo a través de un impuesto distorsivo que desalienta la producción, limita las exportaciones, reduce la inversión y afecta la incorporación de tecnología”.
Argumentaron desde CARBAP que “la producción agropecuaria argentina continúa enfrentando una situación de clara desigualdad respecto de otros sectores de la economía. Mientras numerosas actividades han visto eliminados sus derechos de exportación o cuentan con regímenes específicos de promoción e incentivos, como los contemplados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el agro sigue soportando una carga tributaria diferencial que condiciona su competitividad y restringe su potencial de crecimiento”.
Por ello, “consideramos fundamental que el cronograma anunciado no tenga como horizonte final el año 2028, sino que establezca de manera explícita el camino hacia la eliminación total de los Derechos de Exportación. Del mismo modo, entendemos que dicho sendero debería quedar plasmado en una ley que otorgue previsibilidad y seguridad jurídica a largo plazo, evitando que futuras administraciones vuelvan a recurrir a este instrumento que ha demostrado ser perjudicial para el desarrollo productivo y exportador del país”.
“Los fundamentos para avanzar en esa dirección son cada vez más sólidos. En su reciente informe sobre la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional identificó a los Derechos de Exportación como uno de los principales impuestos distorsivos que afectan el crecimiento, las exportaciones, la inversión y la incorporación de tecnología. Asimismo, citó estimaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que muestran que su eliminación permitiría incrementar significativamente las exportaciones agroindustriales en la próxima década, además de generar mejoras en la producción, el ingreso de divisas y el crecimiento económico del país”, argumentaron.
Y señalaron: “Estas conclusiones ratifican algo que el sector productivo viene señalando desde hace años: la eliminación de los Derechos de Exportación no debe ser vista como un beneficio sectorial, sino como una herramienta de desarrollo para toda la Argentina”. Porque “más producción significa más actividad económica, más empleo, más exportaciones, más divisas y una mayor capacidad de generación de riqueza para el conjunto del país”.
“Un sistema tributario que incentive la producción”
“Desde CARBAP seguiremos acompañando todas aquellas medidas que fortalezcan la estabilidad macroeconómica, promuevan la inversión y permitan liberar el enorme potencial productivo del interior argentino”, afirmaron.
“El camino iniciado es positivo, pero el objetivo final debe ser claro: la eliminación definitiva de los Derechos de Exportación y la construcción de un sistema tributario que incentive la producción en lugar de castigarla”, cerraron desde CARBAP.
