Sociedad
Las obras sociales encabezan el ranking de quejas
7 de abril de 2021
Representan el 40% de los reclamos que gestiona el área. Después le siguen el plan federal Incluir con el 30%, los hospitales públicos 8%, Desarrollo Social de Nación 7% y PAMI 5%.
Un análisis de las gestiones que despliega la secretaría de Salud de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, permite establecer que los reclamos a las obras sociales (públicas y sindicales) y empresas de medicina prepaga encabezan el ranking de quejas que atiende el área, con una incidencia del 40% sobre el total de presentaciones, según se desprende de un estudio estadístico que llevó adelante la Adjuntía en Derechos Humanos y Salud que está a cargo de Marcelo Honores.
El equipo interdisciplinario que atiende las cuestiones sanitarias en el ámbito de la Defensoría está compuesto por una docena de profesionales de distintas ramas, que van desde la medicina al derecho. Ellos manejan al día de hoy un total de 920 reclamos, con un nivel de resolución positiva del 80%.
Dentro de esos 920 casos, hay 135 que fueron resueltos favorablemente, pero siguen abiertos – durante un tiempo prudencial- por tratarse de quejas hechas por personas que reciben tratamientos crónicos y esas prestaciones, muchas veces, sufren demoras cíclicas que perjudican el estado general de salud de los pacientes y se hacen necesarias nuevas gestiones.
Detrás que obras sociales y prepagas (40%), el programa federal Incluir Salud concentra el 30% de los reclamos; le siguen los hospitales públicos bonaerenses con el 8%; el ministerio de Desarrollo Social de la Nación 7% y PAMI 5%.
“La experiencia que sumamos en la gestión, en estos nueve años de vida de la Defensoría, nos permite dar respuestas rápidas y ágiles en materia de salud, porque en la mayoría de los lugares en los que buscamos soluciones ya tenemos interlocutores válidos y aceitados los mecanismos”, cuenta Honores.
En esa línea, destaca el accionar del equipo que trabaja en el área: “Acá lo que está en juego es la salud de la gente”, dice. Y cuenta que “muchas veces la actuación formal, el pedido de informes o la solicitud de intervención resultan ineficaces, porque los tiempos en obtener respuesta no coinciden con las necesidades de los reclamantes. Entonces, ahí cobra importancia la actuación informal, el llamado telefónico, el pedido de audiencia, gestiones presenciales, tanto en el sector público como privado, que requieren un compromiso especial para atender las múltiples urgencias que se presentan en el día a día”.
El en último semestre (octubre 2018/abril 2019), por ejemplo, la secretaría de Salud de la Defensoría, bajo la orientación de Marcia Lázaro, lleva atendidos 497 casos, con un nivel de resolución positiva del 80% (398 quejas), en tanto el 20% (99) restante incluye urgencias que, “nos vimos forzados a judicializar por falta de respuestas concretas y un universo de reclamos que las personas nos pidieron que no avanzáramos o que jamás nos acercaron la documentación de respaldo necesaria”.
Dentro del escenario de obras sociales y medicina prepaga, que ocupa el 40% del ranking de reclamos, IOMA tiene una incidencia substancial. “En el caso del Instituto Obra Médico Asintencial de la Provincia, que le da cobertura a casi 500 mil familias, el equivalente a más de 2 millones de afiliados, tenemos muy ajustados los dispositivos de gestión. Ante cada urgencia o emergencia, existe un circuito que nos permite, en la gran mayoría de los casos, resolver los temas que nos presentan”, relata Lázaro.
De todas formas, “nuestra forma de trabajar, cuando se trata de una urgencia, corre por dos canales paralelos. El formal, el tratamiento de la queja por el circuito administrativo habitual; y el informal, el contacto telefónico, la visita al que sabemos que maneja las herramientas para resolver el problema, con el que aceleramos los trámites para que la gente pueda acceder a la prestación que necesita, que en algunos casos puede ser de vida o muerte”, relata la directora de Salud de la Defensoría, Mariana Rodríguez.
Asimismo, el equipo de trabajo conducido por Honores, además de la atención de los reclamos, desplegó durante 2018 una investigación que abarcó a 40 hospitales públicos de la Provincia. “Hicimos un pormenorizado relevamiento de los centros de salud, en los que detectamos falencias edilicias, prestacionales, de higiene o en materia de seguridad, pero también encontramos excelentes gestiones que valoramos y destacamos”, amplió Lázaro.
