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A 10 años de la tragedia de Once, los culpables están libres
21 de febrero de 2022
A cumplirse 10 años de la Tragedia de Once por la que hubo 51 personas muertas y casi 800 heridas, ninguno de los condenados está en prisión: la mayoría recibió domiciliaria, otros recibieron libertad condicional y sólo cinco cumplieron la pena.
El caso del ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, viene de hacer ruido hace pocos meses. Es que el entonces funcionario kirchnerista fue condenado en 2015 a ocho años de prisión -que se redujeron después a cinco y medio- y además, gracias a la ayuda de cursos de reinserción logró llegar antes a los dos tercios de su condena y quedó libre en noviembre.
La querella representada por Leonardo Menghini cuestionó que el ex secretario de Gobierno haya sido beneficiado por participar de cursos de botánica o armado de termotanques solares, como supuestamente acreditó. “No estoy de acuerdo en que los funcionarios puedan acceder al estímulo educativo porque no se van a reinsertar a la sociedad en función de los cursos que hacen, ni son un arrepentimiento. Para lo único que sirven es para reducir la pena, esas cosas son para delitos comunes”, señaló a PERFIL.
En tanto, el único que está detenido es Ricardo Jaime, pero no por la tragedia de Once, sino por otra causa por corrupción.
El ex secretario Jaime, el único responsable de la tragedia de Once que está en prisión, pero por otra causa.
El otro ex secretario de Transporte está a la espera de una decisión de la Cámara de Casación que confirme si deja o no firme su condena por estrago culposo, un delito que se sumó al de administración fraudulenta y que está pendiente de revisión en la Sala III. La Corte Suprema mandó el expediente hace un año y medio y otorgó la excarcelación hasta tanto eso quede resuelto. Permanece con preventiva en el expediente conocido como “causa Cuadernos”, donde lo acusan de haber cobrado coimas a empresarios ferroviarios.
Otro ex funcionario clave cuya responsabilidad fue juzgada fue Julio de Vido. El ex ministro de Planificación se sometió a un juicio oral diferente al principal y terminó condenado por ser partícipe necesario de fraude al Estado, pero no por el estrago. Recibió una pena de cinco años y ocho meses pero sin prisión hasta tanto la Corte Suprema revise su situación, sin plazos de tiempo para hacerlo.
La situación del resto de los condenados por la Tragedia de Once
El que recibió la condena mayor en el juicio conocido como Once I fue Sergio Cirigliano, titular de la empresa TBA. Recién para 2025 terminará de cumplir sus siete años de prisión, pero desde el año pasado está con domiciliaria por cuestiones de salud. Permanece en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires con tobillera electrónica y cada vez que sale por razones médicas debe notificar al Tribunal. Tiene prohibido salir del país, entre otras medidas.
Según Menghini, querellante, en las últimas semanas recuperó la libertad el motorman Córdoba, que de todos modos permanecía con condicional desde septiembre de 2020 por su buena conducta y el tiempo detenido. “Tuvo una condena corta, no por eso no la consideramos injusta”, decía en TN su abogada Valeria Corbacho cuando fue liberado del penal de Marcos Paz.
Junto con él hubo otras cuatro personas con las condenas más bajas que ya cumplieron ese plazo y quedaron en libertad. Mientras tanto, gran parte del resto de las personas condenadas fueron beneficiadas con domiciliaria por diferentes situaciones.
El camino judicial a las condenas
Por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, se iniciaron, en diferentes épocas, tres procesos judiciales: el que investigó y juzgó las responsabilidades del choque; otro para juzgar al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; y un tercer proceso por las fallas en el protocolo de búsqueda y rescate de víctimas, por las 57 horas que demandó la búsqueda de Lucas Menghini Rey, que apareció dentro de uno de los vagones del Tren Sarmiento.
La primera investigación cayó en manos del fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal federal Federico Delgado. En abril de ese año arranco la tanda de indagatorias a las personas imputadas, entre las que estaban los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el maquinista y funcionarios estatales y de la empresa Trenes de Buenos Aires.
