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A 10 años de la tragedia de Once, los culpables están libres
21 de febrero de 2022
A cumplirse 10 años de la Tragedia de Once por la que hubo 51 personas muertas y casi 800 heridas, ninguno de los condenados está en prisión: la mayoría recibió domiciliaria, otros recibieron libertad condicional y sólo cinco cumplieron la pena.
El caso del ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, viene de hacer ruido hace pocos meses. Es que el entonces funcionario kirchnerista fue condenado en 2015 a ocho años de prisión -que se redujeron después a cinco y medio- y además, gracias a la ayuda de cursos de reinserción logró llegar antes a los dos tercios de su condena y quedó libre en noviembre.
La querella representada por Leonardo Menghini cuestionó que el ex secretario de Gobierno haya sido beneficiado por participar de cursos de botánica o armado de termotanques solares, como supuestamente acreditó. “No estoy de acuerdo en que los funcionarios puedan acceder al estímulo educativo porque no se van a reinsertar a la sociedad en función de los cursos que hacen, ni son un arrepentimiento. Para lo único que sirven es para reducir la pena, esas cosas son para delitos comunes”, señaló a PERFIL.
En tanto, el único que está detenido es Ricardo Jaime, pero no por la tragedia de Once, sino por otra causa por corrupción.
El ex secretario Jaime, el único responsable de la tragedia de Once que está en prisión, pero por otra causa.
El otro ex secretario de Transporte está a la espera de una decisión de la Cámara de Casación que confirme si deja o no firme su condena por estrago culposo, un delito que se sumó al de administración fraudulenta y que está pendiente de revisión en la Sala III. La Corte Suprema mandó el expediente hace un año y medio y otorgó la excarcelación hasta tanto eso quede resuelto. Permanece con preventiva en el expediente conocido como “causa Cuadernos”, donde lo acusan de haber cobrado coimas a empresarios ferroviarios.
Otro ex funcionario clave cuya responsabilidad fue juzgada fue Julio de Vido. El ex ministro de Planificación se sometió a un juicio oral diferente al principal y terminó condenado por ser partícipe necesario de fraude al Estado, pero no por el estrago. Recibió una pena de cinco años y ocho meses pero sin prisión hasta tanto la Corte Suprema revise su situación, sin plazos de tiempo para hacerlo.
La situación del resto de los condenados por la Tragedia de Once
El que recibió la condena mayor en el juicio conocido como Once I fue Sergio Cirigliano, titular de la empresa TBA. Recién para 2025 terminará de cumplir sus siete años de prisión, pero desde el año pasado está con domiciliaria por cuestiones de salud. Permanece en su domicilio de la Ciudad de Buenos Aires con tobillera electrónica y cada vez que sale por razones médicas debe notificar al Tribunal. Tiene prohibido salir del país, entre otras medidas.
Según Menghini, querellante, en las últimas semanas recuperó la libertad el motorman Córdoba, que de todos modos permanecía con condicional desde septiembre de 2020 por su buena conducta y el tiempo detenido. “Tuvo una condena corta, no por eso no la consideramos injusta”, decía en TN su abogada Valeria Corbacho cuando fue liberado del penal de Marcos Paz.
Junto con él hubo otras cuatro personas con las condenas más bajas que ya cumplieron ese plazo y quedaron en libertad. Mientras tanto, gran parte del resto de las personas condenadas fueron beneficiadas con domiciliaria por diferentes situaciones.
El camino judicial a las condenas
Por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, se iniciaron, en diferentes épocas, tres procesos judiciales: el que investigó y juzgó las responsabilidades del choque; otro para juzgar al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; y un tercer proceso por las fallas en el protocolo de búsqueda y rescate de víctimas, por las 57 horas que demandó la búsqueda de Lucas Menghini Rey, que apareció dentro de uno de los vagones del Tren Sarmiento.
La primera investigación cayó en manos del fallecido juez Claudio Bonadío y el fiscal federal Federico Delgado. En abril de ese año arranco la tanda de indagatorias a las personas imputadas, entre las que estaban los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, el maquinista y funcionarios estatales y de la empresa Trenes de Buenos Aires.
