JUDICIALES
Semana de alegatos
22 de enero de 2023
Tras la finalización de las audiencias correspondientes a la presentación de pruebas y testigos, el miércoles y jueves próximos serán los alegatos del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa que se lleva adelante en la ciudad de Dolores, donde la fiscalía, el particular damnificado y la defensa expondrán sus fundamentos con relación a las condenas y penas que solicitarán para los ocho acusados por el homicidio del joven estudiante de abogacía.
Fuentes judiciales confirmaron que el próximo miércoles, a partir de las 9, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores comenzarán los alegatos con la exposición de los fiscales de juicio, Juan Manuel Dávila y Gustavo García.
Durante la misma jornada también expondrán sus fundamentos los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Facundo Améndola, representantes de los padres de Báez Sosa, Silvino Báez y Graciela Sosa.
Tanto el Ministerio Público Fiscal, como los abogados del particular damnificado, adelantaron que continuarán con la acusación con la que la causa fue elevada a juicio y en la que los ocho acusados son considerados responsables del delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», que prevé una pena de prisión perpetua, y «lesiones», en relación a los ataques sufridos por amigos de Fernando.
Por su parte, el jueves será el turno de la defensa técnica, a cargo del abogado Hugo Tomei, representante de los acusados Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).
La estrategia de Tomei esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de un «homicidio en riña o agresión», que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 a 6 años.
En tanto, se espera que los ocho imputados utilicen su derecho a las últimas palabras frente a los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari.
Durante la etapa de pruebas solicitaron declarar Lucas, Luciano y Ciro Pertossi, Máximo Thomsen y Blas Cinalli; mientras que Matías Benicelli, Ayrton Viollaz y Enzo Comelli aptaron por no hacerlo.
Una vez que finalicen los alegatos y las últimas palabras de los acusados, los jueces del TOC 1 darán a conocer la fecha de la sentencia, que se prevé que será el 30 o 31 de enero.
El debate oral se extendió a través de 13 jornadas de presentación de pruebas y el testimonio de 87 personas, entre ellos familiares de la víctima y de los imputados, amigos de Fernando, testigos del ataque, policías, médicos, bomberos y profesionales de la salud.
Los ocho imputados aguardan los alegatos alojados en la alcaldía de la Unidad Penal 6 de Dolores, donde fueron trasladados desde la cárcel Melchor Romero el 1° de enero, previo al inicio del juicio.
Los miércoles de cada semana recibieron la visita de sus familiares, quienes además les llevaron mercadería y elementos para el aseo personal.
La última semana la visita fue suspendida ya que coincidía con la fecha del tercer aniversario del crimen de Fernando y los familiares estimaron que podría realizarse una movilización al penal, según le confirmó a Télam un allegado a los imputados.
Por otra parte, Graciela y Silvino, los padres del joven asesinado, aguardan los alegatos en la ciudad de Dolores, donde el último viernes repartieron la mercadería que fue donada durante el acto interreligioso que realizaron en homenaje a su hijo al cumplirse tras años de su homicidio.
Según una de las organizadoras de la colecta, las donaciones fueron recibidas en Dolores por ocho merenderos, hogares de ancianos y de niños, clubes y la cooperadora del hospital local San Roque.
También se repartieron en varios lugares las donaciones recibidas en el colegio Marianista del barrio porteño de Caballito al que asistió Fernando en la secundaria. Fuente: Télam
JUDICIALES
Ordenan suspender ordenanza de agroquímicos en Tandil y Rauch
La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó suspender de manera preventiva la ordenanza que regula el uso de agroquímicos en el partido de Tandil, en el marco de una causa que también involucra a la Municipalidad de Rauch y que cuestiona la constitucionalidad de ambas normativas por su impacto ambiental sobre la Cuenca del arroyo Chapaleofú.
La cautelar se hizo a pedido de un grupo de vecinos de dicha cuenca y luego que estos hayan recibido el apoyo del procurador general Julio Conte Grand. El dictamen del fiscal reconoce la legitimidad del reclamo de pobladores de los distritos citados y de los de las localidades tandilenses de Gardey y Vela, donde rige una normativa aprobada en 2022.
El fallo del máximo tribunal suspende provisoriamente la aplicación de un artículo de una ordenanza de 2021 en Tandil que establece las distancias y condiciones para la aplicación de agroquímicos, y de otro artículo en Rauch hasta tanto se sustancien los requerimientos de información ordenados y se dicte una resolución definitiva sobre el fondo de la cuestión.
Además, se exigió a los intendentes de ambas localidades que en un plazo perentorio de diez días le eleven a ese cuerpo todos los antecedentes que dieron origen a las respectivas ordenanzas, antes de dictar un fallo definitivo.
En los considerandos, la Suprema Corte puso el foco en el potencial riesgo de contaminación del recurso hídrico, así como en la necesidad de adoptar decisiones judiciales acordes a los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental.
En ese marco, destacó que los límites previstos para la aplicación aérea de agroquímicos en ambas ordenanzas “prima facie se apartan de las pautas que la Provincia ha fijado” en su normativa general, lo que refuerza la necesidad de una evaluación más profunda. DIB
JUDICIALES
Investigan a Javier Faroni por el escándalo AFA
El empresario y ex diputado provincial por el Frente Renovador, Javier Faroni quedó envuelto en una investigación por la gestión del dinero de AFA en el exterior.
Según reveló el diario La Nación, el marplatense es socio y marido de Erica Gillette, titular de TourProdEnter LLC, empresa que adjudicó fondos a empresas fantasmas en EEUU.
