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Las ‘recetas foto’ no serán válidas tampoco para enfermedades crónicas
27 de febrero de 2023
A partir de este miércoles ya no serán válidas las «recetas foto» tampoco para las personas con enfermedades crónicas que habían quedado exceptuadas de la resolución que a fines de diciembre terminó con esta forma excepcional de prescripción vigente desde marzo de 2020 por la pandemia, según confirmó hoy la ministra de Salud Carla Vizzotti quien adelantó que «esta semana» saldrá el decreto reglamentario de la ley de receta electrónica.
La funcionaria explicó que junto con la reglamentación de la ley 27553 sancionada en julio de 2020, la cartera sanitaria emitirá dos resoluciones complementarias: la que dispone la creación de la licencia sanitaria federal para profesionales de la salud matriculados en diferentes jurisdicciones y otra que aprueba el proceso de inscripción de las plataformas digitales y apps que emiten recetas electrónicas con miras a su posterior registro y fiscalización.
«El decreto reglamentario (de la ley de receta electrónica) tiene que salir esta semana», dijo Vizotti durante una reunión con periodistas en el Ministerio de Salud de la Nación.
«Y si bien es una reglamentación completa, no es que al día siguiente cambiará todo, sino que comenzamos a recorrer un camino de adecuación de muchísimas estrategias que ya están en funcionamiento, pero que tienen que empezar a cumplir unos estándares mínimos», agregó.
Cabe aclarar que lo que las farmacias dejarán de aceptar para el expendio de medicamentos es la foto de la receta confeccionada en papel y recepcionada por el paciente a través de correo electrónico o WhatsApp, mientras que seguirán vigentes como hasta ahora las modalidades de receta física (papel) y la receta electrónica.
«Lo que mañana va a ocurrir no es nada distinto a lo que viene ocurriendo, simplemente que ya no hay más posibilidades de seguir aceptando la receta foto, cosa que ya ocurre desde hace mucho tiempo en todas las provincias y en gran parte de la seguridad social, mientras había quedado un grupo especialmente de prepagas y sobre todo en el ámbito del Amba que seguían aplicando esa modalidad (para pacientes con enfermedades crónicas)», explicó la jefa de gabinete de la cartera sanitaria Sonia Tarragona.
En ese sentido, recordó que «receta foto fue un instrumento temporario», implementado de manera «excepcional» para evitar la movilidad de las personas durante el ASPO en función de una situación de emergencia sanitaria que «terminó hace tiempo», por lo cual se hace necesario «volver a la normalidad que era y sigue siendo la receta papel con la firma manuscrita» o la receta electrónica con firma digital, «porque hay una ley de ejercicio profesional (de la medicina) y una ley de farmacia que establece cuando una receta es válida» que no se cumplían en la receta foto, fundamentalmente en términos de seguridad y trazabilidad.
El 26 de diciembre de 2022, el Ministerio emitió la Resolución Nº3622/2022 que dispuso que ya no serán válidas, en reemplazo de la receta física, las fotos de recetas confeccionadas en papel y enviadas vía web, mail o WhatsApp a las farmacias para adquirir medicamentos en farmacias.
Dos días después se acordó que los pacientes de obras sociales y prepagas con enfermedades crónicas que venían utilizando las recetas de medicamentos confeccionadas en papel y enviadas como foto a través de medios electrónicos, podrían continuar haciéndolo hasta el 28 de febrero.
«Ante la inminencia de las vacaciones, se permitió para un grupo particular que (la vigencia de la receta foto) se extendiera hasta mañana, pero no es que fue una prórroga sino una excepción o un acuerdo que se hizo con las farmacias y los financiadores para permitirlas hasta febrero en estos casos, porque muchas habían sido ya emitidas de esa manera», dijo Tarragona.
En relación a la demora en la reglamentación de la ley de receta electrónica, Tarragona explicó que «está próxima a salir, ya está terminada» y si no se reglamentó hasta ahora «no es porque no se quiso hacerlo» sino porque se trata de un proceso de mucha «complejidad» que era necesario trabajar largamente con todos los subsectores del sistema de salud y las farmacias, pero además porque «el acto de prescripción forma parte de un acto médico más grande que es la telemedicina o telesalud y como había también en el Congreso proyectos (en ese sentido) la idea era esperar que saliera la reglamentación de todo el ejercicio virtual de la medicina para poder sacar la de receta electrónica».
«Como esto no ocurrió por distintas circunstancias que no dependen de este ministerio, entonces el equipo (de trabajo con participación de todas las jurisdicciones y subsectores involucrados) avanzó en la reglamentación de receta electrónica que seguramente tendrá que adecuarse luego cuando salga la ley de telemedicina», explicó.