Ese proceso se extendió hasta principios de junio. A finales de ese mes, el fiscal pidió el procesamiento de todos los imputados por considerar que se cometieron los delitos de estrago culposo, peculado y asociación ilícita. A mediados de octubre, en tanto, Bonadío dictó los procesamientos por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero sobreseyó al motorman.
La investigación de la tragedia de Once sentó varios precedentes en términos sociales, políticos pero también judiciales. En Comodoro Py entendieron que había que moverse rápido y por eso Bonadío habilitó la feria judicial de verano para que la marcha de la investigación no se detenga. En ese lapso, el 11 de enero de 2013 la Cámara Federal porteña ratificó los procesamientos de los empresarios de TBA y de los funcionarios acusados pero agravó los cargos: incluyó la figura de estrago culposo y administración fraudulenta, en sintonía con lo que había planteado Delgado, y no exculpó a Córdoba.
Para ese entonces, el juez y el fiscal habían dado por terminada la instrucción, en un tiempo que no es habitual en la Justicia argentina. Las cuatro querellas estuvieron de acuerdo en lo actuado y en la valoración de pruebas, por lo que pidieron la elevación a juicio oral. Sin embargo, dos de las querellas hicieron una observación: no se había investigado la responsabilidad del entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Ello motivó un segundo juicio por la tragedia, que se desarrolló tiempo después.
Las condenas
El 18 de marzo de 2014 comenzó el juicio por la tragedia de Once, a cargo de los jueces del Tribunal Oral Federal N°2.
La Justicia seguía firme en su voluntad de acelerar al máximo los tiempos, lo que motivó de entrada un apartamiento de la Cámara de Casación al juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal, de otros expedientes. De ese modo, buscaron que se concentre únicamente en ese juicio y en el del atentado a la AMIA.
El proceso duró un año y nueve meses en los que declararon decenas de testigos, las querellas y las defensas. Fueron poco más de 100 audiencias que se llevaron a cabo los días lunes y martes de cada semana, con una importante difusión de los pasos procesales por parte del Centro de Información Judicial (CIJ). En el medio hubo algunos episodios llamativos como la detención de un perito por falso testimonio o la expulsión de las audiencias del abogado Gregorio Dalbón, representante de una de las querellas, por mala conducta.
El reclamo de los familiares
El 29 de diciembre de 2015 terminó y se conocieron las condenas. Le dieron nueve años a Claudio Cirigliano, dueño de TBA; ocho a Schiavi; seis a Jaime y tres años y medio al motorman. En su fallo, además, el Tribunal ordenó que se investigue la responsabilidad de De Vido. En total fueron 21 las personas condenadas.
Por decisión de la Cámara, esas condenas bajaron a siete años en el caso de Cirigliano y cinco años y medio en el caso de Schiavi.
“Justicia no vamos a tener nunca, porque mi sobrino Lucas y las víctimas no las vamos a volver a tener con nosotros. Pero en términos jurídicos pudimos lograr lo que pretendíamos. Además fue histórico porque éramos particulares contra el Estado y le ganamos”, dijo el abogado querellante.
Las otras dos causas
El juicio al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido, que era uno de los hombres fuertes del gobierno de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, también se instruyó en el Juzgado de Bonadío.
Ese proceso arrancó el 27 de septiembre de 2017 y duró hasta el 10 de octubre de 2018, cuando los jueces del TOF N°4 lo condenaron a cinco años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Unos días antes del inicio del juicio contra De Vido, la jueza María Servini había iniciado el proceso de juzgamiento a efectivos de Bomberos por la demora de casi tres días en hallar el cuerpo de Lucas Menghini Rey. Pero en abril de 2018 la jueza decidió, con el aval del fiscal Delgado, absolverlos por considerar que no hubo intención de no buscarlo al joven de 19 años que había aparecido en una cabina ubicada entre el tercer y cuarto vagón.
La decisión judicial motivó el enojo de los familiares de Menghini, que cuestionaron duramente al fiscal y este debió publicar un comunicado en el que aseguró que “para condenar había que probar que los bomberos no buscaron a propósito y ello no se acreditó. Si pedía una condena no cumplía mi función”.
Sobre lo expresado por el fiscal, María Luján Rey, madre de Lucas y actual diputada había dicho: “Es tremendo y tristísimo”
Fuente Perfil |Telam
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
