País
CGT reclama aumento salarial
26 de abril de 2021
Las fuentes del consejo directivo cegetista detallaron que la CGT solicitará el martes, en la reunión del consejo del salario, un incremento de entre el 35% y 40% y su pago en no más de dos tramos, aunque aseguraron que «la posibilidad más cercana es que finalmente se convenga un ingreso algunos puntos por debajo».
Los voceros de la central obrera, que lideran Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), advirtieron a esta agencia que el proceso inflacionario «pulverizó» el ingreso mínimo y que su actual valor de 21.600 pesos está retrasado, por lo que «es necesario actualizarlo en no menos de un 35/40% y en no más de dos tramos».
«Las presiones empresarias se opondrán a ese monto: las cámaras (empresarias) siempre lloran y procuran reducir los justos reclamos de los trabajadores», evaluaron los voceros.
Y sobre ese escenario plantearon: «Se impone un número que dignifique el (salario) mínimo ante el proceso inflacionario, al igual que los valores de las prestaciones por desempleo, por lo que la CGT demandará ese porcentaje. Pero lo más probable es que las presiones empresarias y la realidad económica obliguen a reducir finalmente algunos puntos de la demanda».
Para la CGT, es «fundamental y vital» que el incremento del mínimo sea acompañado por una nueva convocatoria del Ministerio de Trabajo a rediscutir los valores «no más allá de octubre».
La CTA quiere una sola cuota
En tanto, desde la CTA de los Trabajadores aseguraron a Télam que esa central aceptaría una mejora de entre 35% y 40% si finalmente se conviene en torno a esas cifras en la mesa de discusión tripartita, pero adelantaron que en paralelo se exigirá que el nuevo monto se abone en un solo tramo.
«El problema es que no se trata sólo del valor del nuevo (salario) mínimo, vital y móvil y de las prestaciones mínimas y máximas por desempleo, sino que el acuerdo por un nuevo ingreso elemental contempla también al resto de las asignaciones», explicó el propio Yasky.
De todas formas, en la CTA de los Trabajadores confirmaron a Télam que el lunes, a partir de las 14, se reunirá la conducción nacional para deliberar esas cuestiones y definir los detalles de la propuesta que llevarán al Consejo del Salario convocado para el martes por la cartera laboral.
«La CTA adoptará definitivamente el lunes un criterio que resuma las evaluaciones que realizaron los gremios adheridos para trasladar al Consejo del Salario un reclamo acorde con la actual realidad y situación, luego de haber considerado los diversos estudios de su Centro de Investigación y Formación (Cifra)», puntualizó a Télam el secretario general y también diputado nacional del Frente de Todos.
La CTA autónoma y un nuevo salario mínimo
Por otro lado, desde la CTA Autónoma subrayaron que el nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil debe aproximarse al valor de la canasta básica alimentaria, definición que comunicó a esta agencia el secretario general Ricardo Peidro, quien además es secretario adjunto del gremio de visitadores médicos.
Peidro, sobre este punto, remarcó que ante la desactualización del salario y la suba de los precios la CTAA aprobó «un plan de reactivación del ingreso que toma como base la canasta elaborada por la Comisión Interna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)».
«Otra alternativa es elaborar una estrategia de incremento progresivo y por arriba del proceso inflacionario para ubicar a ese ingreso en un valor adecuado a fin de que pueda satisfacer las necesidades básicas contempladas en la ley», apuntó Peidro en diálogo con Télam.
El gremialista, quien encabeza la CTA Autónoma junto con Hugo Godoy (ATE Nacional) y Claudia Baigorria (Conadu histórica), detalló que el martes, en la reunión tripartita, plantearán que el Consejo del Salario cumpla con «su obligación de calcular el monto de la canasta básica, porque ese es el salario necesario para enfrentar las necesidades de alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, atención sanitaria, transporte, esparcimiento y previsión».
«Es hora de que el Consejo (del salario) debata y acuerde la necesidad de que ningún jubilado y pensionado perciba un ingreso inferior al 82% móvil del ingreso mínimo», añadió Peidro, tras lo cual argumentó que «el monto de las asignaciones familiares tiene que ser una proporción de ese mínimo y no estar sujeto a la voluntad política circunstancial».
El titular de la CTAA señaló, también, que es imprescindible eliminar o actualizar de modo sustancial «el tope salarial que excluye a los trabajadores de ingresos medios del sistema de las asignaciones familiares» y además pidió que comiencen a funcionar «las Comisiones de Trabajo del Consejo».
La reunión
La reunión del martes próximo, que fue convocada por el Ministerio de Trabajo, constituirá la sesión plenaria ordinaria del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, órgano tripartito en el que se discuten regularmente los incrementos del salario mínimo y otras cuestiones del ámbito laboral.
El último encuentro de ese cuerpo tripartito, más conocido como Consejo del Salario, se realizó el 14 de octubre de 2020: en aquella oportunidad se estableció un salario mínimo de 21.600 pesos.
