Un hombre de 68 años fue detenido, acusado de asesinar a un vecino porque sus hijos arrojaron fuegos artificiales durante los festejos de Navidad en la ciudad de La Plata.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el hecho ocurrió en el barrio Aeropuerto, ubicado en la zona sur de la capital bonaerense, donde el presunto agresor, cuyo nombre es Juan Carlos Magen, se quejó por el uso de la pirotecnia.

En este sentido, el implicado efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento, en 609 y 4, y causó la muerte de Daniel Néstor Rubén Ramírez (45), quien se encontraba en el descanso de la escalera y sufrió heridas en el cuello y el hombro izquierdo.

En forma de protesta por el crimen, los vecinos prendieron fuego un Peugeot 504 que pertenecía al supuesto atacante.

Los oficiales del Comando de Patrulla y personal del GTO secuestraron una escopeta especial reforzada calibre 20 con una munición en la recámara, un arma de fuego marca Bersa Thunder calibre 40, un rifle de aire comprimido, una funda de pistola y varias municiones.

Magen quedó detenido por el delito de “homicidio” y en la causa intervino la Unidad Fiscal de Instrucción de La Plata. El cuerpo fue trasladado a la morguera y la escena quedó preservada para el trabajo de peritos de la Policía Científica.

La secretaria general de la Asociación de Empleados Fiscales y de Ingresos Públicos (AEFIP), Mar del Plata y zona, Stella Maris Elías, expresó una fuerte preocupación por los alcances de la reforma laboral impulsada a nivel nacional, a la que calificó como “absolutamente regresiva en derechos para los trabajadores” y con un impacto directo sobre la recaudación del Estado. Según explicó, uno de los puntos más críticos es la detracción del 3% de las contribuciones patronales para la creación del Fondo de Aporte Laboral (FAL), destinado a cubrir futuras indemnizaciones. “Esto implica que el Estado termine subsidiando despidos de privados, transfiriendo una responsabilidad empresaria al erario público y afectando directamente a la caja jubilatoria”, advirtió.

En ese sentido, Elías también cuestionó la derogación de la Ley 24.013, que establecía multas para el empleo no registrado. La dirigente sindical sostuvo que la eliminación de estas sanciones no incentivará la formalización laboral, sino todo lo contrario. “Creemos que ese 40% de empleo no registrado va a incrementarse si no hay sanción. Es como querer reducir los accidentes de tránsito sacando los semáforos”, graficó, al tiempo que recordó que dicha norma protegía a los trabajadores que se desempeñaban en la informalidad.

Otro de los aspectos señalados fue el cambio de encuadre laboral para los trabajadores de plataformas digitales, como repartidores y choferes. Elías consideró “una aberración” que se los catalogue como trabajadores independientes cuando, en la práctica, existe una relación de absoluta subordinación. “Las plataformas fijan normas, condiciones económicas y concentran todo el poder. Hay una clara disparidad entre las partes que se desconoce con esta reforma”, remarcó.

La titular de AEFIP también alertó sobre el carácter “antisindical” de la iniciativa, al señalar que busca debilitar el rol de los gremios, restringiendo el derecho a huelga, las asambleas y la negociación colectiva. “Los sindicatos han sido el principal freno a las políticas contra los trabajadores, como ocurrió con el DNU 70 o con las cautelares que evitaron despidos. Por eso molestan y se intenta quitarles poder, aun cuando esos derechos están consagrados en la Constitución y en pactos internacionales”, afirmó.

En relación con el discurso oficial sobre la “libertad” entre empleadores y trabajadores, Elías sostuvo que se desconoce la desigualdad estructural de la relación laboral. “No hay paridad real entre un trabajador y un patrón. El sindicato es el que compensa esa disparidad y negocia colectivamente. Sin esa protección, el trabajador queda en una situación de absoluto desamparo”, subrayó.

Finalmente, cuestionó que la anunciada baja de impuestos alcance solo a un grupo reducido de empresas y no tenga un impacto generalizado en la economía. En contraposición, señaló que una reducción del impuesto a las Ganancias para los trabajadores sí se volcaría al consumo. Además, advirtió sobre la modificación de la Ley 14.250 de negociación colectiva, que habilita a la Secretaría de Trabajo a vetar cláusulas acordadas en paritarias. “Eso es una intromisión directa en la libertad de negociación. Si no se homologa un acuerdo, deja de ser obligatorio, y las empresas pueden cumplirlo o no. Es un avance grave sobre derechos conquistados”, concluyó.

