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A un año de la aprobación del Etiquetado Frontal
25 de octubre de 2022
Ya pasó un año de la sanción de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y comenzaron a verse algunos de los cambios que esta iniciativa vino a modificar e impulsar. Por el caso, hace dos meses que, aunque modestamente, se pueden encontrar en algunos productos alimenticios envasados el etiquetado frontal de sellos octogonales negros que advierten el exceso en grasas, azúcares, sodio y calorías, cuyos valores máximos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“Es una ley, no es solo el acceso a la salud sino también el acceso a la información. Es una ley que busca la ampliación de derechos. La búsqueda de la información no recae de esta manera en la responsabilidad individual de las personas, sino que ahora forma parte del rol del Estado, a través de una política pública”, explicó la licenciada en Nutrición, Erica Bianquet, quien integra una de las comisiones de trabajo del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires.
De esta forma, la ley tiene por objeto garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada y dar información nutricional clara, simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas para resguardar los derechos de las y los consumidores. También busca prevenir la malnutrición en la población y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles y advertir sobre los denominados “nutrientes críticos”.
Sin embargo, Bianquet también advirtió que hoy la implementación del etiquetado frontal se encuentra en una zona gris ya que algunas empresas pidieron un aplazamiento para la adecuación, que les fue concedida, pero se desconoce cuántas y cuáles empresas fueron beneficiadas. “Se han presentado dos pedidos de acceso a la información y en ambos casos respondieron que esa información es confidencial. Así, la sociedad no sabe si los productos alimenticios no deben llevar los octógonos negros, o están alcanzados por la prórroga o, directamente, están incumpliendo la ley”, señaló la nutricionista.
La iniciativa no se limita a la implementación del etiquetado frontal de los alimentos. Esta es una ley integral que también regula otros aspectos vinculados a mejorar los entornos. En ese sentido, prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de alimentos y bebidas analcohólicas envasadas, que contengan al menos un sello de advertencia, especialmente aquellos dirigidos a las infancias y las adolescencias.
Es así que en sus envases no puede tener personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas ni estar acompañados por obsequios, premios, regalos, o cualquier otro elemento de promoción que puedan orientar y/o definir la compra o la elección de estos alimentos.
Asimismo, la norma prevé la inclusión de contenidos mínimos de educación alimentaria y nutricional en los niveles inicial, primario y secundario de las 60.000 escuelas de todo el país para considerar al ámbito educativo como un espacio promover una alimentación saludable y fomentar la adquisición de destrezas que ayuden a los niños, niñas y adolescentes a mejorar sus prácticas alimentarias de manera sostenible.
Desde el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires se viene reclamando la aplicación integral de la ley, destacando no solo la importancia del rol del Estado en la implementación de la norma sino también en rol de profesional de las y los nutricionistas en su seguimiento.
La Ley de Promoción de la Alimentación Saludable fue sancionada el 26 de octubre de 2021. Un año antes había sido aprobada por la Cámara de Senadores y estuvo esperando nueve meses para que los diputados la trataran. A mediados de julio de 2021, en un plenario de cuatro comisiones de la Cámara Baja, obtuvo dictamen favorable. Luego, vendría la sanción y dos semanas más tarde la promulgación del Poder Ejecutivo. Finalmente, el 22 de marzo pasado la norma fue reglamentada bajo el decreto 151/2022, publicado un día después en el Boletín Oficial.
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Sueños Compartidos: absuelven a De Vido y condenan a López y a los Schoklender
El Tribunal Oral Criminal N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal Julio de Vido en la causa Sueños Compartidos, y condenó a los exfuncionarios kirchneristas José López y Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender a penas de menos de tres años por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El veredicto de los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg se conoció un día antes de que prescribiera la acción penal según el plazo considerado por la Fiscalía, informó NA.
José López, exsecretario de Obras Públicas, conocido por los famosos bolsos con dinero arrojados en un convento de General Rodríguez; y Abel Fatala, exsubsecretario de Obras Públicas, fueron sentenciados a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua.
