País
Defensoría pide a los bancos mayores recaudos ante los ciberdelitos
22 de junio de 2021
Ante el notorio incremento reclamos recibido por casos de presunta comisión de ciberdelitos, especialmente relacionados con la captura ilegal de datos personales y fraudes bancarios, los Defensores del Pueblo Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón, emitieron una resolución mediante la cual recomiendan al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), tenga:
a) reforzar las medidas de seguridad informática interna de todas las distintas entidades bancarias, y en sus comunicaciones e intercambio de información interbancaria;
b) disponer canales y vías de atención prioritaria a los/as usuarios/as que denuncien haber sido víctimas de ciberdelitos o contravenciones, para tomar debido registro, brindarles asesoramiento adecuado y adoptar medidas eficaces que permitan proteger el patrimonio de los/as afectados/as, con especial énfasis en aquellos/as usuarios/as que queden comprendidos/as dentro de la categoría de “consumidores/as hipervulnerables”;
c) implementar medidas adicionales de validación en aquellas modalidades de créditos automáticos, pre otorgados, o similares que se ofrecen y se ejecutan por medios informáticos;
d) propiciar, en todo el país, la formalización de convenios de cooperación recíproca entre las entidades bancarias y las unidades fiscales especializadas en delitos informáticos, a fin de articular medidas que permitan prevenir, neutralizar e investigar la comisión de delitos informáticos y perseguir penalmente a sus autores;
e) impulsar la creación de Códigos de Conducta o de Buenas Prácticas Profesionales, tal como lo promueve el art. 30 de la Ley Nacional nº 25.326 -y modificatorias-, a los fines de unificar el tratamiento de datos personales y brindar una correcta capacitación de los/as empleados/as bancarios/as.
Desde hace muchos años la vida cotidiana se encuentra atravesada por la utilización, cada vez más frecuente, de medios informáticos para poder concretar múltiples tareas tan necesarias como habituales. En efecto, el acceso a internet y a distintos canales informáticos resultan casi ineludibles, pues a través de ellos podemos, por ejemplo, percibir, el cobro de haberes u honorarios, realizar transferencias, pago de servicios, solicitud de créditos, etc., así como todo tipo de control sobre nuestras cuentas bancarizadas; también para formular consultas, trámites o reclamos de toda índole, tanto ante las administraciones u organismos públicos (a nivel nacional, provincial y/o municipal) como frente a entidades privadas (bancos, comercios, compañías de seguro, etc); además, efectuar compras, adquisiciones o contrataciones de bienes, productos y servicios (algunos de ellos de carácter esencial); y el acceso a noticias o transmisión de información de todo tipo (periodísticas, de estudio, documentales, personales, etc.).
Esta omnipresencia de la conectividad en nuestras vidas, se ha visto particularmente acentuada y acelerada con motivo de las medidas de aislamiento/distanciamiento social, preventivo y obligatorio, adoptadas para enfrentar la emergencia sanitaria por la aparición de la pandemia por el virus del Covid-19. Como consecuencia de ello, muchas actividades que antes podían realizarse de manera presencial, se tornaron casi exclusivamente de forma virtual.
Desde el comienzo del aislamiento/distanciamiento social, preventivo y obligatorio, se produjo una creciente cantidad de consultas y reclamos referidos a la comisión de los denominados “ciberdelitos”, particularmente fraudes o estafas bancarias y robo de datos. La casi “obligada” inclinación al uso del entorno digital produjo, paralelamente, un incremento de los delitos o contravenciones informáticos, de aquellos/as que tienen como objetivo la identidad, la propiedad, el patrimonio y la seguridad de las personas, pero además de aquellos/as otros que tienen como objetivo atacar, destruir y dañar activos, sistemas de información y otros sistemas de computadoras, utilizando medios electrónicos y/o redes de Internet.
