País
Déficit habitacional: 10 % de la población habita en casas precarias
26 de mayo de 2022
La insuficiencia de viviendas adecuadas y la vulnerabilidad del hábitat son reflejo de la difícil situación económica y social que vive buena parte de la población argentina. El déficit habitacional es la cifra que refleja las deficiencias en una vivienda y cubre desde la ausencia total de vivienda a la carencia de condiciones que aseguren una vida digna.
Según un informe sobre condiciones de vida publicado en mayo de 2021 por el Indec, en base a la Encuesta Permanente de Hogares, casi el 10 % de la población habita en casas hechas con materiales de calidad insuficiente.
Más de un millón de personas en Argentina viven en situación de hacinamiento crítico, es decir, con más de tres habitantes por cuarto. Otro estudio publicado recientemente por Argentina Green Building Council (AGBC), ONG líder a nivel regional en la difusión y aplicación de estrategias que buscan acelerar la sustentabilidad y fomentar la transformación en el sector de la construcción del país y realizado durante la etapa del aislamiento por pandemia, evidencia que 1 de cada 5 hogares argentinos son de calidad de materiales insuficiente o parcialmente insuficiente y 1 de 4 niños vive en viviendas precarias.
El estudio también refleja que la mayoría de los edificios están construidos con prácticas y códigos de edificación con mínimos estándares de seguridad, de calidad ambiental interior y de habitabilidad que garanticen la protección contra el frío, humedad, calor, lluvia, viento, etc. Si tan solo el 1,7% de las viviendas deficitarias se renovaran adecuadamente cada año, en 2050 el número de hogares con humedad se reduciría a la mitad y las enfermedades respiratorias podrían disminuir en un 10% en los habitantes del total de hogares.
Para revertir esta situación hay dos actores clave. El mercado de la construcción por un lado que debería contribuir con la reducción del déficit habitacional, preservando el bienestar y la calidad de vida de los habitantes de una vivienda a través de diferentes estrategias constructivas. “Sin dudas es el momento de avanzar hacia una construcción más sustentable, que demande menores recursos y logre una vivienda con un menor consumo de energía”, destaca la Arq. Silvina López Planté, integrante del grupo de instituciones por el etiquetado energético de viviendas.
Según estas instituciones la aislación térmica eficiente impactaría directamente en el déficit habitacional mejorando la calidad de vida de los habitantes mediante un mejor confort térmico, mejor habitabilidad, mejores condiciones en los ambientes para la salud de quienes habitan, mayor vida útil de la vivienda, y reduciendo el consumo de combustibles destinados a calefaccionar y refrigerar, logrando ahorros de energía de hasta un 70%.
Por otra parte, está el gobierno y las políticas públicas, que a la hora de construir viviendas sociales deberían garantizar las mejores condiciones de habitabilidad, orientadas a mejorar los estándares de sustentabilidad, reduciendo el IPE (Índice de Prestaciones Energéticas).
El Índice de Prestaciones Energéticas es un valor característico de la vivienda que representa el requerimiento de energía primaria que necesita una normal utilización de la misma, durante un año y por metro cuadrado de superficie, para satisfacer las necesidades de calefacción en invierno, refrigeración en verano, producción de agua caliente sanitaria e iluminación. Según resultados del informe de AGBC, solo el 2,0% del presupuesto nacional de 2021 incluyó el mejoramiento de viviendas en el país.
Es por esta razón que la Etiqueta de Eficiencia Energética de Viviendas se vuelve una herramienta clave para establecer los estándares de edificación en un país y así poder tomar las decisiones necesarias para revertir esta situación de déficit. La etiqueta determina el nivel de eficiencia energética de una propiedad.
Es un documento en el cual figura la Clase de Eficiencia Energética, (escala de letras, desde la “A” hasta la “G”) asociada a un rango de valores del Índice de Prestaciones Energéticas (IPE). La etiqueta es una herramienta clave de decisión tanto para operaciones inmobiliarias, la evaluación de nuevos proyectos o realizar intervenciones en viviendas existentes y lograr reducir el déficit.
“Si la construcción masiva de viviendas, generada para resolver el “déficit habitacional”, no cuenta con los adecuados criterios de confort, sustentabilidad y calidad de vida, no hace más que generar malas condiciones de vida, que luego van a necesitar intervenciones para su mejora o su eliminación”, agrega López Planté.
“Construir viviendas porque sí no soluciona los problemas de déficit habitacional, sino es un nunca acabar, un círculo vicioso que lo que hace es que rápidamente esas viviendas sean deficitarias en sus prestaciones, que presenten patologías y que deban tener un mantenimiento más seguido que muchas veces se deja de lado por otras prioridades”, concluye.
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