Ese proceso se extendió hasta principios de junio. A finales de ese mes, el fiscal pidió el procesamiento de todos los imputados por considerar que se cometieron los delitos de estrago culposo, peculado y asociación ilícita. A mediados de octubre, en tanto, Bonadío dictó los procesamientos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero sobreseyó al motorman.
La investigación de la tragedia de Once sentó varios precedentes en términos sociales, políticos pero también judiciales. En Comodoro Py entendieron que había que moverse rápido y por eso Bonadío habilitó la feria judicial de verano para que la marcha de la investigación no se detenga. En ese lapso, el 11 de enero de 2013 la Cámara Federal porteña ratificó los procesamientos de los empresarios de TBA y de los funcionarios acusados pero agravó los cargos: incluyó la figura de estrago culposo y administración fraudulenta, en sintonía con lo que había planteado Delgado, y no exculpó a Córdoba.
Para ese entonces, el juez y el fiscal habían dado por terminada la instrucción, en un tiempo que no es habitual en la Justicia argentina. Las cuatro querellas estuvieron de acuerdo en lo actuado y en la valoración de pruebas, por lo que pidieron la elevación a juicio oral. Sin embargo, dos de las querellas hicieron una observación: no se había investigado la responsabilidad del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Ello motivó un segundo juicio por la tragedia, que se desarrolló tiempo después.
Las condenas
El 18 de marzo de 2014 comenzó el juicio por la tragedia de Once, a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal N°2.
La Justicia seguía firme en su voluntad de acelerar al máximo los tiempos, lo que motivó de entrada un apartamiento de la Cámara de Casación al juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal, de otros expedientes. De ese modo, buscaron que se concentre únicamente en ese juicio y en el del atentado a la AMIA.
El proceso duró un año y nueve meses en los que declararon decenas de testigos, las querellas y las defensas. Fueron poco más de 100 audiencias que se llevaron a cabo los días lunes y martes de cada semana, con una importante difusión de los pasos procesales por parte del Centro de Información Judicial (CIJ). En el medio hubo algunos episodios llamativos como la detención de un perito por falso testimonio o la expulsión de las audiencias del abogado Gregorio Dalbón, representante de una de las querellas, por mala conducta.
El reclamo de los familiares
El 29 de diciembre de 2015 terminó y se conocieron las condenas. Le dieron nueve años a Claudio Cirigliano, dueño de TBA; ocho a Schiavi; seis a Jaime y tres años y medio al motorman. En su fallo, además, el Tribunal ordenó que se investigue la responsabilidad de De Vido. En total fueron 21 las personas condenadas.
Por decisión de la Cámara, esas condenas bajaron a siete años en el caso de Cirigliano y cinco años y medio en el caso de Schiavi.
“Justicia no vamos a tener nunca, porque mi sobrino Lucas y las víctimas no las vamos a volver a tener con nosotros. Pero en términos jurídicos pudimos lograr lo que pretendíamos. Además fue histórico porque éramos particulares contra el Estado y le ganamos”, dijo el abogado querellante.
Las otras dos causas
El juicio al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido, que era uno de los hombres fuertes del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también se instruyó en el Juzgado de Bonadío.
Ese proceso arrancó el 27 de septiembre de 2017 y duró hasta el 10 de octubre de 2018, cuando los jueces del TOF N°4 lo condenaron a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Unos días antes del inicio del juicio contra De Vido, la jueza María Servini había iniciado el proceso de juzgamiento a efectivos de Bomberos por la demora de casi tres días en hallar el cuerpo de Lucas Menghini Rey. Pero en abril de 2018 la jueza decidió, con el aval del fiscal Delgado, absolverlos por considerar que no hubo intención de no buscarlo al joven de 19 años que había aparecido en una cabina ubicada entre el tercer y cuarto vagón.
La decisión judicial motivó el enojo de los familiares de Menghini, que cuestionaron duramente al fiscal y este debió publicar un comunicado en el que aseguró que “para condenar había que probar que los bomberos no buscaron a propósito y ello no se acreditó. Si pedía una condena no cumplía mi función”.
