JUDICIALES
Fiscalía pide perpetua
25 de enero de 2023
Los fiscales que intervienen en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en la localidad de Villa Gesell, pidieron hoy que los ocho acusados de matarlo a golpes sean condenados a prisión perpetua.
Tras un alegato de más de tres horas ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores, los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo García consideraron acreditado que Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23) son coautores del delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, en concurso ideal con lesiones».
El fiscal Dávila aseguró hoy en su alegato en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, cometido el 18 de enero de 2020 en la puerta de un boliche de la localidad balnearia de Villa Gesell, que los ocho rugbiers imputados son «coautores» del homicidio porque tuvieron «el co-dominio del hecho, la posibilidad de emprender, proseguir y detener el curso causal del delito».
En el inicio de su exposición, el representante del Ministerio Público Fiscal ratificó la acusación inicial que postuló al comenzar el juicio el 12 de este mes, al afirmar que todos los imputados tuvieron una participación activa en el crimen del joven estudiante de abogacía.
Antes, su colega, el fiscal Gustavo García había considerado que los imputados atacaron «por sorpresa, a traición, sin que tuviera ninguna posibilidad de defenderse» a la víctima, y sostuvo que «no hubo pelea» entre ambos grupos, por lo que encuadró el delito en la figura de «homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con lesiones».
En las casi dos horas que duró su alegato, García repasó con la exposición de unas filminas la prueba presentada a partir de los testimonios de cuatro amigos de Fernando y tres empleados del boliche «Le Brique» de Villa Gesell, para referirse al incidente en el interior del lugar, que consideró «el móvil» que generó que lo mataran afuera.
La fiscalía exhibió las imágenes captadas adentro del boliche y analizadas por la Policía Federal Argentina, donde, según dijo García, «se observa a Máximo Thomsen señalando a alguien».
«Estamos convencidos de que era a Fernando y luego hace un gesto amenazante», expuso el fiscal.
Luego se reprodujeron en la sala de audiencias los videos sincronizados del momento en que son expulsados del boliche tanto el grupo de acusados como el de Fernando.
García dijo que tras la expulsión de «Le Brique», los acusados permanecieron «alrededor de siete minutos cerca de Fernando y sus amigos, acordando durante ese período de tiempo matar a Fernando Báez Sosa esperando el momento adecuado para hacerlo».
El abogado defensor Hugo Tomei cuestionó técnicamente la reproducción del video analizado por García porque entendió que «se asemeja más a una prueba que a un alegato» y consideró que es «un montaje» y «una prueba nueva» no adecuada para esta instancia, lo que fue rechazado por la presidenta del Tribunal, María Claudia Castro, quien dijo que el apoyo fílmico del alegato «es una metodología aprobada» y permitió que el Ministerio Público siguiera adelante.
García continuó con su alegato e hizo referencia a que «la alevosía agrava la menor posibilidad de defensa de la víctima» por una «situación de indefensión» y que «esta indefensión puede provenir por la inadvertencia de la víctima y también ser provocada por el agente».
En cuanto al concurso premeditado de dos o más personas, señaló que puede «ser instantáneo», «no requiere mucha deliberación» y que en este caso los imputados «siete minutos antes de iniciar el ataque se encontraron en la misma vereda a pocos metros de Fernando».
«De alguna manera en este hecho hubo una estrategia o una planificación de cómo iniciar el ataque», dijo.
El fiscal indicó que entre los ocho acusados «no hubo roles, todo hicieron todo, todo se pusieron de acuerdo para matar a Fernando, todos lo golpearon».
«No hubo pelea, obviamente que no hubo pelea», afirmó García, quien se refirió además la patada que dejó una impronta en el rostro de la víctima, y que de acuerdo a las pericias realizadas fue hecha con la zapatilla Cyclone que pertenecía a Thomsen: «Los toreros se llevan la oreja del toro, eso fue dejarle el sello a Fernando».
Luego reiteró que «hubo concurso premeditado de dos o más personas que se pusieron de acuerdo para matarlo y eligieron esa manera, con múltiples golpes de puño y patadas, sobre todo a la cabeza», por lo que aseguró que «no hay posibilidad» de encuadrarlo como «riña o agresión», tal como intentará demostrar la defensa.
Al igual que en las audiencias anteriores, los padres de Fernando, Silvino Báez y Graciela Sosa, están presentes en la sala al igual que los ocho imputados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).
También están presentes los padres de los acusados, quienes ingresaron esta mañana a la sede judicial a bordo de una combi.
El abogado Fernando Burlando, quien representa a los padres de Báez Sosa, adelantó antes de ingresar a los tribunales de Dolores que en su alegato presentará un video con las imágenes ya incorporadas a la causa para sostener las acusaciones y adelantó que pedirá que se investigue por falso testimonio a al menos cuatro personas que declararon en el debate.
