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PREOCUPA PRESIÓN FISCAL EN MEDIO DE LAS RESTRICCIONES
25 de junio de 2021
A principios de marzo del año pasado, los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, sumados a la altísima y rápida contagiosidad que presenta el virus, obligaron al gobierno nacional a tomar drásticas medidas de aislamiento, con prohibiciones de circulación y de trabajo para enorme cantidad de actividades.
Aquella medida tan impactante, que debió tomarse por cuestiones estrictamente sanitarias, y que evitó, seguramente, el desastre humanitario que hemos visto en diferentes países, donde la cantidad de enfermos y de muertes desbordó los más sólidos sistema de salud, generó un daño económico sin precedentes: dejó sin ingresos, en cuestión de horas, a muchísimas empresas de distintos sectores de la economía que no fueron considerados “esenciales”, y también afectó gravemente a muchas otras que, aún siendo “esenciales”, han visto desplomarse sus ventas por la contracción generalizada del nivel de actividad.
Sin ingresos, resulta imposible afrontar los gastos. Para evitar la aplicación masiva de un instituto receptado por la Ley de Contrato de Trabajo, el DNU 329/2020 del 31 de marzo del año pasado prohibió los despidos y suspensiones sin justa causa o por falta y disminución de trabajo o fuerza mayor, con el objetivo de preservar los puestos laborales en aras de mantener la paz social. Dicho decreto, que tenía una extensión de 60 días, se ha ido prorrogando hasta el presente.
En ese contexto, la mayoría de las empresas estaban fuertemente golpeadas por las medidas de aislamiento y se encuentran imposibilitadas de suspender o despedir personal. Bajo el eslogan de “Estado Presente”, algunos sectores han recibido, como una medida de auxilio insuficiente y por pocos meses, algún programa como el ATP o el REPRO II, que han otorgado un monto de cerca de la quinta parte del sueldo de cada empleado, pudiendo ser apenas superior en algunas actividades, pero siempre inferiores a la mitad del sueldo.
Transcurridos quince meses de restricciones de mayor o menor gravedad, se mantiene la prohibición de despedir o suspender personal por falta o disminución de trabajo debido a fuerza mayor, como una pandemia de proporciones inéditas en la historia reciente, con el loable fin de mantener los puestos laborales, pero ¿quién sostiene a esas fuentes de trabajo? ¿Es el “Estado Presente”? ¿O son las empresas las que las sostienen, que en cumplimiento de dicha prohibición y teniendo en miras el fin social del trabajo, conservan la nómina de empleados, aún acumulando deudas comerciales, impositivas y previsionales? Porque, es necesario decirlo para que nadie se engañe, los programas como el ATP y el REPRO II no resuelven el problema, quienes cumplen con el pago de sueldos son las empresas, no el Estado, y lo hacen no solo resignando el beneficio que toda actividad económica busca y que hace mucho ya no tiene, sino acrecentando sus deudas. Ya lo recordaron los hoteleros la semana pasada: resulta imposible afrontar todos los pagos, las empresas privilegian los salarios y se endeudan con el resto. No se trata de rebeldía, se trata de imposibilidad por falta de trabajo.
Basta con recorrer esta ciudad, o cualquier otra, para espantarse con la cantidad de persianas bajas, con locales de escasos clientes, con actividades de funcionamiento intermitente e imprevisto (gimnasios, natatorios, cines, teatros, escuelas, transportes escolares…) y otras directamente sin funcionamiento (hoteles, agencias de viaje, salas de juego, salones de fiesta, recitales, entre otras). En 2020 el PBI ha caído un 9,9%. En el peor año de nuestra historia económica, el 2002, la caída fue del 10,9%. Nótese con este sencillo indicador la magnitud del problema.