Sobre lo expresado por el fiscal, María Luján Rey, madre de Lucas y actual diputada había dicho: “Es tremendo y tristísimo”
Fuente Perfil |Telam
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Milei a los gobernadores: ‘Si no se alinean no se podrán hacer reformas’
El presidente Javier Milei arribó este martes al mediodía en helicóptero a la ciudad de San Nicolás para participar de Expoagro 2024. Además de hablarle al campo, mantener reuniones con productores y brindar un breve discurso en el que se refirió a asuntos puntuales de la economía, como la inflación y el cepo cambiario, también le envió un mensaje a los gobernadores.
Ante la consulta de la prensa sobre si el alivio fiscal a las provincias está sujeto a la aprobación de la ley ómnibus y el llamado Pacto del 25 de Mayo, el mandatario sentenció: "Obviamente dijimos que (el alivio fiscal) es parte de un programa integral, si (los gobernadores) no se logran alinear a ese programa integral no se podrán hacer ese tipo reformas". Así lo afirmó al momento de salir del centro de exposición en el autódromo de San Nicolás.
El presidente volverá a insistir en el Congreso de la Nación con el proyecto de la ley ómnibus, que se vio obligado a devolver a comisión a principios de febrero. A esta se le sumará un paquete fiscal. Para el viernes fueron convocados los gobernadores a la Casa Rosada.
En el primer día de Expoagro estuvieron Martin Llaryora, gobernador de Córdoba; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. El mandatario provincial volvió a reclamarle a Nación el pago de una deuda de 600 mil millones de pesos. "Hay provincias como la de Santa Fe a la que el gobierno les debe. Nos debe 600 mil millones, con lo cual queremos poner arriba de la mesa porque hemos puesto mucho para sostener el federalismo y el sistema de nuestro país", reclamó desde ExpoAgro antes de que hablara Milei.
En la misma línea, completó: "Si vamos a discutir las provincias que deben a Nación, que está bien, tenemos que discutir las deudas que tiene Nación con las provincias. El debate debe estar centrado ahí, no solo los recursos".
Mientras tanto, desde Casa Rosada dieron comienzo al operativo del Pacto de Mayo, con la convocatoria a gobernadores y ministros de Economía de las provincias.
Pacto de Mayo
El presidente Javier Milei convocó el viernes pasado en su discurso de apertura de sesiones a gobernadores, ex presidentes y lideres de partidos políticos a "que depongan intereses" y los llamó a que el próximo 25 de mayo en Córdoba se firme "un nuevo contrato social".
El objetivo es "dejar atrás las antinomías del fracaso y abrazar ideas de la libertad", con las diez políticas de Estado que el país necesita", anunció al hablar ante la Asamblea Legislativa que dejará inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.
Los puntos de "Partida para la Libertad de los Argentinos”
1. La inviolabilidad de la propiedad privada.
2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
5. La rediscución de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
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Sin paritaria docente
Las secretarías de Trabajo y Educación, dependientes del super ministerio de Capital Humano, y los cinco gremios docentes a nivel nacional no llegaron este martes a un acuerdo paritario por lo que la negociación salarial pasa a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 11:00 horas.
Es que, luego del paro docente de este lunes, los gremios docentes, tanto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) como aquellos nucleados en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), se reunieron con las autoridades gubernamentales para llegar a un acuerdo por el piso del salario de los docentes en todo el país.
En ese marco, este martes, el Secretario General del Consejo Federal de Educación, José Thomas, propuso, tras la escalada inflacionaria que lleva acumulada casi 50% de inflación entre enero y febrero, como piso mínimo del salario docente $310.000. Sin embargo, el secretario de Trabajo, Omar Yasín, y de Educación, Carlos Torrendell, desestimaron el pedido.
Por su parte, el Secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, señaló que desde el sindicato ofrecieron “una propuesta concreta de un salario mínimo de $450.000, que está más de la mano de la realidad y con el impacto negativo de los salarios“.
