Ciudad
Piden juzgar a directivos de pesquera por contaminar la playa pública
13 de abril de 2021
El fiscal federal general, Daniel Adler, pidió que los directivos de una empresa procesadora de harina de pescado de Mar del Plata sean enviados a juicio oral, por contaminar con desechos tóxicos una playa pública, informaron hoy fuentes judiciales.
El fiscal consideró que se trata de «un caso de criminalidad de empresa con afectación del medio ambiente», y pidió que los imputados vayan a juicio oral, por infracción a los artículos 55 y 57 de la ley 24.051, de Residuos Peligrosos.
La firma involucrada fue denunciada en el verano de 2016, y tras una inspección por parte de personal de Obras Sanitarias se detectó inicialmente que un líquido oscuro con «elevado olor a putrefacción» desembocaba sobre la costa a través del desagüe pluvial ubicado en la proyección de la calle B/p San Antonio II, en el puerto marplatense.
El seguimiento de la desembocadura de la tubería condujo hasta las instalaciones de Coomarpes, dedicada a la fabricación de harina y aceite de pescado y se extrajeron «doce muestras de la emulsión líquida nauseabunda para su análisis».
Tras cinco años de investigación, Adler indicó en su requerimiento de elevación a juicio: «Nos encontramos ante un claro acto contaminante del agua de la playa del puerto de Mar del Plata».
El fiscal subrayó «la presencia de altos valores de sustancias infecciosas como son los Coliformes Fecales, de los parámetros de la Demanda Química de Oxigeno, de la concentración de nitritos y de sulfuro, todos ellos en el efluente industrial que provino de la fábrica de harina de pescado de la firma Coomarpes».
Señaló además que esta acumulación de líquidos tóxicos, «al rebalsar el sistema de red cloacal, pasó el vertido hacia el sistema de red pluvial, a través de sus bocas de tormenta, que en la ciudad de Mar del Plata desembocan en el mar».
A su vez, destacó que el accionar de la empresa demostró «una habitualidad en el vertido de desechos líquidos cuyos componentes superan siempre los valores guía impuestos por la legislación ambiental y así lo demuestran las muestras extraídas en diferentes oportunidades».
«Coomarpes persistió en su conducta incumplidora violando los máximos tolerados pues se detectaron siempre valores por encima de las grasas, sólidos sedimentables y la demanda química de oxígeno lo que siempre demuestra un ineficiente tratamiento de los residuos por parte de la fábrica y un grave peligro y/o daño del cuerpo receptor de todos esos desechos que no es más ni menos que el mar que baña las costas de nuestra ciudad», advirtió Adler.
En ese sentido, consideró que la responsabilidad recae sobre el consejo de administración de la firma: «Se puede colegir que la empresa al verter las sustancias peligrosas con destino final al mar, infringió sus deberes normativos al no cumplir con los requisitos mínimos de tratamiento de residuos peligrosos, poniendo en peligro tanto la salud pública como el medio ambiente».
Los acusados son el vicepresidente de la empresa, Juan Carlos D´Amico; el secretario, Vicente Galeano; los vocales titulares Sebastián Cayetano, Jorge Boccanfuso y Salvador Pennisi; el síndico titular, Jorge Di Scala, y el gerente, Rubén Burkhard.
«Es evidente, no sólo por la estructura jerárquica de una empresa sino por todas las ocasiones donde se detectaron líquidos con valores por encima de la legislación ambiental, que esa práctica habitual sólo puede provenir de una orden de los superiores de la empresa a sus dependientes», entendió el fiscal.
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Se formó la Mesa de Trabajo ‘Escuelas Libres de Violencias’
Mediante Ordenanza Nº 21.017/25, se creó en el ámbito del partido de General Pueyrredon la Mesa de Trabajo Intersectorial “Escuelas Libres de Violencias”, con el objetivo de “promover la prevención, abordaje, acompañamiento y seguimiento de situaciones de violencia en el ámbito escolar, tanto en instituciones de gestión estatal, municipal como de administración privada”.
Por ello, se llevó a cabo la realización de la convocatoria inicial de esta Mesa de Trabajo, en el marco de una jornada que fue presidida por la concejal Florencia Ranellucci, vicepresidente 2º del cuerpo deliberativo.
