País
La UIA rechaza el Consenso Fiscal
27 de diciembre de 2021
La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su “preocupación” por el Consenso Fiscal 2022 que hoy firmó el presidente Alberto Fernández junto a los 23 gobernadores. Desde la entidad empresaria consideraron que este nuevo acuerdo “incrementa la presión tributaria” y provocará un “efecto adverso” sobre el sector productivo nacional.
A través de un comunicado publicado hoy, la UIA expresó su rechazo a los lineamientos del Consenso Fiscal que el Gobierno llevará adelante durante el año próximo. “El sector industrial debería quedar exento del impuesto en el año 2022, de acuerdo al consenso original firmado en 2017, mantiene un tope de alícuota de 1,5%”, argumentan.
De este modo, desde la entidad que nuclea a empresarios industriales de Argentina, exigieron que se debe volver al acuerdo firmado en el consenso de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, donde se indicaba que habría una reducción progresiva de ingresos brutos.
“Es importante destacar que ingresos brutos es uno de los impuestos más regresivos y distorsivos del sistema tributario argentino actual”, remarcaron desde la entidad que preside Daniel Funes de Rioja, a través del comunicado que se publicó hoy.
Rechazo al impuesto a la herencia
Otro punto del comunicado de la UIA pone de manifiesto la disconformidad con la posibilidad de que el Gobierno aplique, a partir de 2022, un impuesto a la herencia. “Esto también tiene un efecto adverso sobre el sector productivo, al afectar el traslado de acciones de sociedades, que impacta sobre todo en las pequeñas y medianas empresas familiares”, indicaron.
La justificación al rechazo de un posible cobro de las provincias del impuesto a la herencia, radica en que “generaría una doble imposición en nuestro país con el impuesto sobre los bienes personales” ya que “los países del mundo que gravan la herencia de bienes no tienen un impuesto sobre los bienes personales, y viceversa”.
Por lo tanto, para los dirigentes de la UIA, “se grava el patrimonio de forma anual o en el momento de transferirlo, pero no en ambos momentos, porque esto genera una doble imposición sobre la misma base imponible”, destacaron a través del comunicado hoy.
El comunicado completo de la UIA
El Consenso Fiscal 2022, que el Poder Ejecutivo Nacional pondrá a consideración de los gobernadores hoy por la tarde, genera enorme preocupación en el sector industrial debido a que incrementa la presión tributaria en el sector productivo al eliminar la reducción progresiva de ingresos brutos establecida originalmente en el año 2017.
Específicamente en el sector industrial, que debería quedar exento del impuesto en el año 2022 de acuerdo al acuerdo original firmado en 2017, mantiene un tope de alícuota de 1,5%. Cabe aclarar que varias provincias incrementaron incluso sus alícuotas en los últimos años, aprovechando que se encontraban por debajo del máximo permitido.
Es importante destacar que ingresos brutos es uno de los impuestos más regresivos y distorsivos del sistema tributario argentino actual.
Al igual que el IVA, su carácter regresivo se debe a que no sólo perjudica la competitividad de las empresas sino que su costo es afrontado por todos los consumidores, impactando en mayor medida en los sectores más vulnerables que destinan mayor parte de sus ingresos al consumo.
Por su parte, su aplicación en cascada lo hace distorsivo, ya que se incorpora como un costo y por lo tanto es trasladado a precios. Es decir, el impuesto a los ingresos brutos grava varias veces el mismo valor agregado -por la inexistencia del cómputo de crédito fiscal- y se toma como costo de producción presionando sobre los precios.
A todo esto se suma un costo administrativo muy elevado por ser el impuesto con mayor cantidad de regímenes de recaudación del país y con heterogeneidad de características en las distintas jurisdicciones. La existencia de diversos regímenes de recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos, además, hace que la alícuota efectiva que enfrenta cada empresa sea mayor que la que grava su actividad, ocasionando saldos a favor de difícil recuperación, que pierden valor con el paso del tiempo producto de la inflación (ya que no se actualizan).
El impuesto a los ingresos brutos tiene un impacto especialmente negativo en las exportaciones argentinas, por el costo incremental que genera en la producción local. En los sectores transables, como el industrial, la baja del impuesto a los ingresos brutos es muy relevante para la competencia con productos extranjeros, tanto al exportar como para competir frente a las importaciones en el mercado interno.
Otro aspecto de preocupación del nuevo Consenso Fiscal, es que consigna que las provincias procurarán establecer un impuesto sobre la herencia a lo largo del 2022. Esto también tiene un efecto adverso sobre el sector productivo, al afectar el traslado de acciones de sociedades, que impacta sobre todo en las pequeñas y medianas empresas familiares.
Además, este tipo de impuesto generaría doble imposición en nuestro país con el impuesto sobre los bienes personales. Los países del mundo que gravan la herencia de bienes no tienen un impuesto sobre los bienes personales, y viceversa. Es decir, se grava el patrimonio de forma anual o en el momento de transferirlo, pero no en ambos momentos, porque esto genera una doble imposición sobre la misma base imponible.
Argentina requiere generar más exportaciones, fomentar la inversión y la generación de empleo formal. Al respecto, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja manifestó: “el contenido e implicancias de este Consenso Fiscal 2022 va en el sentido contrario de las medidas que se necesitan para impulsar la reactivación económica y la inversión productiva”. Asimismo señaló que este acuerdo de la Nación y gobernadores de todo el espectro político debería ir en el sentido de evitar incrementos de la presión tributaria al sector transable, en lugar de promover un impuesto distorsivo que tiene numerosos impactos negativos ya conocidos para la economía.
UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA
27 de diciembre de 2021
Foto Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA
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TEXTILES: CRISIS SIN FIN
La actividad textil viene en caída libre, registró en febrero con un retioceso interanual superior al 30%, profundizando una tendencia negativa que se arrastra desde hace más de dos años. En términos acumulados, el nivel frente a niveles de 2023 es aún más pronunciado, lo que evidencia la magnitud del deterioro.
El parate productivo también se expresa en las fábricas: buena parte de la maquinaria permanece sin uso. En promedio, más de la mitad de la capacidad instalada del sector quedó inactiva en los últimos dos años, con picos recientes aún más elevados. Este escenario grafica un entramado industrial que funciona muy por debajo de su potencial.
Las causas son múltiples. Por un lado, la pérdida de poder adquisitivo golpea de lleno al consumo de indumentaria, que queda relegado frente a gastos esenciales. Por otro, la apertura de importaciones generó una presión creciente sobre la producción local. El ingreso de prendas del exterior se disparó con fuerza en el último año, impulsado por el fenómeno del fast fashion, que ofrece ropa a bajo costo y alta rotación.
A esto se suma el crecimiento de las compras en el exterior —ya sea por turismo o plataformas de envío—, lo que termina de restarle demanda al mercado interno. El resultado es un sector en retroceso, con una importante pérdida de puestos de trabajo y el cierre de cientos de empresas en todo el país.
En Mar del Plata, el impacto comienza a verse en la calle. Comercios que bajan sus persianas y una mayor oferta de locales en alquiler o venta replican una tendencia que también se observa en los principales centros urbanos. La cantidad de espacios vacíos creció con fuerza en el inicio de 2026, reflejando la dificultad de los negocios para sostenerse.
Así, la crisis textil ya no solo se mide en estadísticas: se percibe en el entramado comercial de la ciudad, donde la caída de la actividad empieza a dejar huellas concretas.
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Universidades: otra semana de paro y con clases parciales
Los gremios universitarios realizan entre este lunes 27 de abril y el sábado 2 de mayo unanueva medida de fuerza que no sólo afectará el dictado de clases es diferentes facultades sino que también en colegios secundarios que dependen de estas altas casas de estudios. El plan de lucha del sector ya suma unas 15 jornadas de paro docente y 10 días del sector nodocente, en un reclamo que suma lo salarial y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
“La docencia de las universidades necesita un 55% de aumento para recuperar los salarios que teníamos en noviembre de 2023. La garantía salarial lleva congelada más de un año y una enorme cantidad de docentes continúa cobrando 250.000 pesos”, indicaron desde Conadu, una de las federaciones nacionales mayoritarias junto a Conadu Histórica.
La protesta de esta semana afectará a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); de La Plata (UNLP); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa); de Entre Ríos (UNER); y de José C. Paz (UNPAZ).
Las acciones que buscan la implementación de la Ley de Financiamiento incluyen también “Carpas por la Universidad y la Soberanía”, retomando la histórica carpa blanca de fines de la década del '90, con la consigna “Milei, cumplí la ley”. DIB
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‘Fueron, son y serán argentinas’
Tras las recientes declaraciones del gobierno británico y versiones sobre un posible cambio en la postura de Estados Unidos, el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno ratificaron el reclamo histórico sobre el archipiélago y denunciaron la explotación ilegal de recursos naturales.
El gobierno argentino elevó el tono de la disputa diplomática por las Islas Malvinas este jueves, reafirmando la postura oficial del país frente a las declaraciones del Reino Unido. El presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno sostuvieron que "las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas", enfatizando derechos soberanos.
La respuesta argentina surgió a raíz de los dichos del vocero del primer ministro británico, Keir Starmer, quien afirmó que la soberanía británica sobre las islas es "inquebrantable" y se basa en el derecho de autodeterminación de los isleños, quienes en 2013 votaron mayoritariamente por seguir siendo territorio de ultramar del Reino Unido.
Ante esto, Quirno fue categórico al rechazar este principio, señalando que las Naciones Unidas nunca han reconocido a los habitantes de las islas como un "pueblo" con derecho a decidir su destino, sino que se trata de una "población implantada" que no puede actuar como árbitro en una disputa territorial.
Desde la perspectiva del Palacio San Martín, la ocupación británica que comenzó en 1833 constituyó un "acto de fuerza contrario al derecho internacional" que vulneró la integridad territorial de la Argentina, dando inicio a una situación colonial que persiste hasta la actualidad.
El canciller recordó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU insta a ambas naciones a resolver el conflicto mediante negociaciones bilaterales, un llamado que cuenta con el respaldo de múltiples organismos internacionales como la OEA, el Mercosur y el Grupo de los 77 y China.
El conflicto también suma una arista económica y de recursos naturales. Quirno denunció las actividades ilegales de exploración y explotación que llevan adelante las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp en el yacimiento "Sea Lion". Según el gobierno argentino, estas acciones buscan desconocer los derechos nacionales y violan directamente las resoluciones de la comunidad internacional.
Este nuevo capítulo de tensión se produce en un marco internacional incierto. Según informes periodísticos basados en filtraciones del Pentágono, la administración de Donald Trump en Estados Unidos podría estar evaluando revisar su histórica neutralidad en el conflicto.
La supuesta molestia de Washington ante la falta de apoyo británico en conflictos en Medio Oriente habría abierto la puerta para que el país norteamericano considere a las Malvinas como una "posesión imperial" europea, un gesto que, de confirmarse, alteraría significativamente el equilibrio diplomático de la región.
A pesar de la escalada verbal, la Argentina manifestó una vez más su disposición a reanudar el diálogo pacífico para encontrar una solución definitiva a la disputa de soberanía. "Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas", concluyó el mensaje oficial del gobierno.