Y en medio de este terrible panorama, la AFIP ha decidido ejercer presión sobre los contribuyentes. El traspié de hace apenas unos días, con la pretensión de cobro retroactivo a monotributistas que pagaron en tiempo y forma lo que correspondía, es un claro ejemplo: la indignación generalizada fue tan grande que el propio Presidente de la Nación tuvo que ocuparse con urgencia del tema para dar un paso atrás.
Pero esa es solo una muestra de la falta de contacto con la realidad y de la ausencia de empatía con sectores tan golpeados por la pandemia y por las medidas de restricciones que el propio gobierno adoptó. Pues por estos días la AFIP comenzó a intimar a diferentes empresas para que en pocas horas cancelen sus deudas impositivas bajo amenaza de juicios y embargos en sus cuentas bancarias. Es importante aclarar que las deudas que se pretenden ejecutar son autodeclaradas, es decir, las propias empresas informaron los montos que deben pagar, los que no han pagado por imposibilidad, por darle prioridad al pago de salarios. ¿Será que se pretende, desde el Fisco, que se dejen de pagar sueldos para pagar impuestos? ¿Será que el objetivo que se proclama de mantener la paz social es solo una declaración? ¿O de qué otra forma pueden las empresas pagar sus deudas? ¿Ejecutando a su vez a sus clientes deudores, para que así el efecto dominó termine por cerrar las empresas que hasta ahora han sobrevivido al desastre económico? ¿No querrá el Estado quedarse con las empresas? Menudo problema tendrían para gestionarlas…
La preocupación entre empresarios es creciente. Sería bueno que los políticos tomen nota del error, que reflexionen y reviertan la postura, para que esa preocupación no se traslade a los empleados, y pueda mantenerse así la tan declamada paz social.
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Camioneros logró un bono de $600 mil y un aumento de 5,5%
El gremio de camioneros logró un bono de $600 mil, en cuatro cuotas, y un aumento del 5,5 % para los próximos tres meses. El acuerdo está algo lejos del 15 % que buscaba el gremio que conduce Hugo Moyano pero el ministerio de Trabajo de la Nación intervino para bajar esas expectativas y marcar así una referencia para el resto de los sindicatos.
Si bien el acuerdo todavía no fue homologado, trascendió que Camioneros firmará una paritaria de 2,2 % con los sueldos de diciembre, 1,8 % con los haberes de enero y de 1,5 % con los de febrero.
La paritaria de Camioneros se venía negociando desde diciembre con reuniones entre autoridades del gobierno, las empresas y el gremio. A pesar de la amenaza concreta de medidas de fuerza, la Casa Rosada ratificó que no iba a avalar acuerdos salariales por encima del 1% mensual, en línea con los estándares de inflación que prevé para este año.
Si bien inicialmente había pedido tres subas del 5 % mensual en diciembre, enero y febrero, el gremio de Moyano estaba negociando con su contraparte empresaria un incremento escalonado de entre 7 % y 8 % para ese trimestre.
Un grupo importante de paritarias, como los casos de Camioneros, los mecánicos de Smata, trabajadores de la UOM, la industria del cuero y de Sanidad (convenio con clínicas y sanatorios) convinieron incrementos que acumulados en 2024 se ubicaron en línea con la evolución del IPC.
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Milei recibirá al líder opositor venezolano González Urrutia
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, reconocido por el gobierno argentino como presidente electo del país caribeño, se reunirá este sábado con Javier Milei en la Casa Rosada, cuando resta menos de una semana para que se cumpla la fecha en la que debería asumir en reemplazo de Nicolás Maduro.
Milei tendrá un encuentro desde las 11 con el venezolano en Casa Rosada y se prevé que le exprese su apoyo, luego de que Maduro se autoproclamara ganador de los comicios venezolanos sin haber presentado las actas que certificaran ese resultado que lo habilitaría a asumir un nuevo mandato a partir del 10 de enero.
El presidente argentino fue uno de los primeros en reconocer al dirigente venezolano como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, mientras que denunció un "fraude masivo" perpetrado por Maduro.