“En 2019 estamos repitiendo la experiencia. Queremos llegar a fin de año habiendo monitoreado al 100% de los hospitales”, planteó Honores como desafío. Y explicó que esas visitas “nos permitieron construir una red de atención de casos, con los directores ejecutivos de los establecimientos, para atender las emergencias”.
Otra pata dentro de las tareas que desarrolla el equipo de Salud pasa por “el estudio de alternativas que conduzcan a la modificación de políticas públicas o de normativas internas, que aunque muchas veces legales, generan vulneración de derechos”.
Honores subrayó que en forma cotidiana “frente a la afectación de un derecho tan sensible como es la salud, entendemos que la resolución de los casos es tan importante como la contención y el acompañamiento de los reclamantes, en una tarea compartida por el titular de la Defensoría, Guido Lorenzino, que brinda todo su apoyo para hacer efectivo nuestro trabajo”.
“Asesorar, acompañar y contener forman parte de la misión de la Defensoría del Pueblo, pero nuestra mayor obligación es agotar todos los medios disponibles para que los bonaerenses puedan acceder a los servicios de salud en condiciones de igualdad y en el pleno respeto de su dignidad”, concluyó.
Sociedad
Kicillof pide bajar el precio de las naftas
El gobernador Axel Kicillof volvió a cargar contra el presidente Javier Milei y le pidió intervenir en los valores de los combustibles para beneficiar a los usuarios.
En un posteo titulado “La guerra de Milei contra el bolsillo de los argentinos”, el mandatario explicó el problema de la suba de los combustibles tras el inicio del conflicto en Medio Oriente, cuando el barril de Brent pasó de 65 dólares a más de 100 dólares.
“Frente a estas circunstancias, muchos países tomaron medidas para impedir que el aumento del crudo impactara en los precios de los combustibles y de la energía, y se trasladara al bolsillo de las familias y a los costos de las empresas. En esos países, el Estado -ese que Milei desprecia- intervino para evitar, o al menos atenuar, que las consecuencias de la guerra deterioren aún más la calidad de vida de sus sociedades”, escribió en redes sociales.
Sin embargo, destacó que en este complejo contexto mundial, el Gobierno argentino se encuentra “aferrado a una ideología anacrónica, incompatible con el interés nacional y, sobre todo, totalmente inoportuna para gobernar en estas circunstancias”.
Kicillof criticó que Milei insista con su ideología en la que “el mercado lo resuelve todo” y dijo que esto termina siendo un grave problema. “Hay guerra, el precio del petróleo se dispara y el Estado decide no hacer absolutamente nada. Un Estado desertor que renuncia a actuar como Estado nacional”, agregó.
Finalmente, cargó contra la idea sobre que el petróleo extraído del subsuelo argentino deba pagarse al precio internacional, incluso en un contexto de guerra. “Mientras tanto, en muchísimos países, además de medidas para contener el precio de los combustibles, se evalúan contribuciones extraordinarias a las empresas petroleras, que multiplican sus ganancias en medio del sufrimiento de pueblos afectados”, señaló. Y llamó a seguir construyendo otro camino.
País
Adorni negó censura al periodismo
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, negó esta mañana que el gobierno del presidente Javier Milei haya censurado a la prensa acreditada en la Casa Rosada con el cierre de la sala de periodistas por más de una semana.
Hoy se produjo la reapertura pero no se permitió el ingreso de Canal 13 y TN, canal que emitió imágenes del interior de la Casa Rosada sin autorización oficial.
Adorni se mantuvo en que se trató de un "hecho grave" y que las decisiones sobre la seguridad interna de la Casa de Gobierno las maneja Casa Militar.
Respecto de las polémicas en torno a la compra de inmuebles y sus viajes al exterior realizando gastos que no se condicen con su declaración jurada, insistió en que la causa se encuentra en la Justicia y que sólo dará explicaciones en tribunales.
Luego no precisó en qué fecha presentará su nueva declaración jurada aunque afirmó que lo hará "en tiempo y forma". Tiene plazo hasta el 31 de julio.
Asimismo, el jefe de Gabinete confirmó que volverá a un esquema de ruedas de prensa frecuentes. Si bien explicó que no las daría a diario, sí dio a entender que tendrán mucha regularidad.