Asistieron el secretario de Educación, Fernando Rizzi; junto a otros integrantes del o Ejecutivo. Y los concejales Mariana Cuesta, Diego García, Valeria Crespo, Liliana Píccolo, Eva Ayala, Melisa Centurión, Solange Flores, Noelia Ríos, Vilma Baragiola, Guido García, Rolando Demaio, Marcelo Cardoso, Ricardo Liceaga Viñas y Julián Bussetti.
En primer término, Ranellucci dio la bienvenida: “Nos convoca una mesa que fue avalada y acompañada por todos los bloques. Es un tema que nos atraviesa a todos, que nos preocupa y nos ocupa. Estamos acá generando agenda, proponiendo y compartiendo propuestas y preocupaciones. El diálogo será un puente hacia la búsqueda de las resoluciones”.
A continuación se abrió el uso de la palabra a los representantes académicos y gremiales presentes.
Conformación de la Mesa
La Mesa de Trabajo está integrada por miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia e Investigación del HCD, Jefatura Regional de Gestión Estatal N°19, Jefatura Regional de Gestión Privada N° 19, Jefatura Distrital de Educación de General Pueyrredon, Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, Consejo Escolar de General Pueyrredon, Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos y Consejo Local de niñas, niños y adolescentes.
Tambien integran la mesa, funcionarios de la secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social, Fuero Penal Juvenil y de Familia y Fiscalías con competencia territorial en el Municipio, fuerzas de Seguridad, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), sindicatos docentes, Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales vinculadas a la niñez y la educación y Sindicato de Auxiliares.
Sus funciones son: relevar y sistematizar las situaciones de violencia en el ámbito educativo local, coordinar la intervención intersectorial de los distintos organismos ante cada situación, acompañar a las comunidades educativas afectadas, garantizando la protección integral de todos sus miembros, promover instancias de resolución pacífica de conflictos, convivencia y mediación escolar y elaborar protocolos y recomendaciones para la prevención tanto como el tratamiento de estas problemáticas.
La Mesa de Trabajo se encontrará bajo la coordinación del Honorable Concejo Deliberante, que dispuso las pautas para garantizar su funcionamiento. La próxima convocatoria será en, aproximadamente, un mes. La intención es darle continuidad a la elaboración de propuestas, para que “este ámbito sea de escucha, pero fundamentalmente de búsqueda de soluciones”, como se expresó en el epílogo de la jornada.
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A un paso del jury, juez federal presenta su renuncia
El juez federal Alfredo Eugenio López presentó su renuncia al cargo y el Gobierno nacional solicitó al Consejo de la Magistratura que informe si el magistrado registra denuncias o procesos disciplinarios en trámite antes de avanzar con su eventual aceptación.
La comunicación fue enviada al presidente del organismo, Horacio Rosatti, y se enmarca en el procedimiento administrativo previo que exige verificar la situación institucional del funcionario judicial. Según consta en la nota oficial, el pedido apunta a conocer si existen actuaciones ante la Comisión de Disciplina y Acusación, así como el estado de las mismas.
El magistrado, titular del Juzgado Federal N° 4 formalizó su dimisión con fecha efectiva el 8 de abril, en un contexto de fuerte presión institucional, luego de que avanzara en el Consejo de la Magistratura un expediente en su contra por presunto mal desempeño.
De acuerdo con las denuncias analizadas, López fue cuestionado por publicaciones en redes sociales consideradas incompatibles con la investidura judicial, entre ellas expresiones calificadas como antisemitas por distintas organizaciones. El caso había sido elevado al plenario del Consejo y se encontraba en condiciones de avanzar hacia el jury de enjuiciamiento.
En ese marco, el requerimiento del Poder Ejecutivo busca determinar si la renuncia puede ser aceptada sin afectar eventuales procesos disciplinarios en curso, ya que la normativa prevé que, ante la existencia de causas abiertas, se evalúe el impacto institucional de la dimisión.
Fuentes judiciales señalaron que el Consejo de la Magistratura deberá responder el informe solicitado, tras lo cual el Gobierno quedará en condiciones de definir si acepta o no la renuncia del magistrado.
El caso de López se inscribe en una serie de actuaciones recientes del organismo que selecciona y controla a los jueces, en las que se analizan conductas extrajudiciales y su eventual incompatibilidad con el ejercicio de la función.
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