“Lo que ofrece el Gobierno no tiene nada que ver con la realidad de los salarios y el impacto que ha tenido la inflación. Asimismo, el docente ha perdido en su salario calidad porque ya no se hace el aporte para el Fondo Nacional de Incentivo Docente“, reiteró Romero.
A su vez, el sindicalista aseguró que “no vamos a hacer medidas de fuerza hasta el próximo martes” cuando tenga lugar el cuarto intermedio, pero indicó que “mientras nos sigan dilatando y no nos den una respuesta, evidentemente vamos a volver al plan de lucha”. “Vamos a negociar de buena fe“.
De esta manera, las organizaciones sindicales continuarán sus medidas de fuerza en reclamo de un aumento salarial, del pago del Fondo Compensador y del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En respuesta, desde la Secretaría de Educación habrían confirmado los recursos financieros destinados al Fondo Compensador y a los programas de Evaluación e Información Nacional.
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Comenzó a funcionar la mesa de trabajo conjunta de IOMA y Diputados
Se llevó a cabo en el directorio de IOMA la primera reunión de la mesa de trabajo conjunta conformada por diputadas y diputados de la provincia de Buenos Aires y autoridades del IOMA.
El presidente de IOMA Homero Giles, recibió a la comisión de la mesa de trabajo legislativa conformada por las diputadas Lucía Iañez (UxP) y María Laura Cano Kelly (PTS-FITU); y por los diputados Gastón Abonjo; (LLA); Guillermo Kane (PO-FITU), Fabián Luayza Troncozo (LxS) y Daniel Sbutioni (en representación del bloque AC-UCR-GEN). Además, estuvieron presentes por parte de la obra social, su vicepresidente, Mariano Cardelli, el jefe de Gabinete, Gustavo Martínez y la directora provincial de Prestaciones, Nadia Daciuk.
Tal como se comprometieron y acordaron autoridades de IOMA y los distintos bloques de diputados de la Legislatura bonaerense, en ocasión de la presentación por parte de Homero Giles del Informe de situación de la obra social, hoy se conformó y se llevó adelante la primera mesa de trabajo para abordar de manera conjunta las diversas situaciones prestacionales y económicas financieras por las que atraviesa el Instituto.
En esta primera reunión, Homero Giles, informó a las legisladoras y legisladores sobre cuáles han sido las acciones que se produjeron por parte de la obra social luego de la presentación en la legislatura en febrero. Al respecto, Giles también dio respuesta a las consultadas efectuadas por la comisión legislativa sobre la situación actual del plan Meppes, cobertura de medicamentos, prestaciones, situación de pago a prestadores y los nuevos valores de copago.
Giles explicó que “en los últimos años la obra social trabajó de manera constante y sostenida para reducir o absorber estos costos con coberturas al 100% en ciertas prestaciones y medicamentos, pero la coyuntura económica impuesta por el Gobierno Nacional desde diciembre de 2023 la obliga a actualizar los montos vigentes, para sostener los niveles de acceso y calidad de la atención de otras prestaciones”, detalló el presidente de IOMA.
Un dato que no se puede no analizar es que “mientras la inflación en 2023 sumó un total de 211%, para los rubros sanitarios fue considerablemente superior: en medicamentos fue de 312%; en productos medicinales alcanzó 286% y, para los profesionales de la salud, 159%” enfatizó Giles.
De la reunión surgió la conformación de una agenda temática para ser abordada en forma conjunta por los equipos técnicos tanto del IOMA como de parte de las y los diputados. Sobre este particular las legisladoras y legisladores se comprometieron a realizar un nuevo encuentro lo antes posible ya con un análisis profundo y propuestas concretas para ayudar a resolver los problemas que son de prioridad para brindar las prestaciones en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
La comisión de trabajo y a propuesta de los bloques legislativos está integrada por los diputados y diputadas, Jorge Rodríguez Alberti, Lucía Iañez; Sofía Pompomio, Fabián Luayza Troncozo, Claudio Frangul; Gastón Abonjo, Jazmín Carrizo
