País
Defensoría pide a los bancos mayores recaudos ante los ciberdelitos
22 de junio de 2021
Ante el notorio incremento reclamos recibido por casos de presunta comisión de ciberdelitos, especialmente relacionados con la captura ilegal de datos personales y fraudes bancarios, los Defensores del Pueblo Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón, emitieron una resolución mediante la cual recomiendan al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), tenga:
a) reforzar las medidas de seguridad informática interna de todas las distintas entidades bancarias, y en sus comunicaciones e intercambio de información interbancaria;
b) disponer canales y vías de atención prioritaria a los/as usuarios/as que denuncien haber sido víctimas de ciberdelitos o contravenciones, para tomar debido registro, brindarles asesoramiento adecuado y adoptar medidas eficaces que permitan proteger el patrimonio de los/as afectados/as, con especial énfasis en aquellos/as usuarios/as que queden comprendidos/as dentro de la categoría de “consumidores/as hipervulnerables”;
c) implementar medidas adicionales de validación en aquellas modalidades de créditos automáticos, pre otorgados, o similares que se ofrecen y se ejecutan por medios informáticos;
d) propiciar, en todo el país, la formalización de convenios de cooperación recíproca entre las entidades bancarias y las unidades fiscales especializadas en delitos informáticos, a fin de articular medidas que permitan prevenir, neutralizar e investigar la comisión de delitos informáticos y perseguir penalmente a sus autores;
e) impulsar la creación de Códigos de Conducta o de Buenas Prácticas Profesionales, tal como lo promueve el art. 30 de la Ley Nacional nº 25.326 -y modificatorias-, a los fines de unificar el tratamiento de datos personales y brindar una correcta capacitación de los/as empleados/as bancarios/as.
Desde hace muchos años la vida cotidiana se encuentra atravesada por la utilización, cada vez más frecuente, de medios informáticos para poder concretar múltiples tareas tan necesarias como habituales. En efecto, el acceso a internet y a distintos canales informáticos resultan casi ineludibles, pues a través de ellos podemos, por ejemplo, percibir, el cobro de haberes u honorarios, realizar transferencias, pago de servicios, solicitud de créditos, etc., así como todo tipo de control sobre nuestras cuentas bancarizadas; también para formular consultas, trámites o reclamos de toda índole, tanto ante las administraciones u organismos públicos (a nivel nacional, provincial y/o municipal) como frente a entidades privadas (bancos, comercios, compañías de seguro, etc); además, efectuar compras, adquisiciones o contrataciones de bienes, productos y servicios (algunos de ellos de carácter esencial); y el acceso a noticias o transmisión de información de todo tipo (periodísticas, de estudio, documentales, personales, etc.).
Esta omnipresencia de la conectividad en nuestras vidas, se ha visto particularmente acentuada y acelerada con motivo de las medidas de aislamiento/distanciamiento social, preventivo y obligatorio, adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria por la aparición de la pandemia por el virus del Covid-19. Como consecuencia de ello, muchas actividades que antes podían realizarse de manera presencial, se tornaron casi exclusivamente de forma virtual.
Desde el comienzo del aislamiento/distanciamiento social, preventivo y obligatorio, se produjo una creciente cantidad de consultas y reclamos referidos a la comisión de los denominados “ciberdelitos”, particularmente fraudes o estafas bancarias y robo de datos. La casi “obligada” inclinación al uso del entorno digital produjo, paralelamente, un incremento de los delitos o contravenciones informáticos, de aquellos/as que tienen como objetivo la identidad, la propiedad, el patrimonio y la seguridad de las personas, pero además de aquellos/as otros que tienen como objetivo atacar, destruir y dañar activos, sistemas de información y otros sistemas de computadoras, utilizando medios electrónicos y/o redes de Internet.
Estas estafas cibernéticas, se cometen mediante el uso de un tipo de ingeniería social que se caracteriza por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta. El/la estafador/a se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial sea electrónica, por correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea, red social, llamadas telefónicas o combinando dos o más de estas vías
La mayor parte de los casos obedece al robo de datos personales, a partir de lo cual los/as ciberdelincuentes acceden de manera ilícita a las cuentas bancarias o a los sistemas de “Home Banking” de las personas, y en pocos minutos pueden efectuar transferencias, realizar compras, incluso, gestionar créditos personales automáticos o pre-otorgados por las entidades bancarias. Es decir, la criminalidad informática tiene un alcance mayor y puede incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, la falsificación, entre otros; en los cuales los ordenadores y redes son utilizados como medio.
Dentro de esta generalidad, la mayor cantidad de consultas y/o reclamos recibidos, giran en torno a las comúnmente denominadas “estafas bancarias”. Éstas se generan mediante el “PHISHING”, que es un método que se utiliza para engañar a el/la usuario/a desprevenido/a, y así conseguir que revele información personal, como contraseñas, claves, datos de tarjetas de crédito o de la seguridad social con sus códigos de seguridad y números de cuentas bancarias, entre otros. Así como también, el acceso indebido se produce por la vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos o del hackeo del sistema directamente.
Esta acción de los Defensores locales se hace eco de lo oportunamente impulsado desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otras Defensorías del país, tendientes a brindar protección a las víctimas de estafas bancarias, y a prevenir futuros casos.
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Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.
Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".
