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Malestar de jueces bonaerenses por jury a magistrados locales
28 de noviembre de 2021
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, que se constituyó en Mar del Plata el 17 y 18 de marzo de 2000, es una entidad que agrupa a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal.
La red expresó en estas horas su malestar frente a la resolución adoptada con fecha 23 de noviembre de 2021 por el jurado de enjuiciamiento de magistrados en el proceso seguido a dos de los integrantes del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, a raíz de la denuncia presentada entre otros por Victoria Donda.
Hay que recordar que el jurado de enjuiciamiento resolvió, por mayoría, rechazar la recusación planteada por la defensa a la presidenta de ese tribunal y declarar la verosimilitud de los cargos imputados y suspender en sus funciones a los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Javier Viñas.
Desde sus inicios, La Red viene advirtiendo acerca de los riesgos de la desnaturalización del tribunal de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, habida cuenta que no fue concebido constitucionalmente, ni está regulado legalmente, como una vía procesal alternativa para impugnar el contenido de las sentencias que se dictan en diferentes etapas de conocimiento del proceso penal bonaerense.
«Es por ello que, desde hace veinte años, venimos abogando por el cabal cumplimiento de la función constitucional y legal asignada al jury, a la vez que alertamos que su desnaturalización contraviene la independencia del Poder Judicial y, en definitiva, socava las bases del estado constitucional de derecho» dice el comunicado emitido por La Red.
En el caso particular que motiva el malestar de los jueces, la sentencia originaria del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mar del Plata (causa n° 4974), del 26 de noviembre de 2018, condenó a Matías Gabriel Farías y a Juan Pablo Offidani a las penas de ocho años de prisión y multa de ciento treinta y cinco mil pesos, para cada uno de ellos, por resultar responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo , a la vez que se los absolvió por el abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio; además, absolvió a Alejandro Alberto Maciel en orden al delito de encubrimiento agravado.
En lo que resulta de especial interés, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense con fecha 12 de agosto de 2020, dispuso “hacer lugar al recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal y por los Particulares Damnificados y, en consecuencia, anular el veredicto respecto del hecho numerado del abuso sexual agravado por la muerte de Lucía Pérez donde resultaron absueltos Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Offidani. En definitiva, reenvió el proceso al tribunal originario, quien deberá “proceder a la realización de un nuevo juicio con la premura que el caso amerita, y al dictado de un nuevo pronunciamiento”.
La defensa presentó el recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia (causa P. 134.373-Q), por lo que el máximo tribunal provincial dispuso, el 12 de mayo de 2021, admitir la queja deducida, declarando mal denegada la vía extraordinaria interpuesta y, al mismo tiempo, “rechazar, sin más trámite, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal”.
En el sistema acusatorio vigente, la función jurisdiccional de un tribunal del fuero criminal consiste, básicamente, en valorar las pruebas ofrecidas y producidas por las partes litigantes, en resolver acerca de la posible tipificación de la conducta del acusado en las normas del Código Penal y en su caso
imponerle la sanción correspondiente, acorde al principio de proporcionalidad.
Es una función estatal que no está exenta de errores, desde que la infalibilidad no forma parte de los atributos de la condición humana, y a punto tal que el propio ordenamiento procesal prevé un sistema recursivo en el que –como sucedió en el caso– una instancia superior reexamina, a instancia de parte y con la amplitud necesaria, tanto las conclusiones fácticas como las jurídicas.
El recurso de casación en materia penal persigue, precisamente, el objetivo de corregir los yerros o invalidar las actuaciones realizadas en violación a los trámites esenciales del procedimiento, es decir, cuando la sentencia originaria no se ajusta a derecho.
Sentado ello, es necesario señalar que las divergencias de enfoque y criterio jurídico –por importantes que puedan resultar, entre las conclusiones de los jueces de mérito de primer y segundo de grado– no habilitan, por sí solas, al inicio o la continuidad de procesos de remoción de aquellos.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fecha reciente, sostuvo que considera que la garantía de la independencia de la judicatura impone que, en la instauración de juicios políticos contra funcionarias y funcionarios judiciales, le está vedado al órgano u órganos que intervienen en su trámite, deliberación y resolución, revisar los fundamentos o el contenido de las decisiones emitidas por aquellas autoridades.
Asimismo, es inviable que el juicio político o la eventual destitución de juezas o jueces, como consecuencia de dicho procedimiento, se fundamente en el contenido de las decisiones que hayan dictado, en el entendido que la protección de la independencia judicial impide deducir responsabilidad por los votos y opiniones que se emitan en el ejercicio de la función jurisdiccional, con la excepción de infracciones intencionales al ordenamiento jurídico o comprobada incompetencia.
De otro modo, las autoridades judiciales se podrían ver sometidas a interferencias indebidas en el ejercicio de sus funciones, en claro detrimento de la independencia que necesariamente debe garantizárseles para que cumplan eficazmente su importante rol en un Estado de derecho.
En otras palabras, “los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad establecidos en la Constitución o en la ley”, según la fórmula utilizada en la Observación General n° 32, aprobada en 2007 por el Comité de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas.
Conforme resulta de esos principios fundamentales, y como implícitamente parece emerger del voto minoritario del propio tribunal, la continuidad de la presidenta del jurado en su cargo compromete a futuro la validez del trámite procesal, pues existe una razonable percepción de falta de imparcialidad desde que la Dra. Kogan ya conoció del caso, en ocasión de expedirse como miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Sin embargo, el debido proceso legal exige que los “actos y hechos” a los que se aluden en la resolución, aparezcan fehacientemente individualizados y acreditados en el propio decisorio del órgano juzgador, siendo insuficiente sostener, como se afirma, que «los descargos y alegaciones defensistas no proveen la certeza negativa para dar por concluido el trámite».
En suma, la resolución adoptada por el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, aun cuando de carácter provisional, genera inquietud y malestar en los operadores jurídicos bonaerenses, no sólo por omitir las directrices interpretativas de la jurisprudencia continental, sino también –y fundamentalmente– por afectar la independencia del Poder Judicial.
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Milei a los gobernadores: ‘Si no se alinean no se podrán hacer reformas’
El presidente Javier Milei arribó este martes al mediodía en helicóptero a la ciudad de San Nicolás para participar de Expoagro 2024. Además de hablarle al campo, mantener reuniones con productores y brindar un breve discurso en el que se refirió a asuntos puntuales de la economía, como la inflación y el cepo cambiario, también le envió un mensaje a los gobernadores.
Ante la consulta de la prensa sobre si el alivio fiscal a las provincias está sujeto a la aprobación de la ley ómnibus y el llamado Pacto del 25 de Mayo, el mandatario sentenció: "Obviamente dijimos que (el alivio fiscal) es parte de un programa integral, si (los gobernadores) no se logran alinear a ese programa integral no se podrán hacer ese tipo reformas". Así lo afirmó al momento de salir del centro de exposición en el autódromo de San Nicolás.
El presidente volverá a insistir en el Congreso de la Nación con el proyecto de la ley ómnibus, que se vio obligado a devolver a comisión a principios de febrero. A esta se le sumará un paquete fiscal. Para el viernes fueron convocados los gobernadores a la Casa Rosada.
En el primer día de Expoagro estuvieron Martin Llaryora, gobernador de Córdoba; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe. El mandatario provincial volvió a reclamarle a Nación el pago de una deuda de 600 mil millones de pesos. "Hay provincias como la de Santa Fe a la que el gobierno les debe. Nos debe 600 mil millones, con lo cual queremos poner arriba de la mesa porque hemos puesto mucho para sostener el federalismo y el sistema de nuestro país", reclamó desde ExpoAgro antes de que hablara Milei.
En la misma línea, completó: "Si vamos a discutir las provincias que deben a Nación, que está bien, tenemos que discutir las deudas que tiene Nación con las provincias. El debate debe estar centrado ahí, no solo los recursos".
Mientras tanto, desde Casa Rosada dieron comienzo al operativo del Pacto de Mayo, con la convocatoria a gobernadores y ministros de Economía de las provincias.
Pacto de Mayo
El presidente Javier Milei convocó el viernes pasado en su discurso de apertura de sesiones a gobernadores, ex presidentes y lideres de partidos políticos a "que depongan intereses" y los llamó a que el próximo 25 de mayo en Córdoba se firme "un nuevo contrato social".
El objetivo es "dejar atrás las antinomías del fracaso y abrazar ideas de la libertad", con las diez políticas de Estado que el país necesita", anunció al hablar ante la Asamblea Legislativa que dejará inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.
Los puntos de "Partida para la Libertad de los Argentinos”
1. La inviolabilidad de la propiedad privada.
2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno.
4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio.
5. La rediscución de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual.
6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran, suscribirse a un sistema privado de jubilación.
9. Una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados.
10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global.
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Sin paritaria docente
Las secretarías de Trabajo y Educación, dependientes del super ministerio de Capital Humano, y los cinco gremios docentes a nivel nacional no llegaron este martes a un acuerdo paritario por lo que la negociación salarial pasa a un cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 11:00 horas.
Es que, luego del paro docente de este lunes, los gremios docentes, tanto de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) como aquellos nucleados en la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), se reunieron con las autoridades gubernamentales para llegar a un acuerdo por el piso del salario de los docentes en todo el país.
