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Malestar de jueces bonaerenses por jury a magistrados locales
28 de noviembre de 2021
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, que se constituyó en Mar del Plata el 17 y 18 de marzo de 2000, es una entidad que agrupa a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal.
La red expresó en estas horas su malestar frente a la resolución adoptada con fecha 23 de noviembre de 2021 por el jurado de enjuiciamiento de magistrados en el proceso seguido a dos de los integrantes del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, a raíz de la denuncia presentada entre otros por Victoria Donda.
Hay que recordar que el jurado de enjuiciamiento resolvió, por mayoría, rechazar la recusación planteada por la defensa a la presidenta de ese tribunal y declarar la verosimilitud de los cargos imputados y suspender en sus funciones a los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Javier Viñas.
Desde sus inicios, La Red viene advirtiendo acerca de los riesgos de la desnaturalización del tribunal de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, habida cuenta que no fue concebido constitucionalmente, ni está regulado legalmente, como una vía procesal alternativa para impugnar el contenido de las sentencias que se dictan en diferentes etapas de conocimiento del proceso penal bonaerense.
«Es por ello que, desde hace veinte años, venimos abogando por el cabal cumplimiento de la función constitucional y legal asignada al jury, a la vez que alertamos que su desnaturalización contraviene la independencia del Poder Judicial y, en definitiva, socava las bases del estado constitucional de derecho» dice el comunicado emitido por La Red.
En el caso particular que motiva el malestar de los jueces, la sentencia originaria del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mar del Plata (causa n° 4974), del 26 de noviembre de 2018, condenó a Matías Gabriel Farías y a Juan Pablo Offidani a las penas de ocho años de prisión y multa de ciento treinta y cinco mil pesos, para cada uno de ellos, por resultar responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo , a la vez que se los absolvió por el abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio; además, absolvió a Alejandro Alberto Maciel en orden al delito de encubrimiento agravado.
En lo que resulta de especial interés, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense con fecha 12 de agosto de 2020, dispuso “hacer lugar al recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal y por los Particulares Damnificados y, en consecuencia, anular el veredicto respecto del hecho numerado del abuso sexual agravado por la muerte de Lucía Pérez donde resultaron absueltos Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Offidani. En definitiva, reenvió el proceso al tribunal originario, quien deberá “proceder a la realización de un nuevo juicio con la premura que el caso amerita, y al dictado de un nuevo pronunciamiento”.
La defensa presentó el recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia (causa P. 134.373-Q), por lo que el máximo tribunal provincial dispuso, el 12 de mayo de 2021, admitir la queja deducida, declarando mal denegada la vía extraordinaria interpuesta y, al mismo tiempo, “rechazar, sin más trámite, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal”.
En el sistema acusatorio vigente, la función jurisdiccional de un tribunal del fuero criminal consiste, básicamente, en valorar las pruebas ofrecidas y producidas por las partes litigantes, en resolver acerca de la posible tipificación de la conducta del acusado en las normas del Código Penal y en su caso
imponerle la sanción correspondiente, acorde al principio de proporcionalidad.
Es una función estatal que no está exenta de errores, desde que la infalibilidad no forma parte de los atributos de la condición humana, y a punto tal que el propio ordenamiento procesal prevé un sistema recursivo en el que –como sucedió en el caso– una instancia superior reexamina, a instancia de parte y con la amplitud necesaria, tanto las conclusiones fácticas como las jurídicas.
El recurso de casación en materia penal persigue, precisamente, el objetivo de corregir los yerros o invalidar las actuaciones realizadas en violación a los trámites esenciales del procedimiento, es decir, cuando la sentencia originaria no se ajusta a derecho.
Sentado ello, es necesario señalar que las divergencias de enfoque y criterio jurídico –por importantes que puedan resultar, entre las conclusiones de los jueces de mérito de primer y segundo de grado– no habilitan, por sí solas, al inicio o la continuidad de procesos de remoción de aquellos.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fecha reciente, sostuvo que considera que la garantía de la independencia de la judicatura impone que, en la instauración de juicios políticos contra funcionarias y funcionarios judiciales, le está vedado al órgano u órganos que intervienen en su trámite, deliberación y resolución, revisar los fundamentos o el contenido de las decisiones emitidas por aquellas autoridades.
Asimismo, es inviable que el juicio político o la eventual destitución de juezas o jueces, como consecuencia de dicho procedimiento, se fundamente en el contenido de las decisiones que hayan dictado, en el entendido que la protección de la independencia judicial impide deducir responsabilidad por los votos y opiniones que se emitan en el ejercicio de la función jurisdiccional, con la excepción de infracciones intencionales al ordenamiento jurídico o comprobada incompetencia.
