El intendente  Agustín Neme, presentó una denuncia penal para que se investigue el funcionamiento de la feria denominada  'La Saladita' en la playaa Bristol, tras la aparición de indicios que apuntan a una presunta estructura organizada que habría operado durante 25 años en un espacio público cobrando sumas millonarias en negro. Mientras tanto, los puesteros que operaban en la feria iniciarán acciones legales contra el municipio: "Necesitamos recuperar el espacio de trabajo".

La presentación realizada por el intendente ante la Fiscalía solicita medidas de investigación urgentes a partir de elementos que surgieron en el marco de una causa federal en trámite y de allanamientos realizados el miércoles 15 de abril en el predio de la feria y en la sede del Sindicato de Vendedores Ambulantes (SIVARA).

Según se supo por fuentes allegadas al Palacio Municipal, durante aproximadamente 25 años la feria funcionó sobre la Unidad Turística Fiscal Playa Bristol bajo permisos precarios que se encontrarían vencidos al momento de los hechos. Sin embargo, lo que ahora se busca esclarecer es la existencia de un circuito paralelo de recaudación.

Testimonios de feriantes, que tomaron estado público en distintos medios de comunicación, dan cuenta de pagos mensuales en efectivo por cifras elevadas para poder ocupar un puesto. De acuerdo con esas declaraciones, los montos iban desde los $ 800.000 fuera de temporada hasta $ 1.500.000 en los meses de verano, con casos que incluso alcanzaban los $ 3.000.000 mensuales.

Los cobros, siempre según la denuncia, eran realizados por personas que se presentaban periódicamente en los puestos, retiraban el dinero en efectivo y, en algunos casos, anotaban los pagos en libretas informales, sin emitir recibos ni facturación.

Para el Municipio, estos hechos revisten particular gravedad debido a que se habrían producido en un espacio de dominio público, donde ningún particular tenía autorización para percibir cánones, y mucho menos hacerlo en condiciones de total opacidad fiscal.

En paralelo, la investigación judicial en curso habría detectado otras posibles irregularidades. Entre ellas, la comercialización masiva de productos que infringirían la Ley de Marcas, con el secuestro de unos 8.000 artículos apócrifos (el principal motor detrás de los allanamientos del pasado miércoles); el manejo de importantes volúmenes de dinero en efectivo; y la existencia de circuitos de provisión de mercadería de origen presuntamente ilegal.

En tanto, en una asamblea que realizaron este viernes los extrabajadores de la Feria de la Bristol con el SIVARA, decidieron iniciar “acciones legales contra el municipio porque la orden judicial hablaba de allanamiento y de decomiso de la ropa de marca copiada pero nadie autorizó el desalojo y la demolición”, según detalló el secretario general del gremio Walter Rivero.

En la reunión se agruparon “entre 150 y 200 trabajadores” que tenían sus puestos para determinar los pasos a seguir con los representantes sindicales. “Queremos saber quién ordenó la demolición de los puestos, que eran de los puesteros, y el desalojo, porque el juez no dijo eso”, argumentó Rivero. Y Adelantó que “iniciaremos acciones legales contra el municipio, la semana que viene, y el lunes a la mañana protestaremos frente al Palacio Municipal”.

A todo esto, solicitaron “una mesa de diálogo con el municipio” con el objetivo de determinar “qué pasará con esta gente que quedó desocupada”.

“Hasta ahora no nos llamó nadie”, reconoció Rivero y especificó que “nosotros defendemos los puestos de trabajo, porque en esta ciudad cada vez hay más hambre y desocupación, entonces cada vez más gente elige salir a vender a la calle antes de salir a robar”.

En el marco de la última sesión del Concejo Deliberante, el
concejal Diego García, del bloque de Unión por la Patria, presentó una
cuestión previa donde expuso la alarmante situación de la seguridad vial en
el distrito.

Ante el incremento sostenido de víctimas fatales y lo que calificó
como un “apagón estadístico” por parte del municipio, el edil anunció que
presentará un proyecto para declarar la Emergencia en Seguridad Vial.

Las cifras presentadas por García revelan una tendencia en ascenso que no
encuentra techo. Según los datos recolectados, las muertes por siniestros vialesvienen escalando de manera drástica: 2023: 40 muertes, 2024: 47 muertes, 2025: 75 muertes (un incremento del 85% con respecto a 2023), 2026: En solo 106 días, ya se contabilizan 26 fallecidos, un promedio de
una muerte cada cinco días

Además, el concejal subrayó que el 85% de los siniestros fatales del 2025
involucraron motocicletas, afectando principalmente a varones jóvenes.
La situación se traslada directamente a los pasillos del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde los siniestros viales se convirtieron en la principal causa de ingresos por lesiones. Entre diciembre de 2024 y 2025, se atendieron 2.255 personas, lo que representa casi el 40% de todas las lesiones en guardia.

A este escenario se le suma la falta de transparencia oficial. El edil denunció un “apagón estadístico”, señalando que el Observatorio de Segurida Vial dejó de publicar informes actualizados: el último disponible data del año 2023 y el informe 2024 ni siquiera está terminado. “Sin datos no hay política pública; el Estado dejó de medir el problema que tiene que resolver”, destacó.
Uno de los puntos más fuertes de la intervención fue el análisis de la ejecución presupuestaria de 2025 en el área de mantenimiento de semáforos. Mientras la infraestructura urbana muestra un deterioro visible y las columnas se caen por falta de mantenimiento, los números oficiales del EMVIAL reflejan una falta de prioridad política absoluta: presupuesto asignado de más de 433 millones de pesos; y una ejecución real de ese presupuesto de apenas 4,7 millones de pesos. Es decir, solo se ejecutó el 1% del presupuesto destinado a que los semáforos funcionen.

“No es falta de recursos, es una decisión política de no ejecutar”, afirmó García, quien también criticó la falta de señalización, la ausencia de controles de alcoholemia desde el verano y la nula inversión en campañas de prevención, a pesar de los ingresos provenientes de las fotomultas.

En este punto, el edil reclamó “tolerancia cero” en el uso de casco para motociclistas y ciclistas, advirtiendo que los golpes en la cabeza son mortales o dejan secuelas de por vida.

“No se están llevando adelante acciones para cambiar conductas; hoy tenemos miles de siniestros que derivan en lesiones graves y secuelas físicas permanentes”, señaló.

“Acá no se le puede echar la culpa a nadie, es un problema municipal que tiene que resolver el Estado local, no hay manera de no hacerse cargo”, remarcó. Ante la gravedad de los indicadores y la urgencia de establecer prioridades claras, García confirmó que elevará un proyecto de ordenanza para declarar la Emergencia en Seguridad Vial en todo el Partido.

El concejal fue categórico al señalar que la medida busca revertir un ciclo de abandono donde el Estado municipal “no planifica ni ejecuta”, dejando a los vecinos desprotegidos frente a un riesgo que crece de forma exponencial:“Esta situación no da para más, es necesario tomar decisiones de fondo para cuidar a los marplatenses y batanenses”.

Para finalizar, el edil de Unión por la Patria advirtió que el fracaso de las políticas actuales tiene un costo humano directo: “Cuando el Estado falla en su rol preventivo y ordenador, lo que crece no es la gestión, sino el número de víctimas fatales en nuestras calles”.

Prensa Unión por la Patria