Otra pregunta tuvo que ver con las encuestas que indican una caída en la imagen positiva del gobierno de Milei. El funcionario sostuvo que no gobiernan pensando en los sondeos de opinión sino en "mejorar la calidad de vida de los argentinos".
Tampoco habló sobre el aumento salarial de más de mil funcionarios nacionales que tuvieron los sueldos congelados hasta 2025. Entre enero y junio se estima que recibirán una suba del 123% para compensar el tiempo sin incrementos. Al respecto, Adorni dijo que no leyó las notas periodísticas y que tampoco haría declaraciones.
Sociedad
El Gobierno libera el mercado de vapeadores
El Gobierno nacional liberó el mercado de vapeadores y bolsas de nicotina creando un nuevo marco regulatorio que incluye la implementación de un registro obligatorio para fiscalizar la comercialización e importación.
El nuevo marco normativo para los productos de tabaco y nicotina de nueva generación fue aprobado por el Ministerio de Salud mediante la Resolución 549/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
Desde el Ejecutivo explicaron que “la medida tiene como objetivo reemplazar el esquema de prohibición vigente por un sistema de registro, control y fiscalización específico que permita establecer estándares mínimos de calidad y seguridad sanitaria para su comercialización”.
Asimismo, argumentaron que “la decisión se fundamenta en que la prohibición previa no logró impedir el acceso ni el consumo de estos productos”. Según datos recientes, los vapeadores y cigarrillos electrónicos registraron una prevalencia de consumo del 35,5% en adolescentes durante el último año, posicionándose entre las sustancias de mayor consumo en este grupo etario.
Frente a este escenario, la cartera sanitaria nacional avanzó en un modelo regulatorio alineado con experiencias internacionales implementadas en países como Estados Unidos y el Reino Unido.
Según lo establecido por la nueva resolución, los cigarrillos electrónicos, vapeadores, dispositivos de tabaco calentado, líquidos para vaporización y bolsas de nicotina son considerados productos elaborados con tabaco y deben cumplir con las disposiciones previstas en la Ley N° 26.687 y su normativa reglamentaria.
Esto implica la obligatoriedad de incorporar advertencias sanitarias en los envases, la prohibición de utilizar elementos de diseño que resulten atractivos para niños y adolescentes, imágenes de celebridades o mensajes engañosos, y restricciones específicas sobre aromas autorizados.
La norma, analizada por la Agencia Noticias Argentinas, también limita los sabores autorizados para su comercialización. Solo se permiten líquidos y sticks con sabor tabaco y bolsas de nicotina con sabor tabaco o mentol.
Asimismo, prohíbe expresamente los cigarrillos electrónicos desechables con soluciones precargadas, “considerados uno de los formatos de mayor atractivo para la iniciación juvenil”, según remarcaron desde Salud.
En este marco, también se creó el Registro Nacional de Productos de Tabaco y Nicotina (RNPTN) para “clasificar los productos según su tecnología y modalidad de uso, construir herramientas de monitoreo epidemiológico y ajustar las regulaciones en función de la evidencia científica disponible”.
Sobre este punto, desde la cartera que conduce Mario Lugones advirtieron que “aquellos productos que no se encuentren contemplados dentro de las categorías previstas no podrán ser importados ni comercializados en el país”.
La normativa también incorpora exigencias económicas y técnicas para productores e importadores. Las empresas deberán tramitar la inscripción de cada producto a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), presentar declaraciones juradas, fórmulas completas, información toxicológica y certificados de análisis de emisiones emitidos por laboratorios acreditados.
Además, deberán informar datos vinculados a volumen de ventas y grupos etarios consumidores para fortalecer la vigilancia sanitaria y el monitoreo del acceso de menores. La inscripción tendrá una vigencia de cinco años y estará sujeta a renovación periódica, permitiendo al Estado reevaluar las condiciones de autorización de cada producto.
El Gobierno destacó la actualización normativa al señalar que “incorpora un modelo de regulación activa que fortalece la capacidad de fiscalización del Estado sobre productos cuyo consumo continúa expandiéndose, especialmente entre adolescentes y jóvenes”.
Además, resaltó que “a través de herramientas de registro, trazabilidad y vigilancia sanitaria, el Ministerio de Salud de la Nación busca reducir los riesgos asociados al consumo, prevenir el acceso de menores y combatir la comercialización ilegal de productos sin control sanitario”.