De otro modo, las autoridades judiciales se podrían ver sometidas a interferencias indebidas en el ejercicio de sus funciones, en claro detrimento de la independencia que necesariamente debe garantizárseles para que cumplan eficazmente su importante rol en un Estado de derecho.
En otras palabras, “los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad establecidos en la Constitución o en la ley”, según la fórmula utilizada en la Observación General n° 32, aprobada en 2007 por el Comité de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas.
Conforme resulta de esos principios fundamentales, y como implícitamente parece emerger del voto minoritario del propio tribunal, la continuidad de la presidenta del jurado en su cargo compromete a futuro la validez del trámite procesal, pues existe una razonable percepción de falta de imparcialidad desde que la Dra. Kogan ya conoció del caso, en ocasión de expedirse como miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Sin embargo, el debido proceso legal exige que los “actos y hechos” a los que se aluden en la resolución, aparezcan fehacientemente individualizados y acreditados en el propio decisorio del órgano juzgador, siendo insuficiente sostener, como se afirma, que «los descargos y alegaciones defensistas no proveen la certeza negativa para dar por concluido el trámite».
En suma, la resolución adoptada por el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, aun cuando de carácter provisional, genera inquietud y malestar en los operadores jurídicos bonaerenses, no sólo por omitir las directrices interpretativas de la jurisprudencia continental, sino también –y fundamentalmente– por afectar la independencia del Poder Judicial.
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Falta de medicamentos pone en jaque al sistema de salud
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), actualizado a octubre de 2026, advierte que el listado nacional de medicamentos esenciales pasó de 128 productos a apenas seis principios activos, todos vinculados con enfermedades cardiovasculares. Quedaron afuera tratamientos de uso frecuente, como la metformina para la diabetes, la levotiroxina para el hipotiroidismo y el salbutamol para el asma y la EPOC, además de antibióticos como la amoxicilina y suplementos de hierro y ácido fólico.
El retroceso también se refleja en las prestaciones: según el CEPA, los tratamientos dispensados cayeron un 62% entre 2022 y 2025, mientras que el presupuesto real de Remediar para 2026 se redujo un 72% respecto de 2023. El programa había llegado a abastecer a unos 8.100 centros de salud y alcanzar a alrededor de 19 millones de personas.
En la provincia de Buenos Aires, la reducción también tuvo consecuencias en la distribución. De acuerdo con los datos aportados por el Gobierno bonaerense a este medio, entre 2023 y 2026 los efectores abastecidos pasaron de 1.617 a 1.132; los botiquines, de 5.142 a 2.110; y las unidades distribuidas, de más de 10,4 millones a 4,6 millones, una caída cercana al 55%.
Frente a ese escenario, la Provincia prevé sumar medicamentos a los 135 municipios. En esta primera entrega llegarán 45 de los 74 fármacos adquiridos, que se suman a los más de 90 que ya distribuye mediante otros programas. La inversión informada asciende a 24.500 millones de pesos.
El nuevo botiquín contempla tratamientos para enfermedades cardiovasculares y respiratorias, hipotiroidismo e infecciones agudas, entre otras afecciones. La incorporación de estos medicamentos resulta relevante frente a la reducción del listado nacional: incluye, por ejemplo, fármacos para problemas respiratorios y de tiroides, dos áreas terapéuticas cuyos tratamientos quedaron afuera de la nueva nómina de Remediar. La Provincia sostiene que las compras centralizadas permiten mejorar la distribución y optimizar recursos, aunque la medida no elimina los interrogantes sobre la cobertura efectiva de las necesidades en cada distrito.
En Mar del Plata, la concejala de Acción Marplatense, Eva Ayala, denunció dificultades para garantizar la continuidad de tratamientos por la falta de medicamentos en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). “Hay una problemática manifiesta en los centros de salud de la ciudad en relación a la posibilidad de darle continuidad a un tratamiento cuando no están los medicamentos para que esto pueda suceder”, sostuvo.
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Halloween, las ventas de juguetes y cotillón crecieron un 30%
La Cámara Argentina de la Industria del Juguete señaló que la celebración de Halloween se consolida como una fecha importante para el sector, detrás del Día del Niño y las fiestas de fin de año.
El segundo semestre es clave para la tan golpeada industria del juguete: arranca con el Día del Niño y cierra con Navidad y Reyes. Sin embargo en los últimos años se sumó otra fecha, el 31 de octubre con la celebración de Halloween.