Por su parte, Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibieron condenas a 2 años y 8 meses y 2 años 4 meses de prisión condicional, respectivamente, como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Al igual que De Vido, también fueron absueltos Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, exasesor de Fatala; y Daniel y Karina Nasif, exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero.
Las penas fueron notablemente menores a las solicitadas por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido penas de 6 años para De Vido, López, Fatala y los Schoklender y de 4 años para el resto de los imputados.
Al comienzo, los magistrados rechazaron los planteos de las defensas por insubsistencia de la acción penal invocando vulneración del plazo razonable, prescripción de la acción penal y nulidad de los alegatos de los acusadores.
Asimismo, el tribunal dispuso el decomiso de los bienes cautelados por una suma de $206.438.454,05, el cual se determinó como el monto desviado de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. El mismo deberá ser ajustado al momento en el que la sentencia adquiera firmeza”. Los fundamentos del fallo serán leídos el próximo 13 de noviembre.
Sergio y Pablo Schoklender recibieron penas menores a los tres años en la causa Sueños Compartidos. En 1985 habían sido condenados a prisión perpetua por el homicidio de sus padres.
Sueños Compartidos nació en 2005 como una iniciativa financiada por el Estado nacional para construir viviendas sociales, escuelas y centros de salud en barrios vulnerables (como Villa 15 en CABA o sectores del Gran Buenos Aires y Chaco), contratando a mano de obra local.
La Fundación Madres de Plaza de Mayo, liderada por Hebe de Bonafini, gestionaba los proyectos mientras que la ejecución ejecutiva y financiera estaba delegada principalmente en los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
En la investigación se descubrieron millonarios desvíos de dinero asignados por el Ministerio de Planificación Federal (entonces conducido por Julio De Vido), hacia empresas fantasma, financieras y la compra de bienes de lujo (aviones, yates, autos de alta gama y propiedades) en lugar de destinarse a las obras, muchas de las cuales quedaron inconclusas.
Finalmente cabe recordar que los hermanos Sergio y Pablo Schoklender habían sido condenados a prisión perpetua por el homicidio de sus padres, Mauricio Schoklender y Cristina Silva.
El hecho ocurrió el 30 de mayo de 1981 en su piso del barrio porteño de Belgrano y fue uno de los casos policiales más resonantes de la historia argentina. Sergio permaneció en prisión hasta 1995 y Pablo salió bajo libertad condicional en 2001, ambos beneficiados por el régimen del "2x1" vigente en los años noventa. dib
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Atropellan a 5 mujeres que peregrinaban por la Virgen del Milagro en Salta
Cinco peregrinas que caminaban hacia la Catedral Basílica de Salta para participar de la procesión por la Virgen del Milagro fueron atropelladas por un motociclista que circulaba alcoholizado.
El accidente ocurrió cerca de las 5 de la mañana sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de la central térmica Termo Andes, en el departamento de General Güemes.
Las mujeres habían salido desde Apolinario Saravia y viajaban por su cuenta, en un grupo reducido, rumbo a la capital salteña para participar de la Peregrinación del Milagro, una de las celebraciones religiosas más importantes del país.
Tras el impacto, las mujeres debieron ser asistidas por los servicios de emergencia: dos de ellas fueron trasladadas al hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, mientras que las otras tres fueron derivadas al hospital San Bernardo de Salta.
Según informaron medios locales, todas se encuentran fuera de peligro.
El conductor de la moto, por su parte, fue sometido a un test de alcoholemia que marcó 0,53 gramos de alcohol en sangre. Tras el resultado, quedó detenido y a disposición de la Justicia.
Durante estos días, miles de peregrinos llegan a Salta capital desde distintos puntos de la provincia para participar de las actividades religiosas en honor a los Santos Patronos. De hecho, muchos recorren cientos de kilómetros a pie y atraviesan zonas de frío y altura.
Este año, las autoridades habilitaron una aplicación para seguir el recorrido de los peregrinos y acceder a información sobre los puntos de asistencia. Sin embargo, las cinco mujeres atropelladas no estaban registradas porque habían iniciado el viaje de manera independiente.
Al no figurar en la plataforma, el grupo tampoco contaba con el esquema preventivo de acompañamiento de la Policía de Salta para los peregrinos que transitan por las rutas.
