País
Dólar soja: recaudan 3.564 millones
17 de septiembre de 2022
El ingreso de divisas por parte del sector agroexportador alcanzaron los US$ 3.564 millones en las primeras dos semanas de vigencia del Programa de Incremento Exportador, y le permitió al Banco Central (BCRA) engrosar sus reservas en US$ 2.100 millones en lo que va de septiembre.
De esta manera, tras diez sesiones de vigencia del tipo de cambio diferencial de $200 por dólar para el complejo sojero solo durante septiembre, la liquidación de divisas por parte del sector exportador ya sobrepasó la mitad de lo estipulado para todo el mes, cuya meta establecida por el Gobierno era de US$ 5.000 millones a la hora de anunciar la medida.
Durante la semana, la liquidación ascendió a US$ 1.886 millones, según indicó el analista de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.
A partir de este ingreso de divisas, fuentes de mercado estimaron que, desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria ya lleva adquiridos alrededor de unos US$ 2.100 millones y encadenó 9 jornadas consecutivas de refuerzo a las reservas internacionales.
Respecto a la comercialización interna de soja, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) informó este viernes, en base a datos aportados a la plataforma SIO-Granos, que desde que se puso en marcha el programa hasta ayer se acumularon operaciones por 8.396.639 toneladas.
Esta cifra se compone por 5.774.052 toneladas que corresponden a operaciones que se concertaron luego de la medida y, 2.622.587 millones a aquellas operaciones que se operaron después de la medida, pero se concertaron antes del inicio de la misma.
Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) estimó que las operaciones registradas hasta el jueves alcanzaban un volumen de 7,4 millones de toneladas, un millón de toneladas menos que lo calculado por la entidad bursátil porteña.
La Bolsa rosarina explicó que “el volumen (contabilizado) se centra en transacciones finales, para no duplicar el volumen de soja comercializado. Esto es, si un productor le vende un lote a un acopio que luego este último vende a la exportación, y se cuentan ambas transacciones, el total de soja negociada se estaría contando dos veces”.
Según indicó la BCR, “éstas (toneladas) reflejan las operaciones realizadas por industriales y exportadores de soja o, en otras palabras, los usuarios finales del grano”.
De este total, 5,3 millones de toneladas corresponden a operaciones nuevas de compraventa y 2,1 millones de toneladas a fijaciones, puntualizó el informe.
Además, el grueso de las operaciones de compraventa nuevas con precio hecho se hizo a un valor promedio de $ 69.673 la tonelada, en tanto que las fijaciones de precio para contratos concertados bajo esta modalidad en el pasado se hicieron a un valor promedio de $ 69.567 la tonelada.
Teniendo en cuenta el total de soja comercializada, la BCR calculó que en lo que va de la campaña comercial, ya se vendieron 27,4 millones de toneladas, lo que equivale al 64,9% de la producción 2021/22, “superando el promedio de los últimos 3 años y dejando atrás el retraso de las ventas que se observaba en agosto”.
“Al 31 de agosto, el volumen de compras de soja de industriales y exportadores correspondiente a la campaña 2021/22 ascendía a 23 millones de toneladas, o un 54,4% de la producción total estimada. Con relación al promedio de ventas de los últimos 3 años como proporción de la producción, que ascendía a 62,3%, la comercialización de la campaña quedaba 7,9 puntos por debajo”, detalló la entidad.
Este avance en la comercialización tiene su correlato en las exportaciones. Por ejemplo, en la primera semana de vigencia del Programa, se declararon ventas al exterior del complejo soja por más de 2,8 millones de toneladas, el mayor volumen semanal desde que inició la campaña.
En base al volumen de ventas externas declaradas desde el 5 de septiembre, día en que comenzó a implementarse el tiempo de cambio diferencial, a la fecha y considerando los precios FOB oficiales, el valor de las ventas declaradas al exterior desde ese momento de septiembre asciende a US$ 2.344 millones, y el aporte en concepto de derechos de exportación al Estado Nacional a US$ 774 millones.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
País
El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
País
Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