Faroni, que intentó escapar a Uruguay después de que allanaran su casa en el marco de la investigación por el manejo de fondos en la AFA, tiene un largo recorrido en la Provincia, que lo llevó del mundo del espectáculo, donde cimentó su fortuna, a la política, a través de la cual fue diputado y casi compite por la intendencia de Mar del Plata, de la mano de Sergio Massa.
El empresario marplatense quedó en el centro de las sospechas el fin de semana, cuando una investigación periodística reveló que es titular de TourProdCenter, la empresa que tiene junto a su esposa, Érica Gillette, con la que se quedó con la representación de la AFA en el exterior. Desde allí, habría desviado al menos 42 millones de dólares de los 260 millones que habría facturado a través de cuatro compañías que ahora son investigadas.
Faroni, que tenía una vinculación previa con la AFA a través de otra empresa, la ticketera deportiva Deportick, es oriundo de Córdoba, pero su carrera despegó en una ciudad bonaerense, Mar del Plata, a los que sus padres se mudaron cunado él tenía 11 años. Fue allí que desarrolló una carrera en el mundo de la producción de espectáculos de temporada y un vínculo muy especial con el actor -ya fallecido- Carlos “Carlin” Calvo, que fue clave en esta etapa de su trayectoria.
Después Faroni desembarcó en Capital Federal, donde produjo espectáculos a través de Faroni producciones, una compañía que llegó a tener ocho espectáculos simultáneos en escena y es responsable de más de 60 puestas en su historia, muchas de ellas con figuras muy reconocidas.
La vinculación con la política de la provincia llegó a través de Sergio Massa, el líder del Frente Renovador. Se conocieron porque Faroni programó el teatro de Tigre Niní Marshall, entre 2007 y 2011. Ese vínculo se estrechó al punto que Faroni fue diputado provincial por el FR entre 2015 y 2019, mientras que su hermana Marcela lo fue entre ese año y 2023. Faroni tuvo además actuación política en Mar del Plata, donde coqueteó con una candidatura a intendente que declinó para postulante a la cámara Baja. Con Massa como ministro de Economía, durante el gobierno de Alberto Fernández, Faroni fue director de Aerolíneas Argentinas.
Massa y Faroni tuvieron una relación cercana, incluso familiar. Pero desde 2021, el productor se alejó del Frente Renovador y se centró en su actividad en la AFA. Hoy, su casa de Nordelta fue allanada por orden del juez de Quilmes Luis Armella. La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo interceptó, además, en Aeroparque, cuando intentaba abordar un vuelo privado hacia Uruguay, ya que el magistrado ordenó que no salga del país. (TN/DIB/La NoticiaWeb)
JUDICIALES
Imputan a Tapia y a Toviggino por retener aportes jubilatorios en AFA
La Justicia dio un paso clave en una causa que sacude a la conducción del fútbol argentino. El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial imputó formalmente a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) respectivamente, en una investigación por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios correspondientes a empleados de la entidad y de los principales clubes del país.
La acusación fue presentada ante el juez Diego Amarante y se centra en la falta de pago de contribuciones a la seguridad social por un monto que, según la denuncia, supera los $19.000 millones.
Se trata de la primera vez que Tapia y su principal colaborador quedan formalmente imputados en una causa de estas características.
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De acuerdo con fuentes judiciales, el expediente se originó a partir de una denuncia de la División Jurídica de Grandes Contribuyentes del organismo recaudador, que advirtió que la AFA habría retenido aportes previsionales y otros tributos a sus empleados sin efectuar el correspondiente depósito dentro de los plazos legales establecidos.
La conducta investigada encuadra, según el fiscal, en los artículos 4 y 7 del Régimen Penal Tributario, que sancionan la retención indebida de impuestos y contribuciones.
En su requerimiento de instrucción, Navas Rial imputó a Tapia en su rol de presidente y responsable de la administración de la clave fiscal de la AFA.
Además, sostuvo que, por la magnitud de la estructura económica de la entidad y los montos involucrados, resulta necesario ampliar la investigación a otros dirigentes vinculados al entramado societario que rodea a la asociación. Entre ellos mencionó a Cristian Ariel Malaspina y a Gustavo Lorenzo, ambos relacionados con empresas que, según la pesquisa, tendrían vínculos con el tesorero Toviggino.
Esta causa es una de las tres que se abrieron en los últimos días y que complican a la cúpula de la AFA. En paralelo, la Justicia también analiza otros expedientes que involucran a Tapia y a su entorno por presuntas irregularidades financieras, lo que podría derivar en procesamientos si se confirma la existencia de delitos.
En rigor, en el marco de la causa que analiza la compra de una propiedad de lujo en la localidad bonaerense de Pilar, presuntamente adquirida a través de testaferros vinculados a dirigentes de la entidad, el juez federal Marcelo Aguinsky ordenó nuevas medidas para profundizar la investigación.
Entre ellas, dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del inmueble con el objetivo de determinar si, en los días previos al allanamiento, se registraron movimientos llamativos, como el traslado de vehículos de alta gama o incluso caballos, un dato que llamó la atención de los investigadores por las características de la estancia.
Además, se realizará un procedimiento en la empresa Flyzar, propietaria del helicóptero que habría sido utilizado en la operatoria. La firma deberá entregar a la Justicia el listado completo de pilotos, pasajeros y vuelos realizados por la aeronave, información clave para reconstruir los desplazamientos vinculados a la causa.
Estas medidas fueron impulsadas luego de la presentación de un informe elaborado por el fiscal Eduardo Navas Rial, en el que se propuso avanzar con una serie de diligencias probatorias enfocadas en empresas presuntamente asociadas a Pablo Toviggino. (TN).
