29 de abril de 2021

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (ADEPA) criticó la teoría del lawfare, que planteó el dictamen de la mayoría oficialista en la Comisión Bicameral de Organismos de Inteligencia del Congreso, donde se acusó a los «medios de comunicación hegemónicos» de haber formado parte de un «plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa», durante la gestión macrista.

Para la entidad representativa de los medios de comunicación, esa acusación es «otro capítulo para hostigar y disuadir el ejercicio del periodismo de investigación».

En un duro documento que difundió este jueves por la mañana, ADEPA planteó que el dictamen de la mayoría oficialista en la Comisión Bicameral presidida por Leopoldo Moreau, titulado «El Estado mafioso», es «un nuevo episodio vinculado al intento por instalar la denominada teoría del lawfare», «a través de la cual plantean que hubo un ‘ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos'».

«Frente a un pronunciamiento de tanta gravedad emanado de un organismo integrado por diputados y senadores de la nación, ADEPA expresa, con especial énfasis, que en ningún caso el ejercicio básico de la tarea periodística de buscar y difundir información y opiniones puede ser considerado un hecho ilícito. Por el contrario, la difusión de informaciones y opiniones sobre hechos que involucren a funcionarios públicos constituyen actos protegidos y alentados por el sistema constitucional», sostuvo ADEPA.

La entidad representativa de los medios destacó que «esto no significa privilegio alguno: como ha sostenido ADEPA, si hay hechos ilícitos en los cuales participaron periodistas, ellos deben ser objeto de investigación del mismo modo que ocurre con cualquier otro ciudadano».

En el mismo sentido, la entidad señaló que es importante que todas las denuncias por espionaje ilegal sean investigadas por la Justicia y sus responsables sancionados, «tal como lo manifestó oportunamente nuestra entidad en las acciones de las que fueron víctimas en 2018 los periodistas Hugo Alconada Mon, de La Nación; y Rodis Recalt, de Perfil».

Fue precisamente a mediados del año pasado, cuando ADEPA reclamó una investigación y castigo a los culpables de recabar «información personal y de seguimiento de la vida privada de varias personas públicas, entre quienes figuran los periodistas Rodis Recalt y Hugo Alconada Mon, entre otros».

«En algunos casos, los seguimientos ilegales comenzaban a pocos días de que los medios publicaran los artículos e investigaciones firmados por Recalt o Alconada Mon. E incluían detalles de su vida privada, de sus relaciones personales, de sus actividades profesionales, de sus movimientos, etc. Además, les tomaron fotografías –en uno de los casos, de su domicilio y su vehículo–, los filmaron, revisaron sus perfiles de redes sociales y buscaron información privada en diversos organismos del Estado», sostuvo ADEPA en su comunicado del año pasado, sobre el espionaje ilegal realizado sobre ambos periodistas.

    Por eso, en el comunicado que difundió esta mañana, ADEPA agregó que «la acusación -ahora por parte de la mayoría de esta comisión legislativa- de que periodistas y medios, al difundir noticias judiciales o al contactarse con fuentes gubernamentales o judiciales, forman parte de un entramado delictivo, más allá de resultar absurda en términos jurídicos, tiene un objetivo silenciador del debate público que merece la mayor atención y condena. Nunca más el periodismo debe quedar atenazado por las intimidaciones y las prácticas abusivas de los poderes públicos, y de las facciones políticas a ellos ligados».

La entidad afirmó que no deben ser ignoradas ni subestimadas «las consecuencias negativas que la instalación de ese supuesto lawfare produce sobre el ejercicio de un derecho básico y esencial para la convivencia democrática, como lo es la libertad de expresión. En especial cuando provienen de un órgano estatal».

El dictamen de diputados y senadores del kirchnerismo en la Comisión Bicameral de Organismos de Inteligencia denunció este martes un “plan sistemático de espionaje ilegal” para «perseguir oponentes» durante el gobierno de Mauricio Macri y pidió la creación de una nueva Bicameral que examine las conductas de “un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte”. Entre ellos, el titular de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz​ y el procurador Eduardo Casal.

Ese dictamen de mayoría del Frente de Todos planteó que durante 2015 y 2019 «se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”. Y aseguró que ese plan se llevó a cabo “en concurso con los medios de comunicación hegemónicos y el Poder Judicial”.