Mañana, en tanto, será el turno de la defensa técnica, cuya estrategia esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de un «homicidio en riña o agresión», que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 a 6 años.
También para mañana se espera que los ocho imputados utilicen su derecho a las últimas palabras frente a los jueces Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari, al igual que los padres de Fernando, tras como prevé la Ley de Víctimas. Una vez que finalicen los alegatos, el TOC 1 dará a conocer la fecha de la sentencia, que se prevé que será el 30 o 31 de enero. (Telam)
JUDICIALES
Con el ‘Chiqui’ Tapia en la mira, investigan supuesto lavado ligado
Tras varias horas, la Policía Federal sigue allanando la financiera Sur Finanzas, ligada al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, por el delito de lavado de dinero vinculado a la transferencia de Agustín Urzi, exjugador de Banfield.
Los procedimientos se realizan en 19 domicilios de la provincia de Buenos Aires en oficinas del club y en direcciones vinculadas a fideicomisos: una de ellas es la sede de Banfield y otra una oficina de Adrogué.
En base a la información, los investigadores creen se armó un fideicomiso para blanquear dinero vinculado al rol de Urzi como deportista.
En este sentido, según el periodista Sergio Farella, la Justicia sospecha que la financiera Sur Finanzas blaqueó fondos ilegales a través del dinero que se pagó por la transferencia del jugador al Fútbol Club Juárez de México.
La fiscalía que lleva adelante la causa indicó que se investiga una presunta maniobra de lavado de activos por parte de Oscar Tucker (director suplente del club) y Federico José Spinosa (vicepresidente), en representación del Club Atlético Banfield, al haber integrado al patrimonio de esa entidad deportiva los fondos de un préstamo celebrado con la firma “Auriga League S.A.” por una suma total de 2.000.000 de euros, sin devolverlos.
Luego de esto, vencidos los plazos contractuales sin cumplir el pago, las partes suscribieron dos anexos al contrato. Mediante el primero, del día 1° de febrero de 2023, se habría establecido un mecanismo de repago de la obligación primaria vinculado a la transferencia del jugador del Club Atlético Banfield, Agustín Urzi, otorgándole a Auriga, el derecho al 30% del precio neto de la transferencia del jugador, desde esa entidad deportiva a Juarez Fútbol Club.
En el segundo, del 31 de enero de 2024, se habría ratificado el préstamo y la participación del 30% en futuras transferencias y la garantía de 1.000.000 de euros incluso si la transferencia no se efectivizara.https://d-32163133784092842641.ampproject.net/2510081644000/frame.html
De este modo, la fiscalía considera que existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desplegada por parte de las autoridades del Club Banfield, Oscar Tucker, Eduardo Spinosa y Federico Spinosa; las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Club Atlético Banfield Asociación Civil, y Banfileños S.A. (compuesta por Eduardo Juan Spinosa, Federico José Spinosa, Ignacio Javier Uzquiza y Oscar Fabian Tucker) , y la utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar esas ganancias ilícitas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pagos.
La Justicia investiga a Sur Finanzas
Lo que la Justicia investiga es si Sur Finanzas evadió el pago del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, correspondiente a los períodos fiscales no prescriptos hasta abril de 2025, mediante una presunta maniobra a precisar y la omisión de sus deberes como agente de liquidación.
Concretamente, busca determinar si los investigados utilizaron cuentas a nombre de Personas Jurídicas, Sujetos No Categorizados y Monotributistas sin capacidad económica, omitiendo actuar como agente de liquidación y percepción del tributo.
También se analizan movimientos de sumas millonarias de dinero a precisar en la investigación por parte de Asociaciones Civiles y Fideicomisos ligados a Clubes de Fútbol, como los casos de Club Atlético San Lorenzo de Almagro, Racing Club Asociación Civil, Club Atlético Temperley, Club Atlético Los Andes, Club Atlético Excursionistas, Club Deportivo Morón Asociación Civil, Club Atlético Defensores de Glew y Fideicoimiso de Reconstrucción Banfileña. (Fuente: TN).
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Justicia restringe régimen de visitas durante prisión domiciliaria
Las visitas a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su casa de San José 1111 donde cumple prisión domiciliaria, fueron restringidas por la Justicia. Así lo informó la misma mandataria que apuntó contra el "bestiario mediático" y al poder Judicial.
La titular del Partido Justicialista (PJ) adjudicó la medida judicial a la última foto que difundió en sus redes sociales sobre una encuentro que mantuvo con nueve economistas este lunes. "No es la foto… es la Economía estúpido", cuestionó.
Además, cuestionó que "el bestiario mediático se lanzó una vez más al ataque" y defendió la reunión con los economistas en su prisión domiciliaria: "Me presentaron consideraciones y propuestas sobre un Modelo Económico Nacional de crecimiento productivo y federal para el siglo XXI".
"¿Y? ¿Cuál es el problema? ¿Los economistas no estaban autorizados? Sí, claro que estaban autorizados. No recibo a nadie sin previa autorización del Tribunal", aclaró sobre el aviso previo que debe dar a la Justicia antes de recibir visitas.
Luego, continuó: "¿Cuál es el problema? El bestiario mediático, en modo vociferante, dijo que eran 'muchas personas' y que, además, estaba 'haciendo política'." Al respecto, argumentó que "el 26 de septiembre recibí a 7 personas con publicación de foto" y agregó que "seis de ellos dirigentes de la FES y la UES". "¡Y ese mismo día recibí, con foto también, a los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por CABA!", sostuvo sobre los encuentros en los que divulgó las fotos por redes sociales.La Justicia restringió el régimen de visitas a Cristina Kirchner durante su prisión domiciliaria
Además, afirmó que Argentina "desde el 10 de diciembre del 2023 a la fecha y bajo el gobierno y las políticas de Milei, no deja de destruir empresas y puestos de trabajo". Al respecto, agregó que "entre noviembre del 2023 y agosto de este año desaparecieron, literalmente, 19.164 empresas; a razón de casi 30 por día". "En ese mismo período de tiempo se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas", acotó y sostuvo que "más de 432 hombres y mujeres perdieron su trabajo cada día durante lo que va del gobierno de Milei".
"Hasta el Gobierno peronista más flojo, que además fue atravesado por una pandemia global sin precedentes… tuvo mejores resultados que esta catástrofe de Milei, en materia de puestos de trabajo y sostenimiento de empresas", interpretó la expresidenta.
Por último, completó: "Esto de 'bajar la inflación' (hasta ahí nomás porque hoy sigue siendo más alta que a fines del 2015) con brutal recesión, destrucción de puestos de trabajo, dólar anclado y salarios congelados… más que de 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'".
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Vialidad: ordenan decomisar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados
El tribunal de la causa Vialidad solicitó este martes decomisar los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien cumple una condena de prisión domiciliaria de seis años , junto a los de otros condenados por ese expediente, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales. Así lo resolvió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF) que integran Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La medida, dispuesta luego de que la sentencia dictada en diciembre de 2022 fuera ratificada en junio pasado, alcanza a 122 bienes inmuebles que fueron identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o bien como activos incorporados durante el período en que se desarrolló la maniobra fraudulenta, entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado en concepto de decomiso había sido de $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, en función de criterios técnicos ratificados por la Corte Suprema de Justicia.
Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó su ejecución mediante la realización y venta de los activos identificados.
Entre los bienes decomisados se encuentran propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, además de terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se incluye un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La sentencia consideró probada la existencia de un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, que implicó sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez.
Ese flujo de fondos públicos, según la Justicia, redundó en un crecimiento patrimonial ilícito que se tradujo en propiedades, inversiones y negocios compartidos con la familia Kirchner.
Los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que habían planteado la falta de nexo causal entre los bienes y el delito, la existencia de sobreseimientos previos por enriquecimiento ilícito y la supuesta afectación de derechos de terceros. En su resolución, el tribunal remarcó que el decomiso no requiere una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios derivados de la maniobra.
Además, fundamentó su decisión en tratados internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconocen la recuperación de activos como un principio fundamental.
También advirtió que la interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.
En este contexto, el tribunal dejó constancia de que, una vez efectuada la tasación de los bienes, se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia, y se ordenó su inscripción en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
Asimismo, se instó a garantizar que los fondos recuperados puedan ser destinados a la reparación del daño social causado, en particular en la provincia de Santa Cruz, cuya infraestructura vial resultó severamente perjudicada por las obras inconclusas.
El fiscal de la causa, Diego Luciani, había advertido a fines del mes último que estaba dando “pelea” para conseguir el decomiso de los bienes de la ex mandataria.
“El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares. Se intimó a las partes para que paguen, no pagaron. Esto es algo muy claro: hay que ir por los bienes”, sostuvo el funcionario judicial al dar una disertación en un almuerzo organizado por el Rotary Club de Buenos Aires.KAKAEiCL0gBEVJ55zLkQeA
Luciani y su par Sergio Mola habían reclamado mediante un dictamen al TOF 2 que avance de manera inmediata con la demorada ejecución del decomiso contra Cristina Kirchner, el empresario Lázaro Báez y el resto de los condenados en la causa Vialidad, tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles fijado para el pago solidario de $ 684.990.350.139,86 (equivalentes a unos 500 millones de dólares). NA