Tras el accidente, las autoridades pidieron extremar las precauciones. A quienes participan de la peregrinación les recomendaron circular con cuidado por las rutas, mientras que a los conductores les solicitaron reducir la velocidad, mantener distancia y prestar especial atención a los grupos de caminantes. (TN)
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Gobierno espera una baja de tasas y nuevos créditos hiecariarios
La inflación del 1,7 por ciento informada por el INDEC para agosto parece haber convencido a los funcionarios del equipo económico de que el fenómeno llegó para quedarse.
El presidente Javier Milei ya había celebrado que los precios mayoristas hayan caído por debajo del 1 por ciento, y se espera que haya efecto arrastre para septiembre.
Pero entre las variables que pueden empujar a la baja los precios y ayudar a reanimar la economía se encuentran los nuevos préstamos hipotecarios.
13 entidades se sumaron a esta movida para ampliar la disponibilidad de financiamiento destinado a la primera vivienda.
El Banco Hipotecario, por ejemplo, ofrece una tasa de 7,5% para clientes con cuenta sueldo, con un plazo de hasta 15 años y un monto máximo aproximado de USD 170.000.
Banco Ciudad, por su parte, sumó una nueva línea después de resultar adjudicatario de la licitación del FGS.
La entidad lanzó un crédito con tasa de 6,5% para la compra de la primera vivienda, con subsidio del Gobierno porteño, un tope de 80 metros cuadrados en la propiedad y un valor de referencia de USD 2.800 por metro cuadrado.
A la vez, mantiene su línea tradicional de 7,5% para primera vivienda y la de 9,5% para el resto de los casos. Las tres opciones tienen un plazo de hasta 25 años.
Además, con fuerte peso en el interior del país, los bancos del Grupo Petersen bajan la tasa de sus créditos hipotecarios y ofrecen UVA + 7,5% para primera vivienda.
La nueva línea estará disponible desde esta semana, con préstamos de hasta 150.000 UVAs, plazos de hasta 20 años y un proceso de solicitud 100% digital.
Es exclusiva para clientes que acrediten sus haberes en los bancos del Grupo (Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz).
La nueva línea contempla montos de hasta 150.000 UVAs (actualmente equivale a USD 208.860) y plazos de entre 15 y 20 años, en el marco del programa de financiamiento hipotecario impulsado por el Gobierno nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.
Por su parte, el Banco Nación tiene una de las tasas más bajas del sistema, 6,7% para quienes cobran su sueldo en la entidad, con plazos de hasta 30 años y un monto máximo de USD 216.000.
Banco Macro, que ya había bajado su tasa antes de la primera licitación, la redujo nuevamente a 7,5% para cuenta sueldo, con plazos de hasta 20 años y sin límite de monto.
El Banco Galicia recortó su tasa a 7,5% para clientes con cuenta sueldo, a un plazo de hasta 20 años, mientras que Banco Patagonia la bajó de 9,25% a 8,5%, con un plazo de hasta 30 años.
Credicoop, en tanto, ofrece 7,5% para cuenta sueldo y 9% para el resto, con plazos de hasta 20 años y un tope de 141.000 dólares.
Además de las tasas y los plazos, cada entidad exige un ingreso mínimo para acceder al crédito y define bajo qué condiciones se pueden sumar otros ingresos al del titular.
Banco Hipotecario pide un ingreso equivalente a 2,2 salarios mínimos, vitales y móviles, mientras que ICBC pide un ingreso de $1.000.000.
En la mayoría de los casos, los bancos permiten sumar los ingresos del cónyuge o conviviente para alcanzar el mínimo requerido, aunque algunas entidades, como Banco Ciudad, amplían esa posibilidad al grupo familiar conviviente, y Comafi permite sumar hasta cuatro miembros de la familia.
El nuevo esquema, que tiene como eje al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, licitó depósitos a plazo fijo entre los bancos con el objetivo de canalizar ese dinero hacia préstamos hipotecarios.
La primera licitación, de una serie de diez previstas, permitió asignar $200.000 millones entre 13 entidades financieras.NA