ADEPA concluyó en su comunicado de esta mañana, que «la acusación de supuestos hechos penales consistentes en entrevistar a fuentes o difundir informaciones u opiniones sobre causas judiciales que involucran a funcionarios públicos, formulada por parte de las máximas autoridades políticas del país, es una forma de censura indirecta» prohibida por la normativa vigente. «E implica una grave amenaza para las libertades de expresión y de prensa y, por ende, un peligro concreto para el sistema democrático y republicano».​

El comunicado completo de ADEPA

En un nuevo episodio vinculado al intento por instalar la denominada teoría del lawfare, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, del Congreso de la Nación, presidida por el diputado Leopoldo Moreau,elaboró un dictamen de mayoría titulado «El Estado mafioso». El informe acusa a los medios de comunicación de ser parte de “un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa”.

En el texto dado a conocer ayer, los legisladores oficialistas que firmaron el dictamen intentan vincular a los “medios de comunicación hegemónicos” con un presunto “plan sistemático” diseñado con “premeditación y alevosía” durante el gobierno que abarcó el período 2015-2019, y en el que también habrían participado el Poder Judicial, funcionarios públicos y servicios de inteligencia.

De esta forma, retoman la falsa noción de “lawfare”, a través de la cual plantean que hubo un “ataque contra opositores -reales o potenciales- a través de la manipulación del Poder Judicial -como máscara de legalidad- en perfecta sincronización con los medios de comunicación hegemónicos”. Respecto de las presuntas prácticas ilegales, los legisladores de la mayoría hablan de “seguimientos y espionaje ilegal a ciudadanos, grabación de comunicaciones telefónicas, recolección de movimientos migratorios, utilización de testigos ‘arrepentidos’ falsamente y bajo presión, entre otras”.

Frente a un pronunciamiento de tanta gravedad emanado de un organismo integrado por diputados y senadores de la nación, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresa, con especial énfasis, que en ningún caso el ejercicio básico de la tarea periodística de buscar y difundir información y opiniones puede ser considerado un hecho ilícito. Por el contrario, la difusión de informaciones y opiniones sobre hechos que involucren a funcionarios públicos constituyen actos protegidos y alentados por el sistema constitucional.

Esto no significa privilegio alguno: como ha sostenido Adepa, si hay hechos ilícitos en los cuales participaron periodistas, ellos deben ser objeto de investigación del mismo modo que ocurre con cualquier otro ciudadano. En el mismo sentido, es importante señalar que todas las denuncias por espionaje ilegal deben ser investigadas por la Justicia, y sus responsables sancionados, tal como lo manifestó oportunamente nuestra entidad en las acciones de las que fueron víctimas en 2018 los periodistas Hugo Alconada Mon, de La Nación; y Rodis Recalt, de Perfil.

Pero el dictamen mencionado parece inscribirse en el contexto de una operación política urdida en los últimos años, en la cual se intenta vincular, dentro de una inventada y forzada etiqueta (“lawfare”), actos ilícitos (v.gr., espionaje ilegal, “armado” de causas judiciales, extorsiones, etc.), actos lícitos y opinables (v.gr., distintas decisiones judiciales o administrativas) y finalmente -y lo que es más grave- el ejercicio plenamente lícito y encomiable de la libertad de expresión y del periodismo de investigación.

Las consecuencias negativas que la instalación de ese supuesto lawfare produce sobre el ejercicio de un derecho básico y esencial para la convivencia democrática, como lo es la libertad de expresión, no deben ser ignoradas ni subestimadas. En especial cuando provienen de un órgano estatal.

La acusación -ahora por parte de la mayoría de esta comisión legislativa- de que periodistas y medios, al difundir noticias judiciales o al contactarse con fuentes gubernamentales o judiciales, forman parte de un entramado delictivo, más allá de resultar absurda en términos jurídicos, tiene un objetivo silenciador del debate público que merece la mayor atención y condena. Nunca más el periodismo debe quedar atenazado por las intimidaciones y las prácticas abusivas de los poderes públicos, y de las facciones políticas a ellos ligados.

Es doctrina pacífica en los organismos internacionales de derechos humanos que el ejercicio efectivo de la libertad de expresión implica la existencia de condiciones y prácticas sociales que la favorezcan. Y que es posible que esa libertad se vea ilegítimamente restringida no sólo por actos normativos o administrativos del Estado, sino también por condiciones fácticas que coloquen en situación de riesgo o mayor vulnerabilidad a quienes la ejerzan o intenten ejercerla. En el marco de sus obligaciones de garantía de los derechos humanos, el Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad.

La acusación de supuestos hechos penales consistentes en entrevistar a fuentes o difundir informaciones u opiniones sobre causas judiciales que involucran a funcionarios públicos, formulada por parte de las máximas autoridades políticas del país, es una forma de censura indirecta prohibida por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. E implica una grave amenaza para las libertades de expresión y de prensa y, por ende, un peligro concreto para el sistema democrático y republicano.