Tras esto, el régimen venezolano expulsó al cuerpo diplomático argentino, que tuvo que abandonar el país en pocas horas. Actualmente, la representación está a cargo de Brasil.
González Urrutia, cuya jefa política es la dirigente María Corina Machado, debió asilarse en España. En los últimos días se movió para buscar apoyo de grandes líderes mundiales y, en ese marco, se reunió con la mandataria italiana, Giorgia Meloni, de estrecho vínculo con Milei.
El dirigente venezolano arribaría este viernes a Buenos Aires y al día siguiente tendrá el encuentro con Milei para seguir metiendo presión internacional y tratar de complicar los planes de Maduro de reasumir su cargo en unos días.
González Urrutia, quien se reivindica ganador con el 67 % de los sufragios, dijo días atrás que espera el "comienzo de una nueva era" porque retornará a Venezuela ese mismo día.
Las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela escalaron en los últimos días tras la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en prisión en Caracas.
Milei exigió su liberación inmediata y calificó a Nicolás Maduro de "dictador criminal", mientras que el régimen del país caribeño calificó al gendarme de "terrorista".
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Tickets de compra deben detallar qué impuestos paga el consumidor
Ya entró en vigencia el régimen de transparencia fiscal, por el cual las empresas y los comerciantes deberán empezar a discriminar en la factura y ticket de venta el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otras cargas tributarias. En esta primera etapa deben implementarlo las grandes empresas.
Los supermercados, por ejemplo, ya empezaron a aplicar la medida. Todos los comprobantes deberán tener una línea donde se detalle el monto correspondiente al IVA y, cuando sean emitidos por una compañía grande (que detalla el organismo en su página), también indicarán los impuestos internos que incidan en el precio final que paga el consumidor.
El resto de los contribuyentes tendrá un plazo opcional hasta el 1° de abril próximo, cuando pasará a ser obligatorio para todos.
Aquellos contribuyentes que ya usan la factura electrónica por medio de los sistemas de ARCA verán reflejada de forma automática la discriminación del IVA desde el 1° de enero del año que viene.
"El organismo implementará las adecuaciones sistémicas necesarias", prometió ARCA. Quienes utilicen controladores fiscales de nueva tecnología, podrán seguir usando ese equipamiento en la medida que actualicen el firmware (en el caso de las cajas registradoras) o incorporen la información a través del software de facturación (en las impresoras fiscales).
Desde ARCA (exAFIP) explicaron que el objetivo es "reafirmar el compromiso del Gobierno nacional con la transparencia fiscal, permitiendo a los consumidores conocer el impacto de los impuestos en las operaciones y que puedan contar con información para tomar sus decisiones comerciales con plena libertad”.
Los consumidores no tendrán que hacer ninguna operación, sino que en la factura o ticket de compra encontrarán la leyenda "Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)", donde estarán discriminados los impuestos anteriormente detallados.
Desde el Gobierno también invitaron a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales también tengan conocimiento de la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos y de los respectivos tributos municipales en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.
En ese marco, Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, dedicada a la conciencia fiscal, y que ha impulsado esta medida que rige formalmente desde este miércoles, señaló que desde la entidad que preside "decimos que es una obligación adherirse, ya que la Constitución Nacional en su artículo 42 establece que el consumidor tiene derecho a recibir información adecuada y veraz".
A su vez, explicó que ahora los consumidores podrán identificar en sus tickets una sección titulada Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, donde vamos a ver "en cuatro renglones, donde se desglosará el IVA, la incidencia de otros impuestos nacionales y los impuestos provinciales, es decir, ingresos brutos y tasas municipales".
Por último, Olivero Vila comentó que la implementación de la norma no solo se limitaría a los tickets, sino que también se espera que a partir de abril los precios en góndola incluyan la carga impositiva. Sin embargo, aclaró que esto último aún no ha sido reglamentado, ya que dicha reglamentación "no va a venir de ARCA, sino de la Secretaría de Comercio con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor".
Entrevista Radioinforme 3.
