País
Se cumplen 56 años del golpe al gobierno de Illia
28 de junio de 2022
El presidente constitucional Arturo Umberto Illia era derrocado hace 56 años (el 28 de junio de 1966) por un golpe de Estado encabezado por el general retirado Juan Carlos Onganía, y de esta forma se ponía fin a un Gobierno que estuvo signado desde sus inicios por las presiones que ejercieron empresas multinacionales, Fuerzas Armadas y un sector del sindicalismo.
Hijo de inmigrantes italianos, Illia nació en la ciudad de Pergamino en 1900, y tras graduarse como médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA) se instaló en la ciudad de Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, donde comenzó a forjar su carrera política en la Unión Cívica Radical (UCR).
Fue senador provincial, vicegobernador de Córdoba y en 1948 resultó electo diputado nacional, y desde esa banca ejerció una férrea oposición al gobierno de Juan Domingo Perón, derrocado tras un golpe en 1955 que implicó la proscripción del justicialismo.
La postura que debía asumirse ante el peronismo generó un cisma en la UCR, que se dividió en dos sectores: «Los Intransigentes», liderados por Arturo Frondizi, y los del «Pueblo», encabezados por Ricardo Balbín, y a este sector adhirió Illia.
Frondizi resultó electo en 1958 mediante un acuerdo electoral con Perón, pero sería derrocado cuatro años después por las Fuerzas Armadas, que desconocieron el triunfo electoral del peronismo en once provincias, entre ellas la de Buenos Aires.
Los militares impusieron a José María Guido, entonces presidente provisional del Senado, al frente de un Gobierno tutelado, que debido a las pujas que se suscitaron al interior de las Fuerzas Armadas entre los sectores «Azules» (profesionalistas) y «Colorados» (liberales y antIperonisitas) debió convocar a elecciones en julio 1963, en las cuales el peronismo estuvo proscripto.
Como candidato presidencial de la UCR, Illia obtuvo el 25,14 por ciento de los votos en comicios en los que se registraron más de dos millones de sufragios anulados o en blanco, más de un 20 por ciento del total.
Tras ser ratificado por el Colegio Electoral, Illia asumió la presidencia el 12 de octubre de 1963, pero su negativa a establecer alianzas y el hecho de haber sido electo en comicios en los cuales el peronismo estuvo prohibido, le restaron el apoyo.
La anulación de los contratos petroleros suscriptos por el Gobierno de Frondizi y la sanción de una ley que fijaba precios máximos a los medicamentos producidos por los laboratorios extranjeros (impulsada por el ministro de Salud Arturo Oñativia), determinó que los grupos económicos multinacionales vieran con recelo la orientación que tomaba el Ejecutivo.
La decisión de no enviar militares a participar de la intervención de Estados Unidos en la República Dominicana causó malestar en Washington y en los sectores castrenses propensos a la Doctrina de la Seguridad Nacional.
Sin embargo, el Gobierno de Illia logró un gran éxito en materia de política internacional en Naciones Unidas, cuando en 1965 se reconoció mediante la resolución 2065, la condición de territorio colonial de las Islas Malvinas en poder de Gran Bretaña, y exhortaba a Argentina y al Reino Unido a iniciar negociaciones para resolver la cuestión de la soberanía de los archipiélagos del Atlántico Sur que aún se encuentran en disputa.
Las decisiones económicas del Gobierno permitieron que hubiera saldo favorable en la balanza de pagos, creciera el PBI, se incrementaran las reservas de oro, se contuviera la inflación y disminuyera la deuda externa.
A pesar de todo, la conducción de la CGT, liderada por el metalúrgico Augusto Timoteo Vandor lanzó un amplio plan de lucha con huelgas y movilizaciones, que no fueron contrarrestadas con la supresión de las garantías constitucionales por parte del Ejecutivo.
Los avances que el peronismo obtuvo en las elecciones de 1965, y la aparición de un foco guerrillero guevarista en la provincia de Salta, generaron malestar en los sectores castrenses, que comenzaron a conspirar con actores civiles del sector financiero, la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina (UIA).
Los generales Onganía, Pascual Pistarini, y Julio Alsogaray, de aceitados vínculos con la embajada de los Estados Unidos, iniciaron contactos con operadores civiles como Nicanor Costa Méndez y Julio Alsogaray, quienes propugnaban la instrumentación de una política económica en sintonía con las recomendaciones de los organismos internacionales de crédito.
Revistas como Extra, Todo, Panorama, Tía Vicenta y Confirmado publicaban duros editoriales contra el gobierno en los que describían a Illia como un hombre lento, errático y perdido, que era caricaturizado como una tortuga.
En ese contexto de desgaste para el Gobierno, la figura de Onganía –que se había retirado de la jefatura del Ejército en noviembre de 1965– era descripta en esos medios como la de un militar «profesional»; un hombre fuerte que venía a salvar a la nación del peligro de una inminente disolución.
El 27 de junio de 1966, las tres armas le comunican al presidente que lo mejor era renunciar, algo que rechaza de plano con el intento de destituir a Pistarini como jefe del Ejército, una orden que los mandos militares desconocieron por completo.
En la noche, fuerzas policiales rodearon la Casa Rosada mientras Illia permanecía en su despacho junto a un grupo de colaboradores, y pasadas las 5 de la madrugada, el general Julio Alsogaray ingresó a la sede gubernamental para exigir la renuncia de un jefe de Estado cercado y sin poder.
Alsogaray le dijo al presidente que cumplía «órdenes» de su superior (Pistarini), e Illia le replicó que era «un insurrecto» que no reconocía la verdadera autoridad del presidente como jefe comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
Minutos después, un grupo de la guardia de infantería al mando del coronel Luis Perlinger, quien en 1982 le pidió perdón públicamente a Illia por haber participado del golpe, desalojó el despacho presidencial y consumó la asonada.
Illia se retiró en la mañana del 28 de la Casa Rosada por sus propios medios, por la calle Balcarce y rodeado de por radicales.
Pidió un taxi y se marchó hacia el domicilio de su hermano, en la localidad de Martínez, pero luego se retiró a Cruz del Eje, donde volvió a ejercer la medicina y falleció 18 de enero de 1983, en la más extrema pobreza.
Onganía asumió un día después la presidencia al frente de un régimen que se autodenominó como «Revolución Argentina, y que conculcó las libertades constitucionales, impuso la censura, intervino las universidades y aplicó con su ministro de Economía Adalbert Kriger Vasena una política de congelamiento de salarios.
El ajuste y la represión darían origen tres años después al «cordobazo», un estallido social que puso en jaque a Onganía, quien caería en junio de 1970 por un golpe interno de una dictadura militar que gobernaba una Argentina en la cual las mayorías políticas comenzaban a movilizarse y surgían las organizaciones armadas.
UNA VISITA ILUSTRE
Tras su derrocamiento, la figura del expresidente Arturo Umberto Illia se hizo muy familiar en las calles de la ciudad, en los años 70 como a principios de los 80, épocas difíciles en la vida institucional del país. Se lo veía junto a sus amigos correligionarios Juan Pedro Habiaga y el caudillo Albano Honores.
Illìa gobernó el país entre 1963 y 1966, y se lo recuerda por su honradez. Una diagonal lleva su nombre en la ciudad. En la imagen, en su última visita realizada a Miramar (Febrero de 1981), donde se hospedaba en el hotel Ideal de la familia Habiaga, habló sobre la situación política de la República con el semanario El Argentino y el diario El Atlántico.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