Por la situación de la pandemia, la plenaria ordinaria del Consejo arrancará el martes a las 15 de forma virtual, según convocó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, mientras que a las 16:30 se iniciará la segunda reunión, en la que se procurará consensuar -o en su defecto laudará la cartera laboral- el nuevo mínimo, vital y móvil.
El 14 de octubre de 2020 se reunió por última vez el Consejo, ocasión en la cual se acordó -con la disidencia de la CTA Autónoma- un salario mínimo de 21.600 pesos desde marzo y en tres tramos, lo que representó entonces un incremento de ese ingreso del 28%, que fue abonado un 12% en octubre, un 10% en diciembre y un 6% en marzo de 2020.
Durante la gestión de Cambiemos, en los años 2017, 2018 y 2019, el valor del salario mínimo había sido fijado de forma unilateral por laudo ministerial ante las desavenencias de sindicalistas y empresarios, mientras que en octubre de 2020 la CGT, la CTA de los Trabajadores y el sector empresario consensuaron el nuevo monto y lograron 31 votos positivos, con la oposición de la CTAA.
El Consejo del Salario fue institucionalizado por el decreto 2725/91 (que reglamentó la ley 24.013/91, de Empleo y protección del trabajo), por cuyo medio se configuró la organización interna y operativa del ámbito tripartito de discusión.
Más recientemente, el decreto 91 del 20 de enero de 2020 designó al ministro Moroni como presidente del Consejo, por lo que el titular de la cartera laboral, de acuerdo al reglamento del organismo, tiene la atribución de fijar el orden del día de las sesiones plenarias ordinarias y extraordinarias convocadas de oficio.
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Bono de $ 85 mil por hijo
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un incremento del 2,5% en cada una de sus prestaciones en base a la inflación registrada en noviembre. Este ajuste se debe a la Ley de Movilidad Jubilatoria. El objetivo de esta actualización es evitar que los beneficiarios pierdan poder adquisitivo delante del avance de los precios.
Dentro de este esquema, uno de los beneficios que recibió una mejora es la Ayuda Escolar Anual, una prestación clave para las familias al inicio del ciclo lectivo. Con el nuevo ajuste, el monto a cobrar llega a $85.000 por hijo.
Este monto está destinado a acompañar los gastos más frecuentes de la escolaridad, como la compra de útiles,mochilas, uniformes y otros elementos necesarios para la cursada.
Ayuda Escolar ANSES: quiénes pueden cobrar los $85.000 por hijo
El beneficio está dirigido a los titulares de:
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignaciones Familiares (SUAF)
Los responsable deberán tener hijas, hijos o personas a cargo que asistan a establecimientos educativos reconocidos oficialmente.
La Ayuda Escolar Anual alcanza a:
Niñas, niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 18 años y 1 mes
Hijos con discapacidad, sin límite de edad, que concurran a:
Escuelas especiales
Instituciones de formación
Talleres protegidos
Espacios de apoyo educativo
Desde el organismo previsional insistieron en que el pago solo se habilita cuando la asistencia escolar está correctamente acreditada.
En ese sentido, ANSES explicó que “para poder cobrar la Ayuda Escolar Anual es obligatorio acreditar la escolaridad de los hijos”. El trámite se completa con la presentación del Certificado de Alumno Regular, que luego debe ser validado por el organismo.
Una vez que la documentación es aprobada, el monto de $85.000 por hijo se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria en la que el titular percibe la AUH u otra prestación compatible.
Guía rápida para presentar el certificado escolar
Ingresar a Mi Anses.
Ir a la sección Hijos.
Hacer clic en Presentar Certificado Escolar.
Descargar el formulario por cada hijo y seleccionar Generar Certificado.
Completar la información del estudiante y del colegio.
Generar e imprimir el certificado.
Entregar el documento en la institución educativa para la firma oficial.
Reingresar a Mi Anses, elegir Presentar Certificado Escolar y luego Subir Certificado.
Adjuntar la foto del formulario completo y firmado desde el celular o computadora.
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Postura de UNICEF sobre la Ley de Justicia Penal Juvenil
Unicef destacó la importancia de que Argentina avance con un debate amplio y la sanción de una Ley de Justicia Penal Juvenil que esté en línea con los estándares internacionales.
En ese sentido, marcaron que "la adecuación normativa requiere la implementación de un sistema de justicia especializado que asegure - de manera real y efectiva - el acceso a la justicia, el debido proceso, penas y medidas diversas y graduales enfocadas en la prevención del delito y de la reincidencia".
Del mismo modo, "la incorporación de la perspectiva restaurativa y de la víctima, y que establezca criterios de responsabilidad para los autores dentro del marco de la comprensión de la criminalidad de sus actos, en consonancia con su madurez y evolución".
La organización dejó en claro que la seguridad ciudadana es un derecho y una condición indispensable para que todas las personas —incluidos niños, niñas y adolescentes— puedan vivir plenamente y en comunidad.
