El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, respaldó la posibilidad de que inversores extranjeros compren tierras en el país. “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, afirmó, y agregó que esas personas “no se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado”.

El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar la actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa norma establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio, y que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo.

La versión más reciente de la reforma elimina esos límites para personas físicas y jurídicas extranjeras, aunque exige una autorización conjunta de la Nación y de la provincia correspondiente cuando la compradora sea una empresa con participación de Estados extranjeros.

Ese capítulo sobre la “extranjerización” de tierras es, según reconoce el propio oficialismo, el principal obstáculo para reunir los votos necesarios en el Senado. El tratamiento del proyecto se postergó la semana pasada ante la falta de respaldos y quedó reprogramado para el 6 de agosto.

La discusión interna llegó a escalar en un cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se manifestó en contra de ese punto de la reforma, y la senadora Patricia Bullrich, uno de cuyos asesores llegó a denunciar por amenazas a un colaborador de Villarruel.

En ese contexto se enmarca el respaldo de la Sociedad Rural. Pino ya había defendido la iniciativa la semana pasada, tras la primera postergación del debate: “Una vez más, el Poder Legislativo está frenando algo que es necesario. Es un proyecto muy necesario, no solo para el campo pero es necesario para toda la Argentina”, había dicho entonces. Sobre el punto específico de la compra de tierras por extranjeros, sostuvo que “esto ya ocurrió en los siglos XIX y XX; la Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”.

El titular de la entidad rural matizó, de todos modos, que pueden existir situaciones puntuales que ameriten alguna regulación, como la adquisición de campos para destinarlos a parques o reservas naturales, en referencia a casos en la Patagonia donde la expansión de fauna silvestre en tierras no productivas afecta a la ganadería ovina de los campos vecinos.

Desde el Gobierno remarcan que la apertura no alcanza a los Estados extranjeros como tales, sino únicamente a inversores privados, y que el objetivo de la reforma es atraer inversiones y dar mayor previsibilidad jurídica a la propiedad privada.

Sin embargo, el capítulo despertó resistencia que excede al kirchnerismo y la izquierda: sectores de la oposición dialoguista y varios gobernadores plantearon objeciones sobre el alcance de los cambios y sobre qué margen deberían conservar las provincias para regular el uso de sus tierras, un debate que se sostiene desde hace semanas y que todavía no está saldado dentro del propio oficialismo.

Con la letra del proyecto en revisión y la nueva fecha de tratamiento fijada para el 6 de agosto, en la mesa política del Gobierno se muestran confiados en destrabar esta vez la sanción: “Los votos van a estar”, aseguró uno de sus integrantes.

Diversas entidades y cámaras que integran el sector productivo, el campo y la industria frigorífica argentina han manifestado su firme rechazo y preocupación ante la iniciativa del gobierno nacional que busca modificar el funcionamiento y financiamiento del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

La controversia surge a partir de un anteproyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que propone eliminar la obligatoriedad de los aportes que financian al organismo, transformándolos en contribuciones voluntarias.

Desde el sector privado, que impulsó la creación del instituto bajo la Ley 25.507, se defiende al IPCVA como una herramienta estratégica clave para el desarrollo y posicionamiento de la cadena bovina. Las cámaras advierten que la implementación de un arancelamiento voluntario "significaría, sin lugar a dudas, la eliminación del IPCVA".

El instituto desempeña funciones que el sector considera vitales, tales como realización de estudios técnicos y generación de información estratégica; promoción de la carne vacuna en el mercado interno e internacional; apertura de nuevos mercados y consolidación de acuerdos comerciales; Sostenimiento de la marca "Carne Argentina", apoyo al SENASA, organismo al que el IPCVA aporta entre un 3% y un 5% de su presupuesto anual.

Actualmente, el IPCVA funciona exclusivamente con fondos privados: los productores aportan el 0,07% del valor índice de la res vacuna en plaza de faena, mientras que la industria aporta el 0,03%.

El sector subraya que este esquema de pago obligatorio es el mismo que utilizan los principales exportadores mundiales, como Australia, Estados Unidos, Uruguay y el Reino Unido, muchos de los cuales incluso cuentan con apoyo estatal adicional.

"Los presupuestos que se manejan internacionalmente evidencian que la Argentina financia su instituto de promoción muy por debajo de otros países con cadenas cárnicas mucho menos desarrolladas", señalaron las entidades en su comunicado conjunto.

El reclamo cuenta con una representatividad federal y plural sin precedentes, uniendo a organizaciones de productores como la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Federación Agraria Argentina (FAA), CONINAGRO y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), junto a cámaras que agrupan desde grandes exportadores (Consorcio ABC) hasta PyMEs orientadas al mercado interno (CICCRA, FIFRA, UNICA, CADIF).

Para el sector, degradar la capacidad operativa del IPCVA no solo afectaría la institucionalidad del organismo, sino que implicaría un grave retroceso en logros construidos durante años a través de la inversión privada y el esfuerzo sostenido de toda la cadena de ganados y carnes.

La Federación Agraria Argentina (FAA) rechazó el proyecto del gobierno nacional que pretende modificar la ley de tierras rurales. La iniciativa iba a ser tratada el jueves en la Cámara de Senadores pero finalmente no hubo consenso para discutirla. De todos modos, la entidad agraria emitió un comunicado crítico en el que advirtió sobre los riesgos a la soberanía nacional y la segudidad.

Los ruralistas apuntan al capítulo III del proyecto denominado de inviolabilidad de la propiedad privada. "Para nuestra entidad, que el Senado apruebe este proyecto sería un grave error, ya que se afectarían fuertemente cuestiones centrales como la soberanía nacional y la seguridad”, señalaron en un comunicado.

La ley 26.737, sancionada en 2011, determinó límites para que los extranjeros pudieran adquirir tierras en la República Argentina, estableciendo porcentajes máximos y condiciones. Eliminar esos límites y dejar la potestad de rechazar las operaciones de adquisición en manos de las provincias o el gobierno nacional, “ abriría las puertas a una mayor concentración y a una delegación de soberanía que nos preocupa”, continúa el documento.

“Asimismo, también elimina las restricciones para que los extranjeros adquieran tierras en zonas fronterizas, lo que sería gravísimo también en términos de seguridad, además también deja de lado la consideración que prevé la ley vigente en relación con las tierras que tienen cuerpos de agua, por lo que no sólo se afectaría el recurso tierra sino también el agua”, aseguraron.

FAA señaló que estuvo de acuerdo con la sanción de la ley de tierras rurales porque protegía las cuestiones antes descriptas al tiempo que resguardaba a los argentinos en general y a los productores en particular, al evitar que una gran empresa extranjera, con recursos foráneos pudiera acceder a tierras argentinas y atentar contra el arraigo y el desarrollo.

“Por eso, hoy expresamos nuestra fuerte preocupación y anticipamos nuestro rechazo ante la posibilidad de que avance este nuevo intento del oficialismo (que ya trató de derogar la ley por DNU) de permitir estos avances de extranjeros”, concluyeron los ruralistas.