Estas estafas cibernéticas, se cometen mediante el uso de un tipo de ingeniería social que se caracteriza por intentar adquirir información confidencial de forma fraudulenta. El/la estafador/a se hace pasar por una persona o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial sea electrónica, por correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea, red social, llamadas telefónicas o combinando dos o más de estas vías
La mayor parte de los casos obedece al robo de datos personales, a partir de lo cual los/as ciberdelincuentes acceden de manera ilícita a las cuentas bancarias o a los sistemas de “Home Banking” de las personas, y en pocos minutos pueden efectuar transferencias, realizar compras, incluso, gestionar créditos personales automáticos o pre-otorgados por las entidades bancarias. Es decir, la criminalidad informática tiene un alcance mayor y puede incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, la falsificación, entre otros; en los cuales los ordenadores y redes son utilizados como medio.
Dentro de esta generalidad, la mayor cantidad de consultas y/o reclamos recibidos, giran en torno a las comúnmente denominadas “estafas bancarias”. Éstas se generan mediante el “PHISHING”, que es un método que se utiliza para engañar a el/la usuario/a desprevenido/a, y así conseguir que revele información personal, como contraseñas, claves, datos de tarjetas de crédito o de la seguridad social con sus códigos de seguridad y números de cuentas bancarias, entre otros. Así como también, el acceso indebido se produce por la vulneración de la seguridad de los sistemas informáticos o del hackeo del sistema directamente.
Esta acción de los Defensores locales se hace eco de lo oportunamente impulsado desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otras Defensorías del país, tendientes a brindar protección a las víctimas de estafas bancarias, y a prevenir futuros casos.
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Camioneros logró un bono de $600 mil y un aumento de 5,5%
El gremio de camioneros logró un bono de $600 mil, en cuatro cuotas, y un aumento del 5,5 % para los próximos tres meses. El acuerdo está algo lejos del 15 % que buscaba el gremio que conduce Hugo Moyano pero el ministerio de Trabajo de la Nación intervino para bajar esas expectativas y marcar así una referencia para el resto de los sindicatos.
Si bien el acuerdo todavía no fue homologado, trascendió que Camioneros firmará una paritaria de 2,2 % con los sueldos de diciembre, 1,8 % con los haberes de enero y de 1,5 % con los de febrero.
La paritaria de Camioneros se venía negociando desde diciembre con reuniones entre autoridades del gobierno, las empresas y el gremio. A pesar de la amenaza concreta de medidas de fuerza, la Casa Rosada ratificó que no iba a avalar acuerdos salariales por encima del 1% mensual, en línea con los estándares de inflación que prevé para este año.
Si bien inicialmente había pedido tres subas del 5 % mensual en diciembre, enero y febrero, el gremio de Moyano estaba negociando con su contraparte empresaria un incremento escalonado de entre 7 % y 8 % para ese trimestre.
Un grupo importante de paritarias, como los casos de Camioneros, los mecánicos de Smata, trabajadores de la UOM, la industria del cuero y de Sanidad (convenio con clínicas y sanatorios) convinieron incrementos que acumulados en 2024 se ubicaron en línea con la evolución del IPC.
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Milei recibirá al líder opositor venezolano González Urrutia
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, reconocido por el gobierno argentino como presidente electo del país caribeño, se reunirá este sábado con Javier Milei en la Casa Rosada, cuando resta menos de una semana para que se cumpla la fecha en la que debería asumir en reemplazo de Nicolás Maduro.
Milei tendrá un encuentro desde las 11 con el venezolano en Casa Rosada y se prevé que le exprese su apoyo, luego de que Maduro se autoproclamara ganador de los comicios venezolanos sin haber presentado las actas que certificaran ese resultado que lo habilitaría a asumir un nuevo mandato a partir del 10 de enero.
El presidente argentino fue uno de los primeros en reconocer al dirigente venezolano como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, mientras que denunció un "fraude masivo" perpetrado por Maduro.
Tras esto, el régimen venezolano expulsó al cuerpo diplomático argentino, que tuvo que abandonar el país en pocas horas. Actualmente, la representación está a cargo de Brasil.
