La International Football Association Board (IFAB) volvió a poner sobre la mesa una reforma que impacta de lleno en el reglamento del fútbol. Según la propuesta, si un jugador permanece más de 15 segundos en el piso tras una infracción, el árbitro habilita el ingreso médico y el futbolista debe salir del campo entre uno y dos minutos antes de regresar.

La iniciativa apunta a reducir las simulaciones, cortar las demoras tácticas y mejorar el tiempo efectivo de juego sin afectar la atención sanitaria. En la MLS (Major League Soccer), donde se realizó la prueba piloto, los informes reflejan menos interrupciones prolongadas y una mejora en el ritmo del partido, un dato que refuerza la discusión global.

Un episodio aceleró la conversación pública: en un partido de la liga estadounidense, Lionel Messi debió permanecer dos minutos fuera tras una falta. Al escuchar la indicación, preguntó sorprendido “¿Dos minutos?”. La escena recorrió el mundo y colocó la nueva norma en el centro del debate sobre las reglas del fútbol moderno.

La otra innovación fija un límite claro dentro del reglamento IFAB: el futbolista reemplazado tiene 10 segundos para abandonar el terreno desde que se anuncia el cambio. Si no cumple, el ingreso del sustituto se retrasa 60 segundos y el equipo queda temporalmente con un jugador menos.

La regla contempla excepciones para arqueros y cambios por lesión, pero busca eliminar maniobras para enfriar el cierre de los partidos. En competiciones donde el tiempo añadido ya se controla con mayor precisión, la sustitución cronometrada aparece como una herramienta clave para proteger la fluidez del juego.

La IFAB, que debatió el tema en su reunión anual encabezada por Noel Mooney, analiza los reportes técnicos de octubre de 2025 junto con los datos aportados por la MLS. Con el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá como posible escenario de estreno, la discusión gira en torno a cómo equilibrar espectáculo, justicia deportiva y seguridad del jugador.

En las próximas semanas podría definirse si estas medidas pasan de prueba piloto a regla oficial del fútbol internacional, marcando un cambio profundo en la manera en que se gestionan las interrupciones, sustituciones y tiempos muertos en el deporte más popular del mundo.

El tenis argentino volvió a quedar bajo la lupa luego de que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmara la suspensión provisional de Romeo Arcuschin, de apenas 18 años, por una infracción a las normas antidopaje.

El jugador recibió el 16 de febrero de 2026 un aviso de acusación tras detectarse la presencia de estanozolol —una sustancia prohibida— en una muestra tomada durante un torneo ITF M15 disputado en Lima, Perú.

Al tratarse de una sustancia no especificada dentro del reglamento, la normativa establece una suspensión provisional obligatoria, que en este caso comenzó a regir ese mismo 16 de febrero. Arcuschin no apeló la medida ante el presidente de un tribunal independiente, por lo que quedó automáticamente inhabilitado para competir, entrenar o asistir a eventos organizados por la ATP, ITF, WTA y demás organismos afiliados a la ITIA.

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El juvenil había alcanzado el puesto 1802 del ranking mundial en noviembre de 2025, el mejor registro de su corta carrera profesional. Mientras avanza el proceso disciplinario para determinar la sanción definitiva, no podrá participar de ninguna competencia oficial.

La noticia llega apenas una semana después de la dura sanción contra Leonardo Aboian, suspendido por seis años y nueve meses por múltiples violaciones al Programa Anticorrupción. En ese contexto, el tenis argentino atraviesa días complejos, con dos casos resonantes que vuelven a impactar en la imagen del deporte a nivel internacional.

El Comité de la Liga Profesional ratificó el paro del fútbol argentino este fin de semana y la postergación de la fecha 9 del torneo Apertura 2026. La reunión se llevó a cabo en el predio Lionel Messi de Ezeiza con la convocatoria de los 30 representantes de los clubes de primera división.

La medida de fuerza involucra también a todas las categorías del ascenso y frenará la actividad durante este fin de semana. A su vez, resolvieron que la jornada suspendida se jugará en mayo, siendo la última fecha antes del inicio de los play-offs.

Durante la semana pasada, el Comité votó “de manera unánime” realizar el paro convocado para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, debido a “un escenario de reiteradas presiones políticas, judiciales y mediáticas que intentan condicionar el normal funcionamiento de la AFA”, según difundieron los clubes en diferentes comunicados.

Cabe destacar que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, están en la mira de la Justicia y deberán dar explicaciones durante los próximos días.

La causa que llevó a esta medida de fuerza de la AFA investiga presunta apropiación indebida de aportes por más de 19.300 millones de pesos vinculada a retenciones impositivas y de seguridad sociales que fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, según mencionó la denuncia de Arca.

Por su parte, la AFA planteó que “no tiene deuda alguna exigible” con Arca y que estas atribuciones “fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”.

Además, el Ministerio de Justicia anunció la designación de veedores con el objetivo de fiscalizar documentación y revisar presuntas irregularidades administrativas, lo que provocó la respuesta de la AFA en un comunicado.

Allí, remarcaron que la veeduría sería “ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley” y confirmaron que llevarán a cabo presentaciones judiciales para que la misma “sea desestimada”.

Comunicado de AFA

“Si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones (multas, intervención, cancelación de personería). Pero no lo hace. El balance 2025 no fue presentado ante la IGJ porque, desde noviembre de 2025, la AFA tiene su domicilio legal inscripto en la Provincia de Buenos Aires”, detallaron.

Para concluir dicho comunicado, agregaron: “Esa confesión deja al desnudo la verdadera naturaleza de la medida. No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”.