País
Valoración conceptual para que los alumnos pasen de año
22 de octubre de 2020
Los alumnos de las escuelas de la provincia de Buenos Aires serán calificados en este ciclo lectivo con una valoración conceptual y no numérica para cerrar un recorrido condicionado por la pandemia de coronavirus; en tanto las escuelas deberán reorganizar los contenidos previstos para que puedan abordarse todos los saberes, informó la Dirección General de Educación y Cultura bonaerense.
En todos los años de escolaridad obligatoria se calificará «con una valoración conceptual, salvo en el último año de la escolaridad secundaria, en el que se utilizarán las escalas numéricas habituales del nivel», explicaron desde la cartera educativa.
Según precisó un comunicado del ministerio, estas definiciones se enmarcan en los acuerdos que titulares de carteras educativas de todo el país aprobaron por unanimidad en el Consejo Federal, a través de la Resolución 368/20, que tiene como objeto «garantizar el acceso, la permanencia y el egreso del estudiantado».
En primer lugar, los lineamientos de la Provincia establecen que el bienio 2020-2021 será considerado una «unidad pedagógica y curricular», lo que significa que los contenidos previstos para este año se articulan con la planificación del año próximo.
«Así como cambiamos nuestra manera de enseñar, también debemos adecuar la manera de evaluar«, afirma la cartera educativa en uno de los documentos que se están compartiendo con el personal escolar de la provincia.
«El tradicional boletín de calificaciones numéricas será reemplazado, en este ciclo lectivo, por un informe cualitativo donde se explicitará qué se pudo enseñar y aprender durante este ciclo lectivo y cuáles serán las instancias de enseñanza que tendrán lugar este año y en el próximo», detalló la cartera.
Estos lineamientos serán trabajados con docentes de la provincia de Buenos Aires en el marco de una jornada institucional.
LA CALIFICACIÓN
En el informe, las y los docentes clasificarán las trayectorias educativas que se pudieron generar en el presente ciclo lectivo, de esta manera: «Trayectoria Educativa Avanzada; trayectoria educativa en proceso y trayectoria educativa discontinua».
En el caso de la Trayectoria Educativa Avanzada «corresponde a las situaciones en las que la continuidad pedagógica se sostuvo de manera fluida».
«Las y los estudiantes comprendidos en esta situación finalizan su actividad en diciembre de 2020 y la retoman al inicio del año lectivo 2021», precisó la cartera.
En el caso de la Trayectoria Educativa en Proceso, «la continuidad pedagógica tuvo interrupciones y/o una baja o nula devolución de las actividades enviadas por las y los docentes».
El alumno evaluado así deberá «intensificar la enseñanza a través de espacios de acompañamiento durante febrero y marzo de 2021».
El estudiante calificado como de Trayectoria Educativa Discontinua significará que las trayectorias educativas «se han visto interrumpidas durante la pandemia».
Ante estos casos, estos alumnos y alumnas deberán «intensificar la enseñanza durante febrero y marzo de 2021, previéndose además la posibilidad de realizar una promoción acompañada durante el año 2021».
Para el caso de quienes se encuentran en el último año de secundaria serán calificados con la escala numérica habitual y tendrán, hasta abril de 2021, con distintas instancias para intensificar la enseñanza y, si las trayectorias educativas se han interrumpido, podrán realizar un Trayecto Curricular de Finalización del Nivel Secundario 2020, recientemente creado por la cartera educativa provincial.
Por su parte, en el caso de las niñas y los niños que están en sala de 5 años del nivel Inicial «promocionarán de manera directa al primer año del nivel Primario».
Por último, chicos y chicas que finalizan la educación primaria concluirán este nivel educativo en el mes de diciembre de 2020, en marzo o a lo largo del año próximo, «tras haber participado de las instancias de promoción acompañada», precisaron.
En todo caso, las autoridades remarcaron que «deberán inscribirse en la escuela secundaria, ya que la vacante está garantizada».
País
Arca (exAfip) denunció a la AFA y a ‘Chiqui’ Tapia
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) denunció este viernes a la Asociación del Futbol Argentino (AFA) y a Claudio “Chiqui” Tapia por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, por un monto de 7.500 millones de pesos.
La acusación se suma a las denuncias e investigaciones judiciales que acorralan a la cúpula del fútbol por posible lavado de dinero y fraude.
En la presentación judicial se indica que la División Recaudación de la Dirección Recaudación Grandes Contribuyentes, al controlar las contribuciones de la AFA, detectó “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones. La denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero recayó en el juzgado Penal Económico de Diego Amarante.
El foco de la denuncia apunta a que estos fondos nunca fueron depositados dentro del plazo legal de treinta días. Esta omisión configura los delitos establecidos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.
Arca acusó a la AFA de retener impuestos y aportes de la seguridad social para financiarse ilícitamente, postergando los pagos al Estado por más de 300 días. Como consecuencia, el organismo solicitó al juez la indagatoria de los responsables.
Según la denuncia, la AFA retuvo impuestos y contribuciones previsionales de los períodos tributarios correspondientes a agosto y septiembre de 2025, además de aportes previsionales desde diciembre de 2024 hasta septiembre de 2025.
La presentación, radicada por la División Jurídica de la Dirección Control Grandes Contribuyentes, apunta directamente contra la gestión de “Chiqui” Tapia, a quien identifica como “Presidente y administrador de clave fiscal” en el momento de los presuntos delitos.