En diálogo radial, Julián Benítez, Gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, confirmó que las ventas tanto de juguetes como cotillón para la Noche de Brujas, tuvieron un aumento interanual del 30%.
El crecimiento se refleja en las ventas de calabazas, disfraces y artículos de cotillón que se están masificando cada 31 de octubre. Un oasis para los comerciantes que suelen hacer “su agosto” -literal- para el Día del Niño, fecha que concentra el 60% de las ventas anuales.
Con 71 años de vida, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete -con sede en el barrio porteño de Boedo- nuclea a más de 180 fabricantes de juegos, juguetes, artículos de cotillón y navidad de todo el país.
Sobre la apertura de importaciones, Benítez señaló que el sector “ya hacía rato” que la esperaba, desde diciembre de 2023. Aclaró que la industria nacional “no produce todo lo que ves en una juguetería” sino que se especializa en ciertas categorías, donde “es muy competitiva, siempre que las condiciones sean igualitarias”.
En ese sentido, advirtió que el problema surge con el contrabando u operaciones desleales de subfacturación, algo que complica no sólo a la industria nacional sino también a empresas importadoras que pagan todos sus impuestos.
Cambios de hábitos a la hora de jugar
En relación al avance de la tecnología, Benítez indicó que el uso intensivo de dispositivos hizo que en los últimos años se acortaran las edades de los usuarios de juguetes. Hoy el 40% de la oferta apunta a la primera infancia, el segmento de 0 a 3 años, donde pediatras y oftalmólogos infantiles no recomiendan las pantallas.
Para el Gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara, el fenómeno también responde a “la falta de tiempo para jugar”. Remarcó que los chicos, cuando se los motiva con juegos y juguetes, “responden”. “Los adultos tenemos que hacernos tiempo para armar momentos de juego con los chicos”.DIB
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La inflación de octubre sería del 1,9 %, según estimaciones privadas
Los primeros relevamientos privados estiman que la inflación de octubre habría desacelerado levemente tras el 1,9% que marcó en septiembre. El informe oficial del INDEC se conocerá el jueves 12 de noviembre.
Según las proyecciones privadas, el índice cerrará entre 1,8% y 2% este mes. Además, los alimentos acumulan seis semanas consecutivas de aumentos.
Los relevamientos de LCG mostraron una suba del 4,4% en cuatro semanas para alimentos y bebidas. Entre los rubros más golpeados, las verduras subieron 7,9% y los panificados, 5,9%. También registraron alzas las carnes con 3,6% y los lácteos y huevos con 3,9%.
De acuerdo con LCG, tanto la proporción de productos que aumentaron como la de aquellos que bajaron de precio mostraron un rebote durante la última semana.
En paralelo, el Banco Central señaló en su último Informe de Política Monetaria (IPOM) que la inflación promedio mensual se redujo durante el tercer trimestre y se ubicó en 1,9% entre julio y septiembre. “La inflación promedio mensual se redujo en el tercer trimestre del año, en línea con lo previsto en el IPOM anterior”, sostuvo la entidad. Además, destacó que la inflación subyacente, que excluye los componentes más volátiles y regulados, bajó a 2% mensual.
De cara al cierre del año, el BCRA identificó algunos factores que podrían presionar transitoriamente sobre los precios. “Durante el cuarto trimestre, la estacionalidad desfavorable del precio de la carne vacuna y la aceleración de ciertos ítems regulados podrían generar presiones transitoriamente alcistas sobre la inflación”, alertó. En particular, señaló que la carne suele registrar subas importantes entre noviembre y diciembre, aunque estimó que esta vez serían menores a las observadas entre fines de 2025 y principios de 2026.
También mencionó el impacto de la reducción de subsidios por Zona Fría sobre las tarifas de gas y los aumentos de los combustibles registrados a fines de septiembre, que tendrán un efecto pleno sobre el índice de octubre. A eso se podría sumar la evolución del precio internacional del petróleo.
Aun así, el Banco Central sostuvo que esos factores no modificarían la tendencia prevista para los próximos meses. “El sesgo de las políticas fiscal y monetaria, junto con una menor inercia en precios y salarios, debería conducir a un descenso de la inflación en lo que resta del año”, afirmó.
Con las estimaciones disponibles, octubre cerraría con una inflación cercana al 2%. La inflación de septiembre fue del 1,9% y acumula un 23,6% en lo que va del año. La cifra implicó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales en relación con agosto y se explicó por los aumentos de productos estacionales —como las verduras— y servicios regulados, principalmente gas, electricidad y prepagas.