El cotitular cegetista Jorge Sola advirtió que el proyecto oficial “tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional”. El equipo de abogados de la central obrera define la estrategia para impugnarlo

“Van a tener muchos líos. Esta reforma tiene violaciones a conceptos de carácter constitucional y a la vuelta de la esquina se van a chocar contra otra pared de nuevo”. Lo dijo el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguro), al insinuar que la central obrera impugnará la reforma laboral del Gobierno en caso de que se convierta en ley sin cambios respecto de la versión presentada al Congreso.

El dirigente anticipó que profundizarán el diálogo con legisladores para tratar de que se modifiquen algunos puntos del proyecto que son considerados perjudiciales para los trabajadores y para el poder sindical: “La hoja de ruta ahora es empezar a preguntar a senadores que aceptaron tener una mirada con nosotros; son muchos y de distintos sectores”, dijo Sola a Radio Rivadavia.

Más allá de ese intento, el equipo de abogados de la CGT ya comenzó el análisis detallado de la reforma laboral para definir la estrategia jurídica que llevarán adelante si la iniciativa es finalmente aprobada por el Congreso.

Es el mismo equipo que impugnó el DNU 70 a fines de 2023 y que logró que la Justicia hiciera lugar a la acción de amparo iniciada por la CGT y declarara la invalidez constitucional del capítulo laboral de esa norma.

Uno de los artículos que seguramente formarán parte de la futura impugnación de la CGT lleva el número 88 y contempla la reglamentación del derecho de huelga en el transporte, la educación, la salud y numerosas actividades. Para hacerlo se fijan mínimos de actividad en caso de huelgas: 75% en servicios considerados esenciales y 50% en servicios trascendentales.

Las actividades incluidas como servicios esenciales en el proyecto de reforma laboral son las siguientes:

1. Los servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos;
2. La producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas, petróleo y otros combustibles y energía eléctrica;
3. Los servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales;
4. La aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios;
5. Los servicios aduaneros y migratorios, y demás vinculados al comercio exterior;
6. El cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario, así como la educación especial;
7. El transporte marítimo y fluvial de personas y/o mercaderías y/o carga, servicios conexos y operaciones costa afuera, a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin; y
8. Wl servicio de recolección de residuos.

Por otra parte, se consideran actividades de importancia trascendental las siguientes:

1. La producción de medicamentos y/o insumos hospitalarios;
2. El transporte terrestre y subterráneo de personas y/o mercaderías a través de los distintos medios que se utilicen para tal fin;
3. Los servicios de radio y televisión;
4. Las actividades industriales continuas, incluyendo siderurgia y la producción de aluminio, actividad química y la actividad cementera;
5. La industria alimenticia en toda su cadena de valor;
6. La producción y distribución de materiales de la construcción, servicios de reparación de aeronaves y buques, todos los servicios aeroportuarios, servicios logísticos, actividad minera, actividad frigorífica, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena de valor;
7. Los servicios bancarios, financieros, servicios hoteleros y gastronómicos y el comercio electrónico; y
8. La producción de bienes y/o servicios de toda actividad que estuvieran afectados a compromisos de exportación.

Este artículo es el mismo que estaba incluido en el DNU 70 y que fue uno de los que fundamentaron la invalidez constitucional dictada por la justicia laboral. Según la CGT, esa reglamentación del derecho de huelga es más restrictiva de lo que fijan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por eso la reglamentación del derecho de huelga volverá a formar parte de la impugnación de la CGT e incluso hay especialistas que no están vinculados con el sindicalismo que también objetan ese punto: uno de ellos es Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo de Cambiemos, que, en una entrevista con el diario La voz del interior, opinó que este artículo podría derivar en la judicialización de la reforma. Tras admitir esa posibilidad, señaló: “La redacción actual me parece difusa y menos clara que los antecedentes existentes, lo cual podría generar una mayor judicialización posterior a la sanción de la ley”.

Además, Triaca resaltó que el proyecto oficial “tiene cosas positivas y aclaratorias que reducen la judicialización, pero hay muchas otras escritas de una manera que generan incertidumbre”. Y detalló: “Hay tres o cuatro temas donde hay que poner el zoom. Uno es la discusión de la ultraactividad y su sustitución, lo cual habilitaría la discusión de más de 1.700 convenios que hoy están vigentes. También está el tema de la prelación de los convenios: si los convenios por empresa van por encima de los nacionales o regionales. Todo eso suena bien, pero en términos operativos, si uno no tiene experiencia en la relación con organizaciones gremiales se vuelve difícil. Hay que ser equilibrado; si el sistema no es equilibrado, deja desguarnecidos a los trabajadores o genera imprevisibilidad al empleador, y así no se genera más trabajo ni formalización”. (Infobae).