Según Arca, la AFA actuó como agente de retención –descontando dinero a terceros por impuestos y cargas sociales– pero no depositó esos fondos en las arcas del Estado dentro del plazo legal de 30 días.
“La conducta desplegada por la aquí denunciada ha consistido en retener impuestos y recursos de la Seguridad Social que luego no fueron ingresados dentro del plazo legal y por un monto superior al establecido en la norma”, dice el texto de la denuncia, que fue publicado por La Nación.
Para el organismo recaudador, esto implica que la AFA utilizó dinero público para sus propios fines. La denuncia argumentó que la demora en el depósito “implica el financiamiento por parte de la contribuyente a través de la utilización de sumas de dinero que a todas luces no forman parte de su patrimonio”.
Arca reclama que la AFA retuvo $916.005.301,41 correspondientes a los períodos de agosto y septiembre de 2025. Según consta en la denuncia, al 10 de diciembre de 2025, estas sumas “se encuentran impagas”.
El volumen más grande de dinero corresponde a retenciones de la Seguridad Social por un total de $6.677.898.210,82. En este caso la AFA pagó, pero lo hizo fuera del plazo de la ley. La denuncia detalla que los pagos se realizaron recién el 10 de diciembre de 2025, acumulando retrasos significativos.
El documento, además, identifica expresamente a Claudio Fabián Tapia con su CUIT, señalando que ocupaba un “cargo de alto nivel ejecutivo en el momento de comisión de los hechos”.
El organismo argumentó que existió dolo (intención), ya que la AFA “conocía su calidad de agente de retención de impuestos y de los recursos de la seguridad social (habiendo efectivamente practicado tales retenciones) y podía cumplir con dichas obligaciones”.
Arca encuadró la conducta en la Ley Penal Tributaria, que prevé penas de prisión de dos a seis años para quien no depositare los tributos retenidos dentro de los diez días hábiles.
En su petitorio final, Arca solicitó al juez que cite a declaración indagatoria a Claudio Tapia y a los responsables de la AFA y condene a los autores “al máximo de la pena en el ordenamiento legal vigente”.
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El general Presti juró como nuevo ministro de Defensa
El teniente general Carlos Presti juró este viernes como nuevo ministro de Defensa en un acto en Casa Rosada. Y se convirtió así en el primer militar en dirigir esa cartera desde la vuelta de la democracia.
“Vas a hacer historia. La vamos a romper toda", le dijo el presidente Javier Milei al terminar el acto y abrazar a su nuevo funcionario.
Por otro lado, entre el público, se destacó la presencia del embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas. Últimamente, el diplomático norteamericano se ha convertido en una figurita repetida en los actos de jura de los nuevos miembros del Gabinete.

Presti es el primer militar en funciones en ocupar del cargo de ministro de Defensa, desde 1983 en adelante, y su desginación responde a la intención del Gobierno nacional de diferenciarse del kichnerismo y reivindicar a las Fuerzas Armadas.
Por su parte, el nuevo funcionario sumará a otros militares a su equipo de gestión. El general Jorge Alberto Puebla podría asumir como viceministro y el teniente coronel retirado Daniel Enrique Martella como secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa; entre otros.
De esta manera, con la fórmula tradicional “por Dios y la patria”, quedó formalmente oficializado en un cargo que llevaba semanas de definiciones pendientes dentro del Gobierno.
Entre los invitados estuvieron también el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la titular de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el responsable de Salud, Mario Lugones.
A su vez, asistieron los ya salientes Patricia Bullrich y Luis Petri, hoy senadores. Entre los asistentes también se apreció la presencia del asesor Santiago Caputo.
Según informaron fuentes de la Casa Rosada, la semana que viene se formalizarán los nuevos cargos en la cúpula de Estado Mayor Conjunto.
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Enérgico rechazo
El gobierno argentino expresó su “enérgico rechazo” al anuncio de una inversión por más de 2.000 millones de dólares para la perforación y explotación de un yacimiento petrolero offshore en las islas Malvinas, avalado por el gobierno del archipiélago cuya soberanía reclama el país sudamericano.
El reclamo argentino llegó poco después de que las autoridades de las islas Malvinas dieran luz verde a las petroleras Rockhopper Exploration, de origen británico, y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited para el desarrollo del yacimiento Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte.
“El gobierno argentino reitera que no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas”, expresó la Cancillería argentina en un comunicado.
El contrapunto por el petróleo ocurre en momentos en que el presidente Javier Milei reconoció en una entrevista publicada por el diario británico The Telegraph el jueves que negocia con Gran Bretaña levantar un veto para comprar armas que rige desde el fin de la guerra.
Según la Cancillería argentina, toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía “resultan contrarias” a resoluciones de las Naciones Unidas que instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones para alcanzar una solución pacífica y definitiva a la controversia.
Varias compañías petroleras pusieron su atención sobre el lecho marino de Malvinas desde hace más de una década cuando estudios exploratorios confirmaron la riqueza de sus reservas. Sin embargo, la millonaria inversión que demanda su extracción, sumado al diferendo diplomático, demoró su puesta en marcha.
Rockhopper y Navitas planean extraer 55.000 barriles diarios en el yacimiento Sea Lion a partir de 2028.
“Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos”, advirtió Cancillería, y concluyó: "La República Argentina reafirma, una vez más, sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes".