Por lo demás, remarcó que el Comité de los Derechos del Niño indica que "pruebas documentadas en los campos del desarrollo infantil y la neurociencia indican que la madurez y la capacidad de pensamiento abstracto todavía están evolucionando en los niños de 12 a 13 años, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún se está desarrollando", haciendo poco probable que comprendan completamente las consecuencias de sus acciones o los procedimientos penales.
"De allí viene justamente la noción de inimputabilidad frente a un proceso penal riguroso. Es necesario, por lo tanto, un régimen penal para adolescentes que sea especializado dada la falta de madurez, plena conciencia y razonamiento para tomar decisiones determinantes en esta etapa de la vida", planteó.
Por ello el Comité insta a los Estados a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven en consecuencia la edad de responsabilidad penal en sus países a 14 años como mínimo.
A la vez, llamó a los Estados que tienen una edad mínima de responsabilidad penal más elevada, por ejemplo 15 o 16 años, a que no la reduzcan en ninguna circunstancia, de conformidad con el artículo 41 de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Unicef insiste en que "proyectar una reforma de la justicia juvenil implica pensar en un proyecto socioeducativo que incluya la responsabilización y que resguarde el cumplimiento de garantías procesales y constitucionales".
Esta diferencia en el desarrollo madurativo y la adquisición de capacidades es la que fundamenta, entre otras, la prohibición para el consumo de alcohol, la edad para manejar o la posibilidad de incorporación a las fuerzas de seguridad, argumenta.
E indica que "un sistema penal juvenil deseable debe considerar el creciente nivel de responsabilidad en función de la edad del infractor, la reparación a la víctima y a la sociedad, y la existencia de mecanismos de apoyo que generen oportunidades para la gradual inclusión social de aquellos que han cometidos delitos".
Desde ya, en casos excepcionales y conforme las leyes provinciales en la materia, esas medidas pueden incluir como último recurso la privación de la libertad, pero desde el ámbito de la protección y para evitar riesgos a sí mismo y respecto de los demás, en línea con el principio de brevedad y excepcionalidad consagrado en el Art. 37 de la Convención de los Derechos del Niño.
Por otro lado, sostienen que se ha demostrado que la privación de la libertad, como medida habitual, genera un entorno de violencia para los jóvenes detenidos, lo cual favorece la reincidencia. Los adolescentes privados de su libertad son los que presentan mayores dificultades para la reinserción comunitaria, terminar la escuela e insertarse laboralmente.
Además, para la determinación de las penas asociadas a delitos cometidos por niñas, niños y adolescentes, opera de manera relevante el principio de proporcionalidad. Por lo tanto, las penas no deben ser desmedidas ni deben determinarse de la misma forma que a las personas adultas.
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Abren debate por la reforma laboral
Este martes comenzará la constitución de las comisiones para tratar, en el período de sesiones extraordinarias, las dos leyes que impulsa la gestión del presidente Javier Milei: el Proyecto de Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil (baja de imputabilidad).
Luego de que el tratamiento de la reforma laboral se haya traspasado para este año, finalmente, el debate comenzará en el Senado de la Nación y está programado para iniciarse este 11 de febrero.
La Libertad Avanza (LLA) se encuentra en un contexto de negociación y busca consensos con los bloques “dialoguistas” como son el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC), aún después de las reuniones que mantuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, con los gobernadores, durante estos últimos meses.
Los ejes principales que presenta esta iniciativa se concentran en buscar una revisión integral del marco laboral actual y pretenden modificar las indemnizaciones; crear un “Fondo de Cese Laboral” mediante convenios colectivos; reducir contribuciones en las cargas patronales para fomentar la contratación formal; introducir la figura de “Colaborador Independiente”, bajo un régimen de autonomía sin relación de dependencia tradicional”.
También se incorpora un “Banco de Horas” como un nuevo sistema de flexibilidad horaria que permite compensar excesos de jornada en días posteriores, en lugar de abonar horas extras.
En contraposición, los sindicatos manifestaron un fuerte rechazo, debido a que consideran que este proyecto “no sólo no genera puestos de trabajo, sino que impulsa la pérdida de derechos adquiridos”. Paralelamente, realizaron convocatorias para llevar adelante movilizaciones frente al Congreso desde este martes.
Por otra parte, el proyecto de Ley Penal Juvenil, que busca bajar la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 13 años, propone un régimen especial con medidas ‘socioeducativas y penas alternativas’ y deja de lado la condena de reclusión perpetua y pretende fijar un máximo de 20 años de condena para menores.
Sin embargo, se presume que los adolescentes de 14 años, o más, que comenten delitos graves, podrían ser sometidos a penas similares a las de personas adultas, con penas máximas de 15 años o más, con la excepción de permanecer en cárceles comunes.
Para delitos con penas menores a 3 años, o hasta 10 años sin violencia grave, se priorizan medidas con un enfoque social y educativo, con la posibilidad de otorgarle libertad asistida y realizar tareas comunitarias, en lugar de prisión efectiva.
Según LLA, esta iniciativa pretende terminar con la “puerta giratoria” y condenar delitos cometidos por menores de 16 años que, actualmente, mantienen impunidad con la ley vigente (22.278).
