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Malestar de jueces bonaerenses por jury a magistrados locales
28 de noviembre de 2021
La Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires, que se constituyó en Mar del Plata el 17 y 18 de marzo de 2000, es una entidad que agrupa a magistrados y exmagistrados del fuero penal bonaerense comprometidos en la consecución de sus principios fundamentales: la defensa de la independencia del Poder Judicial, así como la protección y promoción de los derechos humanos en el sistema penal.
La red expresó en estas horas su malestar frente a la resolución adoptada con fecha 23 de noviembre de 2021 por el jurado de enjuiciamiento de magistrados en el proceso seguido a dos de los integrantes del Tribunal en lo Criminal n° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata, a raíz de la denuncia presentada entre otros por Victoria Donda.
Hay que recordar que el jurado de enjuiciamiento resolvió, por mayoría, rechazar la recusación planteada por la defensa a la presidenta de ese tribunal y declarar la verosimilitud de los cargos imputados y suspender en sus funciones a los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Javier Viñas.
Desde sus inicios, La Red viene advirtiendo acerca de los riesgos de la desnaturalización del tribunal de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Poder Judicial, habida cuenta que no fue concebido constitucionalmente, ni está regulado legalmente, como una vía procesal alternativa para impugnar el contenido de las sentencias que se dictan en diferentes etapas de conocimiento del proceso penal bonaerense.
«Es por ello que, desde hace veinte años, venimos abogando por el cabal cumplimiento de la función constitucional y legal asignada al jury, a la vez que alertamos que su desnaturalización contraviene la independencia del Poder Judicial y, en definitiva, socava las bases del estado constitucional de derecho» dice el comunicado emitido por La Red.
En el caso particular que motiva el malestar de los jueces, la sentencia originaria del Tribunal en lo Criminal n° 1 de Mar del Plata (causa n° 4974), del 26 de noviembre de 2018, condenó a Matías Gabriel Farías y a Juan Pablo Offidani a las penas de ocho años de prisión y multa de ciento treinta y cinco mil pesos, para cada uno de ellos, por resultar responsables del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo , a la vez que se los absolvió por el abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida y favorecido por el suministro de estupefacientes en concurso ideal con femicidio; además, absolvió a Alejandro Alberto Maciel en orden al delito de encubrimiento agravado.
En lo que resulta de especial interés, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal bonaerense con fecha 12 de agosto de 2020, dispuso “hacer lugar al recurso deducido por el Ministerio Público Fiscal y por los Particulares Damnificados y, en consecuencia, anular el veredicto respecto del hecho numerado del abuso sexual agravado por la muerte de Lucía Pérez donde resultaron absueltos Matías Gabriel Farías y Juan Pablo Offidani. En definitiva, reenvió el proceso al tribunal originario, quien deberá “proceder a la realización de un nuevo juicio con la premura que el caso amerita, y al dictado de un nuevo pronunciamiento”.
La defensa presentó el recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia (causa P. 134.373-Q), por lo que el máximo tribunal provincial dispuso, el 12 de mayo de 2021, admitir la queja deducida, declarando mal denegada la vía extraordinaria interpuesta y, al mismo tiempo, “rechazar, sin más trámite, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el señor Defensor Adjunto ante el Tribunal de Casación Penal”.
En el sistema acusatorio vigente, la función jurisdiccional de un tribunal del fuero criminal consiste, básicamente, en valorar las pruebas ofrecidas y producidas por las partes litigantes, en resolver acerca de la posible tipificación de la conducta del acusado en las normas del Código Penal y en su caso
imponerle la sanción correspondiente, acorde al principio de proporcionalidad.
Es una función estatal que no está exenta de errores, desde que la infalibilidad no forma parte de los atributos de la condición humana, y a punto tal que el propio ordenamiento procesal prevé un sistema recursivo en el que –como sucedió en el caso– una instancia superior reexamina, a instancia de parte y con la amplitud necesaria, tanto las conclusiones fácticas como las jurídicas.
El recurso de casación en materia penal persigue, precisamente, el objetivo de corregir los yerros o invalidar las actuaciones realizadas en violación a los trámites esenciales del procedimiento, es decir, cuando la sentencia originaria no se ajusta a derecho.
Sentado ello, es necesario señalar que las divergencias de enfoque y criterio jurídico –por importantes que puedan resultar, entre las conclusiones de los jueces de mérito de primer y segundo de grado– no habilitan, por sí solas, al inicio o la continuidad de procesos de remoción de aquellos.
La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en fecha reciente, sostuvo que considera que la garantía de la independencia de la judicatura impone que, en la instauración de juicios políticos contra funcionarias y funcionarios judiciales, le está vedado al órgano u órganos que intervienen en su trámite, deliberación y resolución, revisar los fundamentos o el contenido de las decisiones emitidas por aquellas autoridades.
Asimismo, es inviable que el juicio político o la eventual destitución de juezas o jueces, como consecuencia de dicho procedimiento, se fundamente en el contenido de las decisiones que hayan dictado, en el entendido que la protección de la independencia judicial impide deducir responsabilidad por los votos y opiniones que se emitan en el ejercicio de la función jurisdiccional, con la excepción de infracciones intencionales al ordenamiento jurídico o comprobada incompetencia.
De otro modo, las autoridades judiciales se podrían ver sometidas a interferencias indebidas en el ejercicio de sus funciones, en claro detrimento de la independencia que necesariamente debe garantizárseles para que cumplan eficazmente su importante rol en un Estado de derecho.
En otras palabras, “los jueces podrán ser destituidos únicamente por razones graves de mala conducta o incompetencia, de conformidad con procedimientos equitativos que garanticen la objetividad y la imparcialidad establecidos en la Constitución o en la ley”, según la fórmula utilizada en la Observación General n° 32, aprobada en 2007 por el Comité de Derechos Humanos de la Organización
de Naciones Unidas.
Conforme resulta de esos principios fundamentales, y como implícitamente parece emerger del voto minoritario del propio tribunal, la continuidad de la presidenta del jurado en su cargo compromete a futuro la validez del trámite procesal, pues existe una razonable percepción de falta de imparcialidad desde que la Dra. Kogan ya conoció del caso, en ocasión de expedirse como miembro de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Sin embargo, el debido proceso legal exige que los “actos y hechos” a los que se aluden en la resolución, aparezcan fehacientemente individualizados y acreditados en el propio decisorio del órgano juzgador, siendo insuficiente sostener, como se afirma, que «los descargos y alegaciones defensistas no proveen la certeza negativa para dar por concluido el trámite».
En suma, la resolución adoptada por el jurado de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires, aun cuando de carácter provisional, genera inquietud y malestar en los operadores jurídicos bonaerenses, no sólo por omitir las directrices interpretativas de la jurisprudencia continental, sino también –y fundamentalmente– por afectar la independencia del Poder Judicial.
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ANSES nunca solicita datos personales, claves o información bancaria
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que no se comunica para solicitar datos personales, claves o información bancaria de manera telefónica, por correo electrónico, redes sociales ni mensajes de texto. En el mismo sentido, vale destacar que todas las consultas y los trámites de ANSES son gratuitos y no requieren de gestores ni intermediarios.
Toda publicación que circule por fuera del sitio oficial, anses.gob.ar, que remita a formularios, correos electrónicos o mensajes de texto debe desestimarse inmediatamente. Asimismo, se recomienda denunciar estos casos ante la Dirección de Asuntos Penales, Integridad y Sumarios de ANSES, desde donde se llevarán a cabo las acciones necesarias.
Esta advertencia surge tras recientes intentos de estafa en los que personas inescrupulosas se hacen pasar por personal del organismo, quienes les solicitan a los ciudadanos que registren sus datos con el argumento de obtener beneficios económicos.
Canales oficiales habilitados para efectuar denuncias
· A través de la web en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.
· Personalmente en Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en la oficina de ANSES más cercana.
· Por escrito, mediante envío de correo postal a Av. Paseo Colón 329, 5° piso, frente, C.P. 1063, CABA.
· Telefónicamente, a través de la línea 130.
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Mariano Cúneo Libarona ya tiene reemplazante
El presidente eligió al fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, para conducir el Ministerio de Justicia de la Nación
La renuncia del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se confirmó este miércoles de manera oficial junto con el nombre de su sucesor. El presidente Javier Milei anunció que Juan Bautista Mahiques ocupará el cargo y así despejó las dudas sobre el recambio en el gabinete.
"Muchas gracias por estos más de dos años de incansable trabajo", dijo el jefe del Estado argentino sobre la salida de uno de los funcionarios que lo venía acompañando desde que inició su mandato. El cambio estaba en carpeta desde noviembre pasado, cuando el abogado penalista y docente planteó la necesidad de abandonar su función.
A través de redes sociales, el líder de La Libertad Avanza (LLA) ratificó el rumbo de su administración a pesar del alejamiento de Cúneo Libarona. En este sentido anticipó que Mahiques "continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente".
La partida del ministro de Justicia de la Nación empezó a gestarse el año pasado a partir de la renuncia del excanciller Gerardo Werthein. El abogado porteño tomó la decisión antes de las elecciones legislativas del 26 de octubre y llegó a anunciarlo públicamente: " Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el gobierno precise".Después del triunfo del oficialismo en los comicios, el presidente le pidió al funcionario que se quede y lo consiguió. No obstante, sólo se trataba de una postergación. En las semanas siguientes trascendió que la salida se había reprogramado para marzo y esta vez no hubo vuelta atrás.
En aquella oportunidad, la continuidad se acordó con el respaldo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Esta opción parecía favorable frente a la alternativa de dejar la cartera en manos del secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Este último tiene un vínculo mucho más cercano a Santiago Caputo, otro de los asesores clave del primer mandatario.
Cuatro meses después, Cúneo Libarona presentó la renuncia y el proceso de elección del sucesor se resolvió con una nueva figura. De esta manera se modifica el mapa de relaciones del gobierno con distintos actores políticos. Entre ellos se destaca la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por las recientes denuncias penales contra el presidete Claudio "Chiqui" Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
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La Universidad Austral impulsa la primera Diplomatura en IA
Con un enfoque pedagógico y humanista, la Escuela de Educación de la Austral lidera una propuesta pionera en Inteligencia Artificial aplicada a la enseñanza. La experiencia comienza en San Luis, pero apunta a convertirse en un estándar de formación docente en todo el país.
La transformación tecnológica atraviesa cada dimensión de la vida social y la educación no es la excepción. En ese contexto, la Universidad Austral dio un paso estratégico: liderar académicamente la primera Diplomatura en Inteligencia Artificial para la Enseñanza y la Innovación en el Aula, una iniciativa que se lanza en la provincia de San Luis y que busca sentar las bases de una política de formación docente con alcance nacional.
A través de una nueva sinergia institucional, la Universidad Austral y San Luis integran capacidades para impulsar proyectos que transformarán el futuro de la provincia. Más allá del anclaje local, el corazón de esta iniciativa es académico y responde a una convicción clara: la inteligencia artificial debe integrarse a las aulas desde una mirada pedagógica sólida, ética y profundamente humana.
El decano de la Escuela de Educación de la Austral, Santiago Bellomo, fue quien presentó los fundamentos conceptuales de la diplomatura y dejó en claro el espíritu que la atraviesa. “El concepto ha irrumpido en la escena educativa, todavía nos tiene algo perplejos, entonces la idea es entender más de qué se trata, indagar sobre dónde nos puede llevar en términos de su potencial y conocer algunos riesgos que se evidencian”, explicó.
La clave del programa no está solo en la teoría, sino en la práctica colaborativa. Con alrededor de 120 tutores aportados por la Universidad Austral y una dinámica de trabajo por desafíos (“challenges”), el curso propone conocer, explorar y documentar experiencias concretas en el aula para construir un repositorio colectivo de buenas prácticas.
La diplomatura se desarrollará en modalidad híbrida y contará con una estructura de trabajo basada en challenges o desafíos pedagógicos que invitan a los docentes a diseñar, experimentar y reflexionar sobre el uso de la inteligencia artificial en su práctica educativa. Esta propuesta formativa, combina una lógica de alcance a gran escala con dispositivos que garantizan el acompañamiento personalizado de los participantes. En este sentido, el recorrido incluye tutorías académicas y un espacio especialmente diseñado para la socialización de buenas prácticas, concebido como un reservorio vivo de experiencias donde los docentes podrán compartir, analizar y enriquecer sus producciones. De este modo, la diplomatura busca no solo promover la apropiación crítica de herramientas de inteligencia artificial, sino también favorecer la transferencia real al aula y el impacto concreto en las prácticas de enseñanza.
“Lo importante de todo esto es el reservorio de experiencia de los miles que van a compartir sus producciones, es algo sobre lo cual construir. Esta es una carrera como la maratón, no de postas cortitas, entonces hay que empezar a correr y acumular esas experiencias”, afirmó el decano.
En la misma línea, la directora de la diplomatura, Alejandra Vatrano, subrayó la dimensión cultural y profesional del desafío: “Hoy la inteligencia artificial dejó de ser una tendencia para convertirse en un nuevo lenguaje cultural. Los docentes no solo necesitamos comprender cómo funciona, sino aprender a integrarla con criterio pedagógico, ética y sentido didáctico. Esta capacitación es una necesidad porque redefine el rol docente: nos permite pasar de usuarios pasivos de herramientas a diseñadores de experiencias de aprendizaje potenciadas por IA. Formarse en este campo no es incorporar tecnología, es ampliar nuestras capacidades profesionales para enseñar mejor en el presente”.
Vatrano también destacó el impacto que ya genera la propuesta entre los educadores: “La recepción que hemos tenido de parte de los docentes ha sido profundamente movilizadora. Se percibe la alegría, la motivación y el entusiasmo por ser parte de esta Diplomatura. Para muchos, representa un desafío personal y profesional, una oportunidad de superarse, actualizarse y seguir jerarquizando su práctica. Esa energía y ese compromiso reafirman el sentido de esta propuesta formativa: acompañar el crecimiento de quienes todos los días transforman la educación”.
La diplomatura -gratuita, virtual, con instancias prácticas y puntaje docente- está dirigida a educadores de todos los niveles: Inicial, Primario, Secundario, Jóvenes y Adultos y Formación Docente. Además, los participantes recibirán una computadora durante el cursado para garantizar el acceso a los contenidos.
La decisión de convocar a la Universidad Austral como socio académico no fue casual. Desde el Ministerio de Educación de San Luis destacaron que se buscó “expertos en educación que fueran además especialistas en IA, no al revés”, priorizando la capacidad de traducir la tecnología en secuencias pedagógicas concretas y aplicables.
El lanzamiento en San Luis es una primera experiencia de un modelo que podría escalarse a otras jurisdicciones. En un escenario global donde incluso los países más desarrollados aún exploran cómo integrar la IA en la escuela, la Austral propone un camino: formación rigurosa, construcción colectiva de conocimiento y una defensa explícita del rol insustituible del docente.
San Luis es el punto de partida. La necesidad, sin embargo, es nacional.