González Urrutia, cuya jefa política es la dirigente María Corina Machado, debió asilarse en España. En los últimos días se movió para buscar apoyo de grandes líderes mundiales y, en ese marco, se reunió con la mandataria italiana, Giorgia Meloni, de estrecho vínculo con Milei.
El dirigente venezolano arribaría este viernes a Buenos Aires y al día siguiente tendrá el encuentro con Milei para seguir metiendo presión internacional y tratar de complicar los planes de Maduro de reasumir su cargo en unos días.
González Urrutia, quien se reivindica ganador con el 67 % de los sufragios, dijo días atrás que espera el "comienzo de una nueva era" porque retornará a Venezuela ese mismo día.
Las tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela escalaron en los últimos días tras la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra en prisión en Caracas.
Milei exigió su liberación inmediata y calificó a Nicolás Maduro de "dictador criminal", mientras que el régimen del país caribeño calificó al gendarme de "terrorista".
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Tickets de compra deben detallar qué impuestos paga el consumidor
Ya entró en vigencia el régimen de transparencia fiscal, por el cual las empresas y los comerciantes deberán empezar a discriminar en la factura y ticket de venta el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otras cargas tributarias. En esta primera etapa deben implementarlo las grandes empresas.
Los supermercados, por ejemplo, ya empezaron a aplicar la medida. Todos los comprobantes deberán tener una línea donde se detalle el monto correspondiente al IVA y, cuando sean emitidos por una compañía grande (que detalla el organismo en su página), también indicarán los impuestos internos que incidan en el precio final que paga el consumidor.
El resto de los contribuyentes tendrá un plazo opcional hasta el 1° de abril próximo, cuando pasará a ser obligatorio para todos.
Aquellos contribuyentes que ya usan la factura electrónica por medio de los sistemas de ARCA verán reflejada de forma automática la discriminación del IVA desde el 1° de enero del año que viene.
"El organismo implementará las adecuaciones sistémicas necesarias", prometió ARCA. Quienes utilicen controladores fiscales de nueva tecnología, podrán seguir usando ese equipamiento en la medida que actualicen el firmware (en el caso de las cajas registradoras) o incorporen la información a través del software de facturación (en las impresoras fiscales).
Desde ARCA (exAFIP) explicaron que el objetivo es "reafirmar el compromiso del Gobierno nacional con la transparencia fiscal, permitiendo a los consumidores conocer el impacto de los impuestos en las operaciones y que puedan contar con información para tomar sus decisiones comerciales con plena libertad”.
Los consumidores no tendrán que hacer ninguna operación, sino que en la factura o ticket de compra encontrarán la leyenda "Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)", donde estarán discriminados los impuestos anteriormente detallados.
Desde el Gobierno también invitaron a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a dictar las respectivas normas para que los consumidores finales también tengan conocimiento de la incidencia del impuesto sobre los ingresos brutos y de los respectivos tributos municipales en la formación de los precios de los bienes, locaciones y prestaciones de servicios.
En ese marco, Matías Olivero Vila, presidente de la ONG Lógica, dedicada a la conciencia fiscal, y que ha impulsado esta medida que rige formalmente desde este miércoles, señaló que desde la entidad que preside "decimos que es una obligación adherirse, ya que la Constitución Nacional en su artículo 42 establece que el consumidor tiene derecho a recibir información adecuada y veraz".
A su vez, explicó que ahora los consumidores podrán identificar en sus tickets una sección titulada Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, donde vamos a ver "en cuatro renglones, donde se desglosará el IVA, la incidencia de otros impuestos nacionales y los impuestos provinciales, es decir, ingresos brutos y tasas municipales".
Por último, Olivero Vila comentó que la implementación de la norma no solo se limitaría a los tickets, sino que también se espera que a partir de abril los precios en góndola incluyan la carga impositiva. Sin embargo, aclaró que esto último aún no ha sido reglamentado, ya que dicha reglamentación "no va a venir de ARCA, sino de la Secretaría de Comercio con la Subsecretaría de Defensa del Consumidor".
Entrevista Radioinforme 3.