En ese marco, este martes, el Secretario General del Consejo Federal de Educación, José Thomas, propuso, tras la escalada inflacionaria que lleva acumulada casi 50% de inflación entre enero y febrero, como piso mínimo del salario docente $310.000. Sin embargo, el secretario de Trabajo, Omar Yasín, y de Educación, Carlos Torrendell, desestimaron el pedido.
Por su parte, el Secretario General de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero, señaló que desde el sindicato ofrecieron “una propuesta concreta de un salario mínimo de $450.000, que está más de la mano de la realidad y con el impacto negativo de los salarios“.
“Lo que ofrece el Gobierno no tiene nada que ver con la realidad de los salarios y el impacto que ha tenido la inflación. Asimismo, el docente ha perdido en su salario calidad porque ya no se hace el aporte para el Fondo Nacional de Incentivo Docente“, reiteró Romero.
A su vez, el sindicalista aseguró que “no vamos a hacer medidas de fuerza hasta el próximo martes” cuando tenga lugar el cuarto intermedio, pero indicó que “mientras nos sigan dilatando y no nos den una respuesta, evidentemente vamos a volver al plan de lucha”. “Vamos a negociar de buena fe“.
De esta manera, las organizaciones sindicales continuarán sus medidas de fuerza en reclamo de un aumento salarial, del pago del Fondo Compensador y del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). En respuesta, desde la Secretaría de Educación habrían confirmado los recursos financieros destinados al Fondo Compensador y a los programas de Evaluación e Información Nacional.
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Comenzó a funcionar la mesa de trabajo conjunta de IOMA y Diputados
Se llevó a cabo en el directorio de IOMA la primera reunión de la mesa de trabajo conjunta conformada por diputadas y diputados de la provincia de Buenos Aires y autoridades del IOMA.
El presidente de IOMA Homero Giles, recibió a la comisión de la mesa de trabajo legislativa conformada por las diputadas Lucía Iañez (UxP) y María Laura Cano Kelly (PTS-FITU); y por los diputados Gastón Abonjo; (LLA); Guillermo Kane (PO-FITU), Fabián Luayza Troncozo (LxS) y Daniel Sbutioni (en representación del bloque AC-UCR-GEN). Además, estuvieron presentes por parte de la obra social, su vicepresidente, Mariano Cardelli, el jefe de Gabinete, Gustavo Martínez y la directora provincial de Prestaciones, Nadia Daciuk.
Tal como se comprometieron y acordaron autoridades de IOMA y los distintos bloques de diputados de la Legislatura bonaerense, en ocasión de la presentación por parte de Homero Giles del Informe de situación de la obra social, hoy se conformó y se llevó adelante la primera mesa de trabajo para abordar de manera conjunta las diversas situaciones prestacionales y económicas financieras por las que atraviesa el Instituto.
En esta primera reunión, Homero Giles, informó a las legisladoras y legisladores sobre cuáles han sido las acciones que se produjeron por parte de la obra social luego de la presentación en la legislatura en febrero. Al respecto, Giles también dio respuesta a las consultadas efectuadas por la comisión legislativa sobre la situación actual del plan Meppes, cobertura de medicamentos, prestaciones, situación de pago a prestadores y los nuevos valores de copago.
Giles explicó que “en los últimos años la obra social trabajó de manera constante y sostenida para reducir o absorber estos costos con coberturas al 100% en ciertas prestaciones y medicamentos, pero la coyuntura económica impuesta por el Gobierno Nacional desde diciembre de 2023 la obliga a actualizar los montos vigentes, para sostener los niveles de acceso y calidad de la atención de otras prestaciones”, detalló el presidente de IOMA.
Un dato que no se puede no analizar es que “mientras la inflación en 2023 sumó un total de 211%, para los rubros sanitarios fue considerablemente superior: en medicamentos fue de 312%; en productos medicinales alcanzó 286% y, para los profesionales de la salud, 159%” enfatizó Giles.
De la reunión surgió la conformación de una agenda temática para ser abordada en forma conjunta por los equipos técnicos tanto del IOMA como de parte de las y los diputados. Sobre este particular las legisladoras y legisladores se comprometieron a realizar un nuevo encuentro lo antes posible ya con un análisis profundo y propuestas concretas para ayudar a resolver los problemas que son de prioridad para brindar las prestaciones en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.
La comisión de trabajo y a propuesta de los bloques legislativos está integrada por los diputados y diputadas, Jorge Rodríguez Alberti, Lucía Iañez; Sofía Pompomio, Fabián Luayza Troncozo, Claudio Frangul; Gastón Abonjo, Jazmín Carrizo