Por su parte el subsecretario de calidad, regulación y fiscalización del Ministerio de Salud Claudio Ortiz, afirmó que la reglamentación «es federal, es progresiva y marca claramente que todas las plataformas (digitales) que están en uso» para la emisión de recetas electrónicas «pueden seguir haciéndolo» porque «lo único que está marcando la reglamentación es hacia dónde vamos, es un horizonte, cuáles son las cuestiones que habría que mejorar en el futuro».
En ese sentido, Ortiz explicó que en función de la reglamentación y una de las resoluciones próximas a publicarse, «esas plataformas las vamos a inscribir para tener un panorama de cuáles son y qué situación están hoy» mientras que «paralelamente empezamos a trabajar con las áreas de fiscalización de cada una de las provincias en estándares» cuyo cumplimiento va a comenzar a exigirse «de manera progresiva a partir de un sistema de fiscalización que comenzará marzo del año de 2024».
«Vimos que hay más de 50 plataformas en uso con diferentes niveles de desarrollo y los que les estamos marcando es que vayamos hacia este futuro en el sentido de primero cumplir con la ley de prescripción de medicamentos – que marca algunas líneas y que ahora permite la receta digital o electrónica-, después la ley de prescripción por genéricos que también tiene que cumplirse en la receta electrónica – se prescribe por genérico y no por nombre comercial- y en tercera instancia la ley de protección de datos personales -para que haya seguridad en los datos de las personas-, también la ley de derechos de los pacientes y todas las leyes de farmacia», dijo.
El funcionario anunció también que, vía resolución, se creará una «licencia sanitaria federal» que otorgará a los profesionales médicos «un solo número que los identificará como profesionales de la salud» dentro de un registro federal «sin tener que hacer ningún trámite adicional» a la matriculación ya efectuada en las distintas jurisdicciones en las que ejercen, «y que es lo que nos va permitir inter-operar» en materia de agentes de salud.
Los tres funcionarios destacaron la importancia de la «inter-operabilidad» del sistema de receta electrónica «es uno de los ejes hacia la integración del sistema de salud» dado que «los subsistemas podrán dialogar» en cuestiones como la identidad de los pacientes, la prescripción de genéricos, el uso racional de medicamentos, la vigencia de la matriculación del médico, la relación entre la prescripción y el diagnóstico, las dosis indicadas, entre otras cuestion
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CAMBIOS EN EL INDEC
El economista Marco Lavagna presentó este lunes su renuncia como director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), una decisión que sacudió al organismo en la previa de un hito técnico clave: la publicación del primer Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado con la nueva metodología.
La salida fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un clima de “ruidos internos”, atravesado por el congelamiento salarial dentro del instituto y el consecuente malestar entre los trabajadores.
Desde ATE Indec manifestaron su preocupación por el momento elegido para el recambio. “Nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta la renuncia a ocho días de la salida del IPC con la nueva ponderación”, advirtió el delegado Raúl Llaneza, quien volvió a reclamar un “Indec independiente del poder político”.
Lavagna había asumido al frente del organismo el 30 de diciembre de 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández. Con pasado legislativo en el Frente Renovador, su perfil técnico le permitió sostenerse en el cargo incluso tras la llegada de Javier Milei y el giro político del Gobierno. Durante su gestión, el Indec continuó el proceso de normalización y consolidación de estadísticas públicas, preservando los estándares de transparencia recuperados luego de los años de intervención.
Su partida coincide con la puesta en marcha del renovado IPC, una actualización largamente postergada que busca reflejar con mayor fidelidad los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos. El nuevo índice adopta la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento al incorporar “Seguros y servicios financieros”, y utiliza como base de ponderación la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004.
Entre los cambios más relevantes se destaca el mayor peso de Vivienda, Agua, Electricidad y otros combustibles, cuya incidencia pasa de 9,4% a 14,5%. Esto implica que los ajustes tarifarios tendrán ahora un impacto más directo en el nivel general de inflación. Transporte también gana protagonismo, al subir de 11% a 14,3%, con mayor influencia de combustibles y boletos. Comunicaciones prácticamente duplica su ponderación, de 2,8% a 5,1%, reflejando la centralidad de internet y telefonía celular, mientras que Educación aumenta de 2,3% a 3,1%.
Otros rubros como Salud se mantienen relativamente estables, al pasar de 8% a 9,1%. En cambio, Alimentos y Bebidas reduce su peso del 26,9% al 22,7%, una modificación relevante si se tiene en cuenta que este capítulo explicó buena parte de la aceleración inflacionaria del último cuatrimestre de 2025. La nueva canasta también captura una mayor participación de alimentos procesados, donde pesan más los componentes industriales, logísticos y comerciales.
Prendas de Vestir y Calzado pierden relevancia (de 9% a 6,8%), mientras que Recreación y Cultura sube de 7,3% a 8,6%, en línea con un mayor gasto en esparcimiento.
En términos generales, los analistas señalan que el nuevo esquema puede arrojar registros más altos si los servicios aumentan por encima de los bienes, y una inflación más moderada en el escenario inverso. A modo ilustrativo, una suba del 10% en la carne habría sumado 1,07 puntos al IPC con la canasta anterior, contra 1,03 con la metodología actual. DIB
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Sin fondos: diciembre marcó record de cheques rechazados de la historia
La cadena de pagos del sector productivo nacional cerró 2025 con una señal de alarma financiera sin precedentes. Durante diciembre se alcanzó el récord histórico de cheques rechazados por falta de fondos, un dato que expone con crudeza la crisis de liquidez que enfrentan las empresas en todo el país.
Según un informe del Instituto Argentina Grande, elaborado a partir de datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el último mes del año se registraron 119.285 cheques rechazados, el número más alto desde que existen registros sistematizados sobre este indicador clave de la actividad económica.
Uno de los aspectos que más preocupa a los analistas es la velocidad del deterioro financiero. De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de cheques sin fondos se triplicó en comparación con diciembre de 2024, lo que implica un aumento cercano al 200% interanual.
“Este indicador es un síntoma claro de la dificultad que tienen las empresas argentinas para cumplir con sus obligaciones”, señalaron desde el Instituto Argentina Grande. La dinámica, advirtieron, refleja una restricción severa de liquidez en la economía real, con impacto directo sobre la producción y el empleo.
La evolución mensual de los cheques rechazados muestra un quiebre marcado en la segunda mitad de 2025 y una aceleración abrupta hacia el cierre del año.
Período de estabilidad: entre 2020 y mediados de 2024, el promedio mensual de rechazos se ubicaba entre 25.000 y 35.000 cheques.
Inicio de la aceleración: a partir de mayo de 2025, cuando se registraron 41.759 rechazos, la curva comenzó a empinarse de manera sostenida.
Pico histórico: el último trimestre mostró una escalada sin freno, con 92.535 cheques rechazados en octubre, 108.979 en noviembre y el récord absoluto de 119.285 en diciembre.
Impacto sobre las PyMEs
El fenómeno golpea con especial dureza a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), que utilizan el cheque de pago diferido como una herramienta central para financiar capital de trabajo y sostener la actividad cotidiana.
La multiplicación de cheques sin fondos no solo deteriora la confianza en la cadena de pagos, sino que además encarece el crédito comercial, profundiza los problemas de financiamiento y amplifica el riesgo de parálisis productiva en amplios sectores de la economía.
Una señal de alerta para 2026
El récord registrado en diciembre deja una señal clara sobre la fragilidad financiera con la que el entramado productivo argentino ingresó en 2026. En un contexto de bajo acceso al crédito y caída de la liquidez, la recuperación del financiamiento aparece como uno de los principales desafíos macroeconómicos para evitar un mayor deterioro de la actividad.
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Periodistas piden al Congreso que frene la derogación de su Estatuto
Más de tres mil periodistas de todo el país firmaron y difundieron este domingo una solicitada con un pedido claro: que el Congreso de la Nación rechace la derogación del Estatuto del Periodista Profesional, una normativa histórica que rige desde mediados del siglo XX y que actualmente está en el centro del debate por la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo nacional.
El documento, que incluye firmas de profesionales de medios gráficos, radiales, televisivos y digitales, señala que la eliminación del estatuto —junto con el del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas— implicaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática del país.
Quienes suscriben la solicitada advierten que estos estatutos consagran derechos individuales, profesionales y colectivos que protegen tanto a los trabajadores de prensa como al ejercicio mismo del periodismo, y destacan que su vigencia fue fundamental para establecer condiciones laborales, marcos de estabilidad y un mínimo de garantías profesionales.
El texto también subraya que, si bien los firmantes no se oponen a debatir una eventual modernización de las normas laborales del sector, rechazan de plano “cualquier derogación que se haga sin mediar un debate democrático en el que los periodistas tengan participación efectiva”.
La protesta se enmarca en el debate legislativo por el proyecto de reforma laboral promovido por el gobierno, dentro del cual se encuentra el artículo que propone la supresión total del Estatuto del Periodista Profesional —la Ley 12.908— y del Estatuto del Empleado Administrativo.
Organizaciones periodísticas y gremiales de prensa también han expresado su preocupación por la posible eliminación de este marco estratégico, advirtiendo que su derogación puede debilitar derechos laborales, facilitar la precarización, erosionar la libertad de prensa y socavar herramientas que garantizan confidencialidad de fuentes o condiciones éticas mínimas para el ejercicio de la profesión.
Los firmantes incluyen nombres reconocidos del periodismo argentino, quienes llamaron a las y los legisladores a defender el estatuto vigente y a garantizar que cualquier discusión sobre su futuro se dé de forma amplia y con participación del sector